Jazmín Josefina Adame Solís
Expediente 735/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 26/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jazmín Josefina Adame Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Acapulco, Guerrero veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de treinta y uno de mayo del año en curso, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva; además se precisa que este expediente no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para hacer las manifestaciones que estimara convenientes en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable, sin que lo hubiere hecho así; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio sobre el cumplimiento. Cabe precisar que, conforme con la jurisprudencia 9/2001 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA", este órgano jurisdiccional se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no con la sentencia de amparo. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, de quien reclamó: "La resolución de fecha 28 de Junio del 2017, dictada en el Toca Penal número I-54/2017, formado con motivo del RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de libertad por falta de elementos para procesar, de fecha 25 de Enero del 2015, dictada en los autos de la causa penal número 118-1/2014, instruida en contra de MARÍA ELENA MARINO LUNA Y TOMÁS BELLO GUZMÁN, por el delito de despojo, cometido en agravio de la suscrita JAZMÍN JOSEFINA ADAME SOLÍS. (.)." Y por sentencia de diez de enero del presente año, se resolvió negar el amparo y protección de la justicia a los quejosos, inconforme con tal resolución, interpuso recurso de revisión, el cual mediante ejecutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictada en el amparo en revisión penal 56/2018 el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, revocó la sentencia emitida y concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable: "a).- Deje sin efecto la resolución reclamada de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete; --- b).- De manera fundada y motivada se pronuncie en relación con lo fundado o infundado de los agravios expresados por el representante social al interponer el recurso de apelación; y, --- c).- Hecho lo anterior, emita la resolución que en derecho corresponda". En razón de lo anterior, por oficio de once de mayo de este año el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, anexó copia certificada de la resolución de la misma data, en la que determinó: En el antecedente 9. deja insubsistente la resolución emitida por esa autoridad el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, dictado en el toca penal 54/2017, y procedió a dictar una nueva, con lo que da cumplimiento a la primera parte de la sentencia. (foja 232) En lo referente a que de manera fundada y motivada se pronuncie en relación con lo fundado o infundado de los agravios expresados por el representante social al interponer el recurso de apelación, la responsable en el considerando "V. Se contesta agravios de la Agente del Ministerio Público Adscrita a Este Tribunal Revisor.", se ocupó de calificar los agravios expuestos por el representante social, mismos que determinó declarar en suplencia de la queja fundados, por lo que resolvió: "En cumplimiento al fallo protector; asiste la razón a la impugnante, que del contenido de las declaraciones de la agraviada JAZMÍN JOSEFINA ADAME SOLÍS y de los testigos de cargo, RODRIGO ANÍBAL PÉREZ OCAMPO y DORIAN HERNÁNDEZ MEDINA, se advierte que la pasivo tenía la posesión del inmueble a partir del veintisiete de septiembre de dos mil once; fecha en la que el actuario judicial, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio especial de desahucio, por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, procedió al lanzamiento del demandado TOMÁS BELLO GUZMÁN, una vez desocupado el inmueble la puso en posesión material jurídica; pero el seis de diciembre de dos mil once, aproximadamente a las diez horas, iban en compañía de la agraviada y cuando circulaban sobre la avenida Solidaridad, frente al predio de ésta, vieron que los inculpados TOMÁS BELLO GUZMÁN y MARÍA ELENA MARINO LUNA, estaban rompiendo chapas y cerraduras de la puerta de entrada de la propiedad de la pasivo, logrando abrirla y procedieron a introducir herramientas de trabajo de hojalatería y pintura, láminas y partes de vehículos; de ahí que, contrario a lo determinado por el Juez natural, las citadas deposiciones desprenden las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el evento delictivo." (fojas 257 vuelta y 258) En esa tesitura y previo al estudio del cuerpo del delito, y dado el inicio de vigencia del Código Penal en el Estado, hizo una traslación del tipo penal, por lo que determinó que éste se haría atendiendo al nuevo cuerpo normativo. Ahora, en cuanto a los lineamientos que el Tribunal Colegiado ordenó a la responsable, está en su considerando VII. realizó el estudio de los elementos que integran el delito de despojo, y en razón de la valoración que hizo de las pruebas testimoniales rendidas por Rodrigo Anibal Pérez Ocampo y Dorian Hernández Medina, así como la declaración de Jazmín Josefina Adame Solís, probanzas a las que les concedió valor probatorio en términos de los artículos 121, 122 y 127 del Código de Procedimientos Penales. Aunado a que las probanzas anteriores las concatenó con las documentales consistente en las copias certificadas relativas al juicio de especial de desahucio, promovido por Jazmín Josefina Adame Solís, contra Tomás Bello Guzmán, con número de expediente 274/2011-1 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, así como la constancia de posesión de diez de noviembre de dos mil uno, expedida por el Director General del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR), y la inspección ocular realizada por el Agente del Ministerio Público, a la que se le concedió valor probatorio en términos de los artículos 58 y 125 del Código Procesal Penal del Estado de Guerrero y que enlazó con el dictamen en materia de fotografía y avalúo de bienes inmuebles emitido por el perito adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales y al que se le concedió valor probatorio en términos de los artículos 107, 108, 121, 122 y 123 del Código Adjetivo en la materia. Así, al considerar que se actualizaba el cuerpo del delito de despojo, procedió al estudio de la probable responsabilidad y del análisis que hizo de las probanzas antes descritas, atendiendo a las circunstancias de tiempo modo y lugar, e incluso valorando las declaraciones preparatorias que rindieron Tomás Bello Guzmán y María Elena Marino Luna, así como los testimonios de Carlos Alberto González Melo y Ruth García Reyes, mismos que desestimó en razón de considerarlos testigos aleccionados, tampoco inadvirtió la inspección judicial que se desahogó dentro del plazo constitucional, empero consideró que la misma no beneficiaba los intereses de María Elena Marino Luna; en relación al dictamen de grafoscopia suscrito por el perito adscrito a la Coordinación Regional de Servicios Periciales, dicha probanza fue desestimada en razón de que se consideró irrelevante, puesto que su contenido se apoyó con el cotejo de la firma que obra en escrito de la parte agraviada, de diecisiete de enero de dos mil doce, así como de las firmas de José Manuel Jimeno, Martha Alicia Solís Esquivel y Tomás Bello Guzmán, impresas en diversos recibos, y que pertenecen a los medios preparatorios al juicio ordinario mercantil, por lo que no es parte los hechos que ocupan la instancia penal, de ahí que la responsable lo desestimara. Con todo lo anterior, la Sala Superior resolvió que en el presente asunto existían elementos de la probable responsabilidad penal de los terceros, ello, de conformidad con el artículo 19 Constitucional, así como el 64, párrafo tercero y 87 del Código de Procedimientos Penales del Estado; con lo anterior la responsable cumplió lo señalado en el apartado B de la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado. En el dictado de los puntos resolutivos la responsable determinó: "PRIMERO.- En cumplimiento a la sentencia de amparo en revisión penal número 56/2018, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, notificada a este Tribunal de Alzada, mediante oficio 7962/2018, el ocho de mayo de esta anualidad, relativo al juicio de amparo número 735/2017, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, promovido por JAZMÍN JOSEFINA ADAME SOLÍS, se deja insubsistente la resolución de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, dictada por esta Segunda Sala Penal, en el toca penal I-54/2017, para quedar como sigue: SEGUNDO.-Se revoca el Auto de Liberta por Falta de Elementos para Procesar, de veinticinco de enero de dos mil quince, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en la causa penal 188-1/2014, a favor de Ma. Elena Marino Luna y Tomás Bello Guzmán, por el delito de DESPOJO, en agravio de JAZMÍN JOSEFINA ADAME SOLÍS. TERCERO.-Se dicta Auto de Formal Prisión en contra de MA. ELENA MARINO LUNA y TOMÁS BELLO GUZMÁN, por el delito DESPOJO, en agravio de JAZMÍN JOSEFINA ADAME SOLÍS." Con lo anterior, se tiene la autoridad responsable por dando cumplimiento al tercer aspecto de la ejecutoria, y que corresponde al de emitir la resolución que en derecho corresponda, ello pues la Sala Superior determinó dictar auto de formal prisión. En esas condiciones, si la autoridad responsable se pronunció en los términos a que le obligaba la ejecutoria de amparo, se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce del derecho vulnerado y por tanto, procede declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos. Igualmente debe considerarse que no es dable a este juzgado de Distrito pronunciarse sobre la legalidad de ese nuevo acto tal como lo dispone la jurisprudencia 2ª./J 201/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Finalmente, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita acuse de recibo de su oficio número 605 por el que remitió los autos originales del juicio en que se actúa, por tanto en obvio de mayores dilaciones, se acusa el recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, quince de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo anexando la constancia con lo que lo acredita; por tanto, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, con lo informado por dicha autoridad y demás constancias que integren este expediente este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Para efectos de la notificación de este acuerdo, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción para que al momento de practicarla, entregue copia simple de este proveído y de la actuación remitida por la autoridad responsable a la parte quejosa y al tercero interesado; en el entendido, que deberá constar su entrega y recepción en el acta que al efecto se levante. Notifíquese personalmente.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, once de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Elizabeth Gómez Hernández autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase la copia simple que solicita, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción. Notifíquese.
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