Javier Roman Antonio Ramirez Quiroz

Expediente 195/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
195/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • Javier Roman Antonio Ramirez Quiroz

Actuaciones

  1. Incidental

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de la Secretaría, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión el veintinueve de octubre del presente año, causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal. Por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el Artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General y atendiendo a que se negó tanto la medida cautelar provisional como la definitiva, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el último considerando de la interlocutoria de cuatro de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el precepto 356, fracción II, en concordancia con el 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. En términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción I inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JAVIER ROMÁN ANTONIO RAMÍREZ QUIROZ, este expediente es depurable, después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 195/2020. (.) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, dada la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte agraviada y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el asunto. Así, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo la parte quejosa reclama, esencialmente, la resolución dictada por la juez responsable en la audiencia preliminar de veintiuno de enero de dos mil veinte, en su expediente 716/2019, en el que ordenó fijar a Javier Román Antonio Ramírez Quiroz, por concepto de pensión alimenticia a favor de Diana Eva González Cervantes, un día de salario mínimo vigente en el Estado, el cual deberá incrementarse de acuerdo al aumento de dicho salario mínimo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado (fojas 27), la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, aceptó la existencia del acuerdo emitido en la audiencia preliminar de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente familiar 716/2019, donde se impuso al aquí quejoso el pago de una pensión provisional. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias deducidas de su expediente 716/2019, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Como antecedentes del acto reclamado destacan los siguientes: Por ocurso presentado el tres de octubre de dos mil diecinueve, Diana Eva González Cervantes demandó a Javier Román Antonio Ramírez Quiroz, entre otras cosas, la disolución del vínculo matrimonial que tenía con él, así como el pago de una pensión provisional y definitiva. Por acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve, la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar al demandado y fijó fecha para la celebración de la audiencia preliminar. Seguido el trámite, dicha audiencia preliminar se llevó a cabo el veintiuno de enero de dos mil veinte; en ella, la juez responsable, en audiencia con Diana Eva González Cervantes y Javier Román Antonio Ramírez Quiroz, con relación a la pensión alimenticia provisional determinó. ". Ahora bien, en atención a la pensión alimenticia provisional que la actora solicita y atendiendo que los alimentos de orden público, así como de urgente necesidad, los cuales son de tracto sucesivo pues surgen de momento a momento y al haber quedado demostrado en auto que la actora era cónyuge del demandado, por lo que este tiene obligación jurídica de proporcionarles alimentos, por lo cual tienen la necesidad de que le sean proporcionados los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de comida, vestido, habitación, a fin de lograr su debida educación y sano desarrollo integral, así como atención médica que les garantice su salud física y emocional, así también como la capacidad económica que tenga el demandado y esta Autoridad pueda fijar la pensión alimenticia justa y conforme a derecho, y toda vez que la actora en el de cuenta manifiesta que el demandado labora en la empresa denominada Servicio Metálico en Laminación S.A. de C.V., o Servicios Metálicos en Laminación S.A. de C.V., sin embargo todavía que no se tiene la certeza del sueldo y demás prestaciones que percibe en dicha empresa. Por lo anterior, al ser los alimentos de orden público, y de urgente necesidad, cuyo fin es el asegurar la subsistencia de quien los demanda mientras se dicte sentencia definitiva, y atendiendo al alza inmoderada de los productos de primera necesidad para subsistir, hecho notorio que no necesita ser probado, como lo establece el artículo 284 del Código Procesal Civil en comento; con fundamento en los artículos 313, 314, 315, 320 y 323 del Código Civil vigente en el Estado, en relación con los artículos 962, 963 y 965 del Código Adjetivo de la Materia, y tomando en consideración la solvencia económica por parte del demandado que refiere la actora en el hecho número siete de la demanda de cuenta, confesión valorada en términos del artículo 380 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se fija al demandado Javier Román Antonio Ramírez Quiroz, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la actora Diana Eva González Cervantes, el equivalente a UN DIA DE SALARIO MINIMO DIARIO VIGENTE EN EL ESTADO, por cada día que compone el mes, siendo el salario mínimo vigente en la región la cantidad de $123.22 (ciento veintitrés pesos con veintidós centavos moneda nacional), mismo que deberá aumentar de acuerdo al aumento del salario mínimo vigente en el Estado. A lo anterior, tiene aplicación, la Tesis Aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de la Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, Marzo de 1994, Página: 305, cuyo rubro y sinopsis es: (la transcribe). (.)" (sic) Acuerdo que constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Se precisa que el estudio de los conceptos de violación se abordará de estricto derecho, pues quien promueve el amparo es el demandado en un juicio de alimentos; sin que se actualice alguna de las hipótesis para suplir la deficiencia de la queja. En sus conceptos de violación, el quejoso alega, en esencia: Que la responsable vulneró sus derechos humanos, y no promovió ni aplicó un control de constitucionalidad y convencionalidad, porque al fijarle una pensión alimenticia por el equivalente a un día de salario mínimo vigente en el Estado, por cada día que compone el mes, lo hizo sin tener certeza del sueldo y demás prestaciones que percibe en la empresa en que labora. Así, el tema central es el acuerdo que le impone el adeudo de una pensión provisional por el monto equivalente a un día de salario mínimo vigente en el Estado de Oaxaca; por lo que el concepto de violación expresado resulta INFUNDADO, atendiendo a los artículos 962 a 965 del Código de Procedimientos Civiles de Estado de Oaxaca, que la responsable cita en el acto reclamado, los cuales disponen: "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad". "Artículo 963. El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento". "Artículo 964. No se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente cuando se trate de investigación de la paternidad a que se refiere el artículo 396 del Código Civil del Estado, así como cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio, oposición de maridos, padres y tutores o de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes, educación de hijos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial". "Artículo 965. Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. Será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho, con título profesional legalmente expedido, en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitará de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de plazo que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un plazo igual. En los casos de investigación de la paternidad, por su especial naturaleza, se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda. El Juez deberá proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea". Los puntos a resaltar de los numerales descritos con antelación, consisten en que los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público; en cuyo caso el Juez tomará las medidas urgentes y necesarias para garantizar, entre otras cosas, los alimentos; además fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. En primer término, como se viene diciendo los alimentos son de interés general y de orden público, por lo que gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades de los integrantes del grupo familiar que no tienen los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia. Al haberse reconocido el carácter de interés social y orden público de los alimentos, se ha establecido la necesidad de dictar medidas provisionales para no dejar en estado de necesidad a los acreedores alimentarios mientras se determina la pertinencia de la pensión alimenticia. Atendiendo a que los alimentos son una prioridad de orden público, cuya naturaleza es urgente e inaplazable debe decretarse la pensión alimenticia provisional procurando asegurar la subsistencia de aquellos que los demandan hasta en tanto se resuelva el juicio respectivo. Precisada la importancia de los alimentos, también debe tomarse en cuenta, que debe mediar la petición del acreedor, requisito que fue colmado con de la solicitud formulada por la aquí tercera interesada Diana Eva González Cervantes, dentro de su demanda y de la que correspondió conocer a la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. En particular, de lo descrito en el punto tres de su demanda, en el capítulo de hechos, donde refiere que debido a la relación negativa que tuvo con el aquí quejoso, y a la constante actitud violenta de éste, en la actualidad se encuentra sola, sin amistades, sin familia, sin trabajo y totalmente temerosa de enfrentarse a la realidad. Agrega en la parte final del punto cinco de hechos, el aportar un convenio para dilucidar las cuestiones relacionadas con alimentos, compensación y disolución de la sociedad conyugal legal. Y aun cuando el quejoso niega esa violencia en el procedimiento natural, al contestar los hechos de la demanda, sí acepta que la tercera interesada tomó decisiones en su esfera personal, familiar y laboral; aunque asegura que a él no se le puede responsabilizar de esas decisiones. Ahora, adicional a la petición de alimentos de la actora, aquí tercera interesada, acompañó a su escrito de demanda las pruebas que consideró pertinentes con el fin de influir en el ánimo de la juzgadora para que se decretara la medida de aseguramiento alimenticia al menos de manera provisional, sumario del que la autoridad responsable consideró demostrada la necesidad de alimentos, con base en: Copia certificada del atestado relativo al acta de matrimonio celebrado entre Javier Román Antonio Ramírez Quiroz y Diana Eva González Cervantes (foja 40); Constancia de estudios de doce de julio de dos mil diecinueve, donde el Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, hace constar que Diana Eva González Cervantes, el doce julio de dos mil diecinueve, se encontraba inscrita como alumna regular en el sexto semestre de la licenciatura en derecho (foja 46). De los citados medios de convicción, se advierte la existencia de un vínculo matrimonial entre Javier Román Antonio Ramírez Quiroz y Diana Eva González Cervantes y que esta última es estudiante de la licenciatura en derecho, sexto semestre, al doce de julio de dos mil diecinueve. Finalmente, la responsable expresó que el aseguramiento de los alimentos se realizó de manera provisional, atendiendo a su naturaleza. De esta manera, se estima que es correcto que la responsable, con los indicios aportados por la actora, y con audiencia del aquí quejoso, el otorgamiento de la pensión alimenticia provisional solicitada a favor de la actora, ya que para su solicitud no se requieren formalidades especiales y el Juez tenía facultades para incluso, intervenir de oficio y decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros, considerando la atención inaplazable que requieren los alimentos, sobre todo porque a la fecha la quejosa es estudiante de la licenciatura en derecho. Máxime que los alimentos si bien han de ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, y para que esta medida resulte justa y equitativa, en los casos donde en el sumario no exista medio de convicción alguno que evidencie a cuánto ascienden los ingresos del obligado a proporcionar alimentos, la autoridad responsable, actuando dentro de los límites de la lógica y la razón, debe fijar discrecionalmente el monto de la pensión tomando como base, por lo menos, un salario mínimo diario, ya que en esas condiciones es el que se considera suficiente para sufragar los gastos elementales que comprende el concepto de alimentos y sin que exista dato de que con esa decisión se comprometa la subsistencia del deudor alimentario, como lo indica el artículo 323 del Código Civil del Estado de Oaxaca, que señala que para fijar una pensión alimenticia justa y equitativa, deben tomarse en cuenta no solo las posibilidades económicas con que cuenta el deudor alimentario, sino también las necesidades del acreedor, sin comprometer, como se dijo, la subsistencia del deudor alimentario. Lo que tiene sustento en la jurisprudencia 1ª./J. 44/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que inclusive cita el quejoso en su demanda de amparo; criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página once del tomo XIV, agosto de dos mil uno, Novena Época, materia civil, registro 189214, que se transcribe. "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social. Así como en la tesis II.2o.177 C, visible en la página trescientos cinco del tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación, marzo de mil novecientos noventa y cuatro, materia civil, registro 213047, que incluso cita la responsable y es del tenor literal. "ALIMENTOS. FIJAR SU MONTO EN UN DIA DE SALARIO MINIMO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL PAGO DE. Tomando como punto de partida que no existen en la ley normas acerca de la cuantía de la pensión alimenticia, ni tampoco sobre el modo de determinarla, lo pertinente es acudir a soluciones prácticas para fijar su monto, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso, y en tal virtud, de encontrarse probado que el deudor alimentario obtiene ingresos por el desempeño de su trabajo o es propietario de algunos bienes, aunque no hubiere quedado precisado en juicio el monto de sus ingresos, no resulta desproporcionada la condena al pago de un día de salario mínimo, como pensión alimenticia diaria para la esposa y los menores, suma que representa una cantidad apenas suficiente para subsistir, frente al costo de la vida". Así, ante la destacada circunstancia que la responsable fijó un salario mínimo por concepto de pensión alimenticia, a nada práctico conduciría conceder el amparo a fin de que la autoridad responsable expusiera mayores razones para emitir el acto reclamado, que es el mínimo que pudo haber fijado. Ahora, las documentales que el quejoso aportó en el juicio de alimentos, consistentes en el contrato de arrendamiento del inmueble que habita; el comprobante de domicilio sobre el pago de servicio de internet, no lo eximen de su deber de proporcionar a Diana Eva González Cervantes, la cantidad fijada por la responsable a fin de cubrir los alimentos de ésta. En ese orden, ante lo infundado de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el quejoso invocara como concepto de violación, el ataque a sus derechos humanos, solicitando la aplicación del control de convencionalidad respecto de su petición de amparo a la luz de la protección constitucional para evitar que se cometan violaciones a sus derechos fundamentales; pues no cumple con los requisitos que mínimamente debe contener su manifestación para considerar que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales, ya que en lo particular no precisa qué norma en específico es inconstitucional o inconvencional, y cuál derecho humano está en discusión, lo cual tampoco se advierte ocurra; situación que imposibilita realizar el control de convencionalidad solicitado, pues como se viene diciendo no expresa ni siquiera los mencionados requisitos en su segundo concepto de violación para que se lleve a cabo el análisis respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 123/2014 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro doce, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página: ochocientos cincuenta y nueve, con número de registro 2008034, bajo el rubro y texto siguientes: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos de violación de que las "normas aplicadas en el procedimiento" respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y a los Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese control, debido a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que contengan derechos humanos, se necesitan requisitos mínimos para su análisis; de otra manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos planteados." SEXTO. Transparencia Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. SÉPTIMO. Captura de la sentencia en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a (.) , contra el acto reclamado de la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, consistente en el acuerdo contenido en la audiencia preliminar de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente 716/2019, en la parte donde se concedió una pensión alimenticia provisional, a favor de la tercera interesada Diana Eva González Cervantes, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. Notifíquese y regístrese.

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