Javier Valdiviezo Zea y Otros.
Expediente 1428/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1428/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/01/2019
Partes del expediente
- Javier Valdiviezo Zea y Otros.
- Javier Valdiviezo Zea
Actuaciones
- Principal
1. Promoción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla, con sede en esta ciudad. 1.1 Acuerdo. Atento al contenido del oficio de cuenta, por medio del cual acusa recibo de diverso 2797 de trece de diciembre de dos mil dieciocho; por tanto, este órgano jurisdiccional toma nota de lo informado, para los efectos legales conducentes.
- Principal
1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 1.5 Devolución de constancias. Finalmente, resulta innecesaria la conservación de las constancias exhibidas por la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mismas que constan en dos tomos formados por separados; por tanto, hágase la devolución de las mismas a la referida autoridad, solicitándose el acuse de recibo respectivo.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA PARTE QUEJOSA "...3. Consideraciones previas. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa es la resolución de segunda instancia dictada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, dentro del toca número 421-A-1C01/2018, que revocó la sentencia emitida el diecinueve de junio del año en curso, en el expediente 20/2018 del índice del juzgado mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Copainalá, Chiapas y ordenó la reposición del procedimiento. 3.1 Desechamiento. En esas condiciones, en el caso opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contario sensu, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de segunda instancia dictada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, dentro del toca número 421-A-1C01/2018, que revocó la sentencia emitida el diecinueve de junio del año en curso, en el expediente 20/2018 del índice del juzgado mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Copainalá, Chiapas y ordenó la reposición del procedimiento. Del examen relacionado de las disposiciones antes citadas, se advierte como regla general que el amparo indirecto tiene un carácter excepcional o privilegiado, porque la posibilidad de promoverlo dentro de un juicio, solo tiene lugar cuando el motivo de afectación guarda efectos de imposible reparación, entendiéndose por este concepto a aquellos actos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal o los Tratados Internacionales de lo que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se aprecia que fue voluntad del legislador establecer que en relación con actos en el juicio, la procedencia del juicio de amparo indirecto se circunscribiera, a aquellos actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Lo que resulta relevante para advertir que mediante tal restricción, la Ley de Amparo implícitamente proscribe que el amparo indirecto pueda ser procedente respecto de cualquier acto en el juicio natural. De no ser así, ninguna justificación lógica ni jurídica tendría que el legislador hubiere condicionado o restringido la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de actos ocurridos dentro de juicio, a que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de imposible reparación se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan; es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia 3a. 43, sostenida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De tal manera que cuando los actos o el acto reclamado no son de aquellos que causen un daño predominante o exorbitante que no tenga reparación alguna para el gobernado, no procede el juicio de amparo indirecto. Así, la sentencia combatida de la Sala responsable por la que determinó dejar insubsistente la resolución de diecinueve de junio del año en curso y ordenó la reposición del procedimiento en el expediente 20/2018, para el efecto de que se desahogue la prueba pericial en agrimensura en los términos del numeral 353, 354 y 355 del Código Procesal Civil Vigente en la Entidad y hecho que sea lo anterior, en su oportunidad resuelva conforme a sus atribuciones legales; no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Se dice lo anterior, en virtud que dicha determinación sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una resolución favorable, máxime que el hecho de ordenar el correcto desahogo de las pruebas en comento, no implica necesariamente un fallo desfavorable al peticionario de amparo, porque la autoridad jurisdiccional está obligada a dictar la resolución apegada a derecho, lo que implica una prerrogativa al derecho fundamental de un debido proceso. En efecto, el hecho de que la sala responsable haya ordenado la reposición del procedimiento para efecto de que se lleve a cabo la prueba pericial en agrimensura para tener la certeza jurídica que la propiedad del aquí quejoso se encuentra enclavada entre otras ajenas sin salida a la vía pública y en su oportunidad se resuelva conforme a sus atribuciones legales, no le causa perjuicios de imposible reparación a la parte quejosa, debido a que su consecuencia jurídica únicamente se traduce en subsanar una irregularidad procesal, para enseguida se dicte la sentencia respectiva. Apoya lo antes considerado, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada...
- Principal
...3. Consideraciones previas. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa es la resolución de segunda instancia dictada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, dentro del toca número 421-A-1C01/2018, que revocó la sentencia emitida el diecinueve de junio del año en curso, en el expediente 20/2018 del índice del juzgado mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Copainalá, Chiapas y ordenó la reposición del procedimiento. 3.1 Desechamiento. En esas condiciones, en el caso opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contario sensu, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de segunda instancia dictada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, dentro del toca número 421-A-1C01/2018, que revocó la sentencia emitida el diecinueve de junio del año en curso, en el expediente 20/2018 del índice del juzgado mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Copainalá, Chiapas y ordenó la reposición del procedimiento. Del examen relacionado de las disposiciones antes citadas, se advierte como regla general que el amparo indirecto tiene un carácter excepcional o privilegiado, porque la posibilidad de promoverlo dentro de un juicio, solo tiene lugar cuando el motivo de afectación guarda efectos de imposible reparación, entendiéndose por este concepto a aquellos actos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal o los Tratados Internacionales de lo que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se aprecia que fue voluntad del legislador establecer que en relación con actos en el juicio, la procedencia del juicio de amparo indirecto se circunscribiera, a aquellos actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Lo que resulta relevante para advertir que mediante tal restricción, la Ley de Amparo implícitamente proscribe que el amparo indirecto pueda ser procedente respecto de cualquier acto en el juicio natural. De no ser así, ninguna justificación lógica ni jurídica tendría que el legislador hubiere condicionado o restringido la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de actos ocurridos dentro de juicio, a que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de imposible reparación se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan; es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia 3a. 43, sostenida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De tal manera que cuando los actos o el acto reclamado no son de aquellos que causen un daño predominante o exorbitante que no tenga reparación alguna para el gobernado, no procede el juicio de amparo indirecto. Así, la sentencia combatida de la Sala responsable por la que determinó dejar insubsistente la resolución de diecinueve de junio del año en curso y ordenó la reposición del procedimiento en el expediente 20/2018, para el efecto de que se desahogue la prueba pericial en agrimensura en los términos del numeral 353, 354 y 355 del Código Procesal Civil Vigente en la Entidad y hecho que sea lo anterior, en su oportunidad resuelva conforme a sus atribuciones legales; no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Se dice lo anterior, en virtud que dicha determinación sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una resolución favorable, máxime que el hecho de ordenar el correcto desahogo de las pruebas en comento, no implica necesariamente un fallo desfavorable al peticionario de amparo, porque la autoridad jurisdiccional está obligada a dictar la resolución apegada a derecho, lo que implica una prerrogativa al derecho fundamental de un debido proceso. En efecto, el hecho de que la sala responsable haya ordenado la reposición del procedimiento para efecto de que se lleve a cabo la prueba pericial en agrimensura para tener la certeza jurídica que la propiedad del aquí quejoso se encuentra enclavada entre otras ajenas sin salida a la vía pública y en su oportunidad se resuelva conforme a sus atribuciones legales, no le causa perjuicios de imposible reparación a la parte quejosa, debido a que su consecuencia jurídica únicamente se traduce en subsanar una irregularidad procesal, para enseguida se dicte la sentencia respectiva. Apoya lo antes considerado, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada...
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