Javier Soto Villaseñor
Expediente 895/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 895/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Javier Soto Villaseñor y Otros.
- Javier Soto Villaseñor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia constitucional que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, archívese el juicio de amparo en que se actúa, como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Así, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, al haberse sobreseído; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Por otra parte, el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de depuración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, dado que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, tanto el expediente principal como el original del cuaderno incidental deberán conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir los expedientes, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato.
- Incidental
Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 902/2022, remitido electrónicamente por el Juez de Ejecución Penal del 5°, 6° y 13° Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el acusa de recibo del testimonio relativo a la sentencia interlocutoria dictada en los presentes autos; al efecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que se le concedió a la parte quejosa para que presentara la garantía exigida en la interlocutoria de catorce de los corrientes, sin que a la fecha exista constancia alguna que acredite haber dado cumplimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la aludida resolución, por lo que con fundamento en el artículo 136, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede dejar sin efectos la suspensión definitiva concedida. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Diana Karen López Castillo, Secretaria quien autoriza y da fe.
- Principal
SENTENCIA CONSTITUCIONAL SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO ...
- Incidental
En Reynosa, Tamaulipas, a las nueve horas del catorce de julio de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe, sin la asistencia de las partes no obstante su legal notificación, procede a celebrar la audiencia señalada para este día en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 895/2022-I, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo. Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia incidental y la Secretaria de Juzgado hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda promovida por Javier Soto Villaseñor, y los informes previos rendidos por las autoridades responsables; asimismo, en este acto, se da cuenta con la intervención ministerial 368/2022, signada por la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, la cual quedó registrada con el folio 10061. A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación secretarial que antecede, para todos los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, agréguese la intervención ministerial 368/2022, signada por la representante social de la federación adscrita a este juzgado de distrito, a través del cual formula alegatos, y provéase lo conducente en el periodo correspondiente de la presente audiencia. De igual forma, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele copia de la sentencia que se emita en este juicio de amparo. Acto seguido, se abre el período probatorio, en el cual la Secretaria hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción en la presente incidencia; por tanto, se cierra el mismo. Por otro lado, se abre el periodo de alegatos, dando cuenta con los formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, en su alegato ministerial 368/2022. A lo que el Juez acuerda: Téngase por formulados y reproducidos los alegatos de mérito, y en su caso, tómense en consideración al momento de resolver el presente juicio; sin más alegatos que tener por reproducidos, se cierra este periodo, y se da por concluida la presente audiencia, ordenando la suscrita se dicte la resolución correspondiente. VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 895/2022-I, promovido por Javier Soto Villaseñor, contra actos del Juez de Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. CONSIDERANDO PRIMERO. Se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente incidente de suspensión. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos se hacen consistir en: La orden de reaprehensión librada en contra del quejoso y su ejecución. SEGUNDO. Las autoridades responsables, con sede en esta ciudad: 1). Juez de Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas (foja 16). 2). Juez de Ejecución Penal del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distritos Judiciales del Estado de Tamaulipas (foja 18). 3) Encargado del Despacho de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable (foja 14). 4). Encargado de la Policía Investigadora y Policía Ministerial-Distrito Reynosa (foja 21). Ahora la autoridad responsable, con residencia en El Mante, Tamaulipas. Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas (foja 26). Al rendir sus informes previos negaron los actos que se les reclama, sin que el quejoso haya ofrecido probanza alguna que desvirtúe dichas negativas; por tanto, se niega la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia VI.2o.J/19, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, donde aparecen como datos de publicación la página 133, del tomo II, relativo a Julio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." SEGUNDO. Las autoridades responsables Juez de Primera Instancia de Ejecución Penal del Segundo, Séptimo, Octavo y Décimo Quinto Distritos Judiciales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero (foja 29), y Comandante de la Policía Ministerial del Estado Encargado del despacho de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en El Mante, Tamaulipas (foja 28), al rendir su informe previo aceptaron los actos que se les atribuye, dado que la primera de ellas, el veintisiete de agosto de dos mil veintidós, libró orden de reaprehensión en contra del quejoso, dentro de la carpeta de ejecución 304/2015, derivada de la causa penal 210/2012; de ahí que los actos se tengan por legalmente ciertos. Ahora, la diversa autoridad Encargado del Despacho de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal, con sede en El Mante, niega el acto que se le atribuye; sin embargo, dicha negativa se ve desvirtúa, dada la naturaleza de sus funciones, pues le corresponde auxiliar a la ordenadora en la ejecución de la orden de captura reclamada; por tanto, se tiene como legalmente cierto el acto que se le atribuye. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, por encontrarse satisfechos los requisitos exigidos por dicho numeral, pues lo solicita la parte quejosa y no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, puesto que no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni mucho menos se le infiere daño alguno, además que de ejecutarse los actos reclamados sería difícil la reparación de los daños y perjuicios, por lo que de conformidad con los diversos numerales 139 y 163 de la ley de la materia, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan, esto es, para que no se ejecuten actos tendentes a la privación de la libertad personal de la parte quejosa, atendiendo a la orden de reaprehensión que reclama, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que resuelva el presente juicio de amparo. La presente medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no exhibe ante este juzgado dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas previstas por la ley, preferentemente en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en el cual deberá aparecer como depositante la parte quejosa, para garantizar la devolución a la autoridad que la reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente, previa declaración judicial en la que se decrete que ha dejado de surtir efectos la suspensión concedida. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de la materia. En otro orden de ideas, debe decirse que si el delito por el cual se libró orden de reaprehensión no es grave, deberá comparecer dentro del plazo de tres días, ante el Juez de Primera Instancia de Ejecución Penal del Segundo, Séptimo, Octavo y Décimo Quinto Distritos Judiciales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, para la continuación del procedimiento seguido en su contra, de conformidad con el artículo 162, de la ley de la materia, evento que deberá acreditar a este tribunal dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas a dicha comparecencia. Cabe destacar que la anterior medida de aseguramiento tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a las autoridades responsables en caso de que le sea negado el amparo del cual deriva este incidente de suspensión; que no se sustraiga a la acción de la justicia y que la concesión de la presente medida suspensional no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, que como se dijo, es de orden público, pues de conformidad con el numeral 150 de la ley de la materia, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre los intereses particulares del aquí impetrante de garantías, que solicita el amparo en contra de actos que afectan su libertad personal y el interés de la sociedad en general. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 16/97, publicada en las páginas 226 y 227, Tomo V, Mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de la causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." Por otra parte, si la orden reclamada fue dictada en relación con un delito considerado como grave por la legislación federal o común, por lo que en esta hipótesis, el único efecto de la suspensión será que el quejoso, si es detenido, quede a disposición de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en cuanto a su libertad personal se refiere, en el lugar en que quede recluido y a disposición de la autoridad responsable correspondiente, por lo que hace a la continuación del procedimiento que en su caso se le siga. De igual manera la medida cautelar no surtirá efectos en favor de la parte quejosa, si se le sorprende en flagrante delito o bien si se trata de cumplimentar una orden dictada por autoridades distintas de las señaladas como responsables. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 125, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a Javier Soto Villaseñor, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a Javier Soto Villaseñor, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en los mismos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Diana Karen López Castillo, Secretaria que autoriza y da fe.
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