Javier Rojas Huidobro
Expediente 2102/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2102/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/02/2023
Partes del expediente
- Javier Rojas Huidobro
- Magistrados Que Integran la Segunda Sala En Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se ordenó el archivo del presente asunto, sin que se precisara su clasificación documental; en consecuencia, se provee: En cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que prevé las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el citado numeral 18 del referido Acuerdo General, una vez realizada la depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de control). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la discusión, aprobación y expedición al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno; en específico los artículos 61 y 62. Por resolución dictada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó este juicio promovido por la parte quejosa Alfonso Mendoza Velázquez. En auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a ********, autorizado de la parte quejosa, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia de mérito. Mediante auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito informando que, por diverso proveído de siete de marzo del presente año, dictado en el toca 153/2022, dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el presente juicio. Por ejecutoria pronunciada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo indirecto número 845/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Puebla SEGUNDO. Es INFUNDADA la revisión adhesiva interpuesta por la autoridad responsable. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********, contra los artículos 61 y 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria". En la cual, se precisaron como efectos para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, los siguientes: "Ante lo fundado del tercer concepto de violación, se concede el amparo al quejoso para el efecto de que la responsable realice las gestiones necesarias a efecto de equiparar al quejoso con los integrantes del sistema nacional de Investigadores que están en posibilidad de recibir apoyo económico, esto es, extienda la posibilidad de que el quejoso sea aspirante a recibir el apoyo económico contenido en los artículo 61 y 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores otorgado a los integrantes que se encuentran adscritos a una institución pública de educación superior o centro de investigación de sector público en México y se le incluya a efecto de revisar el cumplimiento del resto de los requisitos necesarios para el goce de ese beneficio". En ese sentido, mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el respectivo cumplimiento. A lo anterior, la subdirectora de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en suplencia de la Directora de Estrategias y Procesos Jurídicos, está en suplencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y este último en representación de las autoridades señaladas como responsables del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante oficio I2100/2687/2022, de tres de noviembre de dos mil veintidós, informó que no le ha aplicado de ninguna manera al quejoso el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado el veinte de abril de dos mil veintiuno, en atención a que fue abrogado el reglamento del sistema nacional de investigadores de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, así como su posterior reforma publicada el veinte de abril de dos mil veintiún; por lo que, precisa, Alfonso Mendoza Velázquez se encuentra desincorporado permanentemente de la aplicación de los artículos 61 y 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado el veinte de abril de dos mil veintiuno, así como del Acuerdo 2aextraord- 02/2021 de tres de marzo de dos mil veintiuno, por lo que permanece equiparado a los investigadores que están en posibilidad de recibir un estímulo económico. Por lo anterior, el siete de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó electrónicamente a la quejosa el once de noviembre de dos mil veintidós. De lo que se sigue, que los artículos 61 y 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado el veinte de abril de dos mil veintiuno, no le fueron aplicados al aquí promovente, ello en virtud de que el quejoso participó en la convocatoria del año dos mil veinte para el ingreso o permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores, por lo cual, no le ha aplicado de ninguna manera al quejoso el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado el veinte de abril de dos mil veintiuno, en atención a que fue abrogado el reglamento del sistema nacional de investigadores de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, así como su posterior reforma publicada el veinte de abril de dos mil veintiún y el quejoso Alfonso Mendoza Velázquez se encuentra desincorporado permanentemente de la aplicación de los artículos 61 y 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado el veinte de abril de dos mil veintiuno, así como del Acuerdo 2aextraord-02/2021 de tres de marzo de dos mil veintiuno, por lo que permanece equiparado a los investigadores que están en posibilidad de recibir un estímulo económico.. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; y, acuérdese lo conducente dentro del incidente de suspensión. Ahora bien, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. Finalmente, para efectos de estadísticos de existencia de este órgano jurisdiccional, se precisa la siguiente información en torno al cumplimiento del fallo amparador dictado en el presente juicio constitucional: Campo solicitado Fechas 1 Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad 3 de noviembre de 2022 2 Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento 4 de Noviembre de 2022 3 Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el apercibimiento 11 de Noviembre de 2022 4 Fecha en que se tuvo por cumplida la ejecutoria 20 de Diciembre de 2022
- Principal
CITATORIO PARTE QUEJOSA. San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que por oficio presentado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remite copia certificada de la sentencia pronunciada por la Sala antes referida el trece de diciembre del presente, así como de su notificación, dentro del expediente de origen 235/2022, de su índice. Atento a lo anterior, toda vez que de autos se advierte, que el acto reclamado por el hoy quejoso dentro del presente juicio constitucional consiste en la omisión de dictar la resolución relativa al recurso de apelación en el Toca Civil 235/2022; y de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se aprecia la resolución emitida el trece de diciembre del año en curso, misma que resulta el acto reclamado por el quejoso en su demanda de amparo. En consecuencia, se estima operante la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se refiere a la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, habida cuenta de que, el señalado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, lo constituye precisamente la omisión de dictar la resolución relativa al recurso de apelación en el Toca Civil 235/2022 del índice del Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, del que se advierte a la citada fecha, ya fue resuelto por la autoridad responsable, quien en alcance a su informe justificado, remitió las constancias con las que acreditó lo antes mencionado. En virtud de lo anterior, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XXI, del mencionado numeral 61 de la ley de la materia, en razón de que es claro que cesaron los efectos del acto que por esta vía se combate al haberse dictado la resolución cuya omisión reclama el impetrante, por ende, se regresa a la situación que existía previamente a la emisión del acto de molestia, en virtud de que el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, tal como si se hubiere otorgado al promovente la protección constitucional solicitada. Por tanto, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 61, fracción XXI y 63, fracción V, ambos de Ley de Amparo; por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con treinta y nueve minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
AVISO TERCERO INTERESADA. San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Puebla, por el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos informa lo siguiente: - Que el cinco de diciembre de dos mil veintidós, se dejó sin efecto legal alguno el oficio ********* de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, emitido por la Subdelegada Técnica del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, en representación del Delegado, que recayó a la solicitud del aquí quejoso presentada el diecinueve de julio de dos mil dieciocho. - Que el cinco de diciembre de dos mil veintidós se generó el oficio ******** donde señala las diez horas del dieciséis de diciembre para que le sean entregados los documentos generados a favor del quejoso. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifieste lo que a su interés convenga respecto de lo informado por parte de la autoridad responsable; apercíbase a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal.
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