Jazmín Karina Morales Zarate
Expediente 1415/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1415/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/09/2018
Partes del expediente
- Jazmín Karina Morales Zarate
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de trece de agosto del dos mil dieciocho; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.
- Principal
téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, de la Presidente de la Junta Especial Tres de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual rinde su informe justificado. En consecuencia, téngase a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que mediante el acuse de recibo de seis de julio de dos mil dieciocho por parte de la Oficialía de Partes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla del oficio No.: SECOTRADE/JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO/No/332/2018, oficio mediante el cual la Junta Especial Tres de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla remitió el expediente D-791/2017, de su índice, lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, documentales que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. Por tanto, el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable remitir los autos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla del juicio laboral D-791/2017, del índice de la Junta Especial Tres de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, deviene inexistente como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, en relación a la omisión de remitir los autos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla del juicio laboral D-791/2017, del índice de la Junta Especial Tres de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se advierte de las documentales que adjunta la autoridad responsable que el seis de julio de dos mil dieciocho la Oficialía Común del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, recibió el expediente D-3/791/2017, del índice de la referida Junta. De todo lo anterior se advierte la inexistencia de que se habla, en virtud de que la Junta responsable remitió el expediente laboral D-3/791/2017, de su índice con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, la Oficialía de Partes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla recibió el juicio laboral 3/791/2017, de su índice el seis de julio de dos mil dieciocho y la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales el diez de julio de dos mil dieciocho. Por tanto, se concluye que, en el caso el acto reclamado no existía a la fecha de la presentación de la demanda de amparo origen del presente juicio, lo cual tuvo verificativo el diez de julio de dos mil dieciocho, toda vez que la autoridad responsable en esa fecha, ya había remitido el expediente referido al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que la responsable dictó la resolución respectiva antes de la instauración del presente juicio constitucional, es inconcuso que deviene inexistente la omisión. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente la omisión reclamada de la autoridad responsable en los términos apuntados en este considerando, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el alegato ministerial 653/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este Juzgado, por el que formula alegatos, los cuales serán relacionados en la audiencia constitucional. Por otro lado, en atención al tercer punto de peticiones del pedimento de cuenta, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, como lo solicita una vez que sea dictada la sentencia correspondiente en el juicio de amparo en que se actúa, expídase copia de la misma. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a dicha legislación según su artículo 2º, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído dé cumplimiento al fallo protector, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en el considerando sexto de la sentencia emitida por este Juzgado Federal, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, misma que le fue notificada el diecinueve de junio del presente año a través del oficio 16716/2018; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 259, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional) atento a la actualización publicada en el propio diario, el diez de enero de dos mil dieciocho; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso de realizar diverso requerimiento en razón a que la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, no tiene superior jerárquico, por lo que transcurrido el término de tres días previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se procederá a la remisión del expediente para el trámite de inejecución señalado en el párrafo que antecede.
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