Javier Villalva Estrada
Expediente 976/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/07/2023
Partes del expediente
- Javier Villalva Estrada
Actuaciones
- Principal
V. Intégrense al expediente electrónico y físico el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, México, mediante el cual, en atención al auto de veintitrés de junio del año en curso, señala que el quejoso designó como defensor a *****quien aceptó y protestó el cargo conferido el uno de junio de dos mil veintitrés y remite las constancias correspondientes. Con fundamento en los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo, se tiene por reconocida la personaldiad de *** para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
V. Se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. En términos del artículo 34 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, ya citado: archívese este asunto como concluido y dese cumplimiento a las circulares 2/2020 y 8/2023, con la finalidad de que se prepare el acta de destrucción. En términos de lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General, se precisa: 1. Criterio de valoración. El expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, no hay información reservada a la que hace referencia el último párrafo del artículo 20. 2. Expediente destruible. De conformidad con el artículo 20, fracción II, del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
V. Se tiene por recibida la demanda de amparo, por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 976/2023-V. Se comisiona al Secretario la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica, se agregarán al expediente físico únicamente las promociones que se entreguen de esta manera, las constancias de notificación que se realicen de manera física, o demás documentos entregados de esta manera, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. El expediente electrónico deberá ser integrado de manera distribuida, por el secretario judicial encargado del expediente, el actuario judicial, el oficial judicial C, el oficial de partes y la oficial judicial A. No obstante, las anotaciones en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, deberán realizarse de forma concentrada por el oficial judicial A en términos del artículo 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. PERSONALIDAD DE DEFENSOR PRIVADO. Con fundamento en los artículos 111 y 142 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, para que ordene a quien corresponda, informe a este órgano jurisdiccional si J. C. A. V., tiene reconocido el carácter de defensor particular del quejoso, en la causa penal 113/2023 de su índice, remitiendo para tal efecto copia certificada de las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que si J. C. A. V. no tiene reconocida la personalidad de defensor de Javier Villalva Estrada, se procederá en términos de lo dispuesto en el segundo y tercer párrafo del citado numeral 14 de la Ley de Amparo. Lo que deberá informar en el plazo de tres días; con el apercibimiento que de no hacerlo así, o bien, de no informar la imposibilidad que tenga para ello en el plazo concedido, podrá hacerse acreedor a una multa. DESECHAMIENTO. 1. Actos consentidos. En la especie, se estima que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 17 del mismo ordenamiento legal. La causa de improcedencia que prevé el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la Ley de Amparo, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. En el caso, la determinación reclamada no constituye un acto que afecte la libertad personal fuera de procedimiento judicial ni encuadra en alguna otra excepción; y, por ende, su impugnación a través del juicio de amparo está sujeta al plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la actual ley de la materia. Lo anterior, en atención a que del estudio integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la determinación dictada en la audiencia inicial de veintidós de abril de dos mil veintitrés, celebrada en la causa 113/2023, por la cual se impuso al quejoso Javier Villalva Estrada, la medida cautelar de prisión preventiva justificada. A efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. El precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previene se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", la que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española Larousse, Ediciones Larousse, Primera Edición, página 465, significa "exclusión, alternativa o contraposición", de lo que válidamente se advierte que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. De acuerdo a lo dispuesto en los preceptos invocados, si no se acude en demanda de la protección federal dentro del término legal establecido, resulta improcedente el juicio de amparo que en su caso se promueva con posterioridad. Ahora, del análisis de la demanda, el quejoso refirió, bajo protesta de decir verdad, que la resolución reclamada se le notificó de forma personal al quejoso el veintidós de abril de dos mil veintitrés, pues estuvo al momento de la celebración de la audiencia. En ese contexto, se considera que en el caso, el plazo de quince días comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; de ahí que si en audiencia de veintidós de abril de dos mil veintitrés, el quejoso fue notificado del acto reclamado, dicha notificación surtió efectos el veinticuatro siguiente, de conformidad con el artículo 82 del Código Nacional de Procedimiento Penales, estuvieron en aptitud de promover su demanda de garantías a partir del veinticinco de abril último. Bajo esa tesitura, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, transcurrió del veinticinco de abril al diecisiete de mayo de dos mil veintitrés; sin contar los días veintinueve y treinta de abril de abril, así como uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo del año en curso, por ser inhábiles, en términos de los numerales 19 de la ley de la materia y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el artículo 74, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo. En esas condiciones, si la demanda de amparo de cuenta, fue presentada hasta el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en línea, resulta irrebatible que ha transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto por la ley de la materia, y en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en diverso 113, de la ley de la materia, únicamente respecto de la medida cautelar reclamada. DOMICILIO. Se autoriza la consulta del expediente electrónico a través de los usuarios anteriormente referidos, y se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional a fin de que aperture los campos necesarios para tal efecto. Asimismo, se instruye a los actuarios adscritos a este Juzgado Federal a fin de que las notificaciones personales de las determinaciones que se dicten en el presente juicio se realicen a la parte quejosa de manera electrónica, indistintamente a través de los usuarios señalados, por así haberlo solicitado. En ese sentido, la oficial judicial "A" deberá habilitar los apartados que correspondan en el referido sistema para dar cumplimiento a lo anterior. AUTORIZADOS. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, pues cuentan con el registro necesario en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS. Hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal. LEY DE TRANSPARENCIA. Se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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