Jazmín Hernández Luna y Otros.

Expediente 197/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
197/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
05/08/2019

Partes del expediente

  • Jazmín Hernández Luna y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, en atención a que la parte quejosa en este juicio, no interpuso recurso de revisión contra el auto dictado el quince de julio de dos mil diecinueve (fojas 45-49), con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que sobreseyó en este juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; asimismo, se destaca que se sobreseyó en el juicio, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados y no existen documentos originales; como consecuencia de lo anterior, transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, este expediente es destruible, por ubicarse en el supuesto de la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de siete de junio del año en curso, notificado en esta propia fecha (trece de junio, foja 42) se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por los integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, con sede en Tlalixtac de Cabrera, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por el plazo de ocho días; el cual transcurrirá del diecisiete al veintiséis de junio del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar, se fijan las DOCE HORAS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo.

  3. Principal

    Vista la cuenta secretarial, se provee: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, incorpórese el informe justificado rendido por los integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, con sede en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, y anexo que acompaña. Con su contenido, dése vista a las partes para que dentro del plazo de ocho días manifiesten lo que a sus intereses convenga. Cobra aplicación la tesis publicada en la página 398, tomo III, segunda parte 1, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo título dice: "INFORME JUSTIFICADO. DEBE DARSE VISTA A LAS PARTES CON SU CONTENIDO, A FIN DE QUE PREPAREN LAS PRUEBAS QUE LO DESVIRTÚEN". Criterio jurisprudencial aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo Vigente. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admite la documental que ofrece, probanza que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Por otra parte, toda vez que del contenido del informe de la autoridad responsable se advierte una posible actualización de la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y atendiendo que el numeral 62 de la Ley de Amparo, dispone que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista con lo anterior al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga.

  4. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Alfredo Martínez Sánchez, Jazmín Hernández Luna, Santiago Marcial Jiménez Jr., Gibran Martínez Hernández, Josué Iván Martínez Cruz, Yulime Carrasco Flores, Mireya Abad Ruiz, Yazmin Martínez Izquierdo, Jorge Alberto Virgen Gómez, Carmen Ruíz de la Cruz, Vicente Roque Landez, Fabiola Mecott Ríos, Francisca Patricia Mendoza, José Meliton Figueroa Ibarra, Abimail Yasmani Escobar García, Xitlali de Nereyda Escobar García, Rosalba Martínez Blanco, Rosa Ma. Velazquez de la Cruz, Verónica Luis Martínez, Santiago Espinosa Toledo, Dulce Cecilia Trinidad Espinosa, María Eugenia Cortez Marcial, Roxana Trinidad Rojas, Fernando Cedillo Leyto, Flor de Liz Jiménez Suares, Rosa Isela Guzmán Ramírez, Efrén Reyes Zarate, José de Jesús Cruz Patricio, Genaro García Palacios, Carlos Méndez Lopez, Luis Ángel Ruiz Vásquez, Diana Villalobos Patricio, Kevin Daniel Vásquez Jiménez, Rene Chiñas Cortes, Armando Zarate Solórzano, Ángel Alfonso Escobar Escobar, Carlos Jiménez Gallegos, Josué Raúl Martínez Gutiérrez, Paula Vásquez Rodríguez, Carlos Alberto Mirón Osorio, Rubén de Jesús Escudero Jarquín, Isauro Martínez Ramírez, Guadalupe Guzmán Pérez, América Vásquez Guzmán y Raquel Talín López, contra actos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Oaxaca, y anexo; fórmese expediente, y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Ahora, antes de proveer sobre la admisión de la presente demanda, se provee lo siguiente: Visto el escrito inicial de demanda, se aprecia que el promovente Carlos Jiménez Gallegos, no firmó la demanda de amparo presentada en la oficialía de partes de este juzgado el diez de mayo este propio mes de mayo, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia: En ese sentido, los artículos 5° y 6° de la Ley de Amparo, establecen: . Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, establece lo siguiente: . Asimismo, el artículo 204, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece lo siguiente: . De una interpretación armónica de los artículos antes transcritos, se arriba al conocimiento que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona a quien perjudique el acto reclamado, por lo tanto, para promover el juicio constitucional debe hacerlo quien se ostente afectado en su esfera de derechos por un acto de autoridad, mediante un escrito debidamente firmado o bien estampando su huella digital. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que al parecer Carlos Jiménez Gallegos, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal; sin embargo, en la misma no aparece firma autógrafa alguna. Por lo cual, debe hacerse notar que la ausencia de firma autógrafa, no constituye una irregularidad en dicha demanda y que por ello sea factible que este juzgado se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos del artículo 114, de la ley de la materia, ya que un escrito presentado en esas condiciones no obliga a este órgano de control constitucional a realizar acto alguno tendiente a darle curso. Resulta aplicable a lo anterior la tesis visible a página doscientos cuarenta y uno del Tomo I, Segunda Parte -1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: . En tales circunstancias, de conformidad con el artículo 204, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, entendiéndose por esto la colocación al pie del escrito, de las palabras que sean idóneas para identificar a la persona que suscribe, por lo que si el escrito de que se trata no cumple con ese requisito, lo que no obliga a este órgano de control constitucional a proveer respecto de su contenido, ya que al no encontrarse firmado por el promovente, debe considerarse como un simple documento que no incorpora expresión de voluntad alguna; en consecuencia, con apoyo en el artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 6 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO QUE NOS OCUPA únicamente por lo que respecta a CARLOS JIMÉNEZ GALLEGOS. Tiene aplicación, la tesis visible a página trescientos quince, Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y dos, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor siguiente: . Asimismo, sirve de apoyo a este desechamiento la tesis número IV.1o.151K, consultable en la página trescientos tres, Tomo XV-2, febrero de mil novecientos noventa y cinco, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor siguiente: . Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Ahora, por lo que respecta a Carlos Alfredo Martínez Sánchez, Jazmín Hernández Luna, Santiago Marcial Jiménez Jr., Gibran Martínez Hernández, Josué Iván Martínez Cruz, Yulime Carrasco Flores, Mireya Abad Ruiz, Yazmin Martínez Izquierdo, Jorge Alberto Virgen Gómez, Carmen Ruíz de la Cruz, Vicente Roque Landez, Fabiola Mecott Ríos, Francisca Patricia Mendoza, José Meliton Figueroa Ibarra, Abimail Yasmani Escobar García, Xitlali de Nereyda Escobar García, Rosalba Martínez Blanco, Rosa Ma. Velazquez de la Cruz, Verónica Luis Martínez, Santiago Espinosa Toledo, Dulce Cecilia Trinidad Espinosa, María Eugenia Cortez Marcial, Roxana Trinidad Rojas, Fernando Cedillo Leyto, Flor de Liz Jiménez Suares, Rosa Isela Guzmán Ramírez, Efrén Reyes Zarate, José de Jesús Cruz Patricio, Genaro García Palacios, Carlos Méndez Lopez, Luis Ángel Ruiz Vásquez, Diana Villalobos Patricio, Kevin Daniel Vásquez Jiménez, Rene Chiñas Cortes, Armando Zarate Solórzano, Ángel Alfonso Escobar Escobar, Josué Raúl Martínez Gutiérrez, Paula Vásquez Rodríguez, Carlos Alberto Mirón Osorio, Rubén de Jesús Escudero Jarquín, Isauro Martínez Ramírez, Guadalupe Guzmán Pérez, América Vásquez Guzmán y Raquel Talín López, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Se señalan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DOS MIL DIECINUEVE, para que se lleve a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo sin falta dentro del plazo de quince días, siguientes al que reciba el oficio en el que se pide dicho informe. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, párrafo tercero, y 117 de la ley invocada, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado: a). Acompañe las constancias que guardan relación con el acto reclamado, siendo necesarias para la resolución del presente asunto; b). Que las copias que anexe sean íntegras y legibles y, c). Quedando obligada a comunicar si han ocurrido causas notorias de sobreseimiento del juicio. Con el apercibimiento que 1) de no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, o 2) no comunicar la existencia de alguna causa de sobreseimiento; se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero de esta propia anualidad. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Por otro lado, infórmese a la responsable que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, expresando las razones que lo justifiquen, y formulando, de ser el caso, adicionalmente a la versión original, la versión pública de las constancias que tomó en cuenta para emitir los actos reclamados, considerando que el artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dispone que cuando un documento contiene partes o secciones reservadas, se deberá entregar una versión en la que se omitan estas últimas y que en términos del artículo 40 del mismo ordenamiento, se debe dar acceso a las versiones públicas de los documentos en las que se excluyan las partes o secciones de éstos que contengan información confidencial; aunado a que las documentales respectivas deberán llevar la leyenda que precisa el citado artículo 30 del Reglamento de la propia Ley, apercibida de que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se está en el supuesto previsto en el último párrafo del propio artículo 30, esto es, que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. En el mismo orden de ideas, hágase del conocimiento de la parte quejosa y de la parte tercero interesada, así como de la totalidad de las partes que conformen este juicio de amparo, que en la eventualidad de exhibir documentales que a su criterio contengan información confidencial o que deban tener un tratamiento especial consistente en restringir la difusión de datos personales a las partes y que a su vez deban ser resguardadas en el seguro de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo previsto en el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, deberán indicarlo expresamente, argumentando los motivos y fundamentos con los que sustenten su dicho, así como exhibirlas en un sobre cerrado debidamente identificado con su contenido, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de otorgar el tratamiento que en derecho corresponda. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que de una revisión efectuada al contenido de la promoción de cuenta y sus anexos, no se encuentra algún documento que aparentemente deba ser clasificado como confidencial o sobre el cual se deba tener un tratamiento especial; en consecuencia, se hace del conocimiento de la parte promovente, que en caso de considerar lo contrario tiene expedito su derecho para hacerlo saber expresamente a este órgano de control constitucional, a fin de que tome las medidas de resguardo correspondiente. Se reserva proveer respecto del emplazamiento a juicio de algún posible tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable ordenadora. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la prueba documental que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, consistentes en: 1) copia simple del acuerdo de ocho de febrero del dos mil diecinueve, dictado en el expediente número 16/2019, por la H. Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado; sin perjuicio de relacionarlas el día de la audiencia constitucional, aun cuando no exista gestión expresa de parte interesada. En otro orden, se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; y se le tiene autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona en su demanda de amparo, porque en esos términos lo solicita. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como su representante común de los quejosos a EDGAR MARTÍN REGALADO, porque así lo indican en su escrito de demanda.

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