Javier Rivera Bonilla
Expediente 351/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Javier Rivera Bonilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
III- Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual este juzgado desechó la demanda de amparo, promovida por Javier Rivera Bonilla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, carátula del presente cuaderno, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Notifíquese por lista.
- Principal
III.- Con esta fecha se notifica al parte quejosa el auto de veintisiete de mayo del año en curso, que en lo conducente dice: "Toda vez que de la certificación que antecede se advierte que feneció el término de cinco días concedido al promovente del amparo en acuerdo de diez de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicha determinación y se ordena proveer lo conducente únicamente respecto los actos y autoridades que señaló en su escrito de demanda. Ahora, de la demanda que nos ocupa, se advierte que el promovente reclama el acto que hace consistir en: -La sentencia dictada el cuatro de abril de dos mil veintidós, en el toca civil número 65/2021, formado con motivo de la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada Gobierno del Estado de Quintana Roo. En principio, es necesario citar los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Conforme a los preceptos reproducidos, una vez presentada la demanda, el juzgador de amparo está obligado a estudiarla para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse, de manera manifiesta e indudable, una causal de improcedencia. Así, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que está plenamente demostrado, es decir, que se ha observado en forma patente y clara, ya sea de la lectura del escrito de demanda, de los ocursos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, para cumplir con estos extremos, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de inejercitabilidad de la acción que se advierta se actualiza en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes durante la sustanciación del juicio. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento no puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que una causa de inejercitabilidad de la acción sea manifiesta e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se desprenda del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aporten. En sentido contrario, de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia o si se tiene duda de su efectividad, no debe ser desechada la demanda, dado que se privaría al quejoso de la prerrogativa a instar el juicio de amparo, contra un acto que pudiera causarle perjuicio en su esfera jurídica de derechos; por lo tanto, en ese supuesto debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente el tema planteado, sin perjuicio de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la sentencia dictada en la audiencia constitucional así lo impone legalmente. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y; [.]". Conforme a lo trascrito procede el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; sin embargo, debe entenderse que esos actos deben ser definitivos, como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis de tesis 239/2014, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, en cuya ejecutoria estableció, en lo que interesa, lo siguiente: "...De lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Lo anterior es acorde con los principios rectores del juicio de amparo previstos en la Constitución Federal y, además, es congruente con la creación de la nueva Ley de Amparo, pues aun cuando la disposición en examen no establezca expresamente que para la procedencia del juicio bi-instancial, el acto que se reclame debe ser aquél en el que la autoridad acepta o rechaza la competencia, teniendo en cuenta que uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional, fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal, que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, pues como se vio, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Así, cuando una de las partes en un procedimiento ordinario tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, va que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. ". -Lo resaltado es propio- La jurisprudencia que derivó de la contradicción de tesis en comento, es del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Lo anterior hace evidente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, estableció que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que acontece cuando el acto es definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de quien se declina competencia se pronuncie respecto de ésta. En mérito de lo anterior, si en el caso particular el acto reclamado es la sentencia dictada el cuatro de abril de dos mil veintidós, en el toca civil número 65/2021, formado con motivo de la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada Gobierno del Estado de Quintana Roo; donde se determinó que la acción promovida por el quejoso debe aplicarse la Ley Agraria y su reglamento, por lo que decretó que dicha controversia debe conocerla el Tribunal Agrario, y su cumplimiento. Empero, contra dicha determinación no es procedente el juicio biinstancial, pues aun cuando se ubica en el supuesto normativo de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, lo cierto es que esa de segundo grado que confirma la incompetencia por declinatoria opuesta en el juicio ordinario civil de origen, no es un acto definitivo, ya que en todo caso lo será la resolución que dicte Tribunal Unitario Agrario, con sede en esta ciudad, al que le fue declinada la competencia, esto es aceptando o negando la misma, pues hasta ese momento se producirán todas las consecuencias del acto reclamado y precisamente a partir de dicha decisión podrá existir una afectación personal y directa en la esfera jurídica de la parte accionante del amparo. Entonces, es evidente que el acto reclamado ante esta instancia no es un acto definitivo; en razón de que, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declinó competencia, la acepte o rechace y no antes. Para este punto, es necesario destacar que, se desconoce la determinación del Tribunal Unitario Agrario, con sede en esta ciudad, pues la demanda de amparo no proporciona dato al respecto; incluso, este Juzgado previno a la parte promovente, para que manifestara si deseaba señalar algún acto atribuible al citado Tribunal, para estar en su caso, en posibilidad de llamarla al juicio, otorgándole el término de cinco días, y no lo hizo en su perjuicio. Máxime que con relación al tema de la procedencia del amparo existe criterio firme y definido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que el juicio biinstancial procede contra aquellos actos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Para ilustrar lo anterior, se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia del País, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 29/2015 (10a.). Página: 22. Época: Décima Época. Registro: 2009912. Contradicción de tesis 216/2014, que dice lo siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. De tal manera, se reitera, que el acto que reclama el quejoso, consistente en la sentencia dictada el cuatro de abril de dos mil veintidós, en el toca civil número 65/2021, formado con motivo de la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada Gobierno del Estado de Quintana Roo; donde se determinó que la acción promovida por el quejoso debe aplicarse la Ley Agraria y su reglamento, por lo que decretó que dicha controversia debe conocerla el Tribunal Agrario, y su cumplimiento, no es definitivo para efectos de la procedencia del juicio de amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que no produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las consecuencias jurídicas del acto reclamado. Así las cosas, ante la manifiesta e indudable presencia de la invocada causal de improcedencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Javier Rivera Bonilla; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII del mes de mayo de 1998, con el rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
- Principal
III- Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
IV-Agréguese el oficio signado por la jueza de Control y Ejecución para Adolescentes de Primera Instancia, habilitada como Juez de Control del Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, remite disco óptico que contiene la videograbación de la audiencia de seis de mayo de dos mil veintidós dictada en la carpeta administrativa 345/2021. En consecuencia, con apoyo en lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el disco compacto remitido por la autoridad oficiante, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días computados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del precepto legal antes invocado, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado, así como por oficio a la autoridad en su carácter de tercero interesado.
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