Jazmín Guadalupe Chim Balam
Expediente 2319/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2319/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jazmín Guadalupe Chim Balam
Actuaciones
- Principal
Acto continuo, se hace una relación de todas y cada una de las constancias que obran en los presentes autos y se da cuenta con el informe rendido por la autoridad señalada como responsable actuario adscrito al Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, mismo que obra en autos. De igual forma, se da cuenta al Juez con la circunstancia de que respecto a la autoridad responsable Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, no se tiene conocimiento de que haya presentado su informe, no obstante de estar debidamente notificado, como se advierte de la boleta de acuse respectiva, y de lo manifestado por dicha autoridad mediante su oficio recibido en este Juzgado el quince de agosto del año actual. En consecuencia, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, con fundamento en el artículo 208 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de cuenta y por informado lo relativo a la falta del informe del Juez responsable. Continuando con la audiencia, el Juez declara abierto el período de pruebas, por lo que el Secretario da cuenta con las documentales, Instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana, que la parte quejosa acompañó y precisó en el escrito con el que promovió el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión, sin que las restantes partes aportaran medio de convicción alguno. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 208 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas dichas probanzas, en virtud de su propia naturaleza. Con ello, se declara cerrado el período de pruebas. Por otra parte, abierto el de alegatos, el Secretario certifica que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: Con el mismo fundamento legal, téngase por hecha la certificación de la Secretaría. Finalmente, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el Juez da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTO, para resolver los autos del INCIDENTE POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, interpuesto por la parte quejosa Hernán de Jesús González Gómez, en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 730/2022-IV-A; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el once siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Hernán de Jesús González Gómez, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que le atribuye a las autoridades Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán y actuario adscrito. De quienes reclaman, lo siguiente: El ilegal emplazamiento realizado al juicio ejecutivo mercantil 220/2013 promovido en su contra, y todo lo actuado en el mismo, incluyendo la entrega de la posesión física del inmueble de su propiedad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite la demanda, se ordenó tramitar por separado y duplicado el presente incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Concesión de la suspensión definitiva. El nueve de mayo de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva solicitada para los siguientes efectos: "[.] SE CONCEDE al quejoso la suspensión definitiva que solicita, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que en caso de que aún no haya acontecido, no se ordene la escrituración y entrega al adjudicatario del inmueble consistente en el predio marcado con el número trescientos veinte letra "A", de la calle ochenta y uno, de la colonia Benito Juárez, de Progreso, Yucatán, Polígono I; hasta que se resuelva lo procedente en el expediente principal del que deriva el presente incidente; sin que esto implique la suspensión del procedimiento de origen por ser de orden público. [.]". CUARTO. Incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Luego, mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el dieciséis de junio de dos mil veintidós, el quejoso Hernán de Jesús González Gómez, interpuso incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión respecto del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán y actuario adscrito. En consecuencia, por auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite vía incidental la denuncia por defecto en el cumplimiento de la suspensión otorgada a la parte quejosa; en el mismo proveído se requirió a dichas responsables para que rindieran su informe sobre los hechos denunciados; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia relativa, la cual, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión planteado, de conformidad con lo establecido en los artículos 158, 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previo al estudio del presente incidente de violación a la suspensión definitiva, resulta pertinente transcribir parte de la interlocutoria de nueve de mayo del año actual, a fin de determinar los efectos de la suspensión provisional concedida a la parte quejosa: "[.] En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar la naturaleza de los actos reclamados, los cuales tienen el carácter de ser consumados con efectos positivos, por lo que sí es procedente el otorgamiento de la suspensión respecto de los mismos; sin embargo, en primer lugar, debe atenderse si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. [.]". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se Contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. En este tenor, toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo y del informe previo de la autoridad responsable, como ya se dijo, se advierte que los referidos actos reclamados tienen el carácter de consumados con efectos positivos, se procederá a proveer estos últimos. SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ACTO Atendiendo a lo anterior, respecto de los efectos y consecuencias del citado acto reclamado, que se traducen en la entrega física del predio que aduce es de su propiedad, con fundamento en los artículos 128 interpretado a contrario sensu, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el numeral inicialmente señalado. En el caso, en relación con el primero de los requisitos del citado artículo 128 de la Ley de Amparo debe decirse que en el particular se cumplen, ya que HERNÁN DE JESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ expresamente solicitó la suspensión del acto reclamado que atribuye a las autoridades responsables Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán y actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad. Asimismo, se encuentra colmado el interés suspensional del quejoso en relación con el acto reclamado, lo cual resulta ser un elemento inmerso en el primer requisito. Ello es así, toda vez que la juez civil responsable al rendir su informe previo reconoció efectivamente que adjudicó el citado bien que se encontraba a nombre del quejoso. Lo que corrobora lo que éste señaló bajo protesta de decir verdad, en su escrito inicial de demanda; con lo cual se tiene por acreditado presuntivamente el interés suspensional para solicitar la medida cautelar definitiva respecto del acto reclamado. Precisado lo anterior, debe decirse que también se satisface el segundo de los requisitos del artículo 128 de la ley de la materia, ya que con la suspensión de la ejecución del acto reclamado no se advierte que se siga una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 138, pues no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la ley de la materia. En tales condiciones, SE CONCEDE al quejoso la suspensión definitiva que solicita, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que en caso de que aún no haya acontecido, no se ordene la escrituración y entrega al adjudicatario del inmueble consistente en el predio marcado con el número trescientos veinte letra "A", de la calle ochenta y uno, de la colonia Benito Juárez, de Progreso, Yucatán, Polígono I; hasta que se resuelva lo procedente en el expediente principal del que deriva el presente incidente; sin que esto implique la suspensión del procedimiento de origen por ser de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.3o.C.933 C, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2417, del Tomo XXXIII, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2011, con número de registro 162488, que dice: "REMATES. ALCANCES DE LA SUSPENSIÓN". [.]". TERCERO. La parte impetrante del amparo, en su escrito de violación a la suspensión, expuso lo siguiente en la parte conducente: "[.] En este orden de ideas y bajo formal protesta de decir verdad, el día de ayer seis de junio del año en curso al llegar a mi domicilio alrededor de las quince horas veinte minutos, me percato que en la puerta principal de mi domicilio, estaba pegada la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN, de fecha seis de mayo del año en curso, en la cual la C. Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ordena y/o acuerda: "FÍJESE A LA PARTE DEMANDADA EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS PARA QUE ENTREGUE DESOCUPADO AL ADJUDICATARIO HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, EL PREDIO MARCADO CON EL NÚMERO TRESCIENTOS VEINTE A, DE LA CALLE OCHENTA Y UNO, DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, DE PROGRESO, YUCATÁN, POLÍGONO I, APERCIBIENDOLA CON QUE DE NO HACERLO ASÍ, SERÁ DESALOJADA DEL MENCIONADO INMUEBLE CON EL AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA. En virtud de lo antes manifestado, las autoridades señaladas como responsables violan en perjuicio del suscrito GONZÁLEZ GÓMEZ, las garantías de legalidad, seguridad y libertad, que se encuentran protegidas y tuteladas por los artículos 8,14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad señalada como responsable me causa un gran agravio al NO CUMPLIR CON LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA NUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, acuerdo emitido por este JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, ya que dicho acuerdo manifiesta que se CONCEDE AL QUEJOSO LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, PARA EL EFECTO DE QUE SE MANTENGAN LAS COSAS EN EL ESTADO QUE ACTUALMENTE GUARDAN, situación que la autoridad responsable no cumplió, cayendo su actuar en completo estado de DESACATO A LO ORDENADO POR UNA AUTORIDAD FEDERAL, tal como consta con la cédula de notificación de fecha seis de junio del año en curso, misma cédula de notificación que ya obra en autos en original. [.]". CUARTO. Es el caso, que al momento de resolver la presente interlocutoria no se tiene conocimiento de que la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, hubiese rendido su informe relativo, a pesar de haber sido debidamente notificada, de conformidad con la constancia relativa a la entrega del oficio correspondiente; misma que obra en autos. Por ello, debe tenerse como cierto el acto que se le atribuye a dicha autoridad, solamente para los efectos de esta resolución. Asimismo, el actuario adscrito al Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, al rendir su informe sobre la materia de la denuncia, expuso argumentos negando los actos ya que señaló que se cumplió con la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa, pero con posterioridad realizó manifestaciones de las que se evidencia su certeza, por lo que dicho acto que se le atribuye se tiene como cierto. QUINTO. Resulta fundada la denuncia de violación a la suspensión definitiva hecha valer por la parte amparista, por los motivos que se explicaran. En primer término conviene determinar la naturaleza jurídica y el objeto del incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto por los artículos 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo. De los artículos descritos se desprende que el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión concedida, puede ser interpuesto por cualquiera de las partes en el juicio o por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, y podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras se falla el juicio de amparo en lo principal, por resolución firme. Los mencionados requisitos se encuentran colmados en este caso, habida cuenta que este incidente fue planteado por Hernán de Jesús González Gómez, quien es el quejoso, por lo que resulta incuestionable que se encuentra legitimado para hacer valer este incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida, en la medida en que resiente el perjuicio que ello ocasiona de manera directa y personal. Asimismo, este incidente fue planteado con la oportunidad legal establecida en el párrafo segundo del artículo 206 de la Ley de Amparo, que previene que podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal; pues en el caso, se tiene que fue interpuesto antes de que el expediente principal causara ejecutoria en relación con la sentencia que se dictó; por tanto, dicha incidencia fue interpuesta con la oportunidad legal establecida en el citado numeral 206 de la ley de la materia. Sentado lo anterior, debe decirse que atendiendo sus agravios, le asiste la razón a la parte quejosa, pues de la lectura integral de las constancias que obran en autos, se advierte que la suspensión definitiva se concedió para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado que en ese momento guardaba el expediente de origen, esto es, para que en caso de que aún no hubiera acontecido, no se ordenara la escrituración y entrega al adjudicatario del inmueble consistente en el predio marcado con el número trescientos veinte letra "A", de la calle ochenta y uno, de la colonia Benito Juárez, de Progreso, Yucatán, Polígono I; hasta que se resolviera lo procedente en el expediente principal del que deriva el presente incidente; sin que esto implicara la suspensión del procedimiento de origen por ser de orden público. Ahora bien, de conformidad con los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar en el juicio constitucional, cuyo objeto es mantener viva la materia de éste, mediante la paralización temporal de los efectos del acto reclamado y, en algunos casos, atendiendo a la naturaleza del acto, la restitución provisional del quejoso en los derechos afectados mientras se resuelve el juicio en lo principal. Así, cuando en el juicio de amparo se otorga la suspensión provisional o definitiva con efectos restitutorios y la autoridad responsable considera que se deben satisfacer determinados requisitos de orden técnico o administrativo para que continúe en el ejercicio de sus derechos, desde el momento en que sea notificada de la medida cautelar deberá precisar cuáles son esas condicionantes y hacerlo inmediatamente del conocimiento del quejoso y del juzgador, para que sea efectiva la suspensión otorgada, en términos de los artículos 136, 153 y 158 de dicha ley. En el caso concreto, se tiene que los efectos de la suspensión definitiva otorgada el nueve de mayo de dos mil veintidós, fueron para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado que en ese momento guardaba el expediente de origen, precisando además, que para el caso de que aún no hubiera acontecido, no se ordenara la escrituración y entrega al adjudicatario del inmueble que defiende el aquí quejoso. Luego, dicha determinación se notificó a las autoridades responsables Juez y actuaria adscritos al Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, según se desprende de las boletas de notificación relativas a los respectivos oficios 18655 y 18656. No obstante ello, de la prueba documental que adjuntó la parte amparista a su escrito recibido en auto de nueve de junio, consistente en el original de la cédula de notificación de seis de junio de dos mil veintidós, se observa que la actuaria responsable en esa data le notificó el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente natural 220/2013, en el cual se le requirió a la parte demandada -aquí quejosa- a efecto de que entregara al actor el inmueble de mérito en el plazo de veinte días que se le otorgaron para tal efecto, con el apercibimiento que de no hacerlo, sería desalojada del predio con auxilio de la fuerza pública. Sentado lo anterior, debe decirse que atendiendo a lo antes expuesto le asiste razón a la parte promovente del incidente que se resuelve. Pues la actuaria responsable al notificar el auto de veintiséis de abril del año en curso, en el cual se le requirió a la parte demandada la entrega física del inmueble con el apercibimiento de desalojo con auxilio de la fuerza pública, desatendió lo ordenado en la suspensión a pesar de que fue notificada de la medida cautelar definitiva concedida en autos, lo cual se realizó el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio 18656, es decir, antes de que realizara la notificación el seis de junio de dos mil veintidós. Por tanto, dicha autoridad responsable no cumplió con la medida cautelar en los términos que le fueron indicados, por lo que se determina que se acredita el defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Sin que de las constancias que obran en este expediente incidental, se advierta que la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, haya desatendido la medida cautelar otorgada, en razón de que el auto que fue notificado a la demandada fue el de fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente 220/2013 de origen, es decir, con anterioridad a que fuera emitida la suspensión definitiva (nueve de mayo del año en curso). Por otra parte, cabe precisar que si bien es cierto el incidente de violación a la suspensión por defecto en el cumplimiento, de conformidad con el artículo 209 de la Ley de Amparo, no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en caso de que no lo hagan, denunciarlas ante el ministerio público federal, para su persecución y sanción condignas. También lo es, que en el presente caso, ya no es posible requerir el cumplimiento de la suspensión definitiva en sus términos, dado que en el expediente principal ya fue dictada la sentencia correspondiente el quince de agosto de la anualidad en curso, en la cual se sobreseyó en el juicio, fallo que causó ejecutoria en auto de uno de septiembre de dos mil veintidós. Por lo que, se concluye que la actuaria adscrita al Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, incurrió en la figura que en la doctrina se denomina "omisión antijurídica", que podría dar lugar a la responsabilidad penal prevista en el artículo 262, fracción III, de la referida ley, al no atender un auto de suspensión debidamente notificado. En consecuencia, este incidente resulta procedente y fundado, en atención a que la responsable destacada, incurrió en defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva decretada dentro de los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1730/2022-IV-A, en los términos ya relatados. Sin embargo, tomando en consideración el estado actual del juicio y que no existió dolo o mala fe en la actuación de la autoridad responsable, sólo se le hace un apercibimiento, a efecto de que no incurra de nuevo en desacato del mandato de suspensión debidamente notificado, de lo contrario, se podrá dar vista al Ministerio Público de la Federación, ante la posible comisión de hechos constitutivos del delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 2012800 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: P./J. 21/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 35 Tipo: Jurisprudencia RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE PROMOVIDO POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. NO QUEDA SIN MATERIA CUANDO LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CAUSA EJECUTORIA. De la interpretación sistemática de los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo se sigue que el recurso de queja interpuesto contra la interlocutoria que resuelve el incidente promovido por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en el que se haya concedido la suspensión definitiva del acto reclamado en amparo indirecto, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso g), de la referida legislación, no debe declararse sin materia cuando la sentencia dictada en el juicio de amparo causa ejecutoria, pues la materia y la finalidad de dicho recurso consisten en analizar la legalidad de la resolución emitida en el referido incidente, lo cual implica verificar si la suspensión se cumplió o no en sus términos y si la autoridad responsable estuvo en aptitud de rectificar los errores en que pudo haber incurrido lo cual podría incidir con el resultado de la denuncia que, en su caso, se haga sobre la posible comisión del delito establecido en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, conclusión que se robustece con el hecho de que, aun cuando la resolución del recurso de queja no prejuzga directamente sobre la responsabilidad penal de la autoridad contumaz, sí constituye un presupuesto para que la autoridad ministerial pueda integrar la averiguación previa correspondiente, máxime que es el órgano de amparo el que dicta y conoce los alcances y efectos de la medida suspensional concedida". Asimismo, es ilustrativo al tema el diverso criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a continuación se transcribe: "Registro digital: 2009072 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.3o.C.68 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III página 2391 Tipo: Aislada SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EFECTOS QUE TIENE SU VIOLACIÓN CONFORME A LOS DOS SISTEMAS ESTABLECIDOS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La violación a la suspensión provisional decretada por el Juez de Distrito con base en el procedimiento previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo (primer sistema) tiene como efecto o consecuencia que se declare la nulidad del acto violatorio de la medida cautelar. Ello, porque el acto ejecutado que contraríe la suspensión, aun con desconocimiento de que ya existía ésta debe declararse nulo por ser violatorio de la determinación tomada por el juzgador, quien debe ordenar que las cosas vuelvan al estado que tenían al momento de concederse aquélla. Así, con independencia de advertir la violación a la suspensión, puede acontecer que no sea posible declarar nulo el acto violatorio, bien porque se haya dictado la resolución incidental que niegue la suspensión en contra del acto suspendido por la provisional (circunstancia que impediría el surgimiento de dicho efecto, pues por virtud de la definitiva se ha dejado inexistente la provisional), o porque la naturaleza del acto violatorio no permita su anulación (por ejemplo cuando sea de imposible reparación). Por su parte, la violación a la suspensión provisional declarada en el incidente por exceso o defecto en su cumplimiento (segundo sistema) tiene dos efectos: el primero, declarar la referida nulidad por la razón expuesta, conforme a las circunstancias descritas (en caso de que por virtud del primer sistema no se haya hecho la declaración); y, el segundo, que se determine la responsabilidad penal de la autoridad denunciada por su desacato. En el incidente en comento, la declaración decretada por el Juez de Distrito de que se ha violado la suspensión puede provocar que se den los dos efectos mencionados, o bien, sólo uno de ellos, sin que se actualice el otro, por lo cual, debe tenerse presente que no es requisito necesario para declarar la violación a la medida cautelar el que se surtan ambos efectos simultáneamente, toda vez que puede acontecer que la conducta de la autoridad sea violatoria de la suspensión concedida por el Juez, haciéndose acreedora a la sanción legal que se derive de ello, pero no pueda declararse nulo el acto violatorio (por las razones ya apuntadas en relación con el primer sistema, sustentadas en el cambio de situación jurídica provocado por el dictado de la resolución incidental y la naturaleza del acto infractor), lo que no exime a la autoridad de que se le determine la responsabilidad en que incurrió; por otra parte, también puede suceder que el acto ejecutado que se denunció sea violatorio de la suspensión, debiéndose declarar nulo, aunque la autoridad que lo ejecutó no incurra en responsabilidad, motivo por el cual no es el caso determinar ésta para efectos de que se le sancione". Finalmente, se invoca en lo conducente, la tesis XXIII.3 K (10a.), publicada en la página 1245, del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas". Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E : PRIMERO. RESULTA FUNDADO el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, interpuesto en este incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 730/2022-IV-A, promovido por Hernán de Jesús González Gómez, contra el acto reclamado a la actuaria del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán. SEGUNDO. Se le hace APERCIBIMIENTO a dicha autoridad responsable, a efecto de que no incurra de nuevo en desacato del mandato de suspensión debidamente notificado, de lo contrario, se podrá dar vista al Ministerio Público de la Federación, ante la posible comisión de hechos constitutivos del delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos de donde se advierte que las autoridades responsables Junta Especial en turno de la Local de Conciliación y Arbitraje y actuario de su adscripción, así como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cancún, Quintana Roo, no han rendido sus informes justificados, ni obran en autos las tarjetas de acuse de recibo de los oficios por los cuales se le solicitaron dichos informes, reexpedidos por auto de veintidós de agosto último. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta propia fecha y se fijan las diez horas con treinta y siete minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, como nuevas fecha y hora para su celebración. NOTIFÍQUESE.
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