Javier Vázquez Sánchez
Expediente 29/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Javier Vázquez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que, mediante proveído de diez de marzo de la presente anualidad, se ordenó el archivo de este expediente como asunto concluido y se determinó que el destino del cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente asunto es depurable, por haberse concedido la suspensión provisional. No obstante, constituye un hecho notorio para el suscrito, ***, que mediante oficio ***de ***, el Director General de Archivo y Documentación, al aclarar la consulta formulada por un diverso órgano jurisdiccional, determinó que de conformidad con el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se conceda la suspensión definitiva, o en su caso, ambas medidas cautelares, atento a lo cual, en caso de concederse la suspensión provisional y negarse la definitiva, lo procedente será ordenar su destrucción. En consecuencia, toda vez que en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, mediante resolución interlocutoria de diez de febrero de dos mil veintiuno se negó la suspensión definitiva, ***, se regulariza el destino archivístico del cuaderno original relativo a dicho incidente de suspensión y se determina que este es susceptible de destrucción. Cúmplase.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días, sin que las partes hubieren recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, dicho expediente es susceptible de destrucción; por haberse sobreseído en el juicio de amparo, lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Con respecto al original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar provisional, es susceptible de depuración. Asimismo, por lo que respecta al duplicado del referido incidente, es susceptible de destrucción, por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, una vez que haya transcurrido el término de tres años, remítase este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución.
- Principal
Vista la diligencia que antecede, mediante la cual el quejoso ***, ratificó su escrito presentado el cuatro del mes en curso, en consecuencia, se provee: Se desecha la ampliación de demanda propuesta por la parte quejosa, toda vez que únicamente procede en los siguientes supuestos: 1. Cuando del informe justificado rendido por la autoridad responsable, aparezcan datos no conocidos por la parte quejosa, en los cuales se funde o motive el acto reclamado. 2. Cuando el quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los actos reclamados. Por tanto, la ampliación de la demanda puede recaer sobre los actos reclamados, autoridades responsables o conceptos de violación, siempre que el escrito se presente a partir del conocimiento de dichos datos y dentro de los plazos previstos en la Ley de Amparo, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. En ese contexto, la ampliación propuesta por la parte quejosa resulta improcedente, debido a que no se actualiza ninguno de los aludidos supuestos de procedencia, aunado a que pretende ampliar los antecedentes que constituyeron el acto reclamado, sin embargo, los hechos que expone bajo protesta de decir verdad, son los mismos que manifestó en su escrito de demanda, de ahí que dichos hechos no constituyen un acto novedoso ni uno distinto al originalmente planteado, por lo cual, las circunstancias que expuso, serán analizadas al momento de emitir el fallo correspondiente. Por otra parte, se desecha por inconducente la prueba de inspección judicial ofrecida por el quejoso. En cuanto a ello es menester puntualizar que los medios de convicción que ofrezcan las partes deben estar reconocidos por la ley y tener relación inmediata con los hechos controvertidos, de lo contrario, no podrían admitirse al no guardar relación alguna con la litis. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga dicho requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho, sin que el juzgador esté obligado a admitirla y esperar a su valoración al dictar la sentencia respectiva. En efecto, previa a la admisión y tramitación de las pruebas testimonial, pericial y de inspección, se requiere que las partes reúnan elementos formales y materiales, y la carencia de alguno de ellos generará procesalmente el desechamiento de tales probanzas. Por un lado, los elementos de valoración formales para tener por anunciadas las pruebas de que se trata consisten en que: a) Se realice dentro del plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; b) Se exhiban los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos; del cuestionario para los peritos; o indiquen los puntos a desahogar en la inspección; c) Se exhiban las copias respectivas para correr traslado a las partes; y Por su parte, el elemento material consiste en la idoneidad del medio probatorio ofrecido, esto es, que se trate de pruebas aceptadas por la Ley de Amparo y en la pertinencia, es decir, que se refieran a los hechos controvertidos. De ahí que, si no se cumplen los elementos formales o materiales relacionados, deben desecharse las pruebas, por la falta de los elementos apuntados. En la especie, el quejoso no cumplió con la totalidad de los elementos de valoración formales, ya que no exhibió el cuestionario donde se fijen los puntos sobre los cuales versará la prueba de inspección judicial. Del mismo modo, tampoco cumplió con el elemento material, dado que, con dicho medio de convicción pretende acreditar que unas personas ingresaron a su domicilio por una entrada diversa de la principal, así como que su domicilio es distinto del que las autoridades responsables señalaron era el correcto, sin embargo, lo anterior no resulta idóneo para acreditar la existencia del acto que aquí se reclama, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión emitida en su contra. Aunado a que, la inspección judicial, únicamente tiene como objetivo que el funcionario judicial asiente los actos que, de conformidad a los puntos precisados en el cuestionario, pueda apreciar a través de sus sentidos, de ahí que, aunque el actuario judicial adscrito a este juzgado federal se constituya en el domicilio del quejoso, no podría dar fe de hechos pasados, por lo cual, resulta innecesario el desahogo de la prueba en comento. Ahora, por cuanto hace a su petición, en el sentido de que se requiera a la autoridad responsable que exhiba el expediente ***, así como el citatorio o invitación de dicho sumario, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad. Del precepto legal transcrito se desprende que el mismo impone dos cargas a la parte quejosa, a saber: Acreditar haber hecho ante la autoridad responsable la petición de las constancias que pretende hacer valer como medios probatorios en un juicio de amparo. Que la solicitud se hubiere hecho con cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. Por tanto, toda vez que en el caso concreto la parte quejosa no acreditó haber realizado previamente la petición de los documentos e información que solicita, en términos del aludido numeral, no es dable acceder a su solicitud de requerir a la autoridad responsable que exhiba las documentales que pretende ofrecer en el presente asunto. Finalmente, téngase como prueba documental del quejoso la que anexó a su misiva en comento, sin perjuicio de hacer relación de ella en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional.
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