Javier Solis Torices
Expediente 966/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Javier Solis Torices
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por...apoderada de...fórmese y regístrese el expediente bajo el número 966/2022-I. DESECHAMIENTO En el caso se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es procedente contra la última resolución de tribunales del trabajo realizada fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, cuando se trata de una omisión de la autoridad responsable en ejecución de sentencia, la cual, impacta en el derecho sustantivo establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la acción de amparo procede cuando exista una abierta dilación o una paralización del proceso jurisdiccional, pues de lo contrario no puede hablarse de una afectación a derechos sustantivos. Ahora, al analizarse la demanda de amparo, este juzgado de distrito advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de acordar lo solicitado en la diligencia de ejecución de laudo de dos de agosto de dos mil veintidós, en el sentido de girar oficio al Banco Nacional de México, sociedad anónima, integrante del Grupo Financiero BANAMEX, a efecto de embargar la cuenta bancaria de la parte demandada, en el expediente 193/2018 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco. En el caso, el acto reclamado constituye un acto después de concluido el juicio, pues de los antecedentes que el propio quejoso refiere bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, se advierte que el expediente laboral se encuentra en la etapa de ejecución de laudo. Por su parte, el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, señala en lo que interesa, que la Junta dictará sus resoluciones dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley. Asimismo, el precepto 945 del código obrero, indica que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Entonces, la autoridad después de que se llevó la diligencia de embargo y en la misma se solicitó que se girara oficio a efecto de que se embargara la cuenta bancaria de la parte demandada, debía emitir el acuerdo correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, es decir, el cuatro de agosto del año en curso; y si bien se advierte que ya transcurrió el plazo para que se proveyera lo conducente; lo cierto es que el acto reclamado no queda comprendido en el supuesto de procedencia establecido en el citado artículo 107, fracción IV, porque no es un acto de imposible reparación, ya que no transgrede ni afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se llega a la anterior determinación, dado que la omisión reclamada no afecta directa e inmediatamente el derecho sustantivo fundamental relativo a la impartición de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se da la excepción que haga procedente el amparo; es decir, que exista una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (diecisiete de agosto del año en curso), sólo habían transcurrido nueve días hábiles, desde que feneció la obligación de la autoridad de acordar su solicitud en cuarenta y ocho horas; por lo que se considera que no hay un detrimento en los derechos humanos de la parte quejosa, en virtud que es necesario conceder debida oportunidad a la autoridad a fin de realizar la tramitación correspondiente, y con ello dar una respuesta congruente a la petición ante ella presentada y se le haga de su conocimiento. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, de texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Sin que con la presente determinación se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, quien es actor en el juicio de origen, ya que en términos de la jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, visible en la página 1927, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto: "DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales". Permite al juzgador analizar en cada caso si existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, atendiendo a la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada. De ahí que se estima que para que se dé la abierta dilación en la etapa de ejecución de sentencia, debe mediar un tiempo considerable a partir de que surgió la obligación de la autoridad para emitir su acuerdo; lo que en el caso no acontece, puesto que sólo han transcurrido a la presentación de la demanda de amparo once días desde que se llevó a cabo la diligencia de embargo, y nueve desde que se debía acordar su solicitud, siendo que debe otorgarse un tiempo prudente superior al que estipula la ley antes mencionada, para que se emita el acuerdo de ejecución. Lo anterior se considera así, puesto que no puede existir una abierta dilación, enseguida de que se realice la diligencia de embargo, ya que ello equivaldría a la promoción interminable de juicios de amparo al no acordarse de inmediato las solicitudes de las partes, lo que no conseguiría la finalidad del juicio de amparo que es reparar violaciones a derechos sustantivos. Entonces, para quien resuelve, en el caso concreto, el plazo prudente que debe mediar como máximo para que exista una abierta dilación para que la autoridad responsable provea la petición formulada por el ahora quejoso relacionadas con el embargo de cuenta de la parte demandada, es el de treinta días hábiles, si se tiene en cuenta que el precepto 945 del código obrero, indica que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación; de ahí que se estima conducente duplicar ese plazo a treinta días hábiles, para que ante la omisión de la autoridad responsable se consume la dilación excesiva que haga procedente el juicio de amparo. Por tanto, si a la fecha de la promoción de la demanda no había transcurrido el plazo en comento, debe desecharse la misma al no actualizarse una abierta dilación. Lo anterior no deja en estado de indefensión al quejoso, ya que si la autoridad persiste en su actitud omisa y se actualiza la abierta dilación, tiene expedito su derecho para promover el medio de defensa conducente. En ese orden de ideas, el admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el principio de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes mencionada, SE DESECHA la demanda en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, como lo solicita se ordena realizarle todo tipo de notificaciones vía electrónica por conducto del usuario "JGRIMALDOG". Con base en la parte final del párrafo quinto del artículo 3 de la ley de la materia, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario "JGRIMALDOG"; asimismo, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Se autoriza a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para la realización de cualquier diligencia ordenada en autos. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa..."
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