Javier Ruiz García
Expediente 1635/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1635/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2018
Partes del expediente
- Javier Ruiz García
Actuaciones
- Principal
II. Toluca, Estado de México; trece de noviembre de dos mil dieciocho. De la certificación de cuenta se obtiene que el quejoso dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado, en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes y archívese este expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del acuerdo de referencia, en virtud de que se desechó la demanda de amparoP. En el entendido que no existen documentos de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 y a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General aludido. Finalmente, a la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo. Notifíquese.
- Principal
II. Toluca, Estado de México; veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Javier Ruiz García, por propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea de Toluca, México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1635/2018-II. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por haberse interpretado disposición de similar contenido, es aplicable la tesis I.4o.A.269 A, publicada en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que el solicitante del amparo tilda de inconstitucional, lo siguiente: "La orden de aprehensión dentro de las carpetas administrativas 68/2018, 94/2018 y otras carpetas, radicadas en el Juzgado de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión, así como su ejecución." Atento a lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual prevé: El numeral que prevé la causa de improcedencia establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". De la transcripción que precede, se obtiene que las condiciones que dan lugar a la actualización de la causa de improcedencia citada, consisten en que se pretenda controvertir un acto que sea materia de estudio en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, contra la misma autoridad responsable y por el propio acto reclamado, aun cuando sean diversas las violaciones constitucionales alegadas. La improcedencia aludida se refiere a la existencia de la figura procesal de "litispendencia", que presupone dos litigios sobre el mismo acto reclamado, entre las mismas partes, independientemente de las violaciones constitucionales que en ellos se hagan valer, cuya razón de ser es evitar la tramitación de juicios de amparo similares, en los cuales intervengan las mismas partes y el acto reclamado sea igual, así como el dictado de resoluciones contradictorias. Para verificar que en la especie sobreviene la causa de improcedencia invocada, conviene hacer mención que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se invoca como hecho notorio que la parte quejosa Javier Ruiz García, contra actos del Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea, de Toluca, México y otras autoridades; promovió el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, juicio de amparo mismo que quedo registrado en este Juzgado de Distrito, con el número 1600/2018-II; por lo que al verificar dicho juicio se advierte que se trata del mismo quejoso en el presente juicio de amparo, esto es Javier Ruiz García. Ahora, por lo que respecta a los actos reclamados y a las autoridades responsables, se tiene lo siguiente: JUICIO DE AMPARO 1600/2018-II JUICIO DE AMPARO 1635/2018-II ACTO RECLAMADO ACTO RECLAMADO La orden de aprehensión dentro de las carpetas administrativas 68/2018 94/2018 y otras carpetas, radicadas en el Juzgado de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión, así como su ejecución La orden de aprehensión dentro de las carpetas administrativas 68/2018 94/2018 y otras carpetas, radicadas en el Juzgado de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión, así como su ejecución AUTORIDADES RESPONSABLES AUTORIDADES RESPONSABLES -Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea de Toluca, México. -Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. -Encargado del Grupo de Juicios Orales e Investigaciones con sede en Lerma, México -Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea de Toluca, México. -Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. -Encargado del Grupo de Juicios Orales e Investigaciones con sede en Lerma, México De lo anteriormente transcrito, se estima, que se satisfacen las exigencias legalmente requeridas para tener por demostrada la causa de improcedencia invocada, a saber que derivan del mismo quejoso, autoridades responsables y acto reclamado. En ese contexto, es dable colegir que cuando se promueve amparo por el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables, se configura la litispendencia cuyo objeto es evitar la proliferación de múltiples amparos. Sirve de apoyo, a lo anterior, la tesis visible en la página 566, Tomo VI.2º.121 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTICULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El Juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la Ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." (el énfasis es propio). En el mismo sentido, la tesis visible en la página 312, Tomo III, enero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con el texto: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Lo anterior, guarda congruencia, pues a nada práctico llevaría tramitar las dos demandas en el mismo sentido, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. En tal virtud, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo y el numeral 103, fracción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes citado en primer término, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Javier Ruiz García, por propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea de Toluca, México. DOMICILIO. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene por autorizado en términos amplios a Sergio Ruiz Peña, Javier Ruiz Peña y J. Jaime Escamilla Campuzano por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las personas restantes únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con dicho registro; limitación que se establece hasta en tanto realice el registro respectivo, lo cual deberá comunicar mediante nueva promoción. Al respecto se estima aplicable la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, del Tomo XXIII, Materia Administrativa, Novena Época, con número de registro 17504, de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
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