Javier Romero Rodríguez
Expediente 923/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Javier Romero Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de veinte de julio de dos mil veintiuno, transcurrió del treinta del mes mencionado al cinco de agosto, ambos del año en curso, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Javier Romero Rodríguez por propio derecho, ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, además, este Juzgado estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Notifíquese.
- Principal
Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo. Integración del expediente Fórmese el expediente 923/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación. Una vez analizada la demanda de amparo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en el artículo 61 de dicho ordenamiento legal, pues dicho dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. En ese sentido, se tiene que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Aunado a que las causales de improcedencia son una cuestión que debe analizarse de oficio, debido a que son de orden público, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por tratarse de actos intraprocesales que no son de imposible reparación, en la medida en que no afectan derechos sustantivos del promovente. Con el fin de demostrar la anterior conclusión, es necesario conocer el contenido de dichos artículos, que es el siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en alguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. En efecto, en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando éstos sean de imposible reparación. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del propio artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Con la Ley de Amparo vigente, la concepción jurídica de los actos dentro de juicio de imposible reparación ha cambiado, pues la afectación en grado predominante o superior ha dejado de ser un criterio que sirva para identificarlos. En la Ley de Amparo abrogada, no se definía a los actos de imposible reparación, razón por la cual fue en la jurisprudencia en donde se definieron; sin embargo, en la Ley de Amparo que rige el procedimiento actual, sí se definen a dichos actos. Así, al hacer lo que antes no había hecho -definir los actos de imposible reparación- el propio legislador excluyó la posibilidad de que se introdujera dentro de dicho concepto a los actos intraprocesales que generan una afectación en grado predominante o superior, es decir, limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio. Bajo esa tesitura, al haber cambiado sustancialmente el marco normativo sobre los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se advertía que: "(.) el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables". Lo anterior, implica que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, los actos de imposible reparación dentro de juicio que justifican la procedencia del amparo indirecto, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos, pero no procesales, con independencia del grado de afectación que generen. De modo que resulta válido sostener que las afectaciones procesales en grado predominante o superior han dejado de ser parámetro para identificar los actos de imposible reparación, pues éstos únicamente pueden ser aquellos que afectan, por sí mismos, derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales. Razones de la improcedencia. En ese contexto, del análisis que ahora se realiza a la demanda de amparo se tiene que el quejoso reclama lo siguiente: "DE LA SUBDIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE GIRAR LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LA OMISIÓN DEL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIUDADANA "ZAPOTITLA" DE SEÑALAR A LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS QUE ACOMPAÑARÍAN A LOS TESTIGOS OFRECIDOS Y ADMITIDOS POR LA PROPIA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RH/0362-C/20-05 Y RH/1648-C/20-10. DEL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIUDADANA "ZAPOTITLA", SE LE RECLAMA LA OMISIÓN EN YA REITERADAS OCASIONES DE SEÑALAR Y DESIGNAR A LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DENTRO DE ESA UNIDAD DE PROTECCIÓN QUE ACOMPAÑARÍAN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS REQUERIDOS COMO TESTIGOS A LAS AUDIENCIAS PREVISTAS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINSITRATIVOS RH/0362-C/20-05 Y RH/1648-C/20-10." En ese sentido, importante señalar que dichos actos deben entenderse como actos intraprocesales, pues es evidente que las omisiones combatidas no puedan considerarse como un acto que afecte derechos sustantivos. De ahí que, puede estimarse para efectos de la procedencia del juicio de amparo, que los actos reclamados son de carácter intraprocesal, puesto que no es definitivo, pues no pone fin a la instancia administrativa, ni tampoco es de imposible reparación, pues hasta ese momento procesal aún no se ha dictado la resolución definitiva en el mismo. Siendo, por tanto, hasta que se pronuncie resolución definitiva dentro de los procedimientos administrativos con los números de expediente RH/0362-C/20-05 y RH/1648-C/20-10, cuando se pudiera actualizar tal perjuicio, pues, puede suceder que dicha resolución le sea favorable y, en esa virtud, no se patentizaría la afectación a la parte quejosa y, en caso contrario, indefectiblemente podrá hacerlo valer, como una violación procesal en el medio de impugnación correspondiente a la resolución definitiva que en éste se dicte. Aunado a que como acto intraprocesal tampoco causa daño predominante o exorbitante que no tenga reparación alguna para hacer procedente el juicio de garantías; lo anterior es así, ya que no afecta los derechos protegidos a través de las garantías individuales, que deban ser analizados mediante el juicio constitucional, sin necesidad de esperar al dictado de la resolución definitiva, pues con tal circunstancia no se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa. De ahí que, que las omisiones de las autoridades responsables de señalar y designar a los superiores jerárquicos que acompañarían a los servidores públicos requeridos como testigos a las audiencias previstas dentro de los procedimientos administrativos RH/0362-C/20-05 Y RH/1648-C/20-10, no es una situación que hasta este momento procesal le cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, que de facto deba ser atendido en esta vía constitucional, pues se insiste sí aún no se ha dictado la resolución respectiva, la consecuencia que acarrea la determinación reclamada, trae en sí efectos meramente intraprocesales. Así, debe considerarse que respecto del acto bajo análisis se actualiza la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezcan en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) hay pruebas documentales [anexos de la demanda que contienen el acto reclamado] que demuestran su naturaleza jurídica; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado (lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos); (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Finalmente, es importante hacer énfasis en que la presente determinación no implica desatender lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en materia de administración de justicia, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, ya que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar previamente los supuestos de procedencia previstos tanto en la Constitución Federal como en la propia Ley de Amparo. Conclusión Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 113, en relación con los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la misma legislación, a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías, promovida por Javier Romero Rodríguez registrada, contra actos del Encargado de la Dirección de la Unidad de Protección Ciudadana "Zapotitla" y otra autoridad. Atención al público Se informa a las partes que, para la atención presencial, deberán sujetarse a lo señalado en el Acuerdo General 21/2020. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo, y por autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona. Consulta del expediente electrónico Como lo solicita el promovente, se autoriza la consulta del expediente electrónico en virtud de que, con el nombre de usuario "AngelRJ" corresponde a Ángel Cuauhtémoc Rojas de Jesús, persona autorizada por la parte quejosa. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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