Javier Villalva Hernández

Expediente 2260/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2260/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Javier Villalva Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    ...En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrese el cuaderno incidental y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con...

  2. Principal

    VISTOS, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 2260/2022, promovido por ********************, en contra del acto que reclama del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial el quince de diciembre de dos mil veintidós, recibido el día siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido el diecinueve de esos mismos mes y año por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: "Lo es el ciudadano Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, con domicilio ampliamente conocido [.], dentro del juicio especial de alimentos con número de expediente 46/2020. ACTO RECLAMADO: "Reclamo de la autoridad responsable, el auto de fecha once de noviembre del año dos mil veintidós (mismo que tuve conocimiento hasta el día viernes nueve de diciembre del presente año), auto mediante el cual la autoridad responsable ordena de forma ilegal y arbitraria, como medida precautoria el embargo en mi contra respecto del 40% cuarenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibo, «a fin de garantizar el pago de alimentos adeudados y reclamados» por la hoy tercero interesada, supuestamente para evitar me sustraiga a mi obligación de alimentos, la responsable no valora que al aquí quejoso ya le me (sic) están haciendo un descuento del 15% de mi salario de demás (sic) prestaciones por concepto de pensión de alimentos provisionales, la responsable no valora todas las constancias y que obran agregadas en autos, y sobre todo si es legal o no; violentando de facto los principios y reglas procesales que en materia familiar se prescriben claramente respecto a los alimentos y haciendo a un lado de plano los derechos fundamentales del aquí quejoso, la suplencia de la queja que en esta materia está usted obligado a observar y sobre todo el principio pro persona que en este caso aplica, pues le repito el presente asunto es de naturaleza familiar." SEGUNDO. Admisión de la demanda. En proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda registrada en el Libro de Gobierno bajo el número 2260/2022, requirió a la autoridad responsable su informe justificado, ordenó dar la intervención que corresponde a la Fiscal Asistente Ejecutivo de la Federación adscrita, emplazar a la tercera interesada y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando el presente juicio de amparo en estado de resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; en concordancia con los Acuerdos General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se reclama un acto en materia civil atribuido a una autoridad que tiene residencia dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, por lo que, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: El acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se decretó, de manera precautoria, el embargo del cuarenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado ********************, y por tanto, se ordenó girar oficio a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Puebla "1", con sede en Puebla (SAT), a fin de que la cantidad que resultara de dicho gravamen la dejara a disposición de *******, hasta la cantidad de *************, dictado en el juicio especial de alimentos******; atribuido al Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Lo anterior se precisa así, si se toma en consideración que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. ******* TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, pues al rendir su informe justificado, así lo reconoció expresamente; además, su certeza se corrobora con las copias certificadas del juicio especial de alimento *******, de su índice, que acompañó a su informe. Documentales las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas. ******** CUARTO. Resguardo de identidad de la niña involucrada. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 4, párrafo noveno, de la Constitución Política Federal, en relación con los diversos 3.1. y 19.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño, 5, primer párrafo, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 76 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, y asimismo, como orientador -no vinculante- de este criterio, los puntos seis (privacidad) y siete (medidas para proteger la intimidad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes), del capítulo III, del Protocolo de Actuación expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes; debe tomarse en consideración que en el caso se encuentra involucrada una niña, por lo que, para proteger su intimidad y la reserva de sus datos personales, se hará referencia a ella por las iniciales de su nombre y apellidos. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, la improcedencia en los juicios de amparo es de orden público, lo que entraña que las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo, en la Constitución Federal y en la jurisprudencia, impiden que la persona juzgadora estudie el asunto planteado en la demanda de amparo, porque de hacerlo se afectarían los intereses fundamentales de la sociedad. Ello es así, pues se erigen como obstáculos insuperables que deben ser examinados previamente y si, en su caso, son operantes, implican la improcedencia del juicio. En la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". La porción normativa reproducida, consagra la figura conocida como principio de definitividad que rige al juicio de garantías, la cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación a su esfera jurídica; salvo los casos de excepción previstos en la Ley y en la jurisprudencia. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Así, la perspectiva de la dimensión institucional del sistema jurídico general garantiza la funcionalidad del sistema procesal, organizado por competencias diferenciadas, y permite que se respeten los derechos fundamentales de quienes acuden ante los tribunales. La resolución de las disputas por las autoridades jurisdiccionales, así como la revisión de sus decisiones por órganos superiores, son derechos fundamentales a favor de los gobernados. Por lo anterior, la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia del juicio de amparo, procedimiento constitucional que en México es un pilar básico para la protección de los derechos humanos y la consolidación del Estado de derecho en una sociedad democrática, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ******* De los antecedentes que siguen, se demuestra la improcedencia del juicio: 1. Mediante escrito presentado el quince de enero de dos mil veinte, *******i, en representación de su hija de iniciales E.S.V.M., promovió juicio de alimentos en contra de ********************, de quien reclamó el pago de una pensión alimenticia provisional y, en su momento, definitiva, para la niña mencionada. 2. Del asunto correspondió conocer al Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, quien en acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veinte, admitió el juicio especial de alimentos con el número ******* y, entre otras cosas, requirió a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Puebla "1", con sede en Puebla, a fin de que informara si el demandado era su empleado, y en su caso, a cuánto ascendía su salario y demás prestaciones. 3. En acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, se decretó una pensión alimenticia provisional en beneficio de la niña de iniciales E.S.V.M., por el equivalente al quince por ciento del salario y demás prestaciones que percibiera el demandado ********************, por lo que ordenó girar oficio al Subadministrador del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que procediera a la retención de dicho porcentaje, y lo pusiera a disposición de la acreedora alimentista. 4. El seis de julio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de conciliación, y ante la negativa de las partes a celebrar algún convenio, se ordenó el emplazamiento del demandado, para que, dentro del plazo de doce días, contestara la demanda instaurada en su contra. 5. Por escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintidós, ******************** contestó la demanda instaurada en su contra, en la que ofreció las pruebas de su parte y opuso las excepciones que estimó operantes. 6. En acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, se decretó, de manera precautoria, el embargo del cuarenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado ********************, y por tanto, se ordenó girar oficio a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Puebla "1", con sede en Puebla (SAT), a fin de que la cantidad que resultara de dicho gravamen la dejara a disposición de *******, en representación de la niña de iniciales E.S.V.M., hasta por la cantidad de ********. 7. Inconforme con esa determinación, ******************** promovió el juicio de amparo indirecto que ahora se resuelve. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en tanto que, en contra del citado proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, procede el recurso de reclamación; pues los numerales 377, 408 y 409 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, prevén lo siguiente: "Artículo 377. El recurso de apelación procede en contra de las sentencias definitivas o contra las resoluciones que sin decidir el fondo del negocio, ponen fin a la instancia." "Artículo 408. La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento." "Artículo 409. Los autos que no fueren apelables, pueden ser reclamados ante el Tribunal que los dictó." De las disposiciones reproducidas, se advierte que el recurso de apelación procede en contra de las sentencias definitivas o contra las resoluciones que, sin decidir el fondo del negocio, ponen fin a la instancia; por tanto, por exclusión, el recurso de reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento (y que tampoco sea una sentencia), del cual conocerá el propio Tribunal que dictó la resolución reclamada. Sobre esa base, la parte quejosa debió interponer el recurso de reclamación en contra del proveído que decretó, de manera precautoria, el embargo del cuarenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado ********************, y por tanto, se ordenó girar oficio a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Puebla "1", con sede en Puebla (SAT), a fin de que la cantidad que resultara de dicho gravamen la dejara a disposición de ******, en representación de la niña de iniciales E.S.V.M., hasta la cantidad de ********. Lo anterior es así, porque dicha determinación fue emitida dentro del juicio de alimentos de origen, pero no puso fin a tal procedimiento y no es apelable, al no ser una sentencia definitiva, de ahí que se surta la hipótesis de procedencia del mencionado medio de impugnación en los términos de los numerales 408 y 409 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Por consiguiente, antes de promover el juicio de amparo indirecto, el quejoso debió impugnar el acuerdo reclamado mediante el recurso ordinario procedente, que es el de reclamación, a fin de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho, por lo que es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, citado con anterioridad. ******** Sin que se esté en alguno de los casos de excepción que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el juicio de amparo indirecto de que se trata, no se promovió por persona extraña a la controversia de origen, así como tampoco se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. Tampoco se impugnan actos que establezcan providencias precautorias, medidas cautelares restrictivas de la libertad, alguna orden de aprehensión o reaprehensión, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, auto de vinculación a proceso o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Sin que sea obstáculo a la conclusión anterior, la circunstancia de que el acto reclamado podría entrañar una ejecución irreparable, en tanto que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. ****** En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede en la especie es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de amparo, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del precitado ordenamiento legal, respecto del acto reclamado del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. En virtud del sobreseimiento, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. ******** Sin que resulte necesario que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la causal de improcedencia invocada por la tercera interesada, pues al actualizarse la analizada de oficio por la suscrita, el que opere o no alguna otra causal, resulta irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la presente resolución. ******* Sin que pase inadvertido que la parte tercera interesada realizó diversas manifestaciones a manera de alegatos; sin embargo, no constituye una obligación para este órgano jurisdiccional abordar su estudio, pues la "litis" en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, los informes justificados y las pruebas aportadas. ****** En diverso aspecto, los criterios invocados en la presente ejecutoria, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. ******* Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 2260/2022, promovido por ********************, por su propio derecho, en contra del acto reclamado y por la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerando quinto de esta resolución. Notifíquese. ******

  3. Principal

    ...La Jueza acuerda: Vista la certificación que antecede se da por terminada la audiencia y se pasan los autos para dictar la resolución correspondiente....

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se desprende que está pendiente de perfeccionar la prueba pericial ordenada en el presente juicio a cargo de la perito oficial Fabiola Gómez Flores, toda vez que se encuentra en estudio de las constancias respectivas a fin de rendir la opinión profesional correspondiente. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, la continuación de la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. ...

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