Javier Vargas Barrios

Expediente 1386/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1386/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Javier Vargas Barrios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio descrito en la cuenta, mediante el cual el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 180/2023, devuelve las constancias originales del expediente relativo al juicio de amparo indirecto 1386/2022 y dos discos en formato DVD; acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío del correspondiente medio de impugnación. Ahora bien, de la ejecutoria remitida se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, confirmó la sentencia recurrida, que negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 17, fracción III, inciso a) del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su conservación. Por tanto, transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su trasferencia. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Por carecer de objeto su permanencia en este juzgado, devuélvanse a la autoridad judicial responsables los dos discos en formato DVD, que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, en atención a su contenido se tiene al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, acusando recibo del juicio de amparo 1386/2022, que se remitió para substanciar el recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra la sentencia dictada el veintiuno de abril de este año e informa que se admitió a trámite el citado medio de impugnación. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta se advierte que el quejoso *******, interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la sentencia dictada en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes las copias del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original del escrito de agravios y el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para la substanciación de ese mecanismo de impugnación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las copias certificadas de las constancias necesarias. Notifíquese; personalmente a la parte tercera interesada y a la representación social de la adscripción.

  4. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, ********************. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oax|aca, después de haber analizado los aspectos que son materia de estudio en este asunto, emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1386/2022 promovido por ********************. En este juicio de amparo se analiza la legalidad del auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal ********************, por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, ********************. ANTECEDENTES De acuerdo con la información contenida en la videograbación en la que consta la audiencia veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se advierte que la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, ********************, dentro de los autos de la causa penal ********************, se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso ********************, por los hechos que le fueron imputados por la representación social, consistente en Violencia familiar psicoemocional, cometido en perjuicio de ********************y de la menor de edad de iniciales ******************** Cabe destacar que en esa misma audiencia se le dictó al quejoso auto de no vinculación por el ilícito de violencia familiar en su variante de violencia física, así como la imposición de las medidas cautelares definitivas consistente en las establecidas en el artículo 155, fracciones VII y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales. Actos; sin embargo, estos dos últimos actos no fueron cuestionados por el impetrante, circunstancia por la cual no conforman parte del estudio del presente fallo. (auto de no vinculación e imposición de medida cautelar definitiva) que no fueron controvertidos por el impetrante del amparo. En contra al auto de vinculación a proceso referido, el inconforme promovió este juicio de amparo indirecto en los términos que se indican a continuación. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo origen de este juicio, se formuló mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************. El quejoso, señaló como autoridad responsable a la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, ********************, y como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso, emitido contra el imputado ******************** el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, por la aludida autoridad judicial. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito, donde quedó registrada con el número 1386/2022, el trece de diciembre de dos mil veintidós se admitió a trámite el asunto, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo el veintidós de marzo de dos mil veintidós. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados surten sus efectos dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD El juicio de amparo se promovió en tiempo, debido a que el acto reclamado consistente en el auto de vinculación de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se le notificó en el momento de su emisión pues se realizó en audiencia; por tanto, si la demanda de amparo se recibió el doce de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en San Bartolo Coyotepec, esto fue, dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley Reglamentaria. Lo anterior, toda vez que conforme al artículo 82, fracción I, y último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, el término transcurrió del treinta de noviembre al veinte de diciembre de dos mil veintidós, descontando los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo; de esa forma, la demanda se presentó el doce de diciembre del año próximo pasada; por ende, con oportunidad. LEGITIMACIÓN ********************, tiene el carácter de imputado en la causa penal ******************** del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales, con residencia en Tanivet, ********************, y en contra quien se dictó el acto de vinculación reclamado, por ello, se infiere, que se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo por su propio derecho. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso atribuye a la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, con residencia en Tanivet, ********************, la emisión de la siguiente determinación: El auto de vinculación a proceso, emitido en su contra, el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal ********************, por su probable participación en el antijurídico de violencia familiar. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su informe justificado la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, con residencia en San Francisco Tanivet, ********************, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en el auto de vinculación decretado contra el quejoso, en la causa penal ********************, el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Además, la autoridad responsable acompañó las videograbaciones de las audiencias de veintitrés y veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, realizadas en la carpeta judicial ********************, como del contenido del disco versátil digital (DVD) (2), remitidos por la citada autoridad judicial como justificación al informe, las cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. Documentales de las que se advierte que el citado juzgador, decretó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su probable participación en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de violencia familiar. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CAUSAS DE IMPROCEDENCIA En relación con los actos reclamados dictados contra el quejoso en la causa penal ********************, las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia y de oficio no se advierte la actualización de alguna hipótesis de inejercicio a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna causal de sobreseimiento de las previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria, que obligue a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre los actos reclamados, por lo que, a consideración de este órgano jurisdiccional, el amparo es procedente. ESTUDIO DE FONDO Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, máxime que tampoco es un requisito que la ley exija, toda vez que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad basta con que en el fallo se precisen los puntos objetos del debate, que éstos se estudien y se les dé respuesta. El quejoso aduce que se transgreden en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en sus motivos de inconformidad, argumenta que la determinación combatida carece de fundamentación y motivación, en razón que: El auto de Vinculación reclamado no se encuentra fundado y motivado, en virtud que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, son insuficientes, pertinentes e idóneos para que se estableciera el hecho de violencia familiar en su vertiente de violencia psicoemocional y tampoco se justifica que el quejoso haya realizado dicha conducta. Las consideraciones contenidas en la resolución combatida no resultan lógicas y acordes con la exposición que formuló la agente del Ministerio Público al momento de efectuar su imputación inicial. Con el dictamen psicológico practicado a la ofendida no se demostró que el trastorno que presentó haya sido ocasionado por los hecho que al impetrante se le imputan, de ahí que no haya sido debidamente desahogado y valorado correctamente dicho medio probatorio, lo que repercutió en el principio de presunción de inocencia en su perjuicio. La resolución reclamada no se llevó acabo en observancia a las reglas fundamentales de la lógica. Motivos de disenso que resultan por infundados, debido a lo siguiente: En principio, se debe mencionar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, el cual podrá prorrogarse únicamente a petición del inculpado. En relación con lo anterior, el ordinal 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Juez de Control, a petición del Ministerio Público, decretará auto de vinculación a proceso, siempre que se reúnan los requisitos siguientes: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y III. Que, de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado participó en su comisión. Conforme al diverso precepto 317 de la codificación adjetiva penal aludida, todo auto de vinculación debe contener los requisitos de forma siguientes: I. El delito que se impute al acusado; II. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. III. Los datos personales del imputado; IV. Así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. V. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos previamente mencionados. Es decir, en los preceptos constitucionales y legales de referencia, se establecen los requisitos de forma y fondo que deben de cumplirse para calificar de legal un auto de vinculación a proceso. En el caso particular, la juez de Control resolvió la situación jurídica del gobernado y correctamente determinó vincularlo a proceso, toda vez que de la reproducción de la videograbación de la audiencia inicial celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós y su continuación llevada a cabo el veintiocho siguiente, se desprende que el auto de vinculación a proceso fue emitido en forma oral. En ese tenor, en cuanto a los requisitos señalados en primer lugar, de la reproducción del disco que contiene copia de los registros del audio y video de la audiencia de imputación de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós y su continuación de veintiocho de noviembre siguiente, se pone de manifiesto que el agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso por el hecho con apariencia del delito de violencia familiar, probablemente cometido en agravio de los hoy terceros interesados ********************y del menor de edad de iniciales ******************** De conformidad con la fiscalía, la clasificación jurídica para ese hecho está prevista por los artículos 404 y 404 Bis fracción II del Código Penal Vigente en el Estado de ******************** y sancionada en el diverso 405 de dicho ordenamiento. En efecto, el veintitrés y veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la juez de Control responsable, previa solicitud del Ministerio Público y debate que surgió entre las partes, resolvió la situación jurídica del quejoso. Como se precisó en los antecedentes, conviene destacar lo siguiente: I. En la audiencia inicial de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, el agente del Ministerio Público, aquí tercero interesado formuló imputación al justiciable (9:53 a 12:12 horas). II. El gobernado, previa explicación del juez de Control solicitó, por si y por conducto de su defensor particular, la duplicidad del plazo constitucional a efecto de que se resolviera sus situación jurídica (12:15 a 12:16 horas). III. El veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en continuación de la audiencia inicial, ante la renuncia expresa del inmutado y de su defensor ahora público, de la ampliación del término constitucional, la juez de Control responsable, le hizo saber su derecho a declarar o guardar silencio, y el justiciable decidió no declarar (9:18 horas). IV. Posteriormente, previo a la exposición de los datos expuestos por el Ministerio Público, el juez de Control responsable, tomando en cuenta los antecedentes de la investigación, al considerar satisfechos los requisitos constitucionales y legales para el dictado de la resolución aquí combatida, dictó auto de vinculación a proceso en contra el justiciable (9:40 a 10:47 horas). En ese contexto, con claridad puede apreciarse que en el caso concreto se respetaron las exigencias constitucionales que disponen los artículos 14 y 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, se formuló imputación al quejoso, se le hizo saber la precisión del delito que se le atribuye, así como el nombre de las personas que deponen en su contra, se le otorgó la oportunidad para declarar. Lo anterior, informa a este órgano de control de la constitucionalidad que en el caso que nos ocupa, se respetó el orden establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a la oportunidad de formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso por parte de la fiscalía. Así como a la oportunidad respecto al cuestionamiento al imputado en relación con su derecho a contestar al cargo formulado por dicha parte técnica y a la decisión de acogerse o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resolviera sobre su situación jurídica, además para solicitar el desahogo de medios de prueba. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, página 392, de rubro y contenido siguientes: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar." Asimismo, se constata que fueron observados los principios rectores del proceso penal de corte acusatorio, pues del análisis de los registros audiovisuales que en formato DVD se tienen a la vista, se advierte que la audiencia inicial y su continuación fue pública, a través del sistema de videoconferencia. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 11/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de la literalidad siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Respecto a la valoración de los datos de prueba para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el peticionario del amparo lo cometió. Debe tenerse presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito en el auto de vinculación a proceso, basta con que el juez encuadre la conducta prohibida por la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Sostuvo que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito". Las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que, con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito -sostuvo-, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia -dijo-, es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada; es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. A la par de lo anterior, resulta indispensable tener presente que la adopción del sistema procesal penal acusatorio de corte oral, incorporada por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, constituye una de las más trascendentales transformaciones en el ámbito procesal penal del país. Dicha reforma procesal penal tuvo como finalidad que, con la aplicación de los principios de contradicción, inmediación y publicidad, se cumpla con los objetivos del sistema penal acusatorio: determinar la verdad real, histórica o procesal, la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, lograr el esclarecimiento de los hechos, resolver el conflicto suscitado entre las partes protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune. Además de lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En esa virtud, se cambiaron los estándares probatorios que conforme al sistema penal inquisitorio se exigen para el dictado de un auto de formal prisión, puesto que en la etapa preliminar o de investigación dentro del sistema penal acusatorio y oral, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos. Es decir, que la representación social exponga la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sin embargo, lo anterior no implica que el juez de control se encuentre exento de realizar un análisis minucioso de los datos y medios de prueba. Por el contrario, a dicha potestad se le exige revisar la racionalidad de aquellos (datos objetivos) y exponer los motivos que permitan conocer que su decisión se funda sobre esas bases racionales para hacerla aceptable, ya que sólo así quedará satisfecho lo previsto en la fracción III, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese punto específico, cabe destacar que el máximo tribunal del país, también se ha pronunciado en el sentido de que los jueces de amparo no pueden sustituir al juez de control en la ponderación de los datos de prueba; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que, para resolver sobre la vinculación a proceso, el juez de control debe ponderar los datos de prueba del imputado, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público; facultad que resulta exclusiva de las autoridades de instancia, y, por tanto, no pueden ejercerla los jueces constitucionales. No obstante, lo anterior no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el juez de control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 28/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, Libro 79, Octubre de 2020 Tomo I, página 260, de literalidad siguiente: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." Así pues, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, no es necesario que el hecho delictivo sea comprobado plenamente con cada uno de sus elementos típicos, sino únicamente que existan indicios razonables, que representan un estadio de convencimiento de probabilidad, a través de un hecho indicador (dato probatorio) de cada uno de sus elementos y no convencimiento fuera de toda duda razonable. Ello es así, ya que, en el estadio de investigación inicial, no se habla de prueba, sino de dato de prueba (fuente de prueba), que constituye la información que proporciona el Ministerio Público y que el Juez de Control no puede valorar, al no desahogarse ante su potestad. Asimismo, el diverso numeral 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el dato de prueba es "la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado". Ahora bien, en el caso que nos ocupa, del análisis de la audiencia inicial y su continuación de génesis, se advierte que la juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, ********************, con acierto, estimó que el hecho materia de imputación se describe como el delito de violencia familiar psicoemocional. El cual se encuentra previsto por los ordinales 404, 404 Bis Fracción II y sancionado por el artículo 405, del Código Penal en el Estado de ********************; que a la letra prevén lo siguiente: "ARTÍCULO 404.- Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. ARTÍCULO 404 Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: (.) II. Violencia psicoemocional: Acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica, entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio. (.) ARTÍCULO 405.- A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por la legislación en la materia; además, se sujetará a tratamiento especializado que para personas agresoras de violencia familiar establece la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. La pena señalada en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad de su mínimo y su máximo; en los casos en que la violencia se ejerza en contra de personas adultas mayores o en contra de persona con discapacidad. En ningún caso se entenderá como tratamiento o rehabilitación, la violencia hacia persona alguna con trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los menores de edad." Artículos de los cuales se desprende que el hecho delictuoso que nos ocupa se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos: a) Una acción dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos; b) Que esta acción haya sido cometida dentro o fuera del domicilio familiar; y, c) Que el activo tenga o haya tenido una relación de parentesco o relaciones de convivencia con la víctima. Así, este juzgado federal considera que la autoridad responsable correctamente estimó que la existencia del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar psicoemocional, se obtuvo de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, ya que a título de probabilidad se demostró lo que sigue: El imputado ******************** y la víctima ********************contrajeron matrimonio civil el diecisiete de agosto del año dos mil doce, de dicha relación procrearon dos hijos de iniciales ******************** y ********************, que tuvieron su último domicilio en la calle ********************número ********************, Colonia ********************, ********************, ********************; ********************. El treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las ocho horas, cuando se encontraban en el interior del domicilio antes referido, el imputado ******************** le dijo al niño de iniciales ******************** "Barre chingada madre, ¿Qué crees que así vamos a comer? está bien cochino, nada más estás paradote como inútil, luego el imputado subió a la azotea y desde ahí le gritó al niño ponte abusado, agarra la manguera, despierta cabrón"; enseguida aventó la manguera con la que le pegó en la cabeza, siendo auxiliado el niño por la víctima ********************quién le reclamó al imputado y éste le contesto "este pendejo no agarró la manguera y le cayó en la cabeza, cállate que con la misma manguera te voy a pegar a ti también", cuando la víctima ********************intentó llamar a la línea de auxilio, el imputado la agarró de los brazos impidiéndole el paso, por lo que ella le pidió a su hijo más pequeño que le pasará el celular, sin embargo el acusado nuevamente se lo impidió y empujó a dicho menor, luego tiró al suelo a víctima ********************y la arrastró y le dijo, "te callas ahorita mismo la trompa o te voy a cerrar a balazos, a ver si cuando tengas bien agujereada sigues gritando", enseguida la llevó a la recamara en dónde le mostró un arma y le dijo que se iba a queda con ellas hasta que dejara de hacer escándalo. El catorce de abril del año dos mil veintiuno aproximadamente a las veintidós treinta horas en el interior del domicilio antes referido, el imputado ******************** le dijo a ********************, quiero que dejes de estar poniendo seguro en la puerta, porque yo no soy tu pendejo para estar afuera yo construí esta casa y tú solo eres una arrimada, así que el día que yo quiera te me largas con estos mocosos que ni mis hijos son y quiero que me sirvas de cenar, la víctima le contestó que se sentía mal y el imputado le dijo pues me vale madre, tú me sirves en este instante o ¿quieres que te saque la pistola?, por lo cual la tomó del brazo y la levantó y está le sirvió de cenar. Sobre esa base, se considera que la jurisdicente responsable actuó legalmente al considerar, que el hecho fáctico de mérito y la probabilidad de que el quejoso haya participado en su comisión derivó de la concatenación de los datos de prueba expuestos en la audiencia de imputación y su continuación. Los cuales, contrario a la postura de la parte quejosa en su concepto de violación marcado con el inciso a) y b), fueron apreciados correctamente por el juez responsable de acuerdo con las reglas de la valoración de la prueba (sana crítica), en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, conforme a la formulación realizada por la Agente del Ministerio Público. Pues analizado en su conjunto los datos de prueba referidos, se advierte que son idóneos y pertinentes para establecer a manera de probabilidad que el quejoso perpetró el hecho que la ley describe como el delito de violencia familiar psicoemocional, como autor material de dicha conducta. Al efecto, el juez de primer grado señaló, que, en la causa penal de origen, se colmaron los elementos delictivos de la conducta prevista en los numerales indicados, y para ello tomó en consideración los siguientes datos de prueba: Declaración de ********************, realizada mediante escrito de dieciséis de abril de dos mil veintiuno ante el Ministerio Público, así como su respectiva ratificación y ampliación de veintiséis de mayo siguiente. Declaración vertida ante el agente del Ministerio Publico de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, de la víctima menor de edad identificado con las iniciales ********************, con asistencia de la perito en psicología ********************y de su progenitora ********************. Declaración del menor de edad ********************, asistido de la perito en psicología ********************y de su progenitora ********************, esto, ante la presencia del agente del Ministerio Público. Dictámenes psicológicos practicados a las víctimas ********************, y el menor de iniciales ********************, emitidos por la peritos Lizeth García Carrillo y Reyna Paola Aguilar Torres, en los que refieren que la primera de las víctimas presenta trastorno de adaptación mixto, ansiedad y estado de ánimo deprimido persistente, con malestar y confusión emocional de la actitud de su esposo hacia ella, mientras que el segundo evidencia un estado emocional de ansiedad, tensión, frustración e impotencia, ello con motivo de vivir en un ambiente violencia dentro de su hogar. Acta de matrimonio, de fecha de registro del diecisiete de agosto de dos mil doce, en este documento presentado como los nombres de los contrayentes el de ******************** y ********************. Acta de nacimiento electrónica del niño de iniciales ******************** mismo que nació el veintitrés de enero de dos mil trece y en la que aparecen como sus progenitores ******************** y ********************. Acta de nacimiento electrónica del niño de iniciales ********************quien nació el diecinueve de febrero de dos mil quince y en la que aparecen como sus progenitores ******************** y ********************. Copia certificada del acuerdo celebrado el uno de marzo de dos mil veintiuno, entre ******************** y ********************el Procurador Municipal de Protección para niñas, niños y adolescentes en ********************, en presencia de ********************, Jefe del Departamento Psicológico y Trabajo Social de dicha Procuraduría, en el que, derivado de los hechos ocurridos el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso acordó asistir a terapias psicológicas en Centro de Reeducación para Hombres que ejercen Violencia. Inspección ocular realizada por el agente Estatal de Investigaciones Cristian Emanuel Hernández Martínez con número de identificación 715, de veinte de abril de dos mil veintiuno, realizada en el domicilio ubicado la calle ********************número ********************, Colonia ********************, ********************, ********************; ********************, Luego, la jurisdicente, los valoró y señaló que con estos datos de prueba se podían establecer los siguientes hechos: Que el día treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, ******************** realizó diversas expresiones en contra del menor de edad, identificado con las iniciales ******************** al momento de decirle " barre chingada madre, qué crees que así vamos a comer, está bien cochino, nada más estás paradote como un inútil", que enseguida él también refiere el niño víctima, que su padre empezó a azotar puertas, así como las sillas, también lo corrobora el niño testigo, que refiere que este día su padre se había levantado de malas, que estuvo regañando a su hermano y también se hace referencia, asimismo que debido al golpe que recibió con una manguera, la también víctima ********************, le reclamó al imputado quejos y que le dio "que con esa manguera le iba a pegar, que le iba a cerrar la trompa a balazos y que a ver si cuando la tenía bien agujereada le seguía gritando", que enseguida la llevó hasta la recámara donde le mostró un arma y e dijo que se iba a quedar con ella hasta que dejara de hacer escándalo, también está violencia psicoemocional queda acreditado por qué lo que dicen las dos víctimas, es corroborada con el otro niño que vive en ese domicilio y que es hijo tanto de la víctima ********************, como de ********************, quién refiere estos hechos, por ello, consideró que en el presente caso, sí existe acreditará está violencia psicoemocional. En cuanto la violencia psicoemocional ocurrirá el día catorce de abril del año dos mil veintiuno a las veintidós horas con treinta minutos horas, consideró que se encontraba acreditada, tomando en cuenta que el imputado le expresó a la ofendida ********************"que porque había dejado la puerta con seguro, que él no era su pendejo para estar afuera, que él había construido esa casa y que ella era una arrimada, así que el día que ellos quisieran se podía largar con esos mocosos que ni mis hijos son". Expresiones que constituyen violencia psicoemocional, en la que se encuentran inmersos tanto la víctima ********************,como sus dos menores hijos, misma que se ve reflejada en los dictámenes psicológicos donde se pudo determinar que ella presenta un trastorno de adaptación mixto, con ansiedad y estado de ánimo deprimido, persistente; malestar emocional y confusión emocional, esto debido a la actitud de su esposo; así también que el niño de iniciales ********************, también presenta una afectación emocional, consistente en un estrés, dónde presenta síntomas como ansiedad, angustia, incomodidad por las situaciones que hay en su hogar por parte de la figura paterna, dónde él se ha colocado como un defensor y protector hacia la figura materna, por lo tanto, existe una violencia psicoemocional que han resentido estas dos víctimas afectadas en esas esferas, ya que incluso se sugiere el tratamiento que deben de seguir para poder recuperar su salud mental. Aunado a que el delito de violencia familiar, se ha considerado de realización oculta, al cometerse, como en el caso, en el domicilio familiar y no siempre a la vista de personas ajenas a éste; es decir, no requiere ser visible a la sociedad o continuo, sino momentos específicos o reiterados y actos concretos, como pueden ser el maltrato verbal, las amenazas, el control económico, la manipulación, la agresión física, entre otros; de ahí que, en ese tipo de delitos, se ha estimado que la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, junto con pericial en psicología y de lesiones, para determinar en grado de probabilidad que su estado físico y emocional deriva de los actos violentos o agresiones. Es orientador el criterio contenido en la tesis III.2o.P.157 P emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo III, página 2187, Décima Época, registro digital: 2019751, de rubro y texto: "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Si se trata de delitos en los que pueda existir discriminación que de derecho o hecho puedan sufrir hombres o mujeres, debe abordarse el tema con perspectiva de género, sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja de las víctimas, en su mayoría mujeres, donde regularmente son partícipes de un ciclo en el que intervienen fenómenos como la codependencia y el temor que propician la denuncia del delito, donde cobra preponderancia entre dichos ilícitos, el de violencia intrafamiliar. Ahora bien, de conformidad con el artículo 176 Ter del Código Penal para el Estado de Jalisco, comete el delito de violencia intrafamiliar quien infiera maltrato en contra de uno a varios miembros de su familia, causando un deterioro a la integridad física o psicológica, o que afecte la libertad sexual de alguna de las víctimas. Cuando dicho ilícito se perpetra en su vertiente psicológica, no requiere ser visible a la sociedad o continuo, sino momentos específicos o reiterados y actos concretos, como pueden ser el maltrato verbal, las amenazas, el control económico, la manipulación, entre otros, por lo que debe considerarse de realización oculta, al cometerse en el núcleo familiar y no siempre a la vista de personas ajenas a éste. Respecto a dicho tópico, el Más Alto Tribunal del País ha sostenido que en los delitos de realización oculta, la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, aunado a que en asuntos de violencia intrafamiliar, la prueba pericial en psicología resulta la idónea como prueba directa, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas víctimas del delito, puede ayudar a concluir si deriva de actos violentos, por lo que dichas pruebas, entrelazadas entre sí, tienen valor probatorio preponderante para la acreditación de dicho delito." Circunstancia que corroboró con el cuadernillo de copias certificadas, del cual se desprende que el ********************, tuvo que ser canalizado también para recibir terapias psicológicas en el Centro de Reeducación para hombres que ejercen violencia, que también hizo mención la víctima que en dos ocasiones fue, que durante un lapso de un mes, y estuvo sin ejercer violencia en su contra; sin embargo está conducta cambio con posterioridad, tan esa así, que el catorce de abril de dos mil veintiuno nuevamente agredió de manera psicoemocional a la víctima ********************. Por ello consideró que con estos datos de prueba, se encuentra acreditada esta vertiente de la violencia psicoemocional. Por otro lado, fue acertada la consideración que estos hechos acontecieron dentro del domicilio familiar; ya que estos ocurrieron en el domicilio que estableció ******************** y la víctima ********************, ubicado en la calle de ****************************************, Colonia ********************, ********************, ********************, ********************; además, la aquo soslayó que aun cuando no existe una inspección que pueda determinar la existencia material del interior del mismo, hasta este momento no existe ningún dato a manera de argumento incluso, de que no sea el domicilio familiar en el que establecieron tanto la víctima ********************como ******************** y que tampoco sea la morada donde ocurrieron los hechos, por ello tuvo por establecido, que los mismos ocurrieron dentro de la residencia familiar establecido. Consideración de la responsable que no hace mella en lo determinado, debido a que tal y como estableció líneas arriba, la violencia puede acontecer dentro o fuera del domicilio familiar, de ahí que la falta de cercioramiento de éste último, no es obstáculo cumplir con el requisito apuntado. De igual forma, llegó a la conclusión que conforme a los atestados de matrimonio y de nacimiento, a ******************** y a ********************, los une el vínculo matrimonial celebrado diecisiete de agosto de dos mil doce, y derivado de ello engendraron al menor de edad de iniciales ******************** Lo cual resulta apropiado, pues con dichos datos de prueba, es dable establecer que el imputado guarda una relación parentesco con las víctimas, específicamente, el de cónyuge y progenitor, respectivamente. Por todo ello, la Juez de Control del circuito de Valles Centrales con sede en Tanivet, ********************, consideró en este momento que estos datos de prueba son suficientes para acreditar el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar psicoemocional previsto por los artículos 404, 404 bis fracción II del Código Penal vigente en el Estado de ********************. En lo que hace a la probabilidad de que ******************** haya cometió el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, meditó que no existe, hasta ese momento, duda por parte del denunciante ********************y del menor de edad de iniciales ******************** así como al diverso infante ******************** en señalar con toda precisión que fue ********************, cónyuge y progenitor, respectivamente, es la persona quien el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte y catorce de abril de dos mil veintiuno, agredió verbalmente, insultando a las dos primeras de las nombradas, humillándolas y menospreciándolas, además de haber amenazado a ********************. A la par, denotó que no advirtió en este caso, alguna causa de justificación o de exclusión en favor del quejoso. Por tanto, los datos de prueba relatados por el Ministerio Público resultan aptos para acreditar, a título de probabilidad, las conductas desplegadas por el imputado; las cuales, desde luego, incursionan en el campo de lo ilícito, y, por ende, hasta esta etapa procesal, son suficientes para vincularlo a proceso. Ello en razón, que el estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad, como el ahora analizado, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos, sino que únicamente se requiere que existan indicios razonables, que representan un estado de convencimiento de probabilidad, a través de un hecho indicador (dato probatorio) de cada uno de sus elementos y no convencimiento fuera de toda duda razonable, de ahí que resulte infundado su motivo de inconformidad esgrimido en el inciso c). Lo anterior, es contrario a lo que acontece al emitir una sentencia definitiva dictada en juicio oral, pues esta determinación sí debe basarse en pruebas plenas desahogadas ante el juez de juicio, distinto de quien emitió la vinculación a proceso, y en esa etapa, la convicción de su culpabilidad debe ser más allá de toda duda razonable, como lo disponen los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, en el estado de investigación inicial (en el que actualmente se encuentra el procedimiento de origen), no se habla de prueba, sino de dato de prueba (fuente de prueba), que constituye la información que proporciona el Ministerio Público o la defensa y que el juez de control no puede valorar, al no desahogarse ante su potestad. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 360, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." (Lo destacado es propio) En ese tenor, a criterio de este órgano jurisdiccional federal, tal y como lo desmenuzó la juez responsable, existe la posibilidad que ********************, en su calidad de cónyuge y progenitor, haya agredido de manera verbal a los ofendidos ********************y al menor de edad de iniciales ********************, respectivamente, causando probablemente con ello violencia psicoemocional en perjuicio de las víctimas. Tomando en consideración que como se dijo párrafos arriba, el estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad como el ahora analizado, es mínimo; hasta este momento procesal resulta lógico estimar que los hechos reprochados al imputado provisionalmente encuadran en la descripción típica del delito de violencia familiar en su hipótesis de violencia psicológica. Puesto que tal como lo estimó la juez de control de origen, la información objeto de debate en la audiencia inicial y su continuación evidenció que probablemente, el imputado en su calidad de cónyuge y progenitor, agredió de manera verbal a los ofendidos ********************y al menor de edad de iniciales ********************, respectivamente, causando probablemente con ello violencia psicoemocional en perjuicio de éstas; pues al margen que en la referida diligencia no se expuso dato de prueba alguno que evidenciara lo contrario, o en su caso, lo pusiera en duda. Ya que de conformidad con el numeral 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el dictado del auto de vinculación a proceso únicamente tiene como consecuencia establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, o eventualmente, por los que se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Por ende, la clasificación jurídica definitiva se obtendrá una vez que se agote la investigación complementaria, y eventualmente, cuando la fiscalía presente su acusación por escrito, tal como lo señala el penúltimo párrafo del numeral 335 de dicha legislación. Se precisa que no impacta a lo anterior, que la responsable haya estimado que en el caso existió "dolo" previsto en el párrafo segundo del artículo 8 del Código Penal del Estado de ********************. La realidad es que tal como se dijo párrafos arriba, para la emisión de un auto de vinculación a proceso únicamente se requiere que existan indicios razonables, que representan un estadio de convencimiento de probabilidad (respecto de la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de la participación del imputado en el mismo) y no un convencimiento fuera de toda duda razonable. En consecuencia, será en una diversa etapa procesal (juicio oral), en la cual el órgano jurisdiccional correspondiente se encuentre en aptitud de verificar si en el caso existió un dolo directo o uno eventual, al constatar (fuera de toda duda razonable) que el imputado quiso y aceptó el resultado buscado. Por ende, dado que, para este momento procedimental, la demostración de los elementos subjetivos del delito (como lo es el dolo) no forma parte de las exigencias constitucionales y legales para dictar un auto de vinculación a proceso, el hecho de que se estime que el imputado actuó con dolo eventual, y no así con dolo directo, en nada trastoca su derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal.Se estima aplicable la tesis XXIII.10 P (10a.) del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Penal, Libro 39, febrero de 2017, Tomo III, página 2168, de contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE... (Lo destacado es propio) Lo aquí expuesto, hace patente que el motivo de inconformidad contenido en el inciso e), deviene infundado, puesto que tal y como desarrollo a lo largo de la presente sentencia, la Juez de Control de Valles Centrales, con residencia en Tanivet, ********************, si emitió el auto de vinculación a proceso en observancia a las reglas fundamentales de la lógica y la razón, de ahí que al haber resultado constitucional en su análisis el auto de vinculación cuestionado, lo procedente sea negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer en autos por la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional, pues sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia; de ahí que deba estarse a lo resuelto en la presente sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." DECISIÓN Consecuentemente, al resultar por infundados los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : Único. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, contra los actos reclamados a la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, ********************, con base en las consideraciones referidas en el apartado IX de esta sentencia. Notifíquese personalmente"

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