Javier Teran Martinez
Expediente 1033/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/06/2023
Partes del expediente
- Javier Teran Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa ********************por conducto de su autorizado, en contra de la sentencia dictada en autos, el cual quedó registrado como amparo en revisión administrativo ********************de su índice; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que la totalidad de las partes se encuentran debidamente notificadas de la sentencia de doce de mayo del año en curso, así como del auto de veinticuatro de mayo del año en curso, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por el autorizado de la parte quejosa. En consecuencia, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo; y el oficio original de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en Mexicali, Baja California, para la substanciación del citado medio de impugnación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los escritos firmados electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa y en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el doce de mayo del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito agravios. En ese tenor, una vez que se integre debidamente el expediente, esto es, una vez que se cuente con la totalidad de las notificaciones correspondientes, dese nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente y córrase traslado con el escrito de cuenta.
- Principal
Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 1033/2022-C, promovido por********************, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali y de otra autoridad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, ante la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad,********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que a continuación se precisan: -Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. -Gobernadora del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. "II. Acto Reclamado Se reclama el primer acto de aplicación del sistema legal impositivo de naturaleza heteroaplicativa formado por la aplicación mancomunada de las siguientes legislaciones: Artículo 1 fracción I, punto 2.; 8, 9, 10 y 72 de la Ley de ingresos del municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2017 que establece el ingreso para el municipio de Tijuana del impuesto sobre adquisición de inmuebles, su tasa, base y obligación de emitir el comprobante a pagar así como el diverso impuesto para el fomento y la educación y la facultad de exentar del pago de la referida contribución vía reglamento al Presidente Municipal, de publicado en el periódico oficial del Estado de Baja California el pasado 31 de diciembre de 2016 en la sección IV. El artículo 75-BIS-B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 30 de Abril de 2010, mediante Decreto Número 361, así como la fe de erratas al decreto número 461, publicada en el periódico Oficial número 69, de 29 de julio de 2011 Tomo CXVII, y toda vez que esta disposición fue modificada, se combate la última reforma legislativa vigente. Ambas disposiciones (Ley de Ingresos y Ley de Hacienda Municipal) se señalan como acto reclamado en su conjunto y se impugnan como normas heteroaplicativas ya que la contribución impugnada es el producto un sistema impositivo legal donde se aplica de manera mancomunada ambas legislaciones para la cuantificación y pago de estas contribuciones municipales de vigencia anual. III. Autoridades Responsables y Actos que de cada una se reclaman: H. Congreso del Estado de Baja California. A esta autoridad se le reclama de manera indistinta: Respecto de la Ley de ingresos del municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2017: La iniciativa, propuesta, discusión y votación de la norma a aprobar (artículos 1, 8, 9, 10, y 72 de la Ley de ingresos del municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2017, que establece el impuesto sobre adquisición de inmuebles publicados en el periódico oficial del Estado de Baja California el pasado 31 de diciembre de 2018 en la sección IV) y aplicado a mi poderdante. (sic) La falta de lectura del dictamen 56 aprobado, es decir no se dio lectura en el pleno del congreso el contenido del dictamen, ni mucho menos la ley aprobadas, (artículo 1, 8, y 76 de la Ley de ingresos del municipo de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2017 que establece el impuesto sobre adquisición de inmuebles e impuesto para el fomento deportivo y educacional publicados en el periódico oficial del estado de Baja California el pasado 31 de diciembre de 2019 en la sección IV) Respecto de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, se reclama la iniciativa, discusión, aprobación y publicación del Decreto 361, que establece el artículo 75-BIS-B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 30 de Abril de 2010 mediante Decreto número 361, así como la fe de erratas al decreto número 461, publicado en el periódico Oficial número 69, de 29 de julio de 2011 Tomo CXVII, y toda vez que esta disposición fue modificada se combate la última reforma legislativa vigente. B).- El C. Gobernador del Estado de Baja California de quien se reclama la promulgación, sanción y orden de publicación del acto reclamado, mismo que ha quedado descrito en el inciso anterior. En la especie tiene aplicación el artículos 108 y 142 de la nueva ley que dicen: [.]" Segundo. Derechos humanos cuya violación se reclama. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los establecidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 31, fracción IV, 74 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión y trámite del juicio de amparo. Este órgano de control constitucional en auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y sin que se reconociera el carácter de tercero interesado a persona alguna, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama la inconstitucionalidad de diversas porciones normativas vigentes en esta Entidad Federativa, así como actos atribuidos a autoridades administrativas cuya ejecución tiene lugar en esta ciudad, esto es, en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos atribuidos a las autoridades responsables son: 1. La inconstitucionalidad de los artículos 1, fracción I, punto 2, 8, 9, 10, y 72 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, que reglamentan el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y el diverso impuesto para el fomento deportivo y educacional, publicados en el periódico oficial del Estado de Baja California, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, así como su primer acto de aplicación, consistente en el pago realizado respecto de dicho impuesto, el quince de diciembre de dos mil veintidós. 2. La iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, sanción, orden de publicación y publicación del Decreto 361, que establece el artículo 75-Bis-B, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta de abril de dos mil diez, así como la fe de erratas del Decreto número 461, publicado en el Periódico Oficial número 69, de veintinueve de julio de dos mil once, Tomo CXVII, y toda vez que esta disposición fue modificada se combate la última reforma legislativa vigente. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual manera deben tenerse por ciertos los actos reclamados al Gobernadora del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, toda vez que ésta fue omisa en rendir su informe, no obstante de estar debidamente notificada. Aunado a que la existencia de los actos legislativos reclamados no está sujeta a prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se puedan invocar como hecho notorio de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Dicho razonamiento encuentra apoyo en la tesis sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia en el país, visible en la página 15, del Tomo 65, primera parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Cuarto. Análisis de causas de improcedencia. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, la autoridad responsable Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, al estimar que la parte quejosa no combate por vicios la aprobación de los numerales reclamados de inconstitucionales, por lo que el acto que se le atribuye es improcedente, debido a que la quejosa no combatió los actos legislativos atribuidos al Congreso, por vicios propios. Los artículos de referencia disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios (.) VIII. Los conceptos de violación." Sin embargo, a consideración de quien resuelve resulta infundada la causal propuesta, en lo concerniente a los artículos 1, fracción I, punto 2, 8, 9 y 10 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en atención a que, contrario a lo que refiere, la fracción III del numeral transcrito en último término, al mencionar "únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios", se refiere a las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo y publicación de las normas reclamadas, lo que en el caso no sucede ya que lo atribuido al Congreso del Estado es la iniciativa, propuesta, discusión, votación, aprobación, promulgación y publicación, siendo esta última facultad otorgada a diversa autoridad no señalada como responsable. No obstante lo anterior, aunque por un motivo diverso al hecho valer por la responsable, dicha causal sí se ve actualizada respecto al artículo 72 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, ya que la parte quejosa fue omisa en formular conceptos de violación por cuanto al tema. Ante ello, si los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, anteriormente referidos señalan que la demanda de amparo debe contener, entre otros, el concepto o conceptos de violación, y este requisito debe estimarse como una de las precisiones esenciales del juicio de amparo, en virtud de que es en el concepto de violación en el que la parte promovente, mediante los hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de derechos fundamentales que le causan los actos reclamados. En consecuencia, la ausencia o falta de tales conceptos, hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se le solicita, toda vez que no está en posibilidad de analizar y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos que se reclaman porque se cometan o no violaciones de derechos fundamentales, pues no basta que la parte quejosa en la parte relativa de la demanda señale determinados preceptos constitucionales que estime infringidos, si no expresa en qué consiste la infracción que imperativamente debe quedar razonada en el concepto correspondiente, para que se satisfaga el requisito exigido por la citada fracción VIII del artículo 108, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia visible en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Primera Parte, Séptima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 232306 que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO ANTE JUZGADOS DE DISTRITO. El artículo 116 de la Ley de Amparo, en su fracción V, establece que la demanda de amparo contendrá, entre otros, el concepto o conceptos de violación. De aquí que no basta señalar como violados los preceptos constitucionales si no se expresa por qué se violan dichos preceptos. Este requisito debe estimarse como uno de aquellos que son esenciales del juicio de garantías, en virtud de que es el concepto de violación en el que el promovente, mediante hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. En consecuencia, la ausencia o falta de tales conceptos hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se solicita." Al respecto, de una lectura íntegra de la demanda que dio origen a este juicio, no se observa argumento alguno tendiente a combatir la inconstitucionalidad del indicado numeral 72, por lo que ante ello, lo procedente es sobreseer en el presente juicio por lo que hace a la reclamación del artículo 72 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Quinto. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expuestos en contra de la aplicación de los artículos 1, fracción I, punto 2 y 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California Para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete; que regulan lo relativo al impuesto sobre adquisición de inmuebles, publicados en el periódico oficial del Estado de Baja California, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; así como del artículo 75 Bis B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, son infundados, sin que en la especie se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo que permita suplir la queja deficiente. Lo anterior sin dejar de considerar que ambas disposiciones (Ley de Ingresos y Ley de Hacienda Municipal) se señalan como acto reclamado por la parte quejosa, en su conjunto, como normas heteroaplicativas ya que refiere, la contribución impugnada es el producto un sistema impositivo legal donde se aplica de manera mancomunada ambas legislaciones para la cuantificación y pago de estas contribuciones municipales de vigencia anual y las combate conforme a los siguientes conceptos de violación: 1. Que el artículo 8 y 75 bis b, en cuestión transgreden los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, al imponer una tasa fija del 2% para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, contrario a lo determinado en la jurisprudencia 59/2020 que indica que tratándose de impuestos locales que mesuran la riqueza como es el impuesto que se analiza, resulta aplicable una tasa progresiva variable para su graduación, en aras de respetar la capacidad contributiva de los contribuyentes. 2. Que la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, establece obligaciones que tienen las autoridades sobre las contribuciones municipales, las cuales deben ser motivadas y explicadas, precisando los efectos de las contribuciones, lo que considera no se cumple con el dictamen 56, del cual no se advierte la justificación de la imposición del 2%, situación que no fue analizada por el Congreso, por lo que considera que la base fiscal del impuesto está viciada de origen. 3. Que el artículo 75 bis b de la Ley de Hacienda Municipal, establece una base fiscal que es contraria a lo que señala el artículo 115 fracción IV, inciso C, en su penúltimo párrafo. 4. Que la aprobación del artículo 8 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tijuana, Baja California, contraviene lo dispuesto en el artículo 18, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y por ende el principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que la dispensa del trámite legislativo a que se refiere el artículo, relativa a la entrega de los dictámenes a los diputados tres días antes de su discusión, dentro del procedimiento que dio origen a la aprobación del decreto combatido, genera una violación al procedimiento legislativo que trasciende de manera fundamental a la norma y provoca su invalidez. 5. Que son inconstitucionales los artículos 9 y 10, de la Ley de Ingreso del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, que tutelan el impuesto al fomento deportivo y educacional, así como el impuesto para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, puesto que violentan el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, ya que considera como base el hecho imponible de otra contribución, generando un ingreso ilegal para el Ayuntamiento, gravando dos veces el mismo hecho. Lo que el quejoso considera le depara perjuicio por haber realizado el pago del impuesto que contempla los referidos numerales el pasado quince de diciembre de dos mil veintidós, como se advierte del comprobante de pago por concepto de adquisición de inmuebles y transmisión de dominio, expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Documentales que valoradas en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hace prueba plena y eficaz para acreditar el acto de aplicación del precepto legal que se tilda de inconstitucional. En este orden de ideas, al acreditarse el acto de aplicación del precepto que se tilda de inconstitucional, es inconcuso que el solicitante de amparo se encuentran legitimado para promover el juicio de amparo, en el que se reclama normas generales con motivo de su primer acto de aplicación, dentro del término de quince días que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Puntualizado lo anterior, procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, para lo cual es oportuno precisar lo establecido en los artículo 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California Para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte, así como el artículo 75 BIS B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, combatidos que disponen: "Artículo 8.- El impuesto sobre adquisición de Inmueble, se calculará aplicando la tasa del 2% sobre la base gravable que se determine de acuerdo a la Ley de Hacienda del Estado de Baja California. [.] Artículo 75 Bis B.- Se establece el Impuesto sobre adquisición de inmuebles, el cual se regirá de la siguiente forma: [.] II.- La base para determinar el importe a pagar por concepto de este impuesto, será el que resulte mayor entre: a) El valor del inmueble que resulte de actualizar el precio pactado; b) El valor catastral; y, c) El valor comercial del inmueble resultante del avalúo, realizado en los términos del apartado B de este artículo, que al efecto determine el perito valuador autorizado por la autoridad municipal. [.] Ahora, para una mejor comprensión, es necesario tener presente el contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, que textualmente dice: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." De lo recién transcrito se corrobora la obligación de pagar contribuciones para sufragar los gastos públicos de la Federación, de los Estados y del Municipio en que se resida; las que deberán estar establecidas por las leyes. Efectivamente, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como obligación de todos los mexicanos la de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, de donde deriva el principio tributario de proporcionalidad, que radica en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. En ese tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que, con el objeto de cubrir los gastos públicos, el Poder Legislativo cuenta con un amplio margen de configuración política para diseñar el sistema tributario, lo que se encuentra condicionado al cumplimiento de los principios constitucionales en materia impositiva y la vigencia del principio democrático. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 159/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 111, registro digital 170585, que dice: "SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES. El texto constitucional establece que el objetivo del sistema tributario es cubrir los gastos públicos de la Federación, del Distrito Federal y de los Estados y Municipios, dentro de un marco legal que sea proporcional y equitativo, por ello se afirma que dicho sistema se integra por diversas normas, a través de las cuales se cumple con el mencionado objetivo asignado constitucionalmente. Ahora bien, la creación del citado sistema, por disposición de la Constitución Federal, está a cargo del Poder Legislativo de la Unión, al que debe reconocérsele un aspecto legítimo para definir el modelo y las políticas tributarias que en cada momento histórico cumplan con sus propósitos de la mejor manera, sin pasar por alto que existen ciertos límites que no pueden rebasarse sin violentar los principios constitucionales, la vigencia del principio democrático y la reserva de ley en materia impositiva. En tal virtud, debe señalarse que el diseño del sistema tributario, a nivel de leyes, pertenece al ámbito de facultades legislativas y que, como tal, lleva aparejado un margen de configuración política -amplio, mas no ilimitado-, reconocido a los representantes de los ciudadanos para establecer el régimen legal del tributo, por lo que el hecho de que en un determinado momento los supuestos a los que recurra el legislador para fundamentar las hipótesis normativas no sean aquellos vinculados con anterioridad a las hipótesis contempladas legalmente, no resulta inconstitucional, siempre y cuando con ello no se vulneren otros principios constitucionales.". Por ende, el principio aludido obliga al legislador a graduar el impuesto de manera que la contribución de los gobernados al gasto público se realice en función de la mayor o menor capacidad económica manifestada por los mismos al realizar el hecho imponible; por lo que los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia al mismo; es decir, que sea la base gravable la que permita medir esa capacidad económica y la tarifa o tasa la que exprese la parte de la misma que corresponde al ente público acreedor del tributo, de lo que resulta que la capacidad económica no sólo marca el cauce lógico del tributo sino que también lo legitima y explica su existencia, condicionando toda su estructura y contenido. Por otra parte, el principio de equidad tributaria persigue evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas o bien propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares. Por ello, la capacidad contributiva, además de ser el fundamento de la imposición, constituye un criterio de medición que facilita que el reparto de las cargas públicas se haga en forma equitativa. Ilustra la Jurisprudencia P./J. 41/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Junio de 1997, página 43, registro digital 198403, que dice: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional." No obstante, debe precisarse que no todo trato desigual resulta inconstitucional, pues para cumplir con el principio de equidad tributaria el legislador no sólo está facultado, sino que se encuentra obligado a crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, siempre que éstas no sean caprichosas o arbitrarias y se sustenten en bases objetivas de índole económica, financiera, social o extrafiscal, que razonablemente justifiquen ese trato diferencial en armonía con los principios constitucionales rectores de los tributos, de suerte tal que el principio de equidad tributaria se cumple dando un trato igual a las personas que se encuentren en un plano de igualdad, y por lo tanto deberá darse un trato desigual a las personas que no se encuentren en igualdad de condiciones. El anterior criterio se sustenta en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 187-192, Primera Parte, página 113, con registro digital 232309, que reza: "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.". Así como en diversa jurisprudencia P./J. 24/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Marzo de 2000, página 35, con registro digital 192290, que reza: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales." De igual forma la Jurisprudencia III.1o.A. J/4 A (10a.), visible en la página 2315, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Décimo Época con registro digital 2021336 "IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, AL CONTENER UNA TABLA PARA SU CÁLCULO QUE PERMITE QUE AL AUMENTAR EN UNA UNIDAD EL LÍMITE SUPERIOR DE UN RANGO, LOS CONTRIBUYENTES QUEDEN COMPRENDIDOS EN EL SIGUIENTE, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. El precepto citado contiene una tabla para calcular el impuesto predial, basada en una estructura de rangos denominados límite inferior y límite superior, una cuota fija y una tasa marginal para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, en relación con el valor fiscal del inmueble de que se trate. En estas condiciones, el hecho de que al aumentar en una unidad el límite superior de un rango, los contribuyentes queden comprendidos en el siguiente, no eleva de forma desproporcional o inequitativa el monto de la contribución a enterar, porque la tabla no determina una tarifa progresiva con base únicamente en la diferencia de un número, sino que señala una cuota fija a aplicar, en relación con la cantidad inmersa entre el límite inferior y el superior, además de una tasa marginal para cada rango, lo cual no da lugar a un incremento desmesurado, pues la tasa marginal no se aplica al hecho imponible en su totalidad, sino sólo a la porción que exceda del límite inferior de cada rango, a la cual se adicionará una cuota fija que gradúa el incremento entre rangos. Por tanto, la porción normativa mencionada no viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución." Examinada la naturaleza de los principios tributarios que la promovente estima violados, debe puntualizarse que la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal reconoció dos formas de determinar el monto de la obligación conforme a las cuales los tributos pueden ser clasificados en dos categorías, a saber, de cuota fija y variable, siendo los primeros aquellos en los que la ley establece directamente la cantidad a pagar, por lo que no necesitan de elementos cuantificadores para la determinación de la deuda tributaria, de manera que siempre que se actualice el hecho generador del gravamen, el sujeto pasivo debe ingresar la misma cuantía; de ahí, que en este supuesto el legislador puede prescindir de la base gravable, o incluso, expresarla en términos genéricos. Sobre los conceptos examinados, al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, en sesión de doce de mayo de dos mil ocho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las diferencias entre los distintos tipos de tasas existentes y una tarifa progresiva, o cuota variable, determinando: "Así, para examinar la idoneidad de las tasas impositivas del nuevo impuesto a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diesel, es menester destacar las diferencias entre los distintos tipos de tasas y tarifas aplicables: a) Específicos: Se aplica a bases impositivas expresadas en magnitudes distintas al dinero (como medidas de longitud -metro-, de capacidad -litro- y de masa -kilogramo-) de tal modo que la tasa consiste en una cifra fija para cada unidad. En este caso la tasa permanece inmutable, cualquiera que sea la extensión de la base imponible, pues el importe de la deuda varía en relación con la magnitud de la señalada base; tasa que suele emplearse en los impuestos reales puros o que carecen de subjetivización alguna, y en los impuestos indirectos siempre que la base impositiva parta de una medida o capacidad, aunque al final pueda expresarse en un valor monetario. b) Porcentuales: Si la base imponible está conformada, como ocurre de ordinario, por el valor del objeto o de la operación, el tipo impositivo queda expresado en un determinado porcentaje de la base monetaria, que también permanece incólume ante la posible variación -menor o mayor- de esta base, aunque se diferencia del anterior porque esta última no puede colocarse en una medida o capacidad, por lo que pueden ser aplicables excepcionalmente a algunos impuestos personales, a los reales y a los indirectos tanto al consumo como a las enajenaciones, si el valor de la operación o el bien no surge a partir de una unidad de medida o capacidad. c) Mixtas: El impuesto se ajusta a la magnitud de la base con un criterio diverso como establecer varios porcentajes o cifras fijas, con arreglo a las variaciones de la fuente de riqueza elegida por el legislador ordinario como acontece en los distintos porcentajes del impuesto al valor agregado, o bien, atendiendo a la afectación que llegue a generar la imposición, de ahí que con las diversas tasas se pretenda lograr una mayor igualdad entre los sujetos obligados o incididos o se atienda a razones de política fiscal. d) Progresivo: El tipo impositivo en vez de ser uniforme, se modifica al variar en menor o mayor grado la base imponible, la cual está dividida en escalones, en el que se prevé un gravamen cada vez más elevado hasta llegar a un límite máximo. La anterior progresividad escalonada es indudablemente mucho más perfecta para acercarse a la capacidad contributiva de los contribuyentes, que a su vez tienen que soportar la carga económica, en el que el tributo reconoce sus situaciones personales o familiares, de modo que puede aplicarse este tipo de gravamen al impuesto personal, a los subjetivos y, en algunas ocasiones, a los impuestos reales que guardan cierta subjetivización como los que recaen en la propiedad raíz, no así en los impuestos indirectos ya que si el valor monetario expresado en la base se puede dividir en unidades de medida o de capacidad, si fuese progresiva la tarifa, al final los gobernados por igual consumo podrían pagar más o menos impuesto, según si el consumo se hace en un solo momento o en varios, en tanto que la alícuota aumenta por cada renglón, generándose un problema de proporcionalidad tributaria. (.).". De lo recién transcrito se observa que la tasa corresponde a un tanto por ciento establecido en cada ley específica que se aplica a la base de una contribución, para determinar el pago del tributo, y puede ser: a) una cifra fija para cada unidad (específica); b) un determinado porcentaje de la base monetaria (porcentual); c) constar de varios porcentajes o cifras fijas (mixta); o, d) progresivo. Ahora, en torno al tema de la progresividad de la tasa o tarifa de los impuestos relativos a bienes inmuebles, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País al resolver el amparo en revisión 721/2008, estableció: "(.) En relación con lo anterior, es de señalarse que el Pleno de este Alto Tribunal sostiene que tratándose de impuestos que recaen sobre la propiedad raíz -como lo es el impuesto predial-, la capacidad económica de los contribuyentes puede gravarse diferencialmente a través de tarifas progresivas, a fin de que en cada caso el impacto sea distinto. En efecto, al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, en sesión de doce de mayo de dos mil ocho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, medularmente, que aun cuando el legislador cuenta con un amplio margen para la configuración de los elementos esenciales del tributo, lo cierto es que la tasa o tarifa impositiva debe ser coherente con su naturaleza a fin de evitar que se ponga en riesgo un postulado constitucional o el acceso a valores mínimos humanos, motivo por el cual, la idoneidad de la tasa o tarifa establecida por el legislador es un factor fundamental para determinar si el tributo de que se trata vulnera o no el principio de proporcionalidad tributaria. Así, se precisó que para analizar la idoneidad de la tasa o tarifa de una contribución es importante considerar las diferencias existentes entre los distintos tipos de tasas o tarifas aplicables, tal como se desprende de las consideraciones que a continuación se transcriben: "(.) quedó establecido que el análisis de la proporcionalidad tributaria debe hacerse en función de los elementos cuantitativos del tributo como la tasa imponible o tipo de gravamen, cuya elección por parte del legislador ordinario no puede quedar al margen de regularidad constitucional, aunque se trate de impuestos indirectos, ya que es ineludible que el monto de la tasa impositiva no ponga en riesgo la eficacia de un postulado constitucional o el acceso a valores mínimos humanos (.); además, el tipo de tasa tiene que ser coherente con la naturaleza especial de la contribución, porque no podría ser indistinta la implementación del tipo de tasa, si se toma en cuenta que su idoneidad a la clase de tributo es un elemento fundamental para establecer si con ello se vulnera o no el principio de proporcionalidad tributaria, porque de establecerse un criterio contrario daría lo mismo que los tributos consideraran una tasa o una tarifa que se aplicaría a la base, sin mayor relevancia jurídica, situación que implicaría validar el tipo de tasa elegida por el legislador aunque sea incorrecta por alejarse de la naturaleza del tributo. (.) Así, para examinar la idoneidad de las tasas impositivas del nuevo impuesto a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diesel, es menester destacar las diferencias entre los distintos tipos de tasas y tarifas aplicables: a) Específicos: Se aplica a bases impositivas expresadas en magnitudes distintas al dinero (como medidas de longitud -metro-, de capacidad -litro- y de masa -kilogramo-) de tal modo que la tasa consiste en una cifra fija para cada unidad. En este caso la tasa permanece inmutable, cualquiera que sea la extensión de la base imponible, pues el importe de la deuda varía en relación con la magnitud de la señalada base; tasa que suele emplearse en los impuestos reales puros o que carecen de subjetivización alguna, y en los impuestos indirectos siempre que la base impositiva parta de una medida o capacidad, aunque al final pueda expresarse en un valor monetario. b) Porcentuales: Si la base imponible está conformada, como ocurre de ordinario, por el valor del objeto o de la operación, el tipo impositivo queda expresado en un determinado porcentaje de la base monetaria, que también permanece incólume ante la posible variación -menor o mayor- de esta base, aunque se diferencia del anterior porque esta última no puede colocarse en una medida o capacidad, por lo que pueden ser aplicables excepcionalmente a algunos impuestos personales, a los reales y a los indirectos tanto al consumo como a las enajenaciones, si el valor de la operación o el bien no surge a partir de una unidad de medida o capacidad. c) Mixtas: El impuesto se ajusta a la magnitud de la base con un criterio diverso como establecer varios porcentajes o cifras fijas, con arreglo a las variaciones de la fuente de riqueza elegida por el legislador ordinario como acontece en los distintos porcentajes del impuesto al valor agregado, o bien, atendiendo a la afectación que llegue a generar la imposición, de ahí que con las diversas tasas se pretenda lograr una mayor igualdad entre los sujetos obligados o incididos o se atienda a razones de política fiscal. d) Progresivo: El tipo impositivo en vez de ser uniforme, se modifica al variar en menor o mayor grado la base imponible, la cual está dividida en escalones, en el que se prevé un gravamen cada vez más elevado hasta llegar a un límite máximo. La anterior progresividad escalonada es indudablemente mucho más perfecta para acercarse a la capacidad contributiva de los contribuyentes, que a su vez tienen que soportar la carga económica, en el que el tributo reconoce sus situaciones personales o familiares, de modo que puede aplicarse este tipo de gravamen al impuesto personal, a los subjetivos y, en algunas ocasiones, a los impuestos reales que guardan cierta subjetivización como los que recaen en la propiedad raíz, no así en los impuestos indirectos ya que si el valor monetario expresado en la base se puede dividir en unidades de medida o de capacidad, si fuese progresiva la tarifa, al final los gobernados por igual consumo podrían pagar más o menos impuesto, según si el consumo se hace en un solo momento o en varios, en tanto que la alícuota aumenta por cada renglón, generándose un problema de proporcionalidad tributaria." (.)." De las consideraciones antes insertas puede apreciarse que el tipo de cuota progresiva (tarifa) aumenta a medida que incrementa la base gravable, mientras que la porcentual (tasa) no se modifica ante la variación de la misma sino que permanece estable; sin embargo, ambos tipos impositivos son compatibles con las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, como lo es, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o adquisición de inmuebles, en tanto permiten medir con precisión la capacidad contributiva del causante, pues aunque dicho tributo recae sobre una manifestación aislada de riqueza, lo cierto es que guarda cierta subjetivización al considerar otros aspectos distintos al valor del inmueble para su determinación, como lo es el uso o destino del mismo y en algunos supuestos, en unión de los anteriores, la situación personal del contribuyente. Importa destacar que la aplicación de una tasa fija a cualquier nivel de patrimonio particular no supone que se contribuya de manera desigual; en virtud de que, ante la variación de la base tributaria, la tasa, aunque es la misma, conlleva a que el contribuyente pague más o menos conforme a esa modificación reconociéndose así la capacidad contributiva individual. Igual acontece tratándose de la tarifa progresiva; la que, al variar en función de la modificación de la base gravable, permite que pague más quien revela una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporción. Así, la diferencia entre un sistema y otro radica medularmente en que en la tasa fija, la variación de la cuota tributaria depende únicamente de la modificación de la base gravable; mientras que, en la tarifa progresiva, depende tanto de la variación de dicha base como del porcentaje aplicable. En tal orden de ideas, tratándose del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, tanto la tasa fija como la tarifa progresiva son idóneas para obtener la cuota tributaria respectiva y, por ende, en ejercicio de su potestad tributaria el legislador puede establecer una u otra." De lo anterior, se evidencia que la Segunda Sala del Alto Tribunal del País concluyó que tratándose de impuestos que recaen sobre la propiedad raíz, la capacidad económica de los contribuyentes puede gravarse diferencialmente a través de tasa fija o tarifas progresivas. Por lo que ante ello, se concluye que ambos tipos impositivos son compatibles con las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, como lo es el impuesto sobre adquisición de inmuebles -tributo aquí analizado-, en tanto que permiten medir con precisión la capacidad contributiva del causante, pues aunque dicho tributo recae sobre una manifestación aislada de riqueza, lo cierto es que guarda cierta subjetivización. Destacando que la aplicación de una tasa fija a cualquier nivel de patrimonio particular no supone que se contribuya de manera desigual, en razón de que, ante la variación de la base tributaria, la tasa, aunque es la misma, conlleva a que el contribuyente pague más o menos conforme a esa modificación reconociéndose así la capacidad contributiva individual. (como lo determina la legislación combatida para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete.) Igual acontece tratándose de la tarifa progresiva, al variar en función de la modificación de la base gravable, permite que pague más quien revela una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporción. (como lo establece la legislación actual para el caso). Así, la diferencia entre un sistema y otro radica esencialmente, en que en la tasa fija, la variación de la cuota tributaria depende únicamente de la modificación de la base gravable; mientras que, en la tasa progresiva, depende tanto de la variación de dicha base como del porcentaje aplicable. Es orientado el criterio 1a. XXV/2000 emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Octubre de 2000, página 253, con Registro digital 191051, que dice: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PRINCIPIO DE. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido en términos generales que el principio de proporcionalidad tributaria radica medularmente en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos. De conformidad con el citado principio constitucional los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos, mediante el establecimiento de tarifas progresivas. Ahora bien, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales reviste características particulares, porque el legislador no toma en cuenta la capacidad contributiva total del contribuyente, en tanto que el hecho imponible lo constituye la transmisión patrimonial y la base imponible la conforma exclusivamente el valor de la parte del patrimonio que se adquiere y al que se le aplica la tarifa correspondiente. De ahí que el principio de proporcionalidad en este impuesto se cumpla cuando el sujeto pasivo tributa en proporción a su propia capacidad, en relación directa con la parte del patrimonio adquirido, aplicando al valor la tarifa correspondiente." Así, tratándose del impuesto sobre adquisición de inmuebles, tanto la tasa fija como la tasa progresiva son idóneas para obtener la cuota tributaria respectiva y, por ende, en ejercicio de su potestad tributaria el legislador puede establecer una u otra. Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 222/2009 Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 301, con registro digital 165462, del rubro y texto siguiente: "PREDIAL. LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA EN EL IMPUESTO RELATIVO, PUEDE GRAVARSE INDISTINTAMENTE A TRAVÉS DE TASAS FIJAS O DE TARIFAS PROGRESIVAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). Conforme a lo resuelto por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 29/2008, aun cuando el legislador cuenta con un amplio margen para configurar los elementos esenciales del tributo, la tasa o tarifa impositiva debe ser coherente con su naturaleza a fin de evitar que se ponga en riesgo un postulado constitucional o el acceso a valores mínimos humanos. Para verificar esta circunstancia es importante considerar la diferencia medular entre un sistema y otro, de manera que en la tasa fija la cuota tributaria depende únicamente de la modificación de la base gravable, mientras que en la tarifa progresiva depende tanto de la variación de la base como del porcentaje aplicable. En el caso de los impuestos a la propiedad inmobiliaria como el predial, tanto una como otra permiten medir con precisión la capacidad contributiva del causante, pues aunque dicho tributo recae sobre una manifestación aislada de riqueza, lo cierto es que guarda cierta subjetivización al considerar otros aspectos distintos al valor del inmueble para su determinación, como es su uso o destino y, en algunos supuestos, además de los anteriores, la situación personal del contribuyente. Importa destacar que la aplicación de una tasa fija a cualquier nivel de patrimonio particular no supone que se contribuya de manera desigual, en virtud de que ante la variación de la base tributaria, la tasa, aunque es la misma, conlleva a que el contribuyente pague más o menos conforme a esa modificación, reconociéndose así la capacidad contributiva individual; igual acontece tratándose de la tarifa progresiva, la que al variar en función de la modificación de la base gravable, permite que pague más quien revela una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporción. En consecuencia, tratándose del impuesto predial, tanto la tasa fija como la tarifa progresiva son idóneas para obtener la cuota tributaria respectiva y, por ende, en ejercicio de su potestad tributaria el legislador puede establecer una u otra." En este sentido, los artículos 8 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tijuana, en relación con el artículo 75 Bis B, de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, no transgreden el principio de proporcionalidad y equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, debido a que al establecerse una tasa fija sobre la base gravable para el entero del impuesto sobre adquisición de inmuebles, no se da un trato inequitativo; porque en el mismo se determina el pago por dicho impuesto previéndose para su cálculo la base gravable conforme a parámetros que toman en cuenta diferentes niveles o rangos respecto del valor del bien y, que ese sistema progresivo incide en la tasa del tributo, esto es, se atiende a la capacidad económica de quienes se sitúan en el supuesto de causación, dado que la cuota grava el hecho imponible sobre la base gravable, fijando la tasa del impuesto con base en ésta; es decir, evitando que el impuesto se eleve de manera desproporcionada. De igual forma, porque la omisión expresa a que alude la parte quejosa en cuanto a que para la determinación de la base gravable se omitió tomar en cuenta el contenido de las tablas de valores para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, no trastoca el principio de legalidad tributaria, así como tampoco al principio de supremacía constitucional, atento a que en el sistema establecido por el legislador no se advierte que genere incertidumbre al gobernado sobre la cuantificación del hecho imponible establecida, pues sí precisa el procedimiento exacto que debe seguirse para fijar la base gravable correspondiente. En otras palabras, el precepto establece la tasa para el pago del impuesto con base en una estructura de rango y una tasa fija porcentual que deberá aplicarse sobre la determinación del impuesto gravable, lo que no eleva de manera desproporcional o inequitativa el monto de la contribución, dado que se prevé una cuota a aplicar conforme a dicha cantidad, lo cual refleja la capacidad contributiva real del sujeto obligado, en virtud de que la tasa no se aplica al total de la base, sino únicamente a la porción gravable, otorgándose un tratamiento idéntico para todos aquellos contribuyentes que se encuentran en el mismo plano o situación frente a la ley fiscal aplicable al caso. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no haber motivo legal para suplir la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo solicitado, contra los actos y autoridades precisadas con antelación. Sin que sea obstáculo para arribar a dicha determinación las diversas tesis citadas por el promovente del amparo, toda vez que éstas no son aplicables al caso concreto, por encaminarse a aquellos supuestos en que la ley relativa establece un sistema del tipo progresivo, lo que en la ley reclamada no se contiene, sino que, como se expuso, prevé una tasa porcentual única. Asimismo, se considera infundado el diverso concepto de violación encaminado a combatir la inconstitucionalidad de los preceptos referidos ante la falta de lectura del dictamen 56, publicado en el periódico oficial del Estado de Baja California, el pasado 31 de diciembre de 2019, (sic) en la sección IV, al considerar que la aprobación de dicha ley contraviene lo dispuesto en el artículo 18, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y por ende el principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que la dispensa del trámite legislativo a que se refiere el artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, relativa a la entrega de los dictámenes a los diputados tres días antes de su discusión, dentro del procedimiento que dio origen a la aprobación del decreto combatido, genera una violación al procedimiento legislativo que trasciende de manera fundamental a la norma y provoca su invalidez. Ello se considera así, ya que de la interpretación del último numeral referido se colige que el derecho a favor de los Diputados de obtener los dictámenes de las comisiones y el texto de las iniciativas y decretos con tres días de anticipación a aquel en que deban ser discutidos y aprobados, así como la obligación de que las iniciativas de leyes o decretos se sujeten, por lo menos a los trámites del dictamen de comisiones, su discusión y votación; y que el Presidente del Congreso dispondrá lo necesario para el trámite de los actos relacionados con el proceso legislativo, constituyen aspectos que tienden a preservar el principio de deliberación parlamentaria, conforme al cual se pugna por el derecho de participación de las fuerzas políticas con representación en condiciones de igualdad y libertad, es decir, de que se permita tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública. Se afirma lo anterior, puesto que las disposiciones aludidas tienen como finalidad que la totalidad de los legisladores no sólo tengan acceso íntegro al contenido de los asuntos que serán materia de debate, sino que cuenten con el tiempo suficiente para imponerse de aquel y establecer una postura para el momento de su discusión, además que se cumplan todas las etapas de dicho procedimiento, de manera que exista una participación activa por parte de todos los integrantes del congreso. En efecto, en virtud de la democracia representativa adquieren relevancia no sólo las decisiones adoptadas por una determinada mayoría de los votos de los representantes de los ciudadanos, sino también porque aquello que se somete a votación ha podido ser objeto de deliberación por parte tanto de las mayorías políticas, como de las minorías políticas. Siendo que es precisamente la naturaleza representativa de la deliberación pública lo que otorga todo su sentido a la reglamentación del procedimiento legislativo -y a la necesidad de imponer su respeto-. Así, el órgano legislativo, antes de ser un órgano decisorio, tiene que ser un órgano deliberante donde encuentren cauce de expresión las opiniones de todos los grupos, tanto los mayoritarios como los minoritarios y, en ese tenor, el procedimiento legislativo debe proteger el derecho de las minorías a influir y moldear en el transcurso de la deliberación pública aquello que va a ser objeto de la votación final. En esa virtud, las violaciones a esas disposiciones se vinculan con los principios propios de la dimensión deliberativa de la democracia representativa, por lo que debe resguardar la libertad de expresión de los parlamentarios y su derecho al voto y, sobre todo, los derechos de las minorías legislativas; de forma tal que ningún actor sea excluido del proceso deliberativo; para lo cual, es necesario que sus formalidades sean respetadas, a efecto de garantizar que las fuerzas políticas con representación parlamentaria participen en el proceso de discusión, votación y aprobación en condiciones de efectiva información, igualdad y libertad. Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que las irregularidades que eventualmente pudieran actualizarse en relación con el acceso íntegro y oportuno a los documentos (dictámenes, iniciativas, etcétera) por parte de los Diputados; el respeto a la secuencia de los trámites parlamentarios; y, la forma en que deben desarrollarse la discusión y el debate de las iniciativas o dictámenes, sólo pueden afectar ese principio de democracia deliberativa que, desde luego, no tutela a los particulares, sino que está dirigido a proteger a los grupos parlamentarios. Ciertamente, el incumplimiento de las formalidades que la normatividad secundaria aludidos sólo puede generar afectación a los legisladores que deben intervenir en él, porque son ellos quienes tienen la oportunidad de participar en la etapa de discusión de manera oportuna, informada y libre, y, por tanto, son ellos los que, en su caso, podrían oponer una defensa al respecto, esto es, cuando consideren que la deliberación, en la forma en que se realizó, no les permitió participar oportuna, informada y libremente en la discusión de la ley o decreto de que se trate y, por ende, la aprobación respectiva resulta viciada (desde luego, a través del procedimiento constitucional que corresponda). En cambio, por lo que hace a los particulares, se considera que esas potenciales irregularidades no tienen un impacto tal que pueda redundar en los derechos de debido proceso y legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal ni, por ende, provocan la invalidez de la norma emitida. En efecto, la posibilidad de participar de manera informada, igualitaria y libre en la discusión y votación de las leyes y los decretos y, en ese tenor, de intervenir en la aprobación conforme al procedimiento que la normatividad aplicable establece, constituye un tema que sólo interesa a los legisladores; mientras que los particulares ninguna injerencia tienen en esa situación, pues -se insiste- esto sólo concierne a los parlamentarios que son los que, en su caso, resentirán la omisión de que se les alleguen oportunamente los documentos sujetos a discusión y, más aún, podrían considerar mermada su oportunidad de participar en el debate. Entonces, si en el caso concreto, del análisis de los conceptos de violación se desprende que en éstos se sostiene la transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica, derivado de que no se permitió a los diputados participar en el proceso legislativo en forma oportuna, informada y en igualdad de condiciones, por no haber respetado la secuencia de los trámites legislativos, haberse impedido la discusión pública y el debate relativo, es inconcuso que -como se anticipó- éstos se sustentan en el principio de deliberación parlamentaria. Por tanto, dichas irregularidades -como se explicó- no tienen un impacto tal que pueda redundar en los derechos de debido proceso y legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal ni, por ende, que provoquen la invalidez de la norma emitida. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 133/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil ciento sesenta y dos, tomo II, libro cuarenta y siete, octubre de dos mil diecisiete, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2015322, que señala: "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es factible impugnar una ley o decreto por contravenir los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente por vicios en el proceso de su creación frente a las formalidades que la normativa secundaria correspondiente prevé, lo cierto es que, por virtud de la irradiación del principio de instancia de parte agraviada, los vicios que se expongan contra ese proceso deben repercutir en un derecho que tutele al quejoso o que tenga alguna afectación en su esfera de derechos -directa o indirectamente-, toda vez que sólo así el estudio respectivo y una eventual sentencia protectora podrán justificarse. Ahora, tratándose del procedimiento de urgente y obvia resolución -que implica la dispensa de trámites en la etapa de discusión y aprobación de una ley o decreto-, sus violaciones sólo pueden abordarse desde la consideración del principio de deliberación parlamentaria, conforme al cual se pugna por el derecho de participación de las fuerzas políticas con representación en condiciones de igualdad y libertad, es decir, de que se permita tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública. En ese tenor, como ese principio no tutela a los particulares, sino a los grupos parlamentarios, es evidente que al reclamarse leyes o decretos, las eventuales irregularidades en ese procedimiento no tienen un impacto que pueda redundar en los derechos al debido proceso y de legalidad reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y, por ende, no son oponibles en los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo." Lo anterior, en virtud que, como precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 105/2017, el impetrante carece de legitimación para combatir a través del juicio de amparo leyes o decretos locales por virtud de vicios u omisiones de trámites en su aprobación, sin que se hubieren satisfecho las formalidades propias del procedimiento, en razón que, las irregularidades que eventualmente pudieran actualizarse en ese procedimiento de obvia y urgente resolución, sólo pueden afectar ese principio de democracia deliberativa que, desde luego, no tutela a los particulares, sino que está dirigido a proteger a los grupos parlamentarios. No se soslaya que la parte quejosa expone diversos argumentos para sostenerla inaplicabilidad de la citada jurisprudencia; sin embargo, se estiman insuficientes para arribar a la conclusión que pretende, ya que el peticionario de amparo combate las normas generales reclamadas, únicamente en cuanto al aspecto formal vinculado con el proceso de formación, por considerarlo trasgresor de los principios democráticos y de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los preceptos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque no fue aprobado por todos los diputados de la comisión de hacienda, no se dio lectura al texto normativo sujeto a aprobación, ni al dictamen. Por tanto, y contrario a lo que aduce la parte quejosa, sí resulta aplicable al presente asunto el pronunciamiento de nuestro Máximo Tribunal respecto del tópico en estudio referente al interés jurídico de los particulares para impugnar los vicios de urgente y pronta resolución que se cometen en el proceso legislativo; ello, dentro de la jurisprudencia 2a./J. 133/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes citada, tomando en cuenta que la jurisprudencia mencionada, tuvo su origen en la ejecutoria de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 105/2017 y por tanto, se considera infundada su pretensión para que dicho argumento conlleve a concluir la inconstitucionalidad de la norma. Sexto. Ahora, siguiendo con el estudio del diverso acto reclamado, consistente en la aplicación de los artículos 9 y 10 de la Ley de ingresos del municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, que establece el impuesto para el fomento al deporte y la educación publicado en el periódico oficial del Estado de Baja California el pasado treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis en la sección IV, agregado al diverso impuesto sobre adquisición de inmuebles, quien aquí resuelve estima fundado el concepto de violación vertido por la parte quejosa en torno a éste, toda vez que son violatorios del principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Derivado del ordinal constitucional transcrito, se desprenden los siguientes derechos en materia tributaria: a) El Estado tiene la obligación de destinar las contribuciones (entre las que se encuentran los impuestos), al gasto público de la Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios. b) Las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas. c) Las contribuciones deben estar establecidas en una ley. Ahora bien, el Pleno del Máximo Tribunal al resolver sobre los principios de proporcionalidad y equidad y referirse a las tarifas progresivas, ha sustentado en la tesis de jurisprudencia 255, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, página 302, cuyo rubro señala: "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS", lo siguiente: I. Que la proporcionalidad radica, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. II. Que conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. III. Que el principio de equidad radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, entre otros aspectos, debiendo únicamente, variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. IV. Finalmente, la equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la ley. Con base en las premisas aludidas, debe analizarse el contenido los numerales 9 y 10 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana para el año dos mil diecisiete; que son del siguiente tenor: "Artículo 9. Son sujetos de este impuesto, los contribuyentes de los demás impuestos; y, derechos y los ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, de créditos fiscales municipales." "Artículo 10. Este impuesto se causará a razón del 20% (veinte por ciento) sobre el monto de los demás impuestos; y, derechos así como los impuestos y derechos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago." Las normas jurídicas transcritas prevén el entero del Impuesto Adicional para el Fomento Deportivo y Educacional, cuyo objeto es la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos que se causen conforme a las leyes fiscales del Estado, causándose a razón de una tasa de 20.0% sobre su base y deberá cubrirse en el momento en que se cubran las prestaciones fiscales, enterándolo en la Recaudación de Rentas correspondiente. A fin de realizar el estudio de constitucionalidad planteado, se hace necesario traer a colación el contenido del Código Fiscal del Estado, en sus artículos 3 y 6 a 10, que disponen: "ARTICULO 3. Son contribuciones los impuestos, derechos y las contribuciones de mejoras. Los recargos, las multas los gastos de ejecución y la indemnización en caso de cheques devueltos son aprovechamientos accesorios a las contribuciones, participan de su naturaleza, pero cuando en este Código se hace mención a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios. Las contribuciones se regularán por las leyes fiscales respectivas, en su defecto por este Código y supletoriamente por el derecho común. Son aprovechamientos los ingresos fiscales derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal". "ARTICULO 6. Son Impuestos las contribuciones en dinero o en especie, establecidas en ley con carácter general y obligatorio para cubrir los gastos públicos a cargo de las personas físicas y morales cuya situación coincida con el hecho generador de la obligación fiscal, y que sean distintos de los derechos, productos y aprovechamientos. "ARTICULO 7. Son Derechos las contraprestaciones establecidas en las leyes fiscales, por los servicios que presta el Estado, en su función de derecho público, incluso cuando se presten por organismos públicos descentralizados, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, siempre que en este último caso, se encuentren previstos como tales en la Ley de Ingresos del Estado. "ARTICULO 8. Son Productos los ingresos que percibe el Estado por actividades que no correspondan al desarrollo de sus funciones propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales. "ARTICULO 9. Son Aprovechamientos los recargos, multas y demás ingresos de derecho público, no clasificables como Impuestos, Derechos o Productos. "ARTICULO 10. Son Contribuciones de Mejoras las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas". Los numerales transcritos ponen de manifiesto que las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, así como que otros ingresos que percibe el Estado son productos y aprovechamientos. Así, se consideran impuestos a las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma; derechos, a las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público; contribuciones de mejoras, las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas; productos, los ingresos por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado; y finalmente, son aprovechamientos, los ingresos que percibe el Estado por recargos, sanciones y funciones de derecho público distintos de las contribuciones. Luego, las contribuciones establecidas en las disposiciones legales reclamadas, que establecen como objeto que sobre los diferentes impuestos, derechos y rezagos de créditos fiscales municipales previstos en la propia ley, se causará y pagará a razón del 20% como Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional, a cargo de los contribuyentes que los paguen; lo que se traduce en que no se trata de un derecho o contribución de mejora, ni de un producto o aprovechamiento, en la medida que no es un servicio que preste el municipio en sus funciones de derecho público, ni es el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público; tampoco es una contribución de mejora ya que no es por el pago de la ejecución de una obra pública, y menos aún es un producto, ya que no es un ingreso por los servicios que presta el estado en sus funciones de derecho privado; tampoco es por el uso o aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado; y, finalmente, no es un aprovechamiento por no consistir en un recargo o sanción. De lo que se deduce que se trata de impuestos, sin embargo, el legislador de Baja California no puede, sin atentar en contra del principio de justicia tributaria, elegir de manera caprichosa e ilógica los presupuestos objetivos que, como hechos imponibles, sirven para dar nacimiento a la obligación tributaria, y esto es lo que sucede cuando pretende transmutar las figuras jurídicas hasta llegar al extremo de señalar que el presupuesto de hecho o el elemento objetivo del hecho generador del crédito fiscal sea, precisamente, el monto de otros impuestos. Esto es así porque los impuestos, son las prestaciones en dinero o en especie que exija la Ley, a cargo de personas físicas, morales y unidades económicas cuya situación coincida con lo que la misma señala, para cubrir los gastos públicos. Consecuentemente, cuando el presupuesto objetivo del hecho imponible lo es gravar el cumplimiento de una obligación tributaria, que es lo que contienen los artículos 9 y 10 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana para el año dos mil diecisiete; puesto que tales numerales establecen que sobre los diferentes impuestos, derechos y rezagos a cargo del contribuyente se causará y pagará en razón de un 20% el Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional, resulta incontrovertible que se viola el principio de legalidad tributaria, ya que es inaceptable que un impuesto sea el presupuesto objetivo de otro impuesto; que lo que es el resultado, se torne en presupuesto; que una sobreposición interminable de impuesto pueda ser constitucional a pesar de su intrínseca injusticia por desnaturalizar la esencia misma del impuesto y sus finalidades. Ello pues al hablar de impuestos adicionales, su estructura tiene como consecuencia gravar globalmente todos los pagos y contribuciones municipales efectuados por los causantes, por consiguiente el aludido gravamen adicional no participa de la misma naturaleza jurídica de la contribución primigenia, pues no se circunscribe a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje sino que tiene por objeto gravar todos los pagos por concepto de contribuciones municipales previstos en la Ley de Ingresos relativa; por lo que es inconcuso que dicho actuar no refleja la capacidad contributiva de los causantes. En consecuencia, los artículos 9 y 10 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana para el año dos mil diecisiete, en relación con el dispositivo 75 BiS B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, contraviene el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, por lo que resulta procedente conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal que solicita, en contra de su auto-aplicación contenida en el pago efectuado por el quejoso el quince de diciembre de dos mil veintidós, con motivo del impuesto sobre adquisición del inmueble identificado como ********************, a nombre de********************. Apoya lo anterior, en lo aplicable al caso, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 167, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Primera Parte, Séptima Época, con registro digital 232261, que a la letra señala: "VALOR AGREGADO, LEY DEL IMPUESTO AL. SU ARTICULO 18 ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. El legislador ordinario no puede, sin atentar en contra del principio de justicia tributaria, elegir de manera caprichosa e ilógica los presupuestos objetivos que, como hechos imponibles, sirven para dar nacimiento a la obligación tributaria, y esto es lo que sucede cuando pretende transmutar las figuras jurídicas hasta llegar al extremo de señalar que el presupuesto de hecho o el elemento objetivo del hecho generador del crédito fiscal sea, precisamente, el monto de otro impuesto. Esto es así porque los impuestos (para sólo referirnos a las definiciones de nuestra legislación), de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación que entró en vigor el 1o. de abril de 1967, son: ... las prestaciones en dinero o en especie, que fija la ley con carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas o morales para cubrir los gastos públicos o como dice el Código Fiscal de la Federación vigente: ... son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma.... Consecuentemente, cuando el presupuesto objetivo del hecho imponible lo es gravar el cumplimiento de una obligación tributaria, que es lo que se pretende en el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se falta al principio de justicia tributaria. Es inaceptable que un impuesto sea el presupuesto objetivo de otro impuesto; que lo que es el resultado, se torne en presupuesto; que una sobreposición interminable de impuesto pueda ser constitucional a pesar de su intrínseca injusticia por desnaturalizar la esencia misma del impuesto y sus finalidades. En consecuencia, al establecer el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que para calcular el impuesto, tratándose de prestación de servicios, se considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio, por otros impuestos, contraviene el artículo 31, fracción IV, de la Constitución". Así como la diversa determinación contenida en la jurisprudencia 2a./J. 126/2013 (10a.), visible en la página 1288, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Décima Época, con registro digital 2004487 que dice: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los preceptos citados, al establecer un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y derechos municipales en la mencionada entidad federativa, ya sea en su carácter de responsables directos o solidarios, violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, ya que no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, como operan las "sobretasas" u otras contribuciones adicionales -cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica-, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los pagos de contribuciones municipales efectuados por los causantes, por lo que su hecho imponible se materializa al momento de cumplir con esa obligación tributaria. Por consiguiente, el aludido gravamen adicional no participa de la misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio, pues no se circunscribe a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje, sino que tiene por objeto gravar todos los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate del Estado de Morelos, por lo que es inconcuso que dicho actuar no refleja la capacidad contributiva de los causantes." Séptimo. Precisión de los efectos de la concesión del amparo. En términos del numeral 74, fracción V, en relación con el precepto 77, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien la protección federal se concede contra las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Baja California, debe decirse que el cumplimiento del presente juicio recaerá, por lo pronto, en la autoridad que recaudó los impuestos, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para la parte quejosa, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En consecuencia, la concesión del amparo se traduce en los siguientes efectos: - Que no se aplique al quejoso el contenido de los artículos 9 y 10 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en relación con el numeral 75 Bis B de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Baja California, es decir no se le cobre el Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional. - La autoridad recaudadora Tesorero Municipal de Tijuana, por ser autoridad vinculada al cumplimiento de conformidad con el numeral 197 de la ley de la materia, deberá devolver al quejoso********************, las cantidades que pagó el quince de diciembre de dos mil veintidós, referente al Impuesto adicional para el Fomento Deportivo y Educacional, contenido en la declaración número ********************, para el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles en relación al inmueble identificado como ********************, a partir de la fecha en que entró en vigor la norma impugnada y también las que haya cubierto como efecto de no haber cumplido en tiempo y forma con dicho impuesto (tales como multas, recargos, gastos de ejecución), debiendo emitir el título de crédito con las cantidades debidamente actualizadas a la fecha en que sea expedido éste y una vez hecho lo anterior, deberá hacer del conocimiento a este Juzgado ante qué autoridad deberá comparecer el quejoso, para otorgarle un término prudente a fin de que comparezca para su entrega, en el entendido que una vez notificado el quejoso de la emisión del cheque, deberá acudir para que le sea entregado el mismo, siendo el caso que de no comparecer, dicho título de crédito quedará a su disposición ante la autoridad recaudadora para que en forma personal gestione lo conducente para la obtención de éste. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 188/2004, visible en la página 470, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, Novena Época, con registro digital 179675, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido". Octavo. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto, y fundado se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio promovido por********************, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, indicado en la última parte del considerando cuarto de esta sentencia, por las razones indicadas en el mismo. Segundo. La Justicia Federal no Ampara ni protege a********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables (artículos 1, fracción I, punto 2 y 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete y 75 Bis-B, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta de abril de dos mil diez), por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Tercero. La Justicia Federal ampara y protege a********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 9 y 10 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, por las razones apuntadas en el considerando sexto, para los efectos precisados en el séptimo considerando de esta resolución. Cuarto. En cumplimiento a lo establecido en el octavo punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de la misma en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria que da fe, el doce de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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