Javier Serrato Villagomez

Expediente 79/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
79/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Javier Serrato Villagomez
  • Jefe de Separtamento de Vivienda Guanajuato del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Denominacion Correcta Foja 48)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que, por acuerdo de veinticinco de junio pasado, se ordenó el archivo del presente asunto, indicándose que se sobreseyó en el juicio de amparo; empero, ordenándose la depuración del expediente en que se actúa. Sin embargo, deviene necesario precisar que de conformidad con el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, su destino es destruible, por lo que, a fin de lograr su correcto destino, en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, se regulariza el procedimiento para el único efecto de establecer que en el presente asunto su destino es destruible, en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto, de conformidad con el citado marco legal...

  2. Principal

    ...Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la sentencia en la que este Juzgado sobreseyó en el presente juicio, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que se determinó sobreseer en el juicio; por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO" Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó documentos al presente asunto, de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora, respecto de los documentos exhibidos en el presente juicio catalogados como no originales, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce treinta a las dieciocho treinta horas, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...

  3. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***** LA SENTENCIA DICTADA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CUAL SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: TERCERO. Inexistencia de actos. No es cierta la omisión reclamada a las autoridades responsables Vocal Ejecutivo y del Jefe de Departamento, ambos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que así lo expresaron las autoridades responsables, al momento de rendir su informe con justificación. Negativa que se corrobora, precisamente, con el propio escrito de trece de junio de dos mil diecinueve, cuya omisión de respuesta reclama la parte quejosa, del que se advierte que no lo dirigió ni presentó ante dichas autoridades, sino en general al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Guanajuato, esto es, una diversa autoridad. En ese sentido, como la parte quejosa no aportó prueba alguna para acreditar que elevó la petición, cuya omisión reclama, a dichas autoridades, se debe SOBRESEER en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a esas autoridades en particular, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de actos. Son ciertos los actos que la parte quejosa le atribuye a Titular de la Delegación Guanajuato, y al Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda Guanajuato, ambos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que, si bien negaron los actos reclamados, lo cierto es que realizaron manifestaciones que desvirtúan dicha negativa. Máxime que de autos se advierte que la parte quejosa dirigió su escrito, cuya omisión de respuesta reclama, al Titular de la Delegación Guanajuato del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recibido por el Departamento de Vivienda de dicha institución el trece de junio de dos mil diecinueve, de ahí que se corrobore la existencia del acto reclamado. Por su parte, del oficio ***** de diez de marzo de dos mil veinte, se corrobora que el Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, dio contestación a la petición de la parte quejosa, que también constituye el acto reclamado, incluso, se le notificó, de ahí que se le tenga por cierto para efectos del presente juicio de amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. En el caso, en cuanto a la omisión de dar respuesta al escrito de la quejosa presentado el trece de junio de dos mil diecinueve, por medio del cual, en esencia, solicitó aclaración sobre los pagos y adeudos que ha realizó de su crédito hipotecario, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos. En efecto, para que se actualice tal causa de improcedencia es necesario que se destruyan todos los efectos del acto en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo, el criterio del tenor siguiente: Registro digital: 168189 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 205/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, enero de 2009, página 605 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. Contradicción de tesis 164/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Tesis de jurisprudencia 205/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de diciembre de dos mil ocho. En el caso, como se adelantó, la parte quejosa reclama del Titular de la Delegación Guanajuato del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la omisión de responder su escrito presentado ante el Departamento de Vivienda de dicha institución el trece de junio de dos mil diecinueve, por medio del cual solicitó aclaración sobre los pagos y adeudos que ha realizó de su crédito hipotecario con dicha institución. Sin embargo, de autos se advierte que mediante oficio ***** de diez de marzo de dos mil veinte, el Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, dio contestación a la petición de la parte quejosa. En tales condiciones, si lo que se reclama es la falta de contestación al escrito de referencia y a la fecha ya quedó subsanada, no obstante, por una diversa autoridad, dependiente de la misma institución, han cesado los efectos del acto reclamado, lo que conduce a sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en cuanto a dicha autoridad y omisión reclamada. Por otro lado, en cuanto al oficio de ****** de diez de marzo de dos mil veinte, por medio del cual el Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, dio contestación a su escrito presentado el trece de junio de dos mil diecinueve y, su notificación realizada a su autorizado el trece de marzo de dos mil diecinueve, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al no tener la calidad de autoridad responsable pues su relación con el quejoso no es de supra a subordinación, sino de coordinación. En efecto, de tales dispositivos legales se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto que, precisamente, es el que no se estima que pueda recaerle al acto impugnado, pues el Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo, por la naturaleza del acto que se le atribuye y la situación jurídica en la que se ubica con respecto al quejoso. Para demostrar lo anterior, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones, como son las relativas a los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad" y las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio del tenor siguiente: Registro digital: 199459 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, febrero de 1997, página 118 Tipo: Aislada AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Amparo en revisión 1195/92. Julio Oscar Trasviña Aguilar. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número XXVII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete. Nota: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 300, de rubro: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 519. Como se desprende de la lectura del criterio invocado, es dable concluir que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que, teniendo las características de órgano público otorgadas por la norma jurídica, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por lo que, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. En relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene relevancia el análisis de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que el acto reclamado en este juicio no es de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, las que se regulan por el derecho civil, mercantil, laboral, etcétera. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Sirve de apoyo, el criterio del tenor siguiente: Registro digital: 161133 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Contradicción de tesis 2/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Contradicción de tesis 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito) y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito). 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Contradicción de tesis 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Eduardo Alvarado Ramírez. Contradicción de tesis 253/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la misma región) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de jurisprudencia 164/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once. Entonces, si bien es cierto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, incluso por conducto de sus dependencias internas, puede tener el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, también lo es que no todos sus actos lo sitúan en tal hipótesis, sino únicamente aquellos en los que pueda crear, modificar o extinguir de manera unilateral, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de algún gobernado, derivado de una relación de supra a subordinación (gobernante-gobernado). Así, el Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, que el promovente de amparo indicó como autoridad responsable, debe considerarse como tal, únicamente cuando actúe con la solicitante de protección constitucional en una relación de supra a subordinación, en la que aquél tiene incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica que pueda crear, modificar o extinguir. En el caso, como se adelantó, la parte quejosa reclama, el oficio de ***** de diez de marzo de dos mil veinte, por medio del cual dicha autoridad dio contestación a su escrito presentado el trece de junio de dos mil diecinueve, en la que, en esencia, le aclaran los pagos y adeudos que tiene con relación a su crédito hipotecario con dicha institución. Por tanto, dicha respuesta, no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; toda vez que lo impetrado está relacionada a los pagos y adeudos con motivo del crédito hipotecario que tiene el quejoso con dicha dependencia, por lo que no constituye un acto de autoridad, sino de coordinación derivado del contrato correspondiente. En efecto, como se ha puntualizado, si bien es cierto que en esta determinación se ha expuesto que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, incluso, sus dependencias derivadas, sí puede ser autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, también lo es que tal supuesto únicamente se actualiza cuando, con su actuar, pueda crear, modificar o extinguir de manera unilateral situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de algún gobernado, derivado de una relación de supra a subordinación. En tal circunstancia, el acto aquí combatido, incluso su notificación, no incide sobre derechos del quejoso en su calidad de gobernado en relación con la autoridad que señaló como responsable, pues aún y cuando, como en el caso, se reclama una transgresión al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal actuar desplegado por la autoridad señalada como responsable, queda comprendido en la relación de coordinación del contrato hipotecario que los vincula, regida por ordenamientos de derecho civil, pues la posición del quejoso frente a la autoridad no es la de un gobernado, pues el hecho de que en su solicitud invoque aquella norma constitucional, no cambia la naturaleza del acto mismo, el cual no emerge del imperio que corresponde al Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, como parte de la administración pública en la prestación de un servicio a cargo del Estado, sino que tiene como origen el derecho que posee de conocer los pagos y adeudos, incluso las aclaraciones correspondientes a los mismos, con motivo del crédito que tiene con dicha institución, tan es así, que en su escrito de ampliación de demanda, controvierte que los cálculos efectuados, con motivo de sus pagos y adeudos al referido crédito resultan ilegales, lo cual no puede ser analizada dicha respuesta, precisamente, porque dicho instituto no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo, por las razones que informa y por identidad, el criterio del tenor siguiente: Registro digital: 199460 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: P. XXVIII/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, febrero de 1997, página 119 Tipo: Aislada AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter. Amparo en revisión 1195/92. Julio Oscar Trasviña Aguilar. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número XXVIII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete. Así, ante lo expuesto es de colegirse que la improcedencia invocada, tiene como base que el quejoso, elevó escrito ejerciendo el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual le fue otorgada una respuesta, la cual también fue notificada, por ello, es de advertirse que se trata de una petición innegablemente vinculada con el contrato de crédito hipotecario que tiene con la autoridad responsable, relacionado con los pagos y adeudos, incluso descuentos que le hacen con el fin de cubrirlo. Aunado a lo anterior, el escrito petitorio del quejoso lo realiza derivado de la relación de coordinación, es decir, de igualdad, que le une con la autoridad, en cuyo caso, no se está en presencia de un acto de autoridad para efecto del juicio de amparo, pues la petición se elevó al instituto en su carácter de parte en el contrato que suscribieron, lo que no significa que, en este específico caso, pueda estimarse que la respuesta dada a su escrito correspondiente, constituya un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, entre el quejoso y el Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, existe un contrato de crédito hipotecario, cuyo vínculo no genera un tipo de relación de supra a subordinación, ni está de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública En consecuencia, el oficio de respuesta a través del cual se atiende lo peticionado por el quejoso, incluso su notificación, tampoco tiene la calidad de acto de autoridad, por lo que no es jurídicamente factible reclamar su inconstitucionalidad en el juicio de amparo, toda vez que la respuesta emitida y su notificación, no vincula por sí y ante sí la situación jurídica del peticionario, modificando o extinguiendo algún derecho relacionado o derivado del otorgamiento. Sirve de apoyo, por las razones que informa, el criterio del tenor siguiente: Registro digital: 165782 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 211/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, diciembre de 2009, página 303 Tipo: Jurisprudencia INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente. Contradicción de tesis 57/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Octavo Circuito y el entonces Cuarto del Décimo Sexto Circuito, actualmente Segundo en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito. 28 de octubre de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro Martínez. Tesis de jurisprudencia 211/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de noviembre de dos mil nueve. Consecuentemente, el escrito de petición del quejoso, constituye un acto verificado entre partes en un plano de coordinación donde la nota distintiva es la igualdad jurídica, pues el origen de esa relación, es un contrato de crédito hipotecario, por lo que al carecer la autoridad responsable, de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, de que todo acto de autoridad está revestido, actúa como parte de dicho contrato y no como autoridad; por lo que, la posición del quejoso frente a la autoridad no es la de un gobernado, pues el hecho de que en su escrito petitorio, invoque el artículo 8 Constitucional, no cambia la naturaleza del acto mismo, el cual no emerge del imperio, pues no afecta por sí y ante sí, la esfera jurídica del gobernado. Por tales motivos, válidamente se tiene por demostrada la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al ser notoria y manifiesta la falta de calidad de autoridad responsable por parte del Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para efectos del juicio de amparo. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano