Javier Roa Gutiérrez
Expediente 562/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Javier Roa Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de dos de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 04/04/24 17:27:45 órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito firmado por los terceros interesados Héctor Andrade Rincón, Antonio Mosqueda Saldaña y Manuel Hernández Huante, en cuanto presidente, secretario y tesorero respectivamente del comisionario Ejidal del núcleo de la población ejidal denominado "San Antonio Carano" en Puruándiro, Michoacán, y como lo solicitan, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse a su costa las copias en los términos que solicitan, autorizando a la persona que indica para recibirlas, previo recibo que se deje en autos; por tanto, y toda vez la práctica de diligencias presenciales se encuentran restringidas, se le informa a la parte tercera interesada que deberá generar, su respectivo código QR, en los términos establecidos en el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que le sean entregadas las mismas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del dos de agosto de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 562/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con dos escritos presentados en esta propia fecha y registrados con los números 12524 y 12525, suscritas por la parte tercera interesada, mediante los cuales formula alegatos y ofrece pruebas. A lo anterior el juez acuerda: Ténganse por recibidos los escritos presentados en esta fecha por la parte tercera interesada y provéase lo conducente en la etapa respectiva. A continuación la secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que remitieron con su informe las autoridades responsables, así como con las que acompañó la parte quejosa a su demanda y las que pruebas documentales a que hizo referencia la parte tercera interesada en su escrito presentado en esta propia fecha, igualmente, con la prueba presuncional en su doble aspecto, legal y humano. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por las autoridades responsables, por la parte quejosa y la parte tercera interesada. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que únicamente la parte tercera interesada formuló los de su intención. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen rendidos los alegatos del ejido tercero interesado y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Javier Roa Gutiérrez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Zamora, y de otras autoridades. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, este juzgado, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; otorgó la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Luego, en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoció carácter de tercero interesado al núcleo de la población ejidal denominado San Antonio Carano, del municipio de Puruándiro, Michoacán, al ser la parte agraviada dentro de la causa penal 21/2013, de la que deriva la carpeta de ejecución AMPA-9/2022 de origen, y en el propio auto se le tuvo apersonándose al presente juicio, a través de su Comisariado Ejidal. Finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites legales, tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede y ahora se procede a resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades residentes dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y de conformidad con el criterio citado, se advierte que Javier Roa Gutiérrez, reclama: Del Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Zamora, Michoacán: La orden de restitución de las fracciones números 21, 25 y 29 del Ejido de San Antonio Carano, pertenecientes al municipio de Puruándiro, Michoacán, dictada dentro de la carpeta de ejecución 9/2022, integrada con motivo del procedimiento ordinario de vigilancia de ejecución de sentencia dictada contra Héctor Manuel Roa Castro, a quien se instruyó la causa penal 21/2013 por el delito de despojo de inmueble en agravio del Ejido San Antonio Carano, para lo cual se giró el exhorto JES-66/2022/2022 de fecha nueve de febrero de dos mil veintidós. Del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán: La orden de diligenciar el exhorto JES-66/2022/2022, girado por el juez responsable para llevar a cabo la restitución de las fracciones números 21, 25 y 29 del Ejido de San Antonio Carano, pertenecientes a ese municipio, dentro de la carpeta de ejecución 9/2022, para lo cual se formó el diverso exhorto E-10/2022 del índice del juzgado exhortado. De la Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán: La notificación realizada dentro del referido exhorto E-10/2022, formado con motivo del diverso JES-66/2022/2022, mediante el cual se ordenó restituir las fracciones en comento. Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Zamora, Michoacán, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, y a la Actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que allegaron al juicio las autoridades responsables en cita, consistentes en copia certificada de las constancias que integran el cuaderno de ejecución POSI-9/2019 [constante de un tomo], y del cuaderno de exhorto 10/2022 [mismas que obran agregadas al presente juicio]. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tienen por cierto el acto reclamado a dicha autoridad en esta instancia constitucional, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, se debe examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público Al efecto, este juzgador advierte -de oficio- que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Previo a establecer las razones por las cuales se estima que se actualiza la mencionada causal, es necesario traer a glosa la porción normativa que la regula, la cual establece lo siguiente: Los preceptos señalados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, conforme a los artículos 107, fracción I, Constitucional, 4° y 73, fracción V, de la anterior Ley de Amparo, de igual contenido sustancial a los de la actual Ley de la Materia, para acreditar el interés jurídico el promovente del amparo debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado, y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica; asimismo, que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo que supone la facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; lo anterior, según la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conviene apuntar que el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. El perjuicio entendido como el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de garantías, que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que la afectación originada no puede ser reparada por un acto jurídico posterior. Entonces, si uno de los presupuestos para el ejercicio de la acción Constitucional, es la existencia de un derecho legítimamente tutelado, puede afirmarse que es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente la titularidad de ese derecho, ya que éste no puede inferirse o presumirse. En el caso que nos ocupa, los actos reclamados tienen su origen en el cuaderno de ejecución POSI-9/2019, derivado de la causa penal 21/2013 instruida a Héctor Manuel Roa Castro, por el delito de despojo de inmueble en agravio del Ejido San Antonio Carano, en la que el Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Zamora, ordenó dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca 115/2016, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada dentro del proceso penal 21/2013. Por tanto, dio inicio a la carpeta de ejecución correspondiente y toda vez que se condenó al enjuiciado Héctor Manuel Roa Castro, a la reparación del daño, se ordenó la restitución de manera definitiva de las fracciones 21, 25 y 29 del agraviado Ejido San Antonio Carano, perteneciente al municipio de Puruándiro, Michoacán, y para ello giró el exhorto JES-66/2022/2022 de fecha nueve de febrero de dos mil veintidós al Juez Mixto de Primera Instancia del citado municipio. Ahora bien, en este apartado, es conveniente citar lo que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; [...] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" Por su parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece en el citado numeral 107, fracción VI, lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" De los anteriores preceptos transcritos deriva que las personas extrañas a juicio podrán promover amparo contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que los afecten. Es importante resaltar en este sentido, que tanto la Constitución en su artículo 107, fracciones III, inciso c) y VII, como el artículo 107, fracción VI, de su ley reglamentaria, aluden a una afectación a las personas extrañas a juicio. Esto significa que en el amparo promovido por personas extrañas a juicio debe cumplirse con el requisito general de procedencia del juicio de amparo consistente en la afectación al interés jurídico del quejoso por parte del acto reclamado, principio que es consagrado tanto por el artículo 107, fracción I, constitucional, como por el artículo 6o. de la Ley de Amparo, al disponer: "Artículo 107. ... I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo expuesto se infiere que para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, es que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, es el interés jurídico a que se refiere la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que no puede ser otra cosa, sino la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados. Lo anterior es así, porque la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase, pues sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías. Con base en lo anterior, se concluye que el criterio general al que debe atenderse para determinar que el tercero extraño a juicio puede promover juicio de garantías es la afectación a su interés jurídico, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera jurídica de derechos. Ahora bien, en el caso se advierte que el quejoso se ostentó tercero extraño a un procedimiento penal donde se dictó sentencia definitiva, misma que fue confirmada en apelación y en la que se condenó al inculpado Héctor Manuel Roa Castro, a la reparación del daño, esto es, la restitución de manera definitiva de las fracciones 21, 25 y 29 del agraviado Ejido San Antonio Carano, perteneciente al municipio de Puruándiro, Michoacán, fracciones respecto de las cuales el peticionario de garantías alega tener derechos de propiedad y posesión de los que se le pretende privar sin haber sido oído ni vencido en esa causa criminal. Luego, si de conformidad con los preceptos constitucionales y de la Ley de Amparo citados en líneas precedentes para la procedencia de la acción de amparo, es requisito que el acto reclamado cause un perjuicio al quejoso o agraviado y, en la especie, el acto reclamado es la sentencia ejecutoriada emitida en un procedimiento de naturaleza penal, en el cual se determinó la responsabilidad del inculpado en la comisión de un delito de despojo y como consecuencia de ello se le condenó a la reparación del daño consistente en la restitución de los inmuebles a la parte ofendida, es evidente que dicho fallo no le ocasiona perjuicio a quien se ostenta como tercero extraño a ese procedimiento penal. Ello es así, porque los órganos jurisdiccionales penales se pronunciaron sobre la responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de despojo, a quien condenó a la reparación del daño como pena pública; y si bien ésta consistió en la restitución a la parte ofendida de las fracciones del ejido desposeídas, su efecto es declarativo no constitutivo de derechos de propiedad ni de posesión sobre el mismo, puesto que en dicho procedimiento no se dilucidó sobre los presuntos derechos de propiedad o de posesión respecto de esos bienes, en virtud de que éstos no fueron materia de la litis en la integración del ilícito por el cual el encausado fue procesado y condenado y, como consecuencia, se le impuso la pena de restituir dichos inmuebles al ejido ofendido en esa causa penal. En efecto, el proceso jurisdiccional de naturaleza penal tiene por objeto hacer efectivos los derechos que hayan sido desconocidos o violados a la parte ofendida por el delito cometido, lo cual también incluye el de reparar los daños y perjuicios producidos, y esta función se considera parte de la pena pública y puede ser exigida por el Ministerio Público. Es decir, transgredida la ley penal nace una relación de orden público entre el Estado y el individuo a quien se imputa la comisión del ilícito, la cual determinará que de demostrarse plenamente su culpabilidad, se impongan al sujeto las penas o sanciones de seguridad que correspondan conforme a las normas aplicables. Sin embargo, la comisión del hecho delictuoso, una vez demostrada la culpabilidad, da origen también a otra relación que se refiere a la reparación del daño causado a la víctima, conformando ambos aspectos, en el sistema jurídico mexicano, la pena. En ese contexto, el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; [.]" De lo anterior se advierte que el Constituyente ha elevado a rango de garantía individual el derecho que tiene la víctima de que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito; obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía. La norma constitucional exige al Ministerio Público solicitar la reparación del daño cuando así proceda, por lo que al formular conclusiones de acusación y solicitar esta reparación, tendrá que aportar los elementos necesarios para acreditarla, a fin de que el Juez, de acuerdo con las pruebas desahogadas en el proceso, resuelva lo correspondiente en la sentencia. Es decir, en el texto vigente del artículo constitucional citado se elevó a rango de garantía individual, el derecho que tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía, logrando así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a una reparación pecuniaria, tanto por los daños, como por los perjuicios ocasionados por la comisión del delito; destacando la circunstancia de que fue el propio Constituyente el que reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal se debe tutelar como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, con lo cual se logra reconocer una importancia del mismo rango a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. El criterio anterior, se ve reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 51/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 160 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, Materia Penal, Novena Época, registro digital 185508, que es del tenor siguiente: "REPARACIÓN DEL DAÑO. COMPRENDE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS DE MANERA DIRECTA POR LA COMISIÓN DEL DELITO. En los artículos 33, fracción II, del Código Penal para el Estado de Baja California, y 27, fracción II, del Código Penal del Estado de Campeche, se regula la figura de la reparación del daño, referida también a los perjuicios sufridos por la víctima; por lo que, conforme a estos dispositivos, al resolver sobre dicha reparación, de ser procedente, el Juez deberá sentenciar al sujeto activo a la indemnización de los perjuicios causados de manera directa a la víctima por la comisión del delito; pues de considerarse que dicha indemnización debe ser reclamada en la vía civil, se limitaría la interpretación de los mencionados preceptos legales en perjuicio de la víctima, dejándose de lado la amplia protección que el legislador pretendió darle en el proceso penal; consecuentemente, si en el delito de lesiones las infligidas al sujeto pasivo fueron de tal magnitud que impidieron el desarrollo de su actividad laboral cotidiana, dejando de percibir la remuneración correspondiente, este perjuicio resulta ser un efecto directo de la comisión del ilícito, a cuya reparación debe sentenciarse al procesado, independientemente de que en la legislación ordinaria civil de esos Estados se regulen las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, toda vez que tal regulación se dirige a una relación jurídica caracterizada por exigencias entre particulares, que podrán demandarse por la víctima cuando no desee formular querella, pero tampoco se encuentre dispuesta a absorber los daños y perjuicios derivados de la conducta ilícita; o bien, en contra de terceros que tengan el carácter de subsidiarios responsables del sujeto activo; pero que de ningún modo puede ser excluyente de la obligación que en materia penal el legislador impone al Juez y al Ministerio Público. Corrobora lo anterior, el texto vigente del artículo 20, apartado A, fracción I, y apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal, en el que se ha elevado a rango de garantía individual el derecho que tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía; y lograr así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a una reparación pecuniaria, tanto por los daños, como por los perjuicios ocasionados por la comisión del delito; debiéndose considerar, además, que fue el propio Constituyente el que reguló, con estrecha vinculación, los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de daños y perjuicios, lo cual confirma que, actualmente, en todo procedimiento penal se debe tutelar como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, con lo cual se logra reconocer una importancia del mismo rango a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito." En esa virtud, la sentencia que condena a la reparación del daño consistente en la restitución del inmueble es un acto que a quien perjudica es a las partes que intervinieron en ese procedimiento penal como son el sentenciado, el Ministerio Público y en este caso al ofendido, no así a quien alega tener derechos posesorios y de propiedad sobre ese bien, por lo que si éste estima que se le afectó en tales derechos, debe hacerlos valer ante los tribunales de instancia a través de la acción civil que corresponda, razón por la cual no se le deja en estado de indefensión, pues no es competencia de un Juez penal el pronunciarse sobre quién tiene mejor derecho para poseer el inmueble a cuya restitución se condenó, por ser una cuestión de naturaleza civil. Congruente con lo anterior, se concluye que no está legitimado para acudir al juicio de amparo quien se ostenta tercero extraño a un procedimiento de naturaleza penal, en el cual se dictó sentencia definitiva que condenó al inculpado a la restitución del inmueble a la parte ofendida por concepto de reparación del daño, ya que la sentencia reclamada no le ocasiona el perjuicio personal y directo que exigen los artículos 61, fracción XII y 6o., ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo antes determinado, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 126/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 564 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época, Materia Penal, registro digital 176794, del rubro y texto siguientes: "TERCEROS EXTRAÑOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME UNA SENTENCIA DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL EN EL QUE SE CONDENÓ AL INCULPADO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Conforme a los artículos 73, fracción V y 4o., ambos de la Ley de Amparo, así como a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la procedencia de la acción de garantías requiere que el acto reclamado cause un perjuicio personal y directo al agraviado; de ahí que si el acto impugnado consiste en el fallo emitido en un procedimiento penal en el cual el Juez se pronunció sobre la responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de despojo y como consecuencia lo condenó a la reparación del daño, consistente en la restitución del inmueble a la parte ofendida, es evidente que tal acto no le ocasiona al tercero extraño que alega tener derechos sobre ese bien el perjuicio exigido por los artículos mencionados, pues el efecto de esa condena es declarativa y no constitutiva de derechos de propiedad o de posesión. Ello es así, porque en un procedimiento como el referido no se dilucidan derechos de propiedad ni de posesión, en virtud de que el asunto no es materia de la litis en la integración del ilícito por el cual se procesa y condena al inculpado. Además, el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal elevó a rango de garantía individual el derecho que tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía, logrando así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a la reparación pecuniaria por daños y perjuicios. En tal virtud, la sentencia que condena a la reparación del daño consistente en la restitución del inmueble tiene el carácter de pena pública, razón por la cual dicho fallo es un acto que sólo perjudica a las partes que intervinieron en el procedimiento penal, esto es, el inculpado, el Ministerio Público o el ofendido." A mayor abundamiento, debe precisarse que el quejoso accionó la vía constitucional bajo el argumento de que se le pretende privar de la posesión y propiedad de las fracciones de predios que compró desde hace más de quince años, y exhibió con su demanda copia cotejada de un contrato de compraventa, identificaciones y un manuscrito, mismas que contienen tres diversas certificaciones del Notario Público 157, con ejercicio y residencia en Quiroga, Michoacán, en su reverso. En ese sentido, a fin de dilucidar lo que se debe entender por documento de fecha cierta debe decirse que en torno a ello no existe ninguna regulación en precepto normativo concreto que así lo defina, sino que tal tópico deriva exclusivamente de la interpretación jurisprudencial que al efecto han realizado los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para emitir interpretación jurídica obligatoria, razón por la cual hay que atender al contenido expreso de los criterios que sobre el particular ha sustentado esencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es el órgano jurisdiccional cuya interpretación es la que prevalece respecto de cualquier otra. En relación con dicho tópico cabe resaltar lo que al respecto ha considerado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 52/97, que dio motivo a la formación de la Jurisprudencia 1ª./J.46/99, visible en la página 78 del tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio, pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." De igual modo es de destacar lo que al respecto ha sustentado la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 63 del tomo cuarta parte, LXVI, Sexta Época del semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." De lo expuesto se tiene que el Alto Tribunal ha sustentado que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene cuando se actualizan las hipótesis jurídicas siguientes, a saber: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente; III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, si no se surten los supuestos enlistados el documento privado no puede generar eficacia probatoria, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar certidumbre probatoria en torno a la fecha en que existe el mismo y con ello seguridad jurídica, y así evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento señalado asentaran en éste una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Lo anterior es así, pues el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen, y por lo mismo no puede igualmente dar fe ni crear la convicción de la eficacia de la fecha que consta en el mismo, y por tanto al acaecer cualquiera de las eventualidades señaladas surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de prueba que necesariamente orienta esa conclusión. Finalmente, conviene traer a glosa el criterio que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida al resolver la Contradicción de tesis 17/2008-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Civil del Sexto Circuito, que dio origen a la jurisprudencia 66/2008, cuyo rubro es del siguiente tenor: "RATIFICACIÓN NOTARIAL. ES VÁLIDA AUN CUANDO SE HAGA CONSTAR EN UNA HOJA DIVERSA A AQUELLAS EN LAS QUE CONSTA EL DOCUMENTO A RATIFICAR, SIEMPRE QUE LA RATIFICACIÓN CUMPLA CON EL PRINCIPIO DE CERTEZA QUE DEBEN REVESTIR LOS ACTOS NOTARIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", pues al efecto expuso: "En ese tenor, la fe pública notarial implica que el funcionario que la detenta tiene la facultad legal de autenticar y dar fuerza probatoria y, en su caso, solemnidad a las declaraciones de voluntad de las partes en las escrituras, así como acreditar la certeza de los actos y hechos jurídicos que hace constar en las actas y certificaciones como lo percibe con sus sentidos. Es decir, la fe pública es una figura jurídica creada para que un funcionario autorizado, profesional de derecho, como lo es el notario, dé certidumbre a los actos, palabras o escritos que requieren ser declarados como valederos y ciertos ante diversas circunstancias. De igual forma, es de citar el texto de los artículos 143 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, vigente, y 138 de la Ley del Notariado de Puebla, abrogada, los cuales son de idéntica redacción, para establecer el alcance de los documentos notariales. El texto de los mencionados artículos es: "Los documentos públicos notariales, mientras no fuere declarada judicialmente su falsedad, probarán plenamente que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en ellos, que hicieron las declaraciones y se realizaron los hechos de los que haya dado fe el notario y que éste observó las formalidades que mencionó." De esto resulta que por disposición expresa de la ley, los documentos otorgados por notario público en el ejercicio de sus funciones, harán prueba plena de los actos o hechos jurídicos que en ellos se consignen, salvo que judicialmente llegare a declararse su falsedad. Por tanto, cuando se presenta ante el notario un documento para que sea ratificado, esto se hace con la finalidad de dar certeza sobre la existencia del acto contenido en tal instrumento, ya sea que se trate de un contrato o cualquier otro documento. Bajo ese tenor, si al pasarse ante la fe del notario un documento para su ratificación -como en el caso a estudio lo fue de diversos contratos de compraventa- el mencionado fedatario público certifica ese acto cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, es decir, llevando a cabo lo previsto en el artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, o el artículo 123 de la abrogada Ley del Notariado de la misma entidad, resulta que esa certificación prueba plenamente la ratificación que en ella se consignó por el notario, salvo que judicialmente se declare lo contrario. Esto, porque como se mencionó, la fe pública que se ejerce sobre el acto notarial de ratificación tiene como efecto dar certeza de lo ocurrido, es decir, acredita la exactitud de lo que el notario hace constar conforme lo percibió con sus sentidos. Así también, no escapa a este estudio que el referido artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla -así como el numeral 123 abrogado-, establecen que la certificación en la que se contenga la ratificación del contenido de documentos o firmas "se hará constar en ellos", sin embargo, bajo esa redacción no es dable entender que la certificación respectiva obligadamente deba plasmarse en el mismo papel que constituye el documento en cuestión, pues ello, en ocasiones, por razón de espacio, o a fin de no alterar los documentos no es posible. Además, cuando los preceptos en análisis prescriben que la ratificación de documentos "se hará constar en ellos", se refiere al contenido formal del documento y no a las hojas de papel o al material en que se haya asentado su contenido. Esto es, la certificación en la que el notario hace constar la ratificación de un documento es parte integrante del mismo, lo que quiere decir que las hojas donde consta el acto a ratificar y la hoja donde se certifica la ratificación son un todo y ambas son parte integrante del documento ratificado. Por tanto, si como ya se explicó, el notario en su carácter de fedatario público cuenta con la atribución legal necesaria para dar certeza sobre la ratificación que de un documento se haga, ello no implica que necesariamente tal ratificación se tenga que plasmar en el propio cuerpo del documento a ratificar, dado que esa circunstancia equivaldría a poner en duda la fe pública de que el notario se encuentra investido. Así, consideramos que la certificación en la que se haga constar la ratificación de un documento hecha ante notario público, es válida aun cuando se haga en un papel anexo al que contiene el acto que se ratifica, siempre que se cumplan las formalidades de ley. No obstante, no debe escapar a la vista el hecho de que si bien, en principio la fe pública del notario es incuestionable -salvo prueba en contrario-, y con base en esa investidura ratifica el contenido de algún documento, si esta ratificación es realizada en hoja diversa al documento a ratificar y en ella no se asientan los datos suficientes que permitan identificar de manera plena el acto ratificado, queda fuera del alcance del fedatario público controlar el uso que llegare a darse a la hoja de ratificación hecha por separado, pues, por lo general, dicha hoja queda en manos de los interesados, sin que se pueda tener la seguridad de que pudieren incorporarla a un documento ajeno. En ese tenor, resulta que la ratificación notarial de un documento para ser válida no requiere de que necesariamente sea plasmada en el cuerpo del propio documento a ratificar, si se llevó a cabo cumpliendo con todos los requisitos previstos en la ley -en el caso, artículos 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, y 123 de la ley de la materia, abrogada-, con la salvedad de que si la mencionada ratificación se realiza en hoja separada al documento en cuestión, a fin de no romper con el principio de certeza que implica el ejercicio de la fe pública, en dicha hoja se deben hacer constar los datos suficientes que hagan totalmente identificable el acto que se ratifica. Lo anterior, no denota problemática alguna, puesto que en cumplimiento al principio de certeza de que deben estar dotados los actos emitidos por funcionarios investidos de fe pública, los notarios estilan hacer uso de diversos recursos para generar seguridad jurídica sobre los documentos que ante ellos se pasan y otorgan, como son el uso del sello de la notaría, el entresello del documento, el folio y rúbrica de las hojas, la aplicación de hologramas, la descripción de los actos autorizados en las certificaciones, entre otros, todo lo cual es utilizado para evitar que la autenticidad de los actos notariales pueda ser cuestionada Por tanto, si el notario en ejercicio de la fe pública que posee ratifica el contenido de cualquier documento; y si en el caso, la ratificación cumple todos los requisitos de ley, es decir, que conforme al artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, vigente, -o numeral 123 de la abrogada Ley del Notariado de la propia entidad-, en el documento respectivo se hizo constar la comparecencia y reconocimiento o ratificación de los firmantes, así como su identidad y capacidad, además, se asentó al final del documento la razón "Doy fe" o el "ante mi" con la firma y sello del notario, según disponen las leyes notariales que se han venido mencionando, se entiende que dicha ratificación notarial es válida aun cuando se haya realizado en diversa hoja a aquellas en las que se contiene el documento a ratificar, pues los preceptos legales citados no obligan a que se haga en el propio papel del documento que se ratifica, y por otro lado, la validez de un acto notarial de ratificación depende de que se cumpla con el principio de certeza de que deben estar dotados los actos emitidos en función de la fe pública que ostenta el notario." De la ejecutoria transcrita, se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que los notarios públicos cuentan con la atribución legal necesaria para dar certeza sobre la ratificación que de un documento se haga, y que ello no implica que necesariamente tal ratificación se tenga que plasmar en el propio cuerpo del documento a ratificar, dado que esa circunstancia equivaldría a poner en duda la fe pública de que el notario se encuentra investido. Agregó el alto tribunal, que la certificación en la que se haga constar la ratificación de un documento hecha ante notario público, es válida aun cuando se haga en un papel anexo al que contiene el acto que se ratifica, siempre que se cumplan las formalidades de ley; esto es, que a fin de no romper con el principio de certeza que implica el ejercicio de la fe pública, en dicha hoja se deben hacer constar los datos suficientes que hagan totalmente identificable el acto que se ratifica. Que ello, no denota problemática alguna, puesto que en cumplimiento al principio de certeza de que deben estar dotados los actos emitidos por funcionarios investidos de fe pública, los notarios estilan hacer uso de diversos recursos para generar seguridad jurídica sobre los documentos que ante ellos se pasan y otorgan, como son el uso del sello de la notaría, el entresello del documento, el folio y rúbrica de las hojas, la aplicación de hologramas, la descripción de los actos autorizados en las certificaciones, entre otros, todo lo cual es utilizado para evitar que la autenticidad de los actos notariales pueda ser cuestionada. Sentado lo anterior, en la especie, el quejoso anexó a su demanda copias cotejadas de las documentales siguientes: Contrato de compraventa celebrado el cuatro de septiembre de dos mil ocho por Héctor Manuel Roa Castro en cuanto vendedor y el quejoso Javier Roa Gutiérrez como comprador, respecto de las fracciones de predios rústicos que se identificaron de la siguiente manera: "1.- Fracción 1.- mide 1-30-57.000 hectáreas y tiene las siguientes medidas y colindancias, al norte con tierras de uso común, al sur con tierras de uso común, al oriente con Alfredo Coria Alcaraz y Josefina Espino Brecha; al poniente con 22 y tierras de uso común. 2.- fracción 2.- mide 40-19.70 hectáreas, y tiene las siguientes medidas y colindancias: al noreste, 91.62 metros, más 9.83 metros, más 24.91 metros con la fracción 24, al sureste 122.42 metros con fracción con tierras de uso común, al noreste 21.22 metros, más 21.22 metros de sureste a noreste más 13.56 metros, al suroeste 30.94 metros con tierras de uso común, localizada en una pendiente ascendiente y al sur del cerro de la cruz. 3.- fracción 3.- mide 1-26-12.30 hectáreas y tiene las siguientes medidas y colindancias; al norte mide 101.28 metros con tierras de uso común y en línea quebrada al sureste 92.06 metros con tierras de uso común y José Guadalupe Cortez, al sur 104.73 metros con tierras de uso común, al oriente 56.54 metros con fracción 30; al poniente 73.96 metros en línea quebrada hacia el oriente y 48.59 metros con tierras de uso común, localizada en una pendiente ascendiente en los límites del ejido San Antonio Carano por el lado sur junto al camino a la cascada." Notificación realizada a Héctor Manuel Roa Castro por la Actuaria del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, a la que se acompaña copia del auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Ejecución responsable. Identificaciones de Héctor Manuel Roa Castro, José Martín Díaz Navarro, Lucio Abundis Rodríguez, y otra identificación ilegible. Un escrito hecho a mano, cuyo texto se observa ilegible en su mayoría y contiene un sello del Comisariado Ejidal del Ejido San Antonio Carano y otro del Consejo de Vigilancia del mismo Ejido. Dichos documentos fueron cotejados por el Notario Público 157, con ejercicio y residencia en Quiroga, Michoacán, el veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Sin embargo, este juzgador estima que dicho contrato privado de compraventa carece de fecha cierta. Se explica. Los documentos que exhibió el quejoso cuentan con tres certificaciones efectuadas ante el Notario Número Ciento Cincuenta y Siete [Raúl Christian Nava Vallejo], en ejercicio y residencia en la ciudad de Quiroga, Michoacán, el veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Certificaciones que se hicieron, la primera, al reverso de la hoja que corresponde a la parte final del acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós; sin embargo, en dicha certificación se asentó que se cotejan tres hojas. La segunda certificación, al reverso de la hoja que corresponde a la identificación de Lucio Abundis Rodríguez; y en dicha certificación se asentó que se cotejan siete hojas. Y la tercera certificación, al reverso de la hoja que corresponde a la copia de una certificación realizada por el diverso Notario Público Número Ciento Ochenta, con ejercicio y residencia en Puruándiro, Michoacán, y se asentó que se cotejan dos hojas. Luego, en el texto de dicha certificación, el fedatario público no describió los documentos que se certificaron, pues el sello sólo indica: "CERTIFICO: Que hoy COTEJE la presente copia fotostática que se compulsa en _07_ hojas, mismas que coinciden con su original que doy fe tener a la vista." Las hojas cotejadas tampoco cuentan con número de página para identificar las fojas de los documentos que corresponden a cada certificación, pues no obstante que contienen rúbrica, no llevan folio ni entre sello, por lo que tampoco hay certeza de que los documentos que se certificaron correspondan con los exhibidos por el quejoso. Lo que genera incertidumbre en este órgano jurisdiccional sobre el uso que se le haya dado a las hojas donde obran dichas ratificaciones, principalmente, de que efectivamente el contrato exhibido por el quejoso corresponda al documento respecto al cual el Notario Público número 157, efectuó su ratificación. De modo que, lo anterior crea una seria duda en quien resuelve acerca de que los documentos exhibidos por el quejoso hubieren sido manipulados, ya que al no constar en las citadas ratificaciones la descripción del documento que contiene la actuación que se ratifica, permite que las mismas sean utilizadas para cualquier documento. En esas condiciones, si bien, en principio la fe pública del notario es incuestionable -salvo prueba en contrario-, también lo es, que en las mencionadas certificaciones efectuadas por el Notario público número 157, con ejercicio y residencia en la ciudad de Quiroga, no se asentaron los datos suficientes que permitan identificar de manera plena el documento o documentos que le fueron presentados; lo que ocasionó que quedara fuera del alcance del fedatario público controlar el uso que llegare a darse a los documentos ratificados, pues, éstos quedaron en manos de los interesados, sin que se pueda tener la seguridad de que no se pudiere incorporar a un documento ajeno; lo cual contraviene el principio de certeza jurídica de que deben estar investidos los actos de los Notarios Públicos. Por tanto, este juzgador federal no puede llegar a la conclusión de que los documentos de mérito tienen el alcance probatorio suficiente para tener por acreditado el interés jurídico del quejoso en relación con el derecho relativo a los bienes raíces que pretende defender en esta sede constitucional, ello, con base en las consideraciones apuntadas en los párrafos precedentes. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 51/2005 del referido órgano de Justicia Federal, visible en la página 183 del tomo XXII, Julio de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS RATIFICADOS ANTE NOTARIO PARA ACREDITARLO. No es factible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso reclama actos de desposesión derivados de juicio y ostenta la calidad de tercero extraño mediante la exhibición de un documento privado ratificado ante notario, en cuya certificación éste asentó que uno de los comparecientes se identificó con un documento que, por razones cronológicas, no pudo existir sino mucho después de la fecha de la ratificación, y está demostrado en autos que no hay error mecanográfico o de otra índole que explique ese desfase. Ello es así, porque si la ratificación ante el mencionado fedatario tiene como propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a fin de que tenga valor contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial." También, la tesis III.2o.A.54 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 2490 del tomo XXVI, Septiembre de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CERTIFICACIÓN NOTARIAL DE UN DOCUMENTO PRIVADO DE CESIÓN DE DERECHOS. NO PUEDE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA SI NO SE PRESENTÓ ANTE EL FEDATARIO PARA LA RATIFICACIÓN DE FIRMAS. La certificación efectuada por un notario público en el sentido de que dio fe de que la copia de un documento privado de cesión de derechos es fiel reproducción de su original, no es apta para concluir que ante aquél se generó determinado acto jurídico de traslación de derechos, ni evidencia que ante él se ratificaron las firmas que en el citado documento se consignan, si éste no se presentó ante el fedatario para tal efecto. De ahí que la certificación de la copia de referencia no es suficiente para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, al carecer de fecha cierta." Por tanto, se colige que no obstante que el quejoso aduce ser propietario de las fracciones 21, 25 y 29 del Ejido San Antonio Carano a que se refiere en la demanda, no está probado que, efectivamente, cuente con ese derecho. En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Por lo que, con ello, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el agraviado, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables y que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 1028 cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Juez y Actuario exhortados, a quienes se encomendó realizar la restitución de las fracciones en comento, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la autoridad ordenadora. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 286 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Sexta Parte, Materia Común, Séptima Época, registro 253622, de texto y rubro: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Sin que sea necesario estudiar las diversas causales de improcedencia que hizo valer la parte tercera interesada en sus escritos presentados y acordados en esta propia fecha, pues fundadas o no, en nada cambia lo antes resuelto. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Javier Roa Gutiérrez, en términos de la consideración cuarta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el secretario del Juzgado Noveno Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el diverso oficio firmado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales región Zamora, Michoacán, en virtud de que fue erróneamente dirigido a ese juzgado. Por tanto se tiene por recibido, el oficio que remite el Juez de Ejecución de Sanciones Penales región Zamora, Michoacán, mediante el cual informa lo relativo a su informe previo; lo anterior sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento ya que el treinta de junio del año en curso, se resolvió sobre la suspensión definitiva en relación con dicha autoridad. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 4° de la publicación de la Lista de las Personas Admitidas a la segunda etapa del Primer Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistradas y Magistrados de Circuito, conforme a la Reforma Judicial, en virtud de que el Titular de este órgano jurisdiccional participa en el mismo, de acuerdo con el numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la Carrera Judicial y las Condiciones de los Funcionarios Judiciales, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Javier Montoya Manzo560/2019
- Javier Noé Torres Reyes313/2018
- Javier Ochoa Ruiz1412/2022
- Javier Ochoa Ruiz8/2023
- Javier Perez Bautista53/2023
- Javier Ramirez Adame1106/2018
- Javier Rojas Corona530/2021
- Javier Silva Hernandez1290/2022
- Javier Valdez Álvarez12/2020
- Javier Valdez Velázquez680/2019
- Javier Valdez Velázquez1037/2019
- Javier Vargas Hernandez368/2023