Jazmín Ilitia Torres Fernández
Expediente 868/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 868/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jazmín Ilitia Torres Fernández
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Declaratoria de causa ejecutoria Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de trece de octubre de dos mil veintitrés, por la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa transcurrió sin que ninguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de cumplimiento de sentencia En la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, a la quejosa Jazmín Ilitia Torres Fernández, para efecto de que: [.] En consecuencia, a efecto de restituir a la quejosa en el pleno goce de sus derechos transgredidos, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Delegación Estatal Chihuahua del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, residente en esta ciudad, de manera congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada, provea lo conducente en relación al escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, por Jazmin Ilitia Torres Fernández; y lo haga del conocimiento de la promovente en breve término. [.] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere tanto al titular de la Delegación Regional Chihuahua del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en esta ciudad, como al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informen a esta juzgadora, lo que deberán acreditar con copia certificada de las constancias respectivas. Apercibimiento Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así o de informar la imposibilidad que tiene para acatar el fallo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, por lo que Se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Notifíquese por lista electrónica, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de octubre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ***/2023-VI, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito depositado el once de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, recibido en este Juzgado, el doce siguiente, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Delegación Estatal Chihuahua del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, residente en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derecho vulnerado el contenido en los artículos 1º, 4º, 6º, y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. El doce de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, y se llevó a cabo el emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; igualmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado a la autoridad responsable. Del análisis de la demanda y de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclama a la Delegación Estatal Chihuahua del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Titular de la Delegación Estatal Chihuahua del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en esta ciudad, fue omiso en rendir el informe justificado requerido por este juzgado; no obstante, haber sido debidamente mediante el oficio 25055/2023 de doce de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado, únicamente para efectos de resolver el presente asunto CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; y, al no existir causa de improcedencia cuyo estudio se estime necesario en forma oficiosa, o que haya sido alegada por las partes, se analizarán los motivos de inconformidad hechos valer en la demanda de amparo. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en el escrito de la demanda de amparo. En interés del principio de economía procesal, aunado a que la omisión de su trascripción no impide a la suscrita cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia, el motivo de disenso se tiene por reproducido en este apartado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de fondo. El concepto de violación esgrimido por la parte quejosa resulta esencialmente fundado. Para evidenciar este aserto, conviene establecer que, del contenido del artículo 8º de la Constitución General de la República, deriva la existencia de dos requisitos constitucionales que toda autoridad debe observar, cuando los gobernados formulen alguna petición escrita, de manera pacífica y respetuosa, a saber los siguientes: Dictar el acuerdo correspondiente; y Comunicar en breve término ese proveído al interesado, conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Para que el derecho de petición consagrado en el imperativo constitucional analizado sea atendible en la vía de amparo, tiene como presupuesto que aquella petición se realice al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, en una relación de supra a subordinación, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 42/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición reconocido en el artículo 8º Constitucional, se conforma a su vez de diversos elementos que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, a saber: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de amparo, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido. En el caso, de la documental anexa al escrito inicial de demanda, se desprende que ********************, mediante escrito presentado veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, (según consta en el sello de recepción), solicitó a la Delegación Estatal Chihuahua del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en esta ciudad, en esencia, solicitó lo siguiente: "1.- Que el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) actualice los datos sobre mi crédito para que yo pueda consultar mi status real en el portal de Infonavit, y me llegue por parte del Instituto a mi domicilio y/o correo electrónico mis pagos mensuales, y estado de cuenta del crédito y consecuentemente se me quite el estatus de cuenta demandada (y por lo pronto se me expida un tanto de mi estado de cuenta actualizado) "reversando". como dicen los abogados del despacho *****y/o en todo caso, que mi cuenta ya la tenga de manera directa Infonavit. Para lo cual INFONAVIT deberá solicitar información al despacho ***** para que constaten lo aquí mencionado. 2. Se me informe qué cantidad tenía en mi fondo de vivienda, cuando adquirí mi crédito Infonavit. 3. Se me informe cuanto he pagado desde que inició mi crédito a la fecha, en cantidad bruta. 4. Se me informe cuantos intereses he pagado desde que adquirí mi crédito y cuanto está pendiente por pagar. 5. Se me informe si tengo alguna mensualidad atrasada. 6. Se me otorgue Estado de Cuenta actualizado. 7. En razón de que mi crédito lo adquirí en VSM y esto implica que los aumentos al salaría que se hacen cada año hacen que tanto la deuda como la mensualidad aumenten, por lo tanto, mi deuda podría crecer tanto que haría bastante difícil de pagarla, solicito que Infonavit verifique el estado de cuenta que sólo ellos pueden ver, y de estar al corriente se me conceda el cambio de mi crédito de (VSM) Veces Salario Mínimo a Pesos y cuota fija, lo anterior ya que en la Ley del Infonavit en el "Artículo 39. El Instituto tiene por objeto: Fracc. II.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: a) La adquisición de propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, b).- La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones y c).- El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores. 8.- En su caso de no poder realizar la petición número 6, me informen la razón y qué necesito en mi caso en particular para que me sea concedido este beneficio, e Infonavit qué puede hacer para ayudarme. " Documental que merece valor probatorio en términos de los artículos 202, 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. En ese tenor, las hipótesis indicadas en los puntos que anteceden, no se encuentran colmadas, porque la autoridad responsable, no ha atendido lo solicitado por la ahora quejosa a través de su escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. En esas condiciones, dado que en autos no obra constancia que evidencie que la autoridad responsable, dio cumplimiento a los requisitos que conforman el derecho humano reconocido en el citado artículo 8° Constitucional, pues no existe prueba fehaciente de que la autoridad responsable, haya proveído respecto al escrito presentado el veintiocho de marzo dos mil veintitrés, ni mucho menos que le haya dado a conocer a la directamente agraviada en breve término la respuesta a su solicitud, ello implica una transgresión a la esfera jurídica de la quejosa, toda vez que, como se dijo, la petición formulada por escrito a la autoridad, en la especie a un servidor público en funciones, requiere de una respuesta también por escrito y en breve término, cuyo conocimiento debe verificarse, desde luego, a través del procedimiento de notificación respectivo. Apoya lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia 129, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, visible en el Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, página 88, registro 391019, que estatuye lo siguiente: PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. En consecuencia, a efecto de restituir a la quejosa en el pleno goce de sus derechos transgredidos, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Delegación Estatal Chihuahua del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, residente en esta ciudad, de manera congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada, provea lo conducente en relación al escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, por ********************; y lo haga del conocimiento de la promovente en breve término. Ilustra lo antes expuesto, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1738, que dice: DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra la omisión que reclama de la Delegación Estatal Chihuahua del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, residente en esta ciudad, por los motivos, fundamentos y para los efectos establecidos en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que conste como legalmente corresponda el escrito de cuenta presentado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y en atención a su contenido, téngasele formulando los alegatos vertidos en el mismo y háganse relación de éstos al celebrarse la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de la materia. Por otro lado, respecto a las copias certificadas que solicita, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en el auto de admisión, en el que se autorizó la expedición a las partes, de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, sin necesidad de solicitarlo por escrito. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********. Doy fe.CRMR
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de septiembre de dos mil veintitrés. Registro y admisión de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Titular de la Subdelegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en esta ciudad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 868/2023-VI. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 3º, 5º, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión Toda vez que la parte quejosa no lo solicitó, ni se está en presencia de algún supuesto que amerite una apertura oficiosa, resulta innecesario ordenar que se abra expediente incidental, para proveer sobre la suspensión de los actos reclamados. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la legislación de la materia, se señalan las diez horas con treinta minutos del trece de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la juez y la secretaria en forma autógrafa, electrónica o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, están en posibilidad de hacerlo mediante escrito que presenten ante la Oficialía de Partes Común o en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Solicitud de informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable que rinda su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional ($3,112.20). Pruebas En relación a la prueba documental que anexa a su escrito, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dado que así lo permite su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Hágase relación de la misma en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a los licenciados *******, *******, ******* y *******, toda vez que se encontraron registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley en cita, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Acceso a expediente electrónico En atención a la solicitud relativa a su acceso al expediente electrónico a través de la consulta del portal en línea del Poder Judicial de la Federación, y toda vez que su autorizada ******* cuenta con el nombre de usuario -*******- así como que le sean practicadas las notificaciones por la misma vía; dígasele que, en atención a que el nombre de usuario aparece registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como que fue solicitud expresa y cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta a la parte quejosa para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicarle las notificaciones en este asunto vía electrónica, únicamente aquellas que sean de carácter personal. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado -Aviso de fallas técnicas-, al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Además, cabe enfatizar que aun y cuando se haya autorizado practicar notificaciones vía electrónica al usuario proporcionado, esto implica que este órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquella que sean de carácter personal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Undécima Época, con registro 2026122, de rubro: -NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL.- Sin que pase inadvertido para la suscrita que también la quejosa señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; sin embargo, resulta improcedente contar con dos domicilios para el mismo objetivo, debido a que se generaría incertidumbre en los cómputos de las notificaciones, en la medida en que las notificaciones personales -tradicional- y -vía electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la Ley de Amparo, situación que se estima impropia desde un enfoque adjetivo, pues podría utilizarse intencionalmente para obtener ventajas procedimentales inadecuadas; de ahí que, se prefirió practicar notificación por vía electrónica (como se expuso en párrafos anteriores), en principio porque es una vía adoptada libre y voluntariamente por la quejosa, y es una herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y la impetrante, aunado a que representa la utilización de menos recursos humanos, materiales y hasta logísticos del órgano jurisdiccional para llevar a cabo la diligencia de notificación. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial -A- adscrito, dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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