Javier Yañez Pozos
Expediente 2128/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2128/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/02/2019
Partes del expediente
- Javier Yañez Pozos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Javier Yañez Pozos, acude a esta instancia constitucional a reclamar de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, la dilación procesal que se traduce en la omisión de la responsable de realizar la medidas necesarias para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral D-3/291/2016. Ahora bien, la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Presidenta, mediante oficios recibidos el cuatro y veintitrés de enero de dos mil diecinueve, remitió copia certificada de diversas constancias, entre ellas de los acuerdos de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (no noviembre, tal como se desprende de la aclaración hecha por la responsable en su proveído de tres de enero de dos mil diecinueve) y veintidós de mayo de dos mil dieciocho, de los que se desprende, del primero, que señaló hora y día para el desahogo de las pruebas confesional y testimonial ofrecidas por la parte demandada dentro del juicio de origen, el cual, incluso, fue notificado a las partes, y del segundo, que se desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del citado procedimiento laboral. Para corroborar lo anterior, la Junta responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente D-3/291/2016 de su estadística, de cuyo contenido se advierte la existencia de los acuerdos de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (no noviembre, tal como se desprende de la aclaración hecha por la responsable en su proveído de tres de enero de dos mil diecinueve) y veintidós de mayo de dos mil dieciocho, de los que se desprende, del primero, que señaló hora y día para el desahogo de las pruebas confesional y testimonial ofrecidas por la parte demandada dentro del juicio de origen, el cual, incluso, fue notificado a las partes, y del segundo, que se desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del citado procedimiento laboral, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla diera impulso procesal al juicio laboral de origen, agotando las medidas necesarias para el desahogo efectivo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente D-3/291/2016, aquélla se vio satisfecha en la medida que mediante acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del citado procedimiento laboral, proveyendo respecto de las pruebas ofrecidas por las partes; y mediante auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (no noviembre, tal como se desprende de la aclaración hecha por la responsable en su proveído de tres de enero de dos mil diecinueve), en virtud de haber encontrado el expediente de origen, dejó sin efectos la audiencia de reposición de autos y en el mismo auto, sin revocar acuerdo alguno, señaló hora y día para el desahogo de las pruebas confesional y testimonial ofrecidas por la parte demandada dentro del citado procedimiento laboral, respecto de las cuáles se había pronunciado en auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, el cual, incluso, fue notificado a las partes, al haber comparecido ante la responsable. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuatro minutos del ocho de febrero de dos mil diecinueve, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Javier Yañez Pozos, acude a esta instancia constitucional a reclamar de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, la dilación procesal que se traduce en la omisión de la responsable de realizar la medidas necesarias para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral D-3/291/2016. Ahora bien, la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Presidenta, mediante oficios recibidos el cuatro y veintitrés de enero de dos mil diecinueve, remitió copia certificada de diversas constancias, entre ellas de los acuerdos de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (no noviembre, tal como se desprende de la aclaración hecha por la responsable en su proveído de tres de enero de dos mil diecinueve) y veintidós de mayo de dos mil dieciocho, de los que se desprende, del primero, que señaló hora y día para el desahogo de las pruebas confesional y testimonial ofrecidas por la parte demandada dentro del juicio de origen, el cual, incluso, fue notificado a las partes, y del segundo, que se desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del citado procedimiento laboral. Para corroborar lo anterior, la Junta responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente D-3/291/2016 de su estadística, de cuyo contenido se advierte la existencia de los acuerdos de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (no noviembre, tal como se desprende de la aclaración hecha por la responsable en su proveído de tres de enero de dos mil diecinueve) y veintidós de mayo de dos mil dieciocho, de los que se desprende, del primero, que señaló hora y día para el desahogo de las pruebas confesional y testimonial ofrecidas por la parte demandada dentro del juicio de origen, el cual, incluso, fue notificado a las partes, y del segundo, que se desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del citado procedimiento laboral, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla diera impulso procesal al juicio laboral de origen, agotando las medidas necesarias para el desahogo efectivo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente D-3/291/2016, aquélla se vio satisfecha en la medida que mediante acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del citado procedimiento laboral, proveyendo respecto de las pruebas ofrecidas por las partes; y mediante auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (no noviembre, tal como se desprende de la aclaración hecha por la responsable en su proveído de tres de enero de dos mil diecinueve), en virtud de haber encontrado el expediente de origen, dejó sin efectos la audiencia de reposición de autos y en el mismo auto, sin revocar acuerdo alguno, señaló hora y día para el desahogo de las pruebas confesional y testimonial ofrecidas por la parte demandada dentro del citado procedimiento laboral, respecto de las cuáles se había pronunciado en auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, el cual, incluso, fue notificado a las partes, al haber comparecido ante la responsable. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuatro minutos del ocho de febrero de dos mil diecinueve, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado e el expediente D-3/291/2016, del que emana el acto aquí reclamado, ahora, tomando en consideración que las constancias de referencia forman parte del informe justificado rendido por la autoridad responsable, dese vista a las partes, por el término de ocho días, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten, si lo consideran necesario, lo que a su derecho importe. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia número XXI.2º.16 K, publicada en la página 1081, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente establece: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias".
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