Javier Ruiz López y Otros.

Expediente 672/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
672/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Javier Ruiz López y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja ***, de su índice, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 672/2022. TERCERO. Se desecha la demanda de garantías, promovida por ***, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria. CUARTO. La presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos precisados en el último considerando de este fallo; asimismo, se ordena glosar la constancia de captura de sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes." Se ordena realizar las anotaciones correspondientes; ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. Remítase el acuse de recibo a la superioridad; se ordena la destrucción de las copias certificadas que remite para evitar la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, formándose el expediente ***, de su estadística. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia. Por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y, por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos los escritos signados electrónicamente por ***, autorizado de la parte quejosa en el presente juicio, por el cual, en el primero solicita se le requiere a la autoridad responsable realice acciones encaminadas a garantizar un medio ambiente sano, por las razones que expone en su escrito de cuenta, y adjunta fotográficas del domicilio de la quejosa ***; asimismo promueve modificación de la suspensión decretada en el presente incidente. CUESTIÓN PREVIA Por principio, conviene precisar que el objeto de la suspensión es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación al quejoso; así, la media suspensional debe concederse siempre que se reúnan los requisitos para su procedencia, a saber, que lo solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al agraviado, debiendo el Juez de Distrito dictar las providencias necesarias para que no se defrauden derechos de terceros y para evitar perjuicios a los interesados. Asimismo, de conformidad con lo establecido por el artículo 154 de la Ley de Amparo, la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva, podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, únicamente cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria. Así, por hecho superveniente debe entenderse la verificación, con posterioridad al dictado del auto en que se concede o niega la suspensión, de un hecho que cambie el estado jurídico en que las cosas estaban al resolverse el incidente, de tal manera, que ese cambio lleve consigo, como consecuencia natural y jurídica, la revocación fundada y motivada de la suspensión; asimismo, este hecho superveniente se refiere no solo al que cronológicamente acontece con posterioridad al tiempo en el que el Juez de Distrito conoce de la suspensión, sino aquel que era desconocido por el Juez Federal que conoce del amparo en el momento de otorgarse la medida suspensional. En ese sentido, cuando de los acontecimientos narrados o de las pruebas aducidas como causa superveniente no se advierta su existencia, ya sea porque éstas ya fueron valoradas o no guarden relación con las partes o el acto reclamado inicialmente, el órgano de amparo estará facultado para desechar la solicitud de modificación de la suspensión definitiva. Dicho lo anterior, de los escritos de cuenta se desprende, que el oscursante pretende que se modifique la suspensión decretada en el presente incidente, para el efecto de que se precise en concreto qué significa un medio ambiente sano, y se conmine a la autoridad responsable a su cumplimiento. De este modo, es necesario evidenciar que la intención del promovente no es que se modifique, sino que se le requiera a la autoridad responsable para que dé cumplimiento íntegro a la suspensión decretada en el presente incidente, y se le precise el concepto de un medio ambiente sano. Ahora bien, toda vez que del análisis a las constancias que obran en autos, no se advierte la actualización de un hecho superviniente para modificar la suspensión definitiva que se otorgó, en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el numeral 66, en relación al diverso 154, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la solicitud de modificación a la suspensión definitiva planteada por el promovente. Cabe hacer mención, que en el escrito presentado por el quejoso ***, manifiesta que la responsable 8. ***, Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, está construyendo un dren pluvial frente a las instalaciones de un módulo del DIF municipal, con lo cual se acredita que la autoridad responsable se encuentra realizando las gestiones necesarias para cumplir con la suspensión definitiva. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 109/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. DEBE DARSE TRÁMITE AL INCIDENTE RELATIVO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA NOTORIA Y EVIDENTE LA INEXISTENCIA DEL HECHO SUPERVENIENTE QUE LO FUNDAMENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." En todo caso, si el promovente estima que existen actos diversos que pudiesen afectar su esfera jurídica, tienen expedito su derecho para combatirlo en la vía y forma que estimen conducente. Ahora bien, de los escritos de cuenta, se advierte que el quejoso manifiesta que el cauce del agua provocada por las lluvias, deja a su paso piedras, palos, Ilantas, basura, etcétera y la vuelve intransitable; asimismo, que con la colocación de ataguías, se están generado problemas de la quejosa ***. Tomando en consideración dichas manifestaciones, así como lo establecido en la resolución dictada en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva de trece de septiembre de dos mil veintiuno, requiérase a las autoridades responsables 8. ***, Secretario de Obras Públicas, 10. ***, Coordinador Jurídico de la Secretaría de Obras Públicas, y 11. ***, Jefe de Departamento de Instalaciones y Cálculo Estructural del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas todos del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que dentro del término de veinticuatro horas computado legalmente, acrediten las gestiones realizadas a efecto de demostrar que ha cumplido con la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa , o en su caso, manifiesten la imposibilidad que tengan para ello; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que previsto en el artículo 262, fracciones III y V, de la invocada ley de la materia, del tenor siguiente: Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que previsto en el artículo 262, fracciones III y V, de la invocada ley de la materia, del tenor siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (...) V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." En el entendido, que tales efectos subsistirán hasta en tanto se notifique a las responsables que ha causado ejecutoria la sentencia que se dicte en el fondo del asunto, por lo que deberán continuar realizando las acciones encaminadas a garantizar un medio ambiente sano. Para lo cual se precisa, que de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala en el Amparo en Revisión ***, el medio ambiente es precisamente el 'medio natural', entendido como el entorno en el que se desenvuelve la persona, caracterizado por el conjunto de ecosistemas y recursos naturales que permiten el desarrollo integral de su individualidad. Ello implica que el Estado mexicano está obligado a garantizar ambas dimensiones del derecho en cuestión. En ese sentido, el Alto Tribunal de la Nación ha establecido que el derecho a vivir en un medio ambiente sano es un auténtico derecho humano que entraña la facultad de toda persona, como parte de una colectividad, de exigir la protección efectiva del medio ambiente en el que se desarrolla, pero además protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma, lo que implica que su núcleo esencial de protección incluso va más allá de los objetivos más inmediatos de los seres humanos. Tiene aplicación la tesis 1a. CCXLIX/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 410, registro digital 2015824; que indica: DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO QUE A SU VEZ IMPLICA UN DEBER. Del contenido del derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido por los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", así como del principio 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 y principios 1 y 11 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, deriva su caracterización como un derecho que a su vez implica un deber, en virtud de que, por una parte, se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a un medio ambiente de calidad tal que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, derecho que las autoridades del Estado deben proteger, vigilar, conservar y garantizar; y, por otra, el reconocimiento de este derecho fundamental se vincula con la obligación de los ciudadanos de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Así, el derecho humano a un medio ambiente sano posee una dimensión individual, pues su vulneración puede tener afectaciones directas e indirectas sobre las personas en conexidad con otros derechos como a la salud, a la integridad personal o a la vida, entre otros, pero también cuenta con una dimensión colectiva, al constituirse como un interés universal que se debe a generaciones presentes y futuras. Tales consideraciones encuentran su origen en la tesis 1a. CCLXXXIX/2018 (10a.), también de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 309, registro digital 2018636; que sigue: DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU NÚCLEO ESENCIAL. El derecho a vivir en un medio ambiente sano es un auténtico derecho humano que entraña la facultad de toda persona, como parte de una colectividad, de exigir la protección efectiva del medio ambiente en el que se desarrolla, pero además protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma, lo que implica que su núcleo esencial de protección incluso va más allá de los objetivos más inmediatos de los seres humanos. En este sentido, este derecho humano se fundamenta en la idea de solidaridad que entraña un análisis de interés legítimo y no de derechos subjetivos y de libertades, incluso, en este contexto, la idea de obligación prevalece sobre la de derecho, pues estamos ante responsabilidades colectivas más que prerrogativas individuales. El paradigma ambiental se basa en una idea de interacción compleja entre el hombre y la naturaleza que toma en cuenta los efectos individuales y colectivos, presentes y futuros de la acción humana. En relación con lo anterior, al resolver el Amparo Directo en revisión ***, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la regulación del derecho humano a un medio ambiente sano en el artículo 4o. constitucional establece un mandato a todas las autoridades del Estado de garantizar la existencia un medio ambiente sano y propicio para el desarrollo humano y el bienestar de las personas. Indicó que ese mandato constitucional vincula a todas las autoridades legislativas, administrativas y judiciales, quienes deben adoptar en el marco de sus competencias todas aquellas medidas, que sean necesarias para la protección del ambiente. Señaló que Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales, también llamado "Protocolo de San Salvador", entre diferentes instrumentos internacionales han enfatizado que el derecho a un medio ambiente sano lleva implícito su deber de protección e incluye la obligación de los ciudadanos de proteger el medio ambiente, tanto para las generaciones presentes, como las futuras. Notifíquese.

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