Javier Ruiz Alatorre
Expediente 457/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Javier Ruiz Alatorre
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada, se admitió la misma, y acusa recibo de los autos originales del presente juicio de amparo 457/2017-1A del índice de este órgano jurisdiccional. De lo anterior, se toma nota en el presente asunto para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, mediante proveídos de quince y dieciséis de agosto del año en curso, se reservó proveer sobre las razones actuariales que obran en autos, hasta una vez que se tuviera conocimiento respecto de la incompetencia planteada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado; en tal virtud, se agregan las mismas sin mayor proveído, dado que la citada autoridad admitió la misma. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la demanda de amparo promovida por JAVIER RUIZ ALATORRE, contra actos de los Juez Tercero de Distrito, y otras autoridades, fórmese expediente bajo el número de juicio de amparo 457/2017-1A. INCOMPETENCIA Ahora bien, en observancia del artículo 112 de la Ley de Amparo, y derivado del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables: JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO. JUEZ TERCERO DE DISTRITO. JUEZ CUARTO DE DISTRITO. JUEZ QUINTO DE DISTRITO. JUEZ SEXTO DE DISTRITO. TRIBUNAL DE GARANTÍA Y JUCIO ORAL PENAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. UNIDAD RÍO NUEVO. TRIBUNAL DE GARANTÍA Y JUCIO ORAL PENAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. CALLE SUR. DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. TIJUANA,BAJA CALIFORNIA. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL EN EL ESTADO. COMANDANTE DE LA POLICÍA FEDERAL EN EL ESTADO. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AVERIGUACIONES PREVIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO. JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA FEDERAL EN EL ESTADO. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA JUDICIAL EN EL ESTADO. SUBPROCURADOR DE ZONA MEXICALI. DIRECTOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS DE LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA CON SEDE EN MEXICALI. COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO ZONA MEXICALI. COMANDANTE DE LA POLICÍA Y ZONA URBANA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBICA MUNICIPAL, ZONA MEXICALI. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. COMANDANTE DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA PLAZA MEXICALI. Advirtiéndose, que señala como autoridades responsables a todos los Juzgados de Distrito con residencia en Mexicali, excluyendo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por lo que con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Ahora, como presupuesto procesal de orden público es pertinente analizar la competencia de este Juzgado, ante lo cual, se procede estudiar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Como premisa fundamental a saber se cita el artículo 38, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Del dispositivo citado se obtienen dos reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo sometidos a su consideración en contra de otro Juez de Distrito; reglas que se puntualizan a continuación: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo en contra de un juez de distrito, será otro juez del mismo distrito; y, II. En caso de no haber otro juez del mismo distrito, se deberá enviar al más cercano dentro de la jurisdicción del circuito que pertenezca. Acorde a lo anteriormente expuesto, y a fin de tutelar efectivamente el derecho fundamental de brindar en las determinaciones judiciales certeza jurídica, que se consagra en favor de los gobernados en el artículo 16 Constitucional, este órgano jurisdiccional considera que, armónicamente aplicado con el numeral 38 de la Ley de Amparo en vigor, la competencia para conocer del trámite de este juicio de amparo, se surte a favor del Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, pues es el Juez de Distrito más cercano y de la misma especialización, para conocer de la demanda de amparo, en donde se señaló como autoridad responsable al suscrito. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 44/2001 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro y texto dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." Por lo expuesto, y tomando en consideración que conforme al precepto 48 de la propia ley y de conformidad con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, cuando ante un Juez de Distrito se promueva un juicio de amparo que otro deba conocer, debe declararse legalmente incompetente de plano y ordenar remitir los autos originales y en el caso sujeto a esta potestad, se estima que jurídicamente le corresponde al Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. De igual modo, el artículo 46, Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órgano jurisdiccionales, aprobado en sesión extraordinaria de veintidós de abril de dos mil quince, que abrogó el Acuerdo General 14/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como en el diverso aprobado en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, que reforma y adiciona el similar, publicado el catorce de marzo siguiente, en el Diario Oficial de la Federación; específicamente en el artículo 46, penúltimo párrafo, en la parte que interesa, a la letra refiere: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." Atento a lo expuesto, remítase el juicio de amparo en que se actúa, con veintidós copias de la demanda, por separado, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por conducto de Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito; para que, de estimarlo procedente, se avoque al estudio del presente asunto, solicitando se sirva informar a este Juzgado lo que tenga a bien proveer, y en su caso, acuse el recibo correspondiente. De igual forma, conviene destacar que idénticas consideraciones fueron planteadas en el auto de incompetencia formulado en la demanda 164/2017 del índice de este juzgado, de la cual aceptó la competencia el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se reclaman actos relativos a ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, se procede a pronunciarse sobre la suspensión de dichos actos. Con fundamento en los artículos 166 y 168 de la Ley de Amparo, se estima procedente conceder la suspensión de los actos reclamados solicitados, para el efecto de que no se cumplimente la orden de aprehensión reclamada por el quejoso, hasta en tanto se provea lo conducente respecto a su admisión. CONDICIONES DE LA SUSPENSIÓN La medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa omite: ? Exhibir dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, garantía por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en cualquiera de las formas permitidas por la ley, en el entendido que deberá presentar dicha garantía ante el juez que acepte la competencia. Cuantía que se fija de manera discrecional tomando en cuenta que hasta este momento no se tiene conocimiento exacto de la naturaleza, modalidad y características del delito por el cual se libró la orden de aprehensión reclamada, aunado a que se desconocen las características personales y la situación económica del quejoso, pues en su libelo constitucional no hizo manifestación alguna al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 241, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en la página 1902, del Tomo, XXV, Febrero de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. Está a cargo del quejoso manifestar en la demanda de amparo lo referente a su situación económica para ser tomada en cuenta al momento en que se fije la garantía respectiva". Ahora, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la medida cautelar otorgada sólo producirá el efecto de que la quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad ordenadora que corresponde conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la medida cautelar otorgada producirá el efecto de que la quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Si el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando la imputada esté siendo procesada o haya sido sentenciada previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será que la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional, en el lugar en que se encuentre recluida, únicamente en lo que refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior, es así, de conformidad con lo establecido en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, respecto a la medida cautelar otorgada a la parte quejosa. Por otra parte, respecto a la medida de seguridad para que la quejosa no se evada de la acción de la justicia (presentarse ante esa autoridad para la continuación del procedimiento), una vez que se rinda el informe previo y en su caso, se tenga certeza de la existencia del acto reclamado, se resolverá lo conducente, en el momento procesal oportuno. Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 149/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 371, del rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." Las autoridades responsables no tendrán la obligación de acatar la presente medida cautelar si se sorprende en flagrancia a la quejosa, cometiendo un diverso delito de aquel por el cual se haya emitido la orden de aprehensión y/o detención que reclama. Así como tampoco, surtirá efectos si la orden privativa de libertad procede de autoridad distinta de las señaladas como responsables en este juicio. DOMICILIO DEL QUEJOSO Por otra parte, se tiene a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones; por autorizado a en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Damaris Macias Rivera. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17, Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente no resulta necesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". NOTIFÍQUESE.
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