Javier Senosiain Aguilar

Expediente 1863/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1863/2014
Año
2014
Actuaciones
21
Última actuación
10/03/2016

Partes del expediente

  • Javier Senosiain Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por las autoridades responsables; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por las autoridades. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de ocho de mayo de dos mil quince (fojas 75 a 81), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la justicia Federal, para los efectos siguientes: "[---] el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, se pronuncie respecto de las solicitudes presentadas por el quejoso el catorce de octubre de dos mil catorce identificadas con los números 15140033329 y 15140033330 -sin que ello implique que la haga en determinado sentido-, y la notifique al promovente." Así, por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil quince (foja 96), se declaró que la sentencia había causado ejecutoria y al haberse otorgado el amparo a la parte quejosa con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En respuesta, mediante oficio RAN-EM-2580/2015 El Delegado del Registro Agrario Nacional Delegación Estado de México, comunicó las gestiones tendentes a dar cumplimiento al fallo protector, y remitió copias certificadas de diversas constancias, entre ellas los diversos oficios RAN-EM-2569/2015 y RAN-EM-2570/2015, de las cuales se advierte las contestaciones al ahora quejoso, en el sentido, respecto a la solicitud de trámite 15140033329, la autoridad responsable señaló que se había cancelado el certificado 1017044 y en consecuencia se generó el título de propiedad de origen parcelario 1000189, por lo que a partir de su inscripción dicha parcela queda sujeta a las disposiciones de derecho común, y por tanto deberá inscribirse el título generado en el registro público de la propiedad correspondiente; el cual fue hecho del conocimiento al representante legal del quejoso el once de agosto de dos mil quince, tal y como se advierte del oficio que obra a fojas 157 de autos. Con relación a la respuesta 151400333300, la autoridad responsable señaló que se había cancelado el certificado 1017045 y en consecuencia se generó el título de propiedad de origen parcelario 1000190, por lo que a partir de su inscripción dicha parcela queda sujeta a las disposiciones de derecho común, y por tanto deberá inscribirse el título generado en el registro público de la propiedad correspondiente; el cual fue hecho del conocimiento al representante legal del quejoso el once de agosto de dos mil quince, tal y como se advierte del oficio que obra a fojas 158 de autos, con lo cual dicha autoridad refiere dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, en proveído de doce de agosto de dos mil quince (foja 165), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que realizara alguna manifestación con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que la autoridad responsable cumplió con los aspectos establecidos y satisficieron los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues la responsable dio contestación a las solicitudes realizadas, en estricto acatamiento a los argumentos vertidos en la sentencia de amparo. En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Lo que se robustece con la jurisprudencia visible en la página 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2014, Tomo I, Libro 12, Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno; se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo.

  2. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS POR MEDIO DE LISTA: "Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por las autoridades responsables; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por las autoridades. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de ocho de mayo de dos mil quince (fojas 75 a 81), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la justicia Federal, para los efectos siguientes: "[---] el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, se pronuncie respecto de las solicitudes presentadas por el quejoso el catorce de octubre de dos mil catorce identificadas con los números 15140033329 y 15140033330 -sin que ello implique que la haga en determinado sentido-, y la notifique al promovente." Así, por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil quince (foja 96), se declaró que la sentencia había causado ejecutoria y al haberse otorgado el amparo a la parte quejosa con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En respuesta, mediante oficio RAN-EM-2580/2015 El Delegado del Registro Agrario Nacional Delegación Estado de México, comunicó las gestiones tendentes a dar cumplimiento al fallo protector, y remitió copias certificadas de diversas constancias, entre ellas los diversos oficios RAN-EM-2569/2015 y RAN-EM-2570/2015, de las cuales se advierte las contestaciones al ahora quejoso, en el sentido, respecto a la solicitud de trámite 15140033329, la autoridad responsable señaló que se había cancelado el certificado 1017044 y en consecuencia se generó el título de propiedad de origen parcelario 1000189, por lo que a partir de su inscripción dicha parcela queda sujeta a las disposiciones de derecho común, y por tanto deberá inscribirse el título generado en el registro público de la propiedad correspondiente; el cual fue hecho del conocimiento al representante legal del quejoso el once de agosto de dos mil quince, tal y como se advierte del oficio que obra a fojas 157 de autos. Con relación a la respuesta 151400333300, la autoridad responsable señaló que se había cancelado el certificado 1017045 y en consecuencia se generó el título de propiedad de origen parcelario 1000190, por lo que a partir de su inscripción dicha parcela queda sujeta a las disposiciones de derecho común, y por tanto deberá inscribirse el título generado en el registro público de la propiedad correspondiente; el cual fue hecho del conocimiento al representante legal del quejoso el once de agosto de dos mil quince, tal y como se advierte del oficio que obra a fojas 158 de autos, con lo cual dicha autoridad refiere dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, en proveído de doce de agosto de dos mil quince (foja 165), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que realizara alguna manifestación con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que la autoridad responsable cumplió con los aspectos establecidos y satisficieron los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues la responsable dio contestación a las solicitudes realizadas, en estricto acatamiento a los argumentos vertidos en la sentencia de amparo. En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Lo que se robustece con la jurisprudencia visible en la página 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2014, Tomo I, Libro 12, Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno; se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo." (CITATORIO)

  3. Principal

    A los autos el oficio de cuenta, signados por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, a través del cual informan que por misiva EM/02580/201 comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Información de la que toma conocimiento este juzgado federal, sin hacer mayor proveído, puesto que el diez y dos de los actuales, se emitieron los pronunciamientos correspondientes.

  4. Principal

    A los autos los oficios de cuenta, signados por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, a través del cual informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remiten copia certificada de diversas constancias. Ténganse por hecha del conocimiento de este juzgado la información aportada, para los efectos legales a que haya lugar. En esas condiciones, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho y representación convenga, en relación con el cumplimiento realizado al fallo protector. Transcurrido el plazo dado a las partes mencionadas, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia.

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