Javier Solorio Almazán
Expediente 1090/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1090/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Javier Solorio Almazán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cinco de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que con motivo de la suspensión de labores ordenada mediante los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los mismos por dicho fenómeno, se ordenó la suspensión de actividades laborales en los órganos del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, por lo que no transcurrieron términos y plazos procesales, ni se celebraron audiencias, tampoco se celebraron diligencias (a excepción de los casos que fueron calificados como "urgentes" y los relativos al "juicio en línea", en aquellos en que así procedió). Sin embargo, por diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó a partir del tres de agosto de este año, la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos. En virtud de lo anterior, y atendiendo a la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo séptimo denominado "EXPEDIENTES DEPURABLES", artículo 18, fracción I, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General; y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del citado artículo 18, previa conservación de la demanda, sentencia definitiva, del presente acuerdo y de las resoluciones que concedieron la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal como del incidente de suspensión (original y duplicado) conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Por otra parte, tomando en consideración que la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, adjuntó como complemento a su informe justificado copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 441/2006 de su índice, con la que se forma el tomo I de pruebas; ante lo innecesario que resulta que continúe a disposición de este juzgado, en obvio de mayores dilaciones devuélvase a su lugar de origen. Finalmente, tomando en consideración que es del conocimiento general que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo, mantiene la suspensión de labores jurisdiccionales con motivo de la contingencia derivada de la emergencia sanitaria a causa del virus COVID-19, resérvese el envió del comunicado oficial que derive de este acuerdo, a fin de que se imponga de su contenido, hasta en tanto reanude sus labores, quedando bajo el resguardo del Actuario Judicial adscrito. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciséis de octubre de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta signada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado Federal, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa la sentencia de diecisiete de marzo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal por lista. Notifíquese.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, MISMA QUE DICE: VISTOS; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1090/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido al día hábil siguiente por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito, Javier Solorio Almazán, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora 1. Secretaria General del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, Encargada del Despacho en calidad de Presidente por Ministerio de Ley, con domicilio en Chilpancingo. Ejecutora 2. Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo. ACTOS RECLAMADOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO ORDENADORA: Se reclama haber emitido en forma ilegal el auto de fecha nueve de octubre del año dos mil diecinueve, siendo notificado el día dieciocho del mismo mes y año antes citado; en el cual sin fundar y motivar impone una multa doble, es decir, impone una primera multa de doscientos días de salario mínimo, al apoderado legal, es decir, a su Síndico Procurador de la persona moral demandada, esto es al suscrito C. JAVIER SOLORIO ALMAZAN, y por otra parte, impone una segunda multa de doscientos días de salario mínimo al quejoso C. JAVIER SOLORIO ALMAZAN, en mi carácter de Primer Síndico Procurador del Ayuntamiento demandado; como consecuencia de lo anterior, giro oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, a efecto de que se me haga efectiva la multa de referencia, y sea pagada por mi propio peculio. DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EJECUTORA: Se reclama: llevar a cabo la ejecución de la multa de referencia, a nombre del ahora quejoso C. JAVIER SOLORIO ALMAZAN. SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada con el número 1090/2019; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, ordenó emplazar al tercero interesado Rogelio Jiménez Cabrera, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en varias ocasiones, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que se reclama la imposición de una multa al funcionario público que representa a la autoridad demandada en un juicio burocrático en la etapa de ejecución de sentencia, cuya ejecución tendrá lugar en un municipio en donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama: a) El auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 441/2006, por el que la Secretaria General del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, encargada de despacho en calidad de Presidente por Ministerio de Ley, con sede en Chilpancingo, le impuso en su carácter de Síndico Procurador Municipal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, una multa de doscientos días de salarios mínimos vigentes en esa fecha en el Estado que equivalen a la cantidad de $16,898.00 (dieciséis mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); y b) su cumplimiento a través del procedimiento administrativo de ejecución correspondiente. TERCERO. Oportunidad de la demanda. El quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, como se advierte de las constancias que obran en el tomo de pruebas (foja 301); en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del veintiuno de octubre al once de noviembre siguientes (descontados los días veintiséis y veintisiete de octubre, así como uno, dos, tres, nueve y diez de noviembre por haber sido inhábiles), de ahí que, al haberse presentado la demanda el ocho de noviembre del año pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Secretaria General del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, encargada de despacho en calidad de Presidente por Ministerio de Ley, con domicilio en Chilpancingo, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificada para ello, de ahí que en proveído de diez de enero de dos mil veinte, se le tuvo por presuntivamente cierto el acto reclamado, requiriéndosele las constancias que tomó en consideración para la emisión del mismo; así las cosas, por diversos acuerdos de veinte de enero y veinticuatro de febrero siguiente se tuvieron por recibidas las mismas relativas al expediente laboral 441/2006, a las que se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Por su parte, el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, al rendir informe con justificación por conducto del Procurador Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de dicha Secretaría, negó el acto que se le atribuye; sin embargo, dado el carácter de autoridad ejecutora con que él fue designado, se tiene por cierto el mismo, en virtud de la existencia de la multa impuesta al quejoso por la autoridad ordenadora, pues resulta inminente que puede recibir instrucciones para hacerla efectiva, ya que está dentro de sus facultades llevar a cabo tal acto. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo de la controversia constitucional que nos ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, el Secretario de Finanzas y Administración del Estado, alega que en el caso se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). Sin embargo, resulta infundada la misma ya que siendo cierto el acto reclamado, esto es, que el nueve de octubre del año pasado en virtud de que la parte demandada Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, dentro del juicio laboral 441/2006, no dio cumplimiento a lo ordenado en diverso auto de veinticuatro de mayo del mismo año, se impuso a su representante legal que resultó ser el hoy quejoso Javier Solorio Almazán, por ostentar el cargo de Síndico Procurador Municipal del referido Ayuntamiento, una multa de doscientos días de salario mínimo vigente en el Estado en esa fecha, que equivale a la cantidad de $16,898.00 (dieciséis mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). Por tanto, es evidente que con la imposición de la aludida multa si se causa una afectación a los intereses jurídicos del quejoso, y como consecuencia, no se actualiza la causa de improcedencia invocada. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. No habiendo diversa causal que analizar, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. En ese sentido, para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, se estima conveniente señalar los antecedentes del acto reclamado, que se obtienen de las constancias del juicio laboral 441/2006 (tomo I de prueba) cuyo valor se otorgó en el considerando cuarto que antecede, obteniéndose como tales los siguientes. 1. Previa substanciación del juicio laboral número 441/2006, promovido por el aquí tercero interesado Rogelio Jiménez Cabrera en contra del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, el diecinueve de octubre de dos mil once, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, dictó laudo definitivo, condenando al Ayuntamiento demandado, a la reinstalación y al pago de diversas prestaciones al actor, aquí tercero interesado (foja 1). 2. El veintisiete de enero de dos mil doce se dictó auto de ejecución por la cantidad de $1'084,587.80 (un millón ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y siete pesos 82/100 M.N.), por lo que se comisionó al Actuario para que requiriera de pago al Ayuntamiento demandado, y en caso de negativa a cubrir el monto requerido, le embargara bienes muebles e inmuebles que garantizaran dicho pago, dejando a salvo los bienes que señala el artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de esa materia, así como las partidas presupuestales estatales y federales, por ser inembargables (foja 20). 3. El uno de febrero de dos mil doce tuvo lugar la diligencia ordenada, con el resultado asentado en el acta relativa (foja 23). 4. El dos de febrero siguiente se tuvieron por legalmente embargadas las cuentas bancarias del Ayuntamiento demandado ahí señaladas, hasta por la cantidad de $1'084,587.80 (un millón ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y siete pesos 82/100 M.N.), por lo que se ordenó girar oficio a la institución bancaria Banamex para efecto de que emitiera el cheque a nombre del actor por la cantidad citada y la depositara ante ese Tribunal (foja 28). 5. Mediante acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil doce, se tuvo al apoderado legal de la institución bancaria Banamex, exhibiendo el cheque de caja número 9479029 a nombre del actor por la cantidad mencionada en el párrafo que antecede, mismo que se entregó a éste en esa misma fecha (foja 41). 6. Luego el seis de octubre de dos mil quince, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la reinstalación del actor, asimismo se actualizaron los salarios caídos por la cantidad de $582,442.00 (quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), por lo que se comisionó al Actuario para que requiriera de pago al Ayuntamiento demandado, apercibiéndose a éste que de no cumplir se le aplicaría una multa de trescientos pesos de conformidad con el artículo 95 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero (foja 76). 7. El veintisiete de noviembre de dos mil quince tuvo lugar la diligencia ordenada, con el resultado asentado en el acta correspondiente (foja 79). 8. Seguido el procedimiento de ejecución, en auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, no se acordó de conformidad lo solicitado por el actor en el sentido de que se obligara al Ayuntamiento demandado a que incorporara la condena en su presupuesto de egresos, en razón de que no existía precepto que facultara al Tribunal a realizar esa acción, así como fincarle a aquél un arresto ya que el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero tenía establecidos sus propios medios de apremio, entre los que no se encontraba tal medida (foja 127). 9. Contra dicho auto el actor promovió el juicio de amparo número 1248/2017 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, mismo que por resolución de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado dejara insubsistente el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete y en su lugar, dictara uno nuevo en el que requiriera al Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que realizara las acciones pertinentes tendentes a dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos para cumplir con el laudo, ya sea mediante la ampliación del presupuesto o la instrumentación de mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado (foja 191). 10. En cumplimiento a lo anterior, el veinte de abril de dos mil dieciocho, se dejó insubsistente el auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete y se requirió al Ayuntamiento demandado para que realizara las acciones pertinentes tendentes a dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos para cumplir con el laudo, ya sea mediante la ampliación del presupuesto o instrumentación de mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado a efecto de que se pudiera reinstalar al actor y cubrirle el pago de $582,442.00 (quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) (foja 198). 11. Mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en atención al escrito presentado por el actor, se requirió nuevamente al Ayuntamiento demandado diera cumplimiento total al laudo, es decir, exhibiera dentro del término de diez días el pago al actor de la suma de $582,442.00 (quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), apercibiéndose al aquí quejoso en su carácter de Síndico Procurador Municipal del Ayuntamiento demandado, que de no cumplir con lo anterior, se le aplicaría una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente, de conformidad con el artículo 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero (foja 216). 12. Finalmente, en auto de nueve de octubre del año pasado, se tuvo por recibido el escrito a través del cual el apoderado legal del Ayuntamiento demandado informó su imposibilidad para cumplir con lo ordenado, no obstante no se tuvo por admitida la supuesta justificación que informó, por lo que dada su renuencia a dar cumplimiento total al laudo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se impuso al aquí quejoso Javier Solorio Almazán, en su carácter de Primer Síndico Procurador Municipal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, una multa de doscientos días de salario mínimo vigente en el Estado, que equivale a la cantidad de $16,898.00 (dieciséis mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), con fundamento en los artículos 95 y 96 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, y se ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado a fin de que realizara las gestiones necesarias para el cobro de la multa, requiriéndose nuevamente al Ayuntamiento demandado el pago al actor de la cantidad total a que fue condenado, apercibido que en caso de no hacerlo así, el Primer Síndico Procurador Municipal se haría acreedor a otra multa ahora de doscientos cincuenta días de salario mínimo. Proveído que constituye el acto reclamado (foja 298). Ahora bien, el quejoso en sus conceptos de violación manifiesta esencialmente que el acuerdo reclamado transgrede en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en atención a lo siguiente: a) Se le aplica una doble multa, ya que primeramente se le hace efectivo el apercibimiento contenido en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, y posteriormente, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de veinticuatro de enero del mismo año, pese a que este último no existe en actuaciones del juicio laboral de origen, es decir, el Tribunal responsable hace efectivo en el auto que se combate dos apercibimientos de autos emitidos con fecha diversa. b) Se determinó imponer la multa al apoderado legal del Ayuntamiento demandado, indicándose que éste era su Síndico Procurador, no obstante, el Ayuntamiento consta de dos sindicaturas y si bien la representación jurídica puede recaer en cualquiera de ellas, ambas tienen sus facultades reguladas pues el Primer Sindico conoce de los asuntos de orden administrativo, financiero, contable y patrimonial mientras que el Segundo conoce de los asuntos en materia de gobernación, justicia, seguridad pública, policía y buen gobierno, por lo que se debió motivar a cuál de los dos Síndicos Procuradores con que cuenta el Ayuntamiento se aplicaba tal medida. c) Que el quejoso no forma parte del juicio, es decir no fue demandado por el actor, por lo que la multa impuesta al Ayuntamiento demandado no debe aplicarse a sus funcionarios sino a la propia entidad pública demandada quien debe cubrirla a través de sus propios recursos económicos, es decir, con el presupuesto asignado, por ser el obligado a responder de las resultas del juicio laboral, y no con el peculio de sus integrantes o funcionarios en lo personal, como lo es el del quejoso, quien tiene el carácter de Primer Sindico. d) No se encuentra debidamente motivado, ya que no se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en que el Tribunal responsable se apoyó para determinar su capacidad económica así como la existencia y gravedad de la infracción, adecuando dichos lineamientos con las circunstancias especiales al caso concreto. En este punto, debe recordarse que el presente asunto es de naturaleza laboral y quien acude al amparo es un representante de la patronal; por tanto, la legalidad del auto reclamado, será analizada de acuerdo a lo estrictamente expresado por el quejoso en sus motivos de inconformidad; pues no opera la suplencia de la queja a su favor, al no encontrarse contemplada en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, para estar en aptitud de dilucidar sobre lo fundado o infundado de los motivos de disenso, en primer término es necesario tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, que en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.). Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." Y en los que se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que de la segunda se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En correlación con lo anterior, los preceptos 95, 96, 97 y 98, de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente, disponen: "Artículo 95. El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas de 200 a 500 días de salarios mínimo vigente en la capital del Estado de Guerrero." "Artículo 96. Las multas se harán efectivas por la Dirección General de Hacienda y Economía del Estado, para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Dirección de Hacienda informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa señalando los datos relativos que acrediten su cobro." "Artículo 97. El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." "Artículo 98. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores." De los numerales transcritos se advierte que la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, establece el procedimiento de ejecución a seguir por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado en el juicio burocrático 441/2006. En ese sentido, de la confrontación de los antecedentes directos del acuerdo reclamado con los ordinales invocados, se obtiene que el apercibimiento de la medida de apremio citada, contenido en el auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se notificó a la parte demandada, pues mediante escrito presentado el veinticinco de junio siguiente, el apoderado legal de dicha parte desahogo el requerimiento efectuado e informó que se encontraba imposibilitado para dar cumplimiento a lo solicitado en el auto de referencia, entonces válidamente puede afirmarse que, contrario a lo esgrimido por el quejoso en su concepto de violación identificado con el inciso d), la Secretaria General del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, encargada de despacho en calidad de Presidente por Ministerio de Ley, si ajustó su proceder al texto constitucional destacado al emitir el proveído de nueve de octubre del año anterior. Lo anterior es así, porque previo a hacer efectiva la multa respectiva, se hizo saber al destinatario del requerimiento tanto la obligación que debía cumplir, el plazo que tenía para hacerlo, así como la consecuencia en caso de incumplimiento. Asimismo, se observa que la autoridad responsable ordenadora tuvo en consideración, entre otros aspectos, las evasivas de la autoridad demandada de dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio natural, habida cuenta que desde el uno de febrero de dos mil doce tenía conocimiento del mismo, sin que hasta esa fecha le hubiera dado cumplimiento total, es decir, de conformidad con lo manifestado por la Secretaria General del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, encargada de despacho en calidad de Presidente por Ministerio de Ley, no se esgrimió argumento eficiente alguno para justificar la imposibilidad alegada para dar total cumplimiento al laudo, de lo que pendió su decisión de imponer la sanción a la que se hizo acreedor el quejoso como Síndico Procurador y representante del Ayuntamiento demandado. De lo anterior deriva lo infundado del motivo de disenso en estudio, ya que contrario a lo señalado, los artículos 95 y 98 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, (fundamento), establecen cuál es la consecuencia que trae aparejado el incumplimiento al requerimiento de las determinaciones emitidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado en el sentido de dar cumplimiento a los laudos, en tanto que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para aplicar dichos preceptos al caso concreto, fueron precisamente el incumplimiento en el plazo otorgado atribuible al destinatario del requerimiento, por lo cual se encuentran colmadas las exigencias previstas en los numerales constitucionales en cita. Además que tampoco puede soslayarse que de conformidad con los ordinales invocados, queda de relieve el hecho de que la autoridad responsable ordenadora está facultada para requerir el cumplimiento del laudo emitido en el juicio burocrático de origen, sin que sea necesario exigir mayor fundamentación y motivación para ello, porque como se advierte de aquéllos ordinales, ese proceder es una consecuencia lógica y natural del propio sentido del laudo definitivo, que está expresamente regulado en los artículos 95 a 98, de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 127/99, que dentro de los elementos para determinar el monto de una multa, se encuentran, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia. Sin embargo, no se advierte que el acto reclamado trastoque los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica del quejoso previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues en el auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, sí se individualizó la sanción atendiendo a los elementos objetivos que obran en el expediente, los que se advierte que los hizo consistir en agravantes (renuencia), fundando y motivando su determinación, de conformidad con el mandato contenido en el último de los numerales citados. Además, no se vulneran dichos derechos al no establecerse cuál es la capacidad del infractor, ya que el mencionado artículo 95 de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero otorga al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable; pues en el caso se trata de personas físicas que ostentan cargos de servidores públicos municipales, quienes indudablemente tienen la capacidad de cumplir dichas medidas de apremio, aunado a ello, a nada práctico conduciría declarar fundado dicho argumento, por las razones expresadas; ni tampoco, era necesario que se tomara en consideración el monto del negocio, al no ser un elemento indispensable para individualizar la multa. De ahí que no le sean benéficos los criterios que invoca el quejoso, dado que los elementos que deben atenderse al fijarse las multas en un juicio burocrático, quedaron debidamente requisitados. Del mismo modo resultan infundados los motivos de inconformidad precisados en los incisos b) y c), ya que ha sido criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al integrar la jurisprudencia 2a./J. 3/2001, que las multas impuestas a funcionarios o titulares de la dirección o dependencia de gobierno o del organismo descentralizado de que se trate, incluso con la finalidad de vencer la contumacia al cumplimiento de una sentencia dentro del procedimiento de su ejecución, deben entenderse impuestas a las personas físicas o funcionarios que en su actuar omiten cumplir totalmente con la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo de que se trate y por ende, son precisamente ellos, como personas físicas, quienes deben cumplirlas con su peculio y no con el presupuesto de la dependencia o dirección de gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado respectivo. Dicho criterio jurisprudencial que sirve de apoyo se encuentra publicado en la página 110, Tomo XIII, Febrero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo." Es decir, el hecho de que el quejoso no haya sido señalado como demandado (persona física) en el juicio laboral, no impide que se le imponga la multa reclamada, ya que de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, corresponde a los Síndicos Procuradores representar jurídicamente al Ayuntamiento y gestionar los negocios de la Hacienda Municipal, por lo que si la autoridad demandada en el juicio de origen lo es el Ayuntamiento de esta ciudad, se estima correcto que el Tribunal Laboral hubiera hecho efectiva la multa a éste a través de su Primer Síndico Procurador, por ser quien lo representa, cargo que ostenta el aquí quejoso pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda aunado a que es un hecho notorio tal circunstancia como se advierte de la página www.acapulco.gob.mx/gobierno/. Por otro lado, tampoco se estima acertado lo alegado por el quejoso en el sentido de que no se motivó el por qué la multa se imponía al Primer Síndico y no al Segundo Síndico, esto sobre la base de que tratándose de resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional dentro de un procedimiento (como el que nos ocupa), la garantía de legalidad puede colmarse ante la falta de cita de los fundamentos relativos, con la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para orientar el sentido de una determinación, de modo que esos argumentos conduzcan a la norma aplicable; y así el gobernado esté en aptitud de conocer sobre bases objetivas, el porqué de esa determinación y no otra, para procurarse una adecuada defensa, y en el caso corresponde al Primer Síndico Municipal conocer de los asuntos de orden administrativo, financiero, contable y patrimonial en términos del artículo 60 de la ley en cita. Por tanto, si el tribunal responsable hizo efectiva una sanción pecuniaria dentro de un juicio del orden laboral, entonces es incuestionable que el citado funcionario y no otro, debía ser el destinatario del requerimiento relativo y en su caso, el que debía responder de la consecuencia de su desacato. Por último, tenemos que resulta fundado pero inoperante el concepto de violación que hace valer en el inciso a), ya que si bien es cierto que la Secretaria General del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, encargada de despacho en calidad de Presidente por Ministerio de Ley, en el acuerdo reclamado también hizo alusión al proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, ello obedece a un error mecanográfico que pudo realizarse de manera involuntaria, por lo que a nada practico conduciría otorgar la protección de la Justicia de la Unión para que se corrigiera, pues de la lectura de aquél se obtiene que el auto cuyo apercibimiento hizo efectivo fue el diverso de fecha veinticuatro de mayo del año pasado a que también se alude en el acuerdo impugnado, de ahí que el citado error solamente revela que hubo una equivocación por parte de la referida autoridad al momento de asentar la fecha del acuerdo que contiene el apercibimiento que hizo efectivo, pero no trae como consecuencia que se le impusiera una doble multa como refiere el quejoso. En mérito de lo expuesto, al devenir infundados y fundado pero inoperante los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitó. Determinación que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, en virtud de que el acto que se le reprocha no se ataca por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada al de la ordenadora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en este asunto no obstante que algunas fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Javier Solorio Almazán, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE..
- Incidental
Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1090/2019; y, R E S U L T A N D O:... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a Javier Solorio Almazán, la suspensión definitiva que solicitó en términos de lo precisado en el considerando segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a Javier Solorio Almazán, la suspensión definitiva que solicitó en términos de lo expuesto en último considerando de esta resolución. Notifíquese.
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