Javier Rosales Bahena
Expediente 1255/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1255/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Javier Rosales Bahena
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 21/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio enviado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veinticinco de octubre del año en curso, del que se advierte que ordenó archivar el recurso de queja número 160/2022; de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 21/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene por recibido el oficio 9743, enviado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria emitida por ese Cuerpo Colegiado, el siete de octubre de dos mil veintidós, en los autos del expediente de queja 160/2022. Acúsese recibo. Atento a la ejecutoria de mérito, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que la Superioridad determinó: "ÚNICO.- Es infundado el presente recurso de queja". En esas condiciones; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de septiembre de dos mil veintidós. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por las autoridades municipales del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual, informan las gestiones que se encuentra realizando para cumplir con la ejecutoria de amparo y, al efecto, remiten copia certificada del acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el cuatro de agosto de dos mil veintidós, en la que se advierte que ordenaron a la Tesorera Municipal de dicho ayuntamiento efectuar el pago de las cantidades adeudadas en diversos juicios, incluido el presente asunto. En consecuencia, al atender a lo que se tuvo por informado en el citado auto de nueve de agosto del año en curso, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Ayuntamiento, Tesorero y Director de Administración de Recursos Humanos y Materiales, todos de Puente de Ixtla, Morelos, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, realicen lo siguiente: Informen si ya se reanudaron los pagos en favor de Francisco Maya Morales, con motivo a la pensión por jubilación que le fue concedida mediante el acuerdo CPSHAPI/58/2018, dictado por el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, en sesión de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el diecinueve de septiembre de ese mismo año. Remitan copia certifica del oficio o acuerdo en el que, en su caso, vayan ordenado reanudar los pagos a la parte quejosa, acorde a lo señalado en el párrafo anterior, así como de los depósitos realizados al efecto. Lo anterior, sin que se inadvierta que, por el momento, la obligación impuesta a las autoridades responsables, debe comprender los pagos a que tenía derecho el quejoso a partir de la entrada en vigor de dicha pensión, hasta la fecha en que le fue revocada la misma, lo que guarda congruencia con lo acordado por este juzgado el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en atención a lo determinado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito. Con el apercibimiento de que, para el caso de desacato a dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se aplicará una medida de apremio consistente en una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la demanda de amparo promovida por Javier Rosales Bahena, contra actos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, se provee como sigue: 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 3).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto a los actos atribuidos a las autoridades que demandadas en el juicio de origen, y las indicadas como vinculadas al cumplimiento de la resolución final emitida en el mismo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, relativa a que el acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, el acto reclamado consiste en la omisión del pago por parte de la autoridad responsable Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos, como consecuencia de no dar cumplimiento al laudo que quedó firme el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, dentro del juicio laboral 01/126/2016-III. Por tanto, en el caso concreto, no puede considerarse a la mencionada autoridad condenada en el laudo en cuestión, con el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado deriva del incumplimiento a un laudo, emitido dentro de un marco legal, en el que la normativa estatal se desarrollan los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, por lo que en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos. Precisamente, debe tomarse en cuenta que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, tiene a su alcance diversos instrumentos legales a fin de hacer cumplir sus determinaciones, entre ellos, la sanción contenida en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo del Estado de Morelos. Para evidenciarlo, es necesario destacar que el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, establece que la autoridad laboral podrá emplear, cualquiera de los medios de apremio necesarios, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Y los medios de apremio que pueden emplearse son: I. Multa, que no podrá exceder de 200 veces la Unidad de Medida y Actualización en el momento en que se cometió el desacato. Tratándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o salario de un día. Para los efectos de este artículo, no se considerará trabajadores a los apoderados ni a los funcionarios públicos que incumplan o sean omisos con un requerimiento u orden judicial. II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y III. Arresto hasta por treinta y seis horas. En ese sentido, si bien la Ley Federal del Trabajo, establece el procedimiento a seguir a fin de ejecutar los laudos emitidos por la Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado, además el ordinal 950 de la legislación burocrática federal, ordena, proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, con independencia de que pueda imponer la medida de apremio indicada, también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes a fin, precisamente, de hacer eficaz tal ejecución. Conforme a lo anterior, se colige que los artículos 731 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, establecen un procedimiento para ejecutar los laudos. Sirve de sustento, por las consideraciones que la informan, la tesis XVIII.1o.2 L (10a.), emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, de texto y rubro: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor." En tales condiciones, la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, tiene a su alcance medidas para hacer cumplir el laudo, de lo que se hace patente el hecho que a la autoridad demandada, le reviste el carácter de parte en el juicio laboral de origen; y por tanto, no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino en todo momento dentro de una relación de coordinación con el particular actor; por lo que el incumplimiento por parte de las mismas, a un laudo dictado en su contra o respecto del cual se les pueda vincular a cumplirlo, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, siendo aplicable al caso concreto por el tema que contiene, la Jurisprudencia 2a./J.34/2018 (10a.), con número de registro: 20106588, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, visible en la página 478 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. En esas condiciones, el juicio constitucional indirecto que se intenta promover, resulta notoriamente improcedente; motivo por el cual hace clara la concurrencia de la causal de improcedencia en estudio. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría la naturaleza del acto reclamado. Es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda se aprecia la improcedencia del juicio de amparo. Cabe señalar que similar criterio han sostenido el Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, el primero en las quejas 27/2020 y 88/2020, y el segundo en el amparo en revisión 49/2020. 4).- Domicilio de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal. 5).- Copias. Se hace del conocimiento de las partes que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. 6).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 7).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." 8).- Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. 9).- Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en concordancia con los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 en cita. Asimismo, se le hace saber al Secretario que autoriza y da fe que, acorde al fundamento citado, es su obligación dar fe del cumplimiento de lo aquí ordenado, a fin de que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, así autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de mayo de dos mil veintidós; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
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