Jazmin Álvarez Zamora

Expediente 785/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
785/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • Jazmin Álvarez Zamora

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Causa estado auto que tuvo por no presentada la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído de seis de enero del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Jazmín Álvarez Zamora; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, toda vez que se tuvo por NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, seis de enero de dos mil veintiuno. Se tiene por no presentada demanda de amparo Vista la diligencia de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, por medio de la cual la directa quejosa Jazmín Álvarez Zamora, refirió acogerse al término de tres días para ratificar su escrito de demanda, sin que a la fecha lo hubiere hecho, y toda vez que ha transcurrido el plazo concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Jazmín Álvarez Zamora, dejándose sin efecto las providencias decretadas en dicho proveído. Se ordena captura. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Comuníquese esta determinación a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de noviembre de dos mil veinte, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/2878/2020 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistida de la licenciada Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de diciembre de dos mil veinte. Informes sobre suspensión de plano. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios signados por el 1) Director, 2) Responsable del Área Médica, 3) Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario, 4) Jefe de Custodia Penitenciaria, 5) Subjefe de Custodia Penitenciaria del Primer Grupo y 6) Subjefe de Custodia Penitenciaria del Segundo Grupo, todos del Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala, atento a sus contenidos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus respectivos informes relativos a la suspensión de plano, dándose vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Domicilio y delegados Por otra parte, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Materia, téngase como delegados de las autoridades oficiantes a las personas que indican; y por lo que hace al domicilio que señalan para oír y recibir notificaciones, dígase que en términos del artículo 28, fracción II, de la citada Ley, éstas se harán en el domicilio de sus oficinas principales. Pruebas Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables antes citadas ofreciendo como pruebas las documentales que acompañan a sus respectivos oficios de cuenta, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza. Señalan teléfono y correo electrónico Finalmente, se tiene a las autoridades responsables señalando como número telefónico 2411131065, así como el correo electrónico ceresoapizaco.dprs.ssc@tlaxcala.gob.mx; los cuales en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toman en cuenta únicamente para mantener comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve Jazmín Alvarez Zamora, contra actos del Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala y otras autoridades; de quienes reclama: ". Lo hago consistir en la necesidad de atención médica inmediata hacia la suscrita ello en virtud de que, no obstante que me encuentro grave de salud por PERITONITIS AGUDA las correspondientes autoridades del C.E.R.E.S.O. consejo técnico interdisciplinario no me brinda la atención médica adecuada constituyendo lo anterior la causa por la cual me veo en la necesidad de solicitar lo que en derecho me corresponde y por lo cual promuevo el presente para los efectos legales correspondientes. (.)" Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 785/2020-IV. Ahora, en primer término es menester hacer notar que del análisis integral del escrito de demanda se desprende que aparentemente es copia y no original, pues así se advierte de la firma -autógrafa- que lo signa. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, el cual prevé lo relativo a la presentación de los escritos y demandas en forma electrónica, señalando en lo que interesa lo siguiente: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Disposición que se aplica por analogía, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia, pues se estima que el acto reclamado es de aquellos de los que están prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -tormento de cualquier especie-, en términos del citado numeral 15 de la Ley de Amparo; por lo que, se provee lo relativo a la demanda presentada en los términos siguientes: Consideración previa De la demanda de amparo se advierte que la quejosa solicita la suspensión de plano de actos cuyos efectos inciden directamente en su estado de salud, en el caso, la omisión de proporcionar la atención médica adecuada que requiere la quejosa, pues aduce encontrarse en un estado grave de salud por peritonitis aguda, transgrede directamente su derecho fundamental a la salud y compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Resulta aplicable el siguiente criterio: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." Sobre el tema, se debe traer a contexto que los Tribunales de la Federación deben velar por los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 12 de la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", consagran el derecho fundamental a la protección de la salud y su pleno ejercicio, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado, tendentes a prestar el servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las personas sujetas a su jurisdicción; lo que revela que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, sin importar la situación personal o jurídica. Asimismo, el quinto principio básico para el tratamiento de reclusos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111, de catorce de diciembre de mil novecientos noventa, dispone: "5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cuando el Estado de que se trate sea parte, como México, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas." Además, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos en sus numerales 22, 24, 25, 26 y 62, prevén lo siguiente: Servicios médicos 22. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un medico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberían organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado. 24. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo. 25. 1) El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2) El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser: afectada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión. 26. 1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a: a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; b) La higiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos; c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento; d) La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los reclusos; e) La observancia de las reglas relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no especializado. 2) El Director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico según se dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe médico y sus propias observaciones." 62. Los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por descubrir y deberían tratar todas las deficiencias o enfermedades físicas o mentales que constituyen un obstáculo para la readaptación del recluso. Para lograr este fin deberá aplicarse cualquier tratamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico que se juzgue necesario. Asimismo, cabe invocar el principio 24, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/173, de nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, que dice: Principio 24. Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión, y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos. Como se puede apreciar de la lectura de las anteriores transcripciones, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales, garantizan el derecho fundamental de la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento se encuentra obligado cualquier servidor público o particular que actúe bajo la anuencia o tolerancia del primero, aun cuando se trate de un interno, pues la protección al derecho a la salud no se merma por encontrarse la persona privada de su libertad en un Centro de Readaptación Social. Sobre esas consideraciones, toda vez que el acto reclamado en el presente juicio, incide de manera directa en el estado de salud de la promovente, lo que de suyo, con fundamento en las invocadas normas constitucionales e internacionales, y con apoyo además en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que las autoridades responsables proporcionen de manera inmediata a la quejosa Jazmín Alvarez Zamora la atención médica que requiere, específicamente, para que sea valorada y, de ser el caso, le sea proporcionado el tratamiento correspondiente, según su padecimiento. Sin perjuicio de que, de considerar necesario, la autoridad responsable podrá, bajo su más estricta responsabilidad y previo dictamen de la unidad médica correspondiente, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente auto, trasladar a un centro médico penitenciario o civil para que reciba la quejosa la atención médica especializada que requiera, incluyendo los medicamentos y tratamientos correspondientes. Lo anterior, toda vez que si bien la parte quejosa aduce encontrarse en un estado grave de salud por peritonitis aguda, este juzgador no es experto en la ciencia médica para corroborar o concluir si efectivamente la quejosa, en primer término presenta ese padecimiento. en segundo, el tratamiento correspondiente y de ser así, si requiere de un internamiento en un centro especializado. Robustece el anterior pronunciamiento la tesis aislada I.8o.A.98 A (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2012471, de contenido siguiente: DERECHO A LA SALUD. LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS DE UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, DEBE TENER COMO EFECTO INMEDIATO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO DEL REGLAMENTO RELATIVO. De conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, esto es, sin importar su situación personal o jurídica, por lo que, tratándose de internos de un centro penitenciario federal que reclamen la omisión de brindarles la atención médica requerida, procede conceder la suspensión en el juicio de amparo. Sin embargo, en esos casos, la medida no debe desconocer el contexto normativo que regula la implementación de dicho derecho, al tratarse de un aspecto de orden público inserto en un marco normativo más amplio, cuya base constitucional deriva del artículo 18 de la Carta Magna y su finalidad esencial es la reinserción de los procesados, así como la estabilidad de la seguridad pública. Consecuentemente, los efectos de la suspensión deben consistir en la inmediata prestación del servicio requerido, de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, conforme a los cuales, se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población, los cuales, por regla general, se brindarán en las propias instalaciones del centro, salvo que se trate de casos extraordinarios en que la gravedad del interno requiera la autorización de las autoridades penitenciarias, bajo su más estricta responsabilidad y previo dictamen de la unidad médica correspondiente, para que accedan especialistas de instituciones públicas del sector salud, con las cuales previamente se hayan celebrado convenios de colaboración o, incluso, el traslado de los afectados a éstas, con el propósito de brindar la atención requerida, salvo que el sector público manifieste su incapacidad para otorgar el servicio, caso en el que se debe permitir la intervención de médicos particulares. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que la presente suspensión surte sus efectos desde luego, sin que de manera alguna se prejuzgue sobre la legalidad de la detención e internamiento de la quejosa, sino únicamente salvaguarda el derecho humano a la vida y salud de ésta. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 42/2018, con número de registro 2020430, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Sostener lo contrario, contravendría la Carta Magna así como los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, se correría el riesgo de poner en peligro la salud de la promovente, cuestiones que podrían traer aparejado un daño irreversible que no podría repararse en la sentencia definitiva. Apoya a lo anterior, la tesis aislada P. XIX/2000, con número de registro 192160, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. Así las cosas, se requiere a las autoridades responsables, para el efecto de que informen en un término no mayor de VEINTICUATRO HORAS sobre el cumplimiento que den a esta determinación, apercibidas de que si al rendir su informe correspondiente afirmare una falsedad o negare la verdad, en todo o en parte, será sancionada en términos de los artículos 262 y 265, fracción I, de la propia ley; informe al que deberá acompañar las constancias correspondientes con las que acrediten el cumplimiento que den a esta determinación, a efecto de verificar que se le proporcionó la atención médica adecuada a la impetrante de amparo o en su caso, de así considerarlo necesario, el traslado al nosocomio especializado. Se ordena la ratificación de la demanda. Por otra parte, al tomar en cuenta la naturaleza de los actos sobre los que se provee, es necesario que el que suscribe tome las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de la quejosa, aunado a que, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra establecido el contenido en la fracción V, que a la letra señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)." Del precepto legal transcrito se desprende que la parte promovente se encuentra obligada entre otras cosas, a narrar los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad; obligación que implica formular la narrativa tanto de los acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, como los aspectos que puedan influir en la procedencia del juicio de amparo. Sin que de la demanda de amparo se advierta que la quejosa realizó esa manifestación. Por tanto, con apoyo en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario judicial adscrito a este juzgado, para que se constituya en el Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala, lugar en donde la quejosa Jazmín Alvarez Zamora manifiesta encontrarse interna, y lo localice; en el acto de la diligencia deberá realizar lo siguiente: Le notifique el presente auto. La requiera para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida; esto derivado de que la misma, aparentemente es copia y no original, pues así se advierte de la firma -autógrafa- que la signa. La aperciba que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efectos las medidas decretadas. De fe del estado físico en el que se encuentre la quejosa Jazmín Alvarez Zamora. Asimismo, para que externe si es su deseo ratificar el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Colín Fabela; para lo cual deberá levantar la constancia respectiva. Deberá notificarle a la autoridad ante quien esté recluida la suspensión de plano decretada en este propio auto, respecto de los actos reclamados, debiendo acatar dicha suspensión las autoridades responsables e informar a este juzgado, en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas sobre el cumplimiento dado a la medida decretada. Requerir para que en el acto de la diligencia, manifieste bajo protesta de decir verdad, los hechos y antecedentes del acto reclamado narrados en su escrito de demanda. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se de fe de las condiciones físicas en que se encuentra la quejosa. De igual modo, en acatamiento a los derechos humanos que tiene reconocidos, tanto por tratados internacionales en que el Estado mexicano forma parte, como por nuestra Constitución, el fedatario judicial deberá proceder a dar fe de las condiciones físicas en que se encuentra la quejosa Jazmín Alvarez Zamora, debiendo realizar la razón correspondiente de la exploración externa que realice a la directamente quejosa; en el entendido que el fedatario únicamente puede hacer constar aquello que percibe a través de sus sentidos. Obligación de autoridad de dar acceso al Actuario. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a dar acceso al actuario judicial al centro de reclusión y en cualquier otro lugar en donde pudiera estar la quejosa Jazmín Alvarez Zamora, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo este juzgado dará vista a la autoridad correspondiente por la probable comisión de los delitos a que haya lugar. Habilitan días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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