Javier Sánchez Desiderio
Expediente 1032/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Javier Sánchez Desiderio
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO EJECUTORIA,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA...
- Principal
Vista las demandas de amparo promovidas, se ordena su acumulación de oficio, a fin de que sean resueltos en una sola sentencia y evitar resoluciones contradictorias. En tal circunstancia, vistas las demandas de cuenta, promovidas por los quejosos referidos con antelación, quienes reclaman la orden de traslado, así como su ejecución, y señalan como autoridades responsables al Director General de Prevención y Readaptación Social en el Estado de México y Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán, Estado de México. En el caso a estudio, los promoventes de amparo afirman encontrarse recluido en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán, Estado de México, y hace consistir el acto reclamado en la orden de traslado a diverso centro penitenciario. De lo anteriormente expuesto, se desprende que al interpretar los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio los quejosos reclaman la posible orden de traslado a diverso centro penitenciario, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación de los amparistas, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, debe probar de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tengan los promoventes de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser dirigido en forma personal y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto, en donde los quejosos manifiestan lo siguiente.............................. De lo transcrito, se advierte que los quejosos, no atribuyen a alguna autoridad los actos que por esta vía pretenden impugnar, lo que a juicio de este juzgador resulta insuficiente para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo. En efecto, en su narración de antecedentes, ni siquiera hacen mención a que de manera verbal se les haya informado por alguna autoridad de dicho centro penitenciario que serían trasladados de donde resulta evidente de que en el caso concreto, lo que los quejosos pretenden es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo, máxime que de los escritos de demanda, no se advierte que los quejosos manifiesten correr algún peligro. Precisado lo anterior, es válido concluir que los quejosos no han sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1° y 61 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria, ya que de los escritos de demanda no se advierte si quiera de manera probable la ejecución de los actos reclamados, ya que no los atribuyen a ninguna autoridad y tampoco refiere la manera en que aparentemente tuvo conocimiento de su ejecución. En tales condiciones, es inconcuso que las demandas de amparo devienen improcedentes, toda vez es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, los promoventes del juicio amparo, pueden sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y los actos que aquí se pretende combatir, aun no se han materializado. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya a los solicitantes de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio, en el entendido que no se le atribuyen a alguna autoridad en los antecedentes de las demandas de amparo. En tales condiciones, al no haber acreditado los quejosos, que con los actos reclamados afectaron su esfera jurídica, se actualiza la causal de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la presente demanda constitucional. Notificación a los quejosos. Háganse a los quejosos las notificaciones de carácter personal en el lugar donde se encuentran actualmente recluidos.
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