Javier Salinas Huerta

Expediente 2258/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2258/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Javier Salinas Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Sin mayor acuerdo. Se tiene por recibido el comunicado suscrito por el Presidente de la Junta Especial Numero Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a través del cual solicita se tenga rindiendo su informe justificado de conformidad a los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, indíquesele a la autoridad oficiante que el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se dictó en este juicio de amparo la sentencia constitucional que por derecho correspondió. Firme resolución. Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, por la que se determinó sobreseer en este juicio de amparo, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Valoración del expediente. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del presente juicio de amparo 2258/2022; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, y recibido el cuatro de noviembre de ese mismo año en este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Javier Salinas Huerta, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se admitió parcialmente a trámite la demanda; se registró bajo el número 2258/2022, se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: Del Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco: La omisión de proveer sobre la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral 1582/2018. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, pues fue omisa en rendir el informe justificado en este juicio, pese a que le fue requerido plena y legalmente para tal efecto, por lo cual se surte la presunción de certeza de tal acto, conforme con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, con mayor razón por no existir constancia que contradiga o desvirtúe la presunción de que se trata. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta y uno del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio de garantías que hagan valer las partes o que de oficio advierta este Juzgado de Distrito. En el presente caso, este quien ahora resuelve, concluye oficiosamente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no justificó su interés jurídico, es decir, que el acto esencialmente reclamado le ocasione una afectación a sus derechos sustantivos o bien, que le causen un agravio personal y directo para poder controvertirlo mediante el juicio de amparo y, por ende, que se encuentre legitimada en dicho juicio laboral. Al respecto, el artículo 107 Constitucional establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Por su parte, conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". A su vez, el diverso artículo 5º de la misma Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La victima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos de autoridades administrativas o judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento, además establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien le perjudique, por sí o por su representante. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica del impetrante, como en el caso, al no haberse acreditado el interés jurídico. En efecto, la acción constitucional se reserva única y exclusivamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, perjuicio entendido como toda afectación producto de la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y precisamente, esto es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio constitucional. En el caso, Javier Salinas Huerta reclama de la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, la omisión de proveer sobre la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral 1582/2018. Sin embargo, la parte quejosa no acredita su interés jurídico, pues no exhibió documento alguno del que se pueda advertir fehacientemente que es parte en el referido procedimiento laboral de origen. Ciertamente, cuando se reclamen violaciones procesales, la parte quejosa en el juicio de amparo debe demostrar haber sido parte en el juicio de origen, a fin de acreditar su interés jurídico, aunque la autoridad responsable no haya rendido su informe justificado. Lo anterior, con fundamento en la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible a páginas 206, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 05, Tomo I, correspondiente al mes de abril de dos mil catorce, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". Ahora, no pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, las documentales exhibidas por la parte quejosa, consistentes en las copias simples de unas actuaciones celebradas el veintisiete de enero y veintiocho de abril de dos mil veintidós respectivamente, de las que se advierte una posible celebración de la audiencia ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la continuación de la misma en el juicio laboral 1582/2018; sin embargo, estos documentos no tienen valor probatorio, porque no cuentan con los elementos necesarios que le permitan concluir al presente juzgador que se generaron en el juicio laboral en comento. Dicho de otra forma, esos documentos no cuentan con certificación alguna, por parte de la responsable, además que no se encuentran compulsadas con el expediente laboral de origen, con el que se pudiera constatar su validez. En efecto, conforme el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones; además que, la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes; extremos jurídicos de los que carecen las constancias allegadas por el quejoso, es por ello que, se insiste, con estos no se demuestra su interés jurídico, esto es, que es parte en el juicio laboral 1582/2018. Finalmente, conviene señalar que el interés jurídico en el juicio de amparo, debe estar plenamente acreditado y no inferirse en base a presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2ª./J.16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 17, tomo 82, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de octubre de 1994, octava época, bajo el rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En suma y, en mérito de lo anterior, al no demostrar la parte quejosa su interés jurídico para incoar el presente juicio constitucional, es por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada, imponiéndose sobreseer en el juicio conforme a lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 77, 78, 80 y demás aplicables de la Ley de -Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Javier Salinas Huerta respecto al acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de la presente sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Téngase por recibido el ocurso signado por ********************, autorizado en amplios términos de la tercera interesada ********************; por medio del cual, realiza una relación de diversas constancias allegadas al juicio de amparo y proporciona un domicilio de la tercera interesada ********************. Lo que se ordena agregar a los autos, para que obre como constancia y surta los efectos legales correspondientes; por lo cual, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de noviembre pasado. Ahora bien, de la lectura del escrito de cuenta se advierte que el promovente señala como domicilio relacionado con la tercera interesada ********************, el siguiente: 1.- Avenida ******************** en Guadalajara, Jalisco. Se comisiona al actuario adscrito, emplazar. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales y priorizando el domicilio que se encuentra dentro de la zona metropolitana, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción, para que se constituya en el domicilio proporcionado y emplace a la tercera interesada ********************, en el entendido que deberá hacer de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en los artículos 297, fracción II y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley en cita, la requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, hasta en tanto se señale domicilio para tales efectos. En la inteligencia de que si a dicho funcionario no le es posible practicar la diligencia de que se trata en el lugar indicado, estará facultado para indagar por cualesquier medio el domicilio correcto y realizarla sin ulterior acuerdo una vez obtenidos los datos respectivos; lo anterior en términos de los artículos 24, 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción III, inciso b), del cuerpo legal invocado. Notifíquese y, emplácese a la tercera interesada ********************.

  4. Principal

    aviso por este medio de lista se notifica al quejoso del proveido de 27 de octubre 2022 en el cual veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Cumple autoridad responsable. Se tiene por recibido el oficio del delegado de la autoridad responsable denominada Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual cumple con el requerimiento del auto de veintiséis de septiembre del año en curso y al efecto informa: ".CITA AL SERVICIO DE NEUMOLOGIA PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA PÉREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.28.f0 21/09/23 16:34:00 A LAS 13:20 HRS CONTROL 2 DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL NÚMERO 46, FAVOR DE PRESENTARSE 20 MIN ANTES DE SU CITA." Por lo anterior, se requiere al quejoso para que acuda puntual a la cita anteriormente citada, para efecto de su valoración y cambio de receta médica. Notifíquese y, personalmente a la parte quejosa.

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