Javier Sánchez García

Expediente 636/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
636/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
23/04/2018

Partes del expediente

  • Javier Sánchez García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo , se declara que la aludida resolución ha causado estado para todos los efectos de ley.archívese el presente asunto por estar concluido. se considera susceptible de destrucción. este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el telegrama de cuenta, enviado por el Jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual, solicita copia de demanda de amparo, para estar en aptitud de emitir su informe justificado; por consiguiente, conforme a lo dispuesto por los numerales 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables rindan su informe con justificación dentro del término de quince días contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación del presente proveído y con la oportunidad a que se refiere el primer párrafo del tercero de los numerales invocados, en la inteligencia que de no rendir su informe justificado, en la sentencia que en el asunto se dicte se tomará en cuenta tal omisión, sancionable en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; esto es, se presumirá la certeza del acto reclamado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que deberá acompañar a su informe justificado, copias certificadas completas y legibles de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, en el entendido que de no rendirse éste, de no acompañar las copias, o que éstas se encuentren ilegibles, total o parcialmente; se le impondrá una multa a cada omisa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Hágase del conocimiento de la responsable que se encuentran señaladas las diez horas con seis minutos del cinco de abril de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafon del Estado de Jalisco, mediante el cual, informa en relación con el cumplimiento de la sentencia y al efecto remite copia certificada de la actuación de catorce de febrero de esta anualidad, dictada en el expediente laboral 1453/2008-A2, de su índice; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere nuevamente a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, sin mayor demora, lleve a cabo los trámites legales a su cargo, necesarios para lograr el cumplimiento del laudo de dieciocho de agosto de dos mil nueve, incluida la eficaz e inmediata aplicación de la medidas de apremio establecidas en el artículo 143, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Asimismo, conforme a lo establecido por la contradicción de tesis 375/2011, que precisa que las Juntas y Tribunales Laborales, no se encuentran sometidas a la potestad de autoridad alguna, por lo que no tiene superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, al ser éstas organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, es decir, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función, es por lo que no se requiere a diversa autoridad. Ahora bien, toda vez que el efecto del amparo es para que las autoridades responsables en el ámbito de su competencia, ejecuten los actos inherentes para que se cumpla con el laudo de dieciocho de agosto de dos mil nueve, dictado en el expediente 1453/2008-A2; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se vincula al Ayuntamiento Constitucional de Valle de Juárez, Jalisco, para que dentro del plazo razonable de treinta días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de manera expedita; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Cabe precisar que no es óbice a lo anterior, la eventual circunstancia de que la autoridad Ayuntamiento Constitucional de Valle de Juárez, Jalisco, no hubiese figurado con el carácter de responsable en el presente juicio de garantías, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ella, y que, por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, tal y como se ha determinado en la jurisprudencia 236, que aparece publicada en la compilación de 1995, Tomo VI, página 159, cuyo contenido a continuación se transcribe: Las ejecutorias de amparo deben de ser inmediatamente cumplidas por la autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la ley orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo."

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