Jayra Justina Gallegos Camacho
Expediente 1576/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1576/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora
- Jayra Justina Gallegos Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documento. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que acuda a este órgano por la devolución de documentos originales; toda vez que estos no fueron exhibidos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, doce de enero de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexo presentado por la autoridad responsable mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en autos y en atención a su contenido de provee: Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causa de sobreseimiento del juicio. En efecto, de las manifestaciones vertidas por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se precisa que el acto reclamado por la quejosa se hace consistir específicamente en la omisión de desahogar la prueba testimonial ofertada por la parte demandada en el juicio laboral ********************. Ahora bien, de las constancias que el presidente de la Junta responsable anexó a su oficio, se advierte que mediante proveído de ********************, corrigió el procedimiento y señaló nueva fecha para el desahogo del citado medio de convicción. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada dentro del controvertido de origen, lo cierto es que, como se destacó, mediante proveído de ********************, la responsable señaló fecha para el desahogo de la prueba tesimonial, lo cual denota la intención de la responsable por celebrar la citada probanza, es decir que realizo las gestiones encaminadas para el desahogo del multicitado medio de prueba, por ello, es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la parte quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para las diez horas con cincuenta y seis minutos del veintitrés de enero del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la quejosa y por lista a la representación social federal. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Fabián
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Diferimiento audiencia constitucional. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data, en virtud de que mediante proveído de veintidós de diciembre de los actuales, se requirió a la autoridad responsable por constancias del juicio de origen; a fin de dar oportunidad, se difiere la aludida audiencia y se fijan las diez horas con cincuenta y seis minutos del veintitrés de enero de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo presentados por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa a su informe la citada autoridad responsable, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional en el presente juicio. Requerimiento a la Junta responsable. Se advierte que la citada responsable, remitió el acuerdo de ocho de diciembre del año en curso, en el que señala las ********************veintidós (sic), para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada; sin embargo, dicha data es anterior a la actual; en consecuencia, con fundamento en el artículo ********************párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe la fecha correspondiente a la prueba testimonial, ofrecida en el juicio laboral ********************. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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