Javier Sánchez de Aparicio Espinoza
Expediente 833/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Javier Sánchez de Aparicio Espinoza
Actuaciones
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de dieciséis de agosto del año en curso (fojas 55-57), mediante el cual se desechó la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Quejoso desahoga prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Javier Sánchez de Aparicio Espinoza, a través el cual desahoga la prevención formulada el ocho de agosto del año en curso (fojas 49-51); en atención a ello se provee: Fijación de la litis constitucional. Se desecha la demanda de amparo. Acotado lo anterior, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, respecto al acto reclamado en esta vía constitucional, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Del examen relacionado de la disposición transcrita, se desprende que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. En el caso en estudio, se advierte que la parte quejosa reclama: Violación al artículo 8 constitucional, derivada de la omisión de la Unidad de Atención a Usuarios BB2 de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, CONDUSEF, delegación Guanajuato, de dar respuesta al escrito que presentó el veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Dicha omisión deriva del procedimiento seguido en forma de juicio registrado con el expediente 2023/120/5173, en el que figura como parte promovente el aquí quejoso. Es importante señalar que el aquí quejoso manifestó: "Bajo protesta de decir verdad indico que, el escrito que da origen a la omisión reclamada se elevó en el expediente 2023/120/5173 llevado a cabo ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, delegación Guanajuato y que se identifica también como Unidad de Atención a Usuarios BB2 y forma parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio" Por ende, se tiene certeza de que es lo que se reclama en esta instancia constitucional y de donde surge el acto reclamado (en este caso de un procedimiento seguido en forma de juicio). Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclama una violación al artículo 8° constitucional dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, tal como se advierte de las jurisprudencias que a continuación se transcribirán: Jurisprudencia 7/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 130/2014, y publicada en el libro 17, abril de dos mil quince, tomo I, Décima Época, consultable en la página 480, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8° constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Así como la diversa jurisprudencia 8/2015, emitida por la propia Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 478, del mismo tomo del libro a que se refieren los datos de identificación de la tesis que antecede, de la voz y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." De lo anterior se desprende que resulta improcedente el análisis de la demanda de amparo planteada por la parte quejosa, en virtud de que, de conformidad con los criterios citados, en los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen ese tipo de funciones, es jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8 constitucional, cuando el particular eleva una solicitud dentro de un procedimiento de carácter judicial. En caso de admitir la demanda se actuaría en contra de lo resuelto por el Maximo Tribunal del país, aunado a que dichos criterios de acuerdo a lo establecido por el numeral 217 de la Ley de Amparo, son obligatorios para este órgano jurisdiccional, además, de que cabe enfatizar que cualquier alegación con respecto a dichas jurisprudencias, implicaría argumentar en contra de lo ahí resuelto y ni el juicio de amparo ni su revisión, son el medio idóneo para ese fin. Motivo por el cual, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. Se ordena generación de versión pública. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública del presente proveído, para que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Subsiste prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta a través del cual el quejoso ********************, pretende desahogar la prevención formulada en autos, previo acordar su ocurso, es menester precisar que mediante auto de veintiocho de julio del año en curso (fojas 19-21), este órgano jurisdiccional previno al demandante del amparo, por los motivos siguientes: ".requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes y sin que exista necesidad de que presente una nueva demanda, se constriña a cumplir con lo siguiente: 1. Señale con precisión a qué autoridades les atribuye el carácter de responsables. En el entendido que de señalar una autoridad ejecutora deberá precisar el acto que concretamente le atribuye. Lo anterior, porque si bien en el capítulo de autoridades responsables señala como única autoridad responsable a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, CONDUSEF, DELEGACIÓN GUANAJUATO; también deviene verídico que en el apartado de actos reclamados afirma que el ocurso del que reclama su falta de contestación fue presentado en la Unidad de Atención a Usuarios BB2 de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, CONDUSEF, DELEGACIÓN GUANAJUATO; mientras que en el apartado de antecedentes refiere atribuirle el acto que tilda de inconstitucional a una autoridad ejecutora; de ahí que sea necesario que aclare lo anterior. Para el caso particular, es aplicable la tesis visible en la página 186, Tomo XII, de Septiembre de 1993, Octava Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISION QUIENES SON LAS." En la inteligencia que de señalar como responsables a más de una autoridad, deberá exhibir una copia adicional de su demanda para cada una de ellas. 2. Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada, la totalidad de antecedentes del acto que reclama; lo anterior, debido a que no se realizó una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia. Lo anterior, pues los narrados resultan insuficientes para tal fin, siendo que los antecedentes son el único elemento con que inicialmente cuenta este órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones correspondientes, a más de que es un requisito formal establecido en la ley de la materia. 3. Indique, bajo protesta de decir verdad, si el escrito que da origen a la omisión reclamada, se elevó en los autos del expediente administrativo 2023/120/5173; es decir, si proviene de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio Sirve a lo anterior la tesis XX.57 K, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado de Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo: III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS". En el entendido de que las protestas peticionadas deberá realizarlas el propio promovente, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquél, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Al respecto, cobra aplicación la tesis I.7º.A.100 K visible en la página 990, del Tomo XXIII, de Abril de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.". Así como la jurisprudencia 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el escrito que se provee, se advierte que el promovente acata el punto I y III de la prevención formulada, puesto que señaló la autoridad responsable, y bajo protesta de decir verdad manifestó que la omisión reclamada se elevó en el expediente ********************el cual es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Sin embargo, no dio cabal cumplimiento al motivo de prevención formulado en el punto II; lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto narró los antecedentes del acto reclamado; también lo es que no lo hizo bajo protesta de decir verdad, tal y como se adujo en el auto preventivo, en términos del numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese tenor no se tiene por cumplida dicha prevención. Sin que sea óbice a lo anterior, que en el ocurso aclaratorio que se provee, existe la expresión final "PROTESTO LO NECESARIO", toda vez que la frase "bajo protesta de decir verdad" constituye un requisito legal que tiene bases constitucionales y que por lo mismo no puede ser omitida, ya que además de tener como objetivo responsabilizar a la particular, en el sentido de que deberá de conducirse con veracidad en la narración de los hechos que apoyan la demanda de amparo, su omisión puede tener como consecuencia que se tenga por no interpuesta la demanda, en caso de que la quejosa no satisfaga ese requisito cuando sea prevenida para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Asimismo, no pasa desapercibido que el quejoso acató el motivo de prevención fijado en el punto III, bajo protesta de decir verdad; sin embargo, eso no es suficiente para poder tener por cumpliendo la totalidad de la prevención formulada en autos, ya que como se señaló en líneas anteriores fue omiso en expresar dicha protesta en relación con los antecedentes del acto reclamado. En otro aspecto, téngase por recibidas las constancias que allega al escrito de cuenta, y en caso de admitirse la demanda acuérdese lo que corresponda. Ahora, en virtud de que la parte quejosa presentó el escrito que se provee el siete de agosto de la presente anualidad, a través de la Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, y el proveído que pretende cumplir le fue notificado el treinta y uno de julio del año que transcurre, en consecuencia, del término de cinco días que le fue concedido para ese efecto transcurrieron cuatro días, por lo que indíquese al quejoso que cuenta con un día, para desahogar la prevención que le fue formulada en los términos establecidos en aquél acuerdo, cómputo que comenzará al día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique. Finalmente, hágasele saber a la promovente que queda subsistente el apercibimiento que le fue formulado en proveído de veintiocho de julio del año en curso (fojas 19-21), es decir, que en caso de no cumplir con la prevención de mérito, se procederá conforme al artículo 114 de la Ley de Amparo y, en su caso, se tendrá por no presentada la demanda constitucional de que se trata.
- Principal
Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones II y IV, en relación con el 108, fracciones III, IV y V, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes y sin que exista necesidad de que presente una nueva demanda, se constriña a cumplir con lo siguiente: 1. Señale con precisión a qué autoridades les atribuye el carácter de responsables. En el entendido que de señalar una autoridad ejecutora deberá precisar el acto que concretamente le atribuye. Lo anterior, porque si bien en el capítulo de autoridades responsables señala como única autoridad responsable a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, CONDUSEF, DELEGACIÓN GUANAJUATO; también deviene verídico que en el apartado de actos reclamados afirma que el ocurso del que reclama su falta de contestación fue presentado en la Unidad de Atención a Usuarios BB2 de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, CONDUSEF, DELEGACIÓN GUANAJUATO; mientras que en el apartado de antecedentes refiere atribuirle el acto que tilda de inconstitucional a una autoridad ejecutora; de ahí que sea necesario que aclare lo anterior. Para el caso particular, es aplicable la tesis visible en la página 186, Tomo XII, de Septiembre de 1993, Octava Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISION QUIENES SON LAS." En la inteligencia que de señalar como responsables a más de una autoridad, deberá exhibir una copia adicional de su demanda para cada una de ellas. 2. Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada, la totalidad de antecedentes del acto que reclama; lo anterior, debido a que no se realizó una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia. Lo anterior, pues los narrados resultan insuficientes para tal fin, siendo que los antecedentes son el único elemento con que inicialmente cuenta este órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones correspondientes, a más de que es un requisito formal establecido en la ley de la materia. 3. Indique, bajo protesta de decir verdad, si el escrito que da origen a la omisión reclamada, se elevó en los autos del expediente administrativo 2023/120/5173; es decir, si proviene de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Sirve a lo anterior la tesis XX.57 K, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado de Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo: III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS". En el entendido de que las protestas peticionadas deberá realizarlas el propio promovente, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquél, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Al respecto, cobra aplicación la tesis I.7º.A.100 K visible en la página 990, del Tomo XXIII, de Abril de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.". Así como la jurisprudencia 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". Apercibido que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que dentro del término concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACION DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el solicitante del amparo en su escrito de demanda. Por otra parte, téngasele señalando como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Karla Alejandra Talledos Sosa, Tomas Antúnez González y Arturo Meza Esparza, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en términos restringidos del citado numeral y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la ley de la materia, y a Raúl Alejandro Talledos Romero, Raúl Andrés Talledos Sosa, Martha Aidé Sosa Cobos y Salvador Talledos Sosa, por así haberlo solicitado. V. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VI. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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