Jazmin Hernandez Bello

Expediente 1018/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1018/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Jazmin Hernandez Bello
  • Juez de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Playas de Rosarito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuenta. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con el escrito registrado con el número 15181. Conste.Tijuana, Baja California, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Copias certificadas. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por la quejosa Jazmín Hernández Bello; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que solicitada, por conducto de las personas que refiere, previa cita que genere y toma de razón que por su recibo se deje en autos. Finalmente, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, en su oportunidad devuélvase al archivo definitivo de este juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte tercero interesado JUAN CARLOS GARDUZA REYES, no compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el diez de noviembre de dos mil veinte, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido de la determinación de diez de noviembre del año en curso, dictado en el Juicio de Amparo 1018/2019-VIII, del índice de esta Juzgado, a la mencionada tercero interesado: Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veinte. Certificación. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieran realizado manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Efectos de la sentencia. El treinta de enero de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Jazmín Hernández Bello, para los siguientes efectos: "El Juez de Primera Instancia Civil, del Partido Judicial de Playas de Rosarito, Baja California, deberá: 1. Dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 747/2015, y sus consecuencias legales, a partir de la diligencia del citatorio de catorce de julio de dos mil quince. 2. Hecho lo anterior, ordene nuevamente su llamamiento al procedimiento según las reglas de la legislación aplicable. La protección constitucional otorgada se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al actuario del Juzgado Primera Instancia Civil, del Partido Judicial de Playas de Rosarito, Baja California, en atención a la consecuencia lógica y directa de las actuaciones que deberá efectuar el juez responsable con motivo de este fallo protector." Antecedentes y requerimiento. El dos de marzo de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia, y se requirió a las responsables por su cumplimiento. Valoración de cumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, las autoridades responsables remitieron las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de las que se advierte que se realizó lo siguiente: Juez responsable. El Juez de Primera Instancia Civil, del Partido Judicial de Playas de Rosarito, Baja California, mediante oficio 286/2020 acordado por este órgano jurisdiccional el dieciocho de agosto pasado, en cumplimiento al fallo protector, mediante proveído de seis de marzo de dos mil veinte, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 747/2015, así como sus consecuencias legales a partir de la diligencia de citatorio de catorce de julio de dos mil quince; y por ende ordenó el llamamiento al procedimiento a la demandada Jazmín Hernández Bello, por lo que turnó los autos a la actuaria de su adscripción a efecto de que le notificara el auto de veinticinco de junio de dos mil quince. Actuaria responsable. La Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia Civil, del Partido Judicial de Playas de Rosarito, Baja California, en cumplimiento al fallo protector y a lo ordenado por su superior, el diez de marzo de dos mil veinte, al llevar a cabo la diligencia de emplazamiento a la parte demandada, hizo constar que se constituyó física y legalmente en el domicilio señalado por la parte demanda, sin embargo manifestó la imposibilidad de diligenciar dicha encomienda, en virtud de que el acceso al domicilio se encontraba inaccesible o intransitable por virtud de la condición de lluvia que había en ese momento; por lo que suspendió la diligencia de emplazamiento. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Declaración de cumplimiento. De lo expuesto, se advierte que las autoridades responsables acataron los efectos de la concesión del fallo protector, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida, sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del Libro Uno de Gobierno del índice de este juzgado. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notificación. Comuníquese a la parte quejosa y al tercero interesado la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Por tanto, se deberá conservar este expediente por el término de tres años, contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Una vez concluido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar este expediente, conservándose, en su caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorgó autoridad de cosa juzgada; y los demás documentos que se consideren relevantes a consideración de este órgano jurisdiccional; circunstancia que deberá constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, asimismo, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, a fin de dar cumplimiento al artículo 18, último párrafo, del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo tres días que establece el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que mediante proveído de dieciocho de diciembre del año en curso (fojas 145 a 147), se les hizo del conocimiento a las partes la designación de la titular de este órgano jurisdiccional, con el fin de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo. Diferimiento. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de enero de dos mil veinte, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.

  4. Principal

    Cambio de titular. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Quejosa exhibe interrogatorios para testimonial. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por la quejosa Jazmín Hernández Bello, al cual anexa seis copias del interrogatorio que pretende formular a los atestes ofrecidos en su escrito de ampliación de demanda presentado en este Juzgado el veintiocho de octubre del presente año; sin embargo, en dicho escrito la parte quejosa fue omisa en exhibir los referidos cuestionarios, situación que realiza en este ocurso. Ahora, mediante proveído de veintinueve de octubre pasado, se tuvo por anunciada la prueba testimonial ofrecida por la quejosa, sin embargo se reservó proveer sobre la preparación de la misma hasta en tanto se encontrara integrada la litis en el juicio. Respecto de lo anterior, se acuerda lo siguiente: Cuestiones previas. Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, previo a la admisión y desahogo de la prueba testimonial y de inspección, se requiere que las partes reúnan elementos formales y materiales, por lo que la carencia de alguno de ellos generará procesalmente su desechamiento. Los elementos de valoración formales para tener por anunciadas las pruebas testimonial, inspección y pericial, consisten en: a) Que se realice dentro del plazo de cinco días hábiles antes del fijado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; b) Que se exhiban los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos; del cuestionario para los peritos; o indiquen los puntos a desahogar en la inspección; c) Que se exhiban las copias respectivas para correr traslado a las partes; y d) Que tratándose de la prueba testimonial, únicamente se aceptarán tres testigos por cada hecho. Por su parte, el elemento material consiste en la idoneidad del medio probatorio ofrecido, esto es, que se trate de pruebas aceptadas por la Ley de Amparo y que se refieran a los hechos controvertidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que si no se cumplen los elementos formales o materiales relacionados, deben desecharse las pruebas referidas, por la falta de los elementos apuntados. Desechamiento de prueba. Sentado lo anterior, cabe indicar que en la especie, procede desechar la prueba ofertada por la parte quejosa, en virtud de que no reunió el requisito formal enunciado en el inciso b, en virtud de que fue omisa en exhibir los interrogatorios respecto a la prueba testimonial al momento de su ofrecimiento, situación que pretende realizar en este momento, lo que resulta extemporáneo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/2018 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas."

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