Javier Tisnado Zatarain
Expediente 96/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Javier Tisnado Zatarain
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovida por Javier Tisnado Zataraín, por su propio derecho; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 96/2021 e intégrese expediente electrónico. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e "indudable", cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (Correspondiente Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605). En esa tesitura, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 134, fracciones I y IV, y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. . Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES [...] "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; [...] IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal; [...]" "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido". El principio de definitividad rector del juicio de amparo y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." (Octava Época. Registro 216176. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, junio de 1993, materia común, página 252). El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le afecta, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. En el caso, el numeral 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, así como atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen ante su potestad. Asimismo, en el numeral 135 de esa codificación se establece el recurso de queja ante el órgano jurisdiccional omiso, cuando se considere que un juzgador de primera instancia no realizó un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho código, otorgando el derecho a cualquiera de las partes intervinientes para interponerlo. De lo anterior, se advierte que el legislador previó el derecho de las partes que acuden a esa instancia judicial de dolerse ante el propio Juzgado de Control de las actuaciones omisivas o negligentes, como lo es la omisión de dar respuesta a una petición sujeta a su consideración, el cual tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuáles no ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al órgano jurisdiccional competente. Además, dentro del nuevo esquema procesal se prevé el referido recurso de queja, en el cual de acuerdo a lo establecido en el citado numeral 135, párrafo tercero, la autoridad jurisdiccional competente (entendiéndose, conforme al numeral 3, fracción X, de dicho Código Nacional de Procedimientos Penales, el Tribunal de enjuiciamiento o el Tribunal de alzada, ya sea fuero federal o común), tiene la atribución de conocer de las quejas interpuestas en contra de dichos juzgadores, las que deberá tramitar y resolver determinando si la omisión impugnada se ha o no verificado en un plazo de veinticuatro horas, en cuyo caso ordenará la realización del acto omitido. Es así que, constituye un derecho fundamental de las partes promover la queja en contra de omisiones o negligencias en que el juzgador de primera instancia pueda incurrir; dentro de éstas precisamente la omisión de dar respuesta a las solicitudes que se les formulen dentro de los procedimientos puestos en su conocimiento. Dicha prerrogativa no es opcional, sino que se reconoce ese derecho a las partes intervinientes para el efecto de que puedan conminar al Juez de Control a que se conduzca con apego a la ley; y, de estimar que esto no se ha llevado a cabo, impugnar mediante un recurso veloz e inmediato con el cual puedan defender sus derechos que consideren violentados por parte de la potestad ordinaria ante un órgano superior, lo cual no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo y produciendo incluso su abuso. En efecto, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos; por lo que, al no encontrarse el promovente en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo (salvo los casos de excepción considerados legalmente); ello pues de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone el promovente, este Juzgado Federal de amparo se sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. En el particular caso, opera ese principio de definitividad, pues, es necesario que previo a la instauración del amparo indirecto, el quejoso agote el recurso de queja, establecido en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, existe tal medio de defensa ordinario (queja) para impugnar las omisiones y falta de la debida diligencia (dilación) del trámite por el Juez penal, como en el caso, según aduce el quejoso acontece respecto de la actuación del Juez de Control responsable, por lo cual, debe agotar antes de acudir al juicio de amparo indirecto dicho medio de defensa ordinario. Lo anterior, porque, como puede verse, la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo [recurso de queja] para que las partes puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad jurisdiccional en el desempeño de su función dentro del procedimiento. Esto, con la finalidad de que, sea el propio juzgador, quien en un plazo de veinticuatro horas, subsane las omisiones alegadas, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. Así, de manera ágil, es factible determinar si la actuación detenida u omisiones alegadas se encuentran legalmente justificadas o no, y pueden ser subsanables en breve término. De esta manera, solo una vez agotado el recurso de queja aludido, en su caso, la parte condigna, podrá y solo hasta entonces, promover el juicio de amparo biinstancial. Máxime que el medio de defensa previsto en el citado artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en comento, se puede interponer, en cualquier momento, pues, las omisiones y dilaciones de los trámites del juzgador, por su especial naturaleza, que no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que, de existir, haga concluir los actos omisivos, pueden impugnarse. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, consiste en la omisión de pronunciarse en relación con el escrito presentado el veintidós de enero del año en curso, ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en Culiacán, Sinaloa; por ende, es improcedente el juicio de amparo, pues la parte quejosa debió interponer el recurso de queja previsto por el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa los derechos que a su favor establece la Constitución Federal, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica; no obstante, la existencia formal y material de un mecanismo de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, conforme a lo previsto en la codificación aplicable al caso del que emana ahora el acto reclamado. De ahí que, el hecho de haberse señalado como acto reclamado violación al derecho de petición no es obstáculo para la improcedencia notoria, porque en realidad la sustancia de la acción de amparo se traduce en la inacción del Juez de la causa de dar trámite a la impugnación del Agente del Ministerio Público de la Federación, es decir, se trata de una omisión de las que hacen procedente la queja consignada en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por las razones que informa, en lo substancial, son aplicables las tesis siguientes: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." (Tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, visible en la página 1587, libro XIV, noviembre de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos". (Tesis número XVI.1o.A.T.5 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1753, libro XI, agosto de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Bajo esa tesitura, resulta operante de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que es improcedente la demanda que se promueve, y por ello se desecha de plano, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la citada legislación. III. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: a) Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda. b) Medio de comunicación no procesal. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene al quejoso señalando como tal, el siguiente: alfredo_tres@hotmail.com. IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes, que en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. VI. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con Fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. VII. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza al actuario que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID-19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. VIII. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto o resolución que ponga fin al juicio, se testará la información que de conformidad con los artículo 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Leonor González Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
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