Jayme Hoyos Díaz

Expediente 1050/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1050/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • Jayme Hoyos Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    ... HA CAUSADO ESTADO... ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO... SE DECRETA QUE ESTE EXPEDIENTE CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL... ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.... ....

  2. Principal

    ... notifiquese personalmente al promovente...

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCIÓN DE TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Jayme Hoyos Díaz, por propio derecho, contra actos de los Integrantes del Consejo de Administración del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1050/2019/IV-A. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala medularmente como acto reclamado el memorándum SA/337/2019 de ocho de noviembre del año en curso, por medio del cual el Consejo de Administración del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, ordena el cambio de su centro de adscripción como auxiliar administrativo en el Departamento de Prestaciones Sociales de la citada dependencia, de la ciudad de Xalapa a Tantoyuca, Veracruz, con lo cual dice quedar en estado de indefensión ya que cuenta con otros compromisos personales en esta ciudad. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito, considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61 , fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I , y 5 , fracción II, de la Ley de Amparo, y 103 , fracción I, de la Constitución Federal. De los preceptos anteriores, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, por esa razón, el acto aquí reclamado no se considera como de aquéllos en contra de los cuales proceda la acción constitucional, ya que el juicio de amparo indirecto, tiene por objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos del gobernado, y en el presente asunto, la promovente manifiesta que labora para el Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y se le ha comunicado el cambio de adscripción para desempeñar las mismas funciones en el módulo de atención de dicha dependencia en Tantoyuca, Veracruz; lo que implica que ya no prestará sus funciones en el domicilio ubicado en esta ciudad. Así, el acto que reclama la quejosa relativo a su cambio de adscripción de esta ciudad al módulo de atención ubicado en Tantoyuca, de ninguna manera configura el supuesto fundamental para la procedencia del presente juicio de amparo (que lo es precisamente la vulneración a la esfera jurídica de sus derechos humanos por el poder público); pues sólo se afectan derechos que pudieran corresponder a la promovente, que en todo caso, inciden directamente en el ámbito laboral, porque derivan de la relación de trabajo que existe entre la quejosa y su patrón (Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz). Lo anterior pone de manifiesto que, para la procedencia de la instancia extraordinaria de amparo, es necesario que la reclamación se enderece contra una actuación de autoridad o "equivalente" a la de ésta, conforme a lo preceptuado en el artículo 5, fracción II de la ley de la materia. Así, para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS"; es autoridad aquella que de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. Así, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos para que el juicio de amparo sea procedente; sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de un particular, o de una persona oficial respecto de sus intereses patrimoniales, lo que en el caso no acontece pues la posición de la quejosa frente al Consejo de Administración del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, no es la de un gobernado sino de empleada. Bajo ese contexto, es dable señalar que la demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación. Tiene aplicación al caso la tesis I.6o.T. J/28 (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que aparece publicada en la página un mil novecientos cincuenta y seis, Libro XXIX, Tomo III, Abril de dos mil dieciséis, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Lo anterior, ya que los actos reclamados no derivan del ejercicio público que la ley le confiere a esa dependencia, sino de una situación de derecho que tiene que ver estrictamente con su condición de patrón; y por tanto, si la violación de derechos fundamentales no se produce contra un gobernado ni se trata de la afectación de los intereses patrimoniales de una persona oficial, entonces el juicio de garantías que se intenta es improcedente. Es por ello que, se considera que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que surgió en razón del vínculo de naturaleza laboral existente entre la aquí quejosa y un ente de la administración pública; esto es, las autoridades responsables actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio, por lo que el cambio de servicio de la aquí quejosa deriva de una relación laboral, de donde se concluye que el Consejo de Administración del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al emitir el acto reclamado no está actuando con facultades de imperio sino en su carácter de patrón frente a uno de sus trabajadores. Por lo que, no es un acto susceptible de controvertirse en sede constitucional como lo pretende la quejosa, ya que en todo caso podría impugnarlo ante la autoridad laboral respectiva. Máxime que el Instituto actúa como persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, lo que constituye una relación laboral con la aquí quejosa, en un plano de coordinación, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de dicha relación debe ser ventilada a través del juicio laboral ordinario. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en la resolución dictada en la Queja 285/2018 de su índice, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, donde se desechó la demanda de garantías en el juicio de amparo 520/2018 del índice de este juzgado. En consecuencia, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y como su autorizada con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Karina Castillo Ceballos, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales del mismo. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe.

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