Jazmin Juarez Bernabe
Expediente 299/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jazmin Juarez Bernabe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual rinde su informe justificado. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." En efecto, del primer párrafo de la fracción XVII, del precepto 61, de la ley en consulta, se desprende que son requisitos para que opere la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, que se actualice lo siguiente: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; Que se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el asunto en virtud del acto reclamado; Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional; y, Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En esa tesitura, de las constancias que acompaña la autoridad oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, las partes en el juicio laboral 01/1243/18, celebraron convenio del laudo de once de octubre de dos mil veintiuno, mismo que fue aprobado y sancionado por el Tribunal responsable. Luego entonces, si el peticionario de amparo reclama la omisión de llevar a cabo la ejecución y cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral 01/1243/18; resulta incuestionable que ha cambiado la situación jurídica de la promovente, en virtud de que las partes en el juicio laboral de origen, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, celebraron convenio del laudo de once de octubre de dos mil veintiuno, aprobado y sancionado por el Tribunal oficiante; por tanto, deviene improcedente el juicio de amparo. Lo anterior, permite establecer que al producirse este nuevo acto, se dio un cambio de situación jurídica en relación con el acto reclamado consistente la omisión de llevar a cabo la ejecución y cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral en comento, lo que significa que ya pasó la oportunidad legal para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto precedente al mismo, y las posibles violaciones deben considerarse irreparablemente consumadas, al haber celebrado el convenio en comento en el juicio de origen, mismo que fue aprobado y sancionado por la autoridad responsable. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional". Asimismo, tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 2018382, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro sesenta, noviembre de dos mil dieciocho, tomo III, página dos mil ciento noventa y tres, que a la letra dice: "CONCURSO MERCANTIL. LA SENTENCIA QUE APRUEBA EL CONVENIO DE PAGO A LOS ACREEDORES RECONOCIDOS, IMPIDE REVISAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DE RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS AL EXISTIR UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA Y, POR ENDE, EL AMPARO ES IMPROCEDENTE. La sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos se emite dentro de la etapa de conciliación de un concurso mercantil, no obstante, en términos del artículo 161 de la Ley de Concursos Mercantiles, es posible que el comerciante o el conciliador formulen una propuesta de convenio de pago a los acreedores reconocidos que será examinada por el Juez concursal; de satisfacer las exigencias correspondientes y no contravenir disposiciones de orden público éste emite la resolución donde aprueba el convenio, el cual adquiere carácter de sentencia y obliga a la totalidad de los acreedores reconocidos con el grado de comunes, incluyendo a quienes no lo firmaron y, asimismo, se da por terminado el concurso mercantil. Una vez aprobado el convenio por el Juez concursal, la constitucionalidad de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, ya no puede examinarse en la medida que existe un cambio de situación jurídica, porque la suerte de los involucrados se regirá ahora por lo determinado en la resolución que aprobó el convenio, tan es así que el artículo 233 de la ley citada señala que el concurso mercantil no puede terminar si la impugnación de la primera sentencia está pendiente; de ahí que el juicio de amparo resulte improcedente al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia." En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, pues aun cuando el quejoso alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cambiado los efectos de los actos que señaló como reclamados. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación la jurisprudencia identificada con el número 2ª./J/.10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Por otra parte, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la autoridad responsable, el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubros siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de marzo del presente año, informa que no acepta la propuesta de la autoridad responsable respecto al cumplimiento del pago en parcialidades. Lo anterior, sin que haya lugar a pronunciarse al respecto, toda vez que el oficio de mérito no cuenta con firma autógrafa, motivo por el cual no se tiene plena certeza de la expresión de voluntad, por parte de quién promueve, en atención a que la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere. Apoya lo anterior, el criterio jurisprudencial, emitido por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 81 Sexta Parte, Séptima Época, al resolver el recurso de Reclamación 17/75, derivada de la queja 44/75. Hilario Medina Gutiérrez, el 26 de septiembre de 1975, cuyo texto y rubro son: "FIRMA EN LOS ESCRITOS Y PROMOCIONES. DEBE SER AUTÓGRAFA. Si en el escrito en que se promueve en recurso se presenta en la última hoja copia fotostática, en la que al calce se encuentra la firma del escrito del que provino, debe considerarse como un simple papel en el que no se incorporó expresión de voluntad, por no aparecer la firma autógrafa del promovente, pues la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere." Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a través del cual informa que la moral quejosa puede acudir a la ventanilla de dicha Tesorería a recibir el cheque número 0725 correspondiente al pago de la devolución del derecho de alumbrado público expedido a su favor por la cantidad de $84,262.02 (ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional), por lo que este órgano jurisdiccional toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por Ilse Anahí Avilez Flores, quien se ostenta como apoderada legal de Jazmín Juárez Bernabé, a través del cual, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada por acuerdo de ocho de marzo de la presente anualidad, sin que haya lugar a tenerla por satisfecha. Lo anterior es así, ya que no cumple con el segundo punto preventivo, toda vez se le requirió para efecto de que precisara el acto que reclama, y en caso de que señalará la omisión de ejecutar el laudo, debía indicar la fecha del acuerdo de requerimiento de pago y embargo, circunstancia que no aconteció. Por tanto, hágase del conocimiento a la ocursante que subsiste la prevención formulada en el proveído de referencia, así como el apercibimiento ahí decretado; sin embargo, indíquesele que el término restante (de los días que ahí le fueron concedidos), se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sirviendo de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a. /J. 39/2012 (10a.), que por contradicción de tesis aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo I, página 400, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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