Javier Ruiz Alvarado

Expediente 996/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
996/2023
Año
2023
Actuaciones
24
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Javier Ruiz Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. SE AGREGA INFORME PREVIO ACLARATORIO. Visto, con conocimiento de las partes intégrese a los presentes autos el informe previo aclaratorio de la autoridad responsable Directora del centro Penitenciario de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID- 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución no se integrará al expediente físico, pues no es indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con base en las constancias que obran en autos, esta autoridad Federal advierte que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia, respecto del acto reclamado, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. En principio, es necesario precisar que el acto reclamado en este controvertido constitucional por el quejoso Javier Ruiz Alvarado a la autoridad responsable 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Tepeaca, y otras autoridades, consiste en: La orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso. Al rendirse el informe justificado, se estableció la certeza de la orden de aprehensión reclamada, ya que el veintitrés de septiembre del presente año, se libró orden de aprehensión en contra del quejoso. Al respecto, la autoridad responsable mediante oficio 2062/2023/JC recibido el catorce de noviembre pasado, refirió que en audiencia oral y pública celebrada el once de noviembre de dos mil veintitrés, se resolvió la situación jurídica del quejoso Javier Ruiz Alvarado, y otro, en la que se le dictó auto de vinculación a proceso, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito de robo agravado y robo de vehículo, previsto y sancionado por los artículos 373, 374 fracciones IV y VI, 380 fracciones I, III, X y XI, del Código Penal del Estado de Puebla, y el diverso de abuso sexual, previsto y sancionado por los artículos 260 fracción I, 261 Fracción III, del Código penal del Estado de Puebla. Ahora bien, no ha lugar a esperar a la celebración de la audiencia constitucional para analizar su constitucionalidad, dado que de lo informado por la autoridad responsable, se aprecia que se actualiza la causal de improcedencia que a continuación se explicará. ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En efecto, atinente al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." El precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales el cambio de situación jurídica, entendiéndose por tal el hecho de que, al completarse una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, lo que da pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva fase procesal o situación jurídica. Así las cosas, como se indicó en párrafos que anteceden el quejoso de mérito acude a la presente instancia constitucional reclamando la orden de aprehensión librada en su contra; sin embargo, de autos se advierte que el once de noviembre de la presente anualidad, se resolvió la situación jurídica del quejoso Javier Ruiz Alvarado, y otro, en la que se le dictó auto de vinculación a proceso, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito de robo agravado y robo de vehículo, previsto y sancionado por los artículos 373, 374 fracciones IV y VI, 380 fracciones I, III, X y XI, del Código Penal del Estado de Puebla, y el diverso de abuso sexual, previsto y sancionado por los artículos 260 fracción I, 261 Fracción III, del Código penal del Estado de Puebla. Por ende, es claro que en el caso particular se actualiza un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubieren podido incurrir con la detención del quejoso, por no ser factible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra. Lo anterior, en virtud de que la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otra se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada II.2o.P.44 P (10a.), de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes, lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia invocada, prevista por el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo." Al particular, por similitud jurídica, tiene aplicación la jurisprudencia la cual de conformidad con el artículo sexto transitorio de la ley de Amparo no contraviene las disposiciones de la actual legislación, que establece: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." En esa tesitura, procede decretar el sobreseimiento del acto reclamado que la parte quejosa hizo valer como la "la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso", en términos del artículo 63, fracción V del citado ordenamiento legal. Ante ello, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, esto es, las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista a la parte quejosa por así haberlo solicitado, y mediante oficio a las autoridades responsables, así como a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el oficio signado por ********************, Juez de Control del Distrito Judicial de Tepeaca Puebla, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de catorce de noviembre del año en curso, informa que el quejoso directo fue vinculado a proceso dentro de la carpeta judicial administrativa ******************** el once de noviembre del año en curso y se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Puebla. Asimismo, remite copias certificadas y dos discos versátiles digitales que acreditan su dicho. Forma cuaderno auxiliar. Con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, con las documentales indicadas, fórmese el CUADERNO AUXILIAR I, respetando el folio original. Por cuanto hace a los dos discos versátiles digitales remitidos no es necesaria su reproducción en audiencia pública, pues se desahoga por sí mismas al tener el carácter de prueba documental. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." ESTADO PROCESAL Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, informó que es cierto el acto que se le atribuye consistente en la privación de la libertad del quejoso ********************, toda vez que el veinticinco de septiembre pasado, ingresó a ese centro penitenciario bajo los efectos del auto de vinculación a proceso de veinticuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por el juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, en autos de la carpeta judicial administrativa ********************, por el hecho que la ley señala como delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple del narcótico denominado marihuana. Por tanto, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, requiérase a la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que quede notificada del presente proveído, aclare de nueva cuenta su informe previo, ya que se advierte que el quejoso se encuentra privado de su libertad en dicho Centro Penitenciario derivado de los delitos que se le siguen dentro de la causa penal 204/2023/TEPEACA. Con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. RESERVA En tales condiciones, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se reserva resolver lo procedente, y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 78/2001 (*), sostuvo que la audiencia incidental se rige por los principios de indivisibilidad, continuidad y celeridad procesal; sin embargo, los artículos 141 de la Ley de Amparo vigente y 133 de la abrogada prevén una excepción, a partir de la cual puede diferirse la audiencia incidental en los casos en que, por causas no imputables a la autoridad responsable que reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo, no estuvo en posibilidad de rendir su informe previo. Así, de la interpretación sistemática de esos numerales, en relación, respectivamente, con los diversos 138 a 140, 142, 143 y 155 de la Ley de Amparo vigente, así como 130, 132 y 139 a 142 de la abrogada, se obtiene que es posible diferir la audiencia incidental respecto de las autoridades locales o foráneas, cuando por causas no imputables a ellas no pudieron rendir oportunamente su informe previo." INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales - adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad requerida.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD NO RESPONSABLE INFORMA. Agréguese a los autos el oficio 48181/2023/JC, remitido por la autoridad no responsable ********************, Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, a través del cual, en atención a la solicitud hecha mediante auto de catorce de noviembre de la presente anualidad, informa lo siguiente: Que en la causa penal ********************de su índice, no se ha librado orden de aprehensión en contra del quejoso ********************, ya que el mismo fue detenido en flagrancia delictiva y puesto a disposición de esa autoridad, a consecuencia de lo cual en audiencia de veinticuatro de septiembre del año en curso se calificó de legal su detención, y se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por le hecho que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de posesión simple de marihuana, imponiéndosele la medida cautelar de prisión preventiva justificada. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido, e impulsar el procedimiento. Notifíquese por lista a las partes.

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