Javier Reyes Miranda
Expediente 1516/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1516/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Javier Reyes Miranda
Actuaciones
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Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de octubre de dos mil veintidós. ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible. ...M-I
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Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de octubre de dos mil veintidós. SE RECIBE RESOLUCIÓN. Agréguese a los autos el testimonio de la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en el recurso de revisión administrativa 234/2021, que en sus puntos resolutivos establece: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo indirecto 105/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, promovido por ***. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia." Acúsese el recibo de estilo acostumbrado y háganse las anotaciones en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desglósense las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión, para ser integradas al presente juicio. SE DA VISTA CON EL INFORME JUSTIFICADO. En esas condiciones, se deja sin efectos todo lo actuado en el presente juicio, a partir del acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno y se da vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por el Director de la Oficialía 01 del Registro del Estado Familiar de Xochicoatlán, Hidalgo, a fin de que en el término de quince días, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo, limitada a cuestiones derivadas de la complementación del acto reclamado en cuanto a fundamentación y motivación; con la que se dará vista a la autoridad responsable, en los términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; y, se continuara con el trámite correspondiente del presente juicio. Apercibida que, de no realizar manifestación alguna, el presente juicio se resolverá en los términos inicialmente planteados. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En atención a lo anterior, se señalan las diez horas con treinta y tres minutos del once de noviembre de dos mil veintidós para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio....M-VII
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Previo CITATORIO, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el/la auto/resolución de 29 de SEPTIEMBRE de 2022, en el/la que se determinó:... Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Con la demanda promovida por **** contra actos del Notario adscrito a la Notaria Número 4, y Registro Público de la Propiedad y del Comerció, ambos del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, fórmese el cuaderno y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1516/2022-I-B. DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de dos causales de improcedencia manifiestas e indudables; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. ACTO RECLAMADO AL NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARIA NÚMERO 4 DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO. En la especie, se estima que se individualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal; ya que no proviene de una autoridad para los efectos del juicio constitucional. Los preceptos citados son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. .. El primer artículo transcrito dispone que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en él, sino también de las demás hipótesis que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la primera fracción del numeral 1 de la Ley de Amparo prevé que el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones provenientes de autoridad que quebranten los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, la procedencia del juicio de amparo se encuentra restringida, entre otros supuestos, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad. No obstante, ni los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental ni la legislación reglamentaria de los preceptos mencionados, definen con precisión qué debe entenderse por autoridad, ya que no delimitan las características que se deben reunir para ser considerada como tal, para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sino que únicamente ejemplifican las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto de protección constitucional. Por lo cual, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, definió las características que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, acordes con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado, cuyo epígrafe es: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Tales aspectos distintivos son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Dicho criterio jurisprudencial es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089. Con base en tales directrices, para definir el concepto de autoridad, debe atenderse primeramente a si la relación que se somete a la decisión del órgano de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de las relaciones de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior En esa tesitura, es dable acudir a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir las controversias que surgen de ellas, se crea en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, siendo que las partes están en el mismo nivel, puesto que en las relaciones de coordinación existe bilateralidad. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Así, los actos de autoridad gozan de unilateralidad, porque el ente público actúa motu proprio; imperatividad debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente; así como coercitividad, puesto que a través de la infraestructura del Estado se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. En suma, el concepto jurídico de autoridad lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales e imperativos, a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En el particular, los quejosos reclaman al Notario adscrito a la Notaria Número 4 del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo la modificación del acta constitutiva de "Hidrocarburos de Hidalgo" Sociedad Anónima de Capital Variable, numero treinta y dos mil trecientos, de veintiuno de febrero de dos mil dos, inscrita bajo el número treinta y seis del Tomo Único, del Libro I, de la Sección Comercio de veinticinco de febrero de dos mil dos, y en consecuencia la exclusión de los quejosos como socios de tal empresa. Sin embargo, dichos actos no revisten las características necesarias para que sean considerados como de autoridad responsable para la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, es inconcuso que el Notario adscrito a la Notaria Número 4 del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, no tiene la naturaleza de autoridad para efectos del presente juicio de amparo En efecto, el artículo 18 de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo, dispone: "Artículo 18. El Notario Público es el profesional del derecho investido de fe pública por el Estado que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, y conferir autenticidad y certeza a los actos jurídicos y hechos o circunstancias pasados ante su fe, mediante su consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. Conserva los instrumentos en el Protocolo a su cargo, los reproduce y da fe de ellos. Actúa también como, consejero, mediador, agente certificador, árbitro o asesor internacional, en los términos que señalen las disposiciones legales relativas. La actuación notarial se realizara siempre a petición del interesado Del artículo transcrito se desprende que la función del notario esencialmente consiste en dar fe para hacer constar actos y hechos jurídicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jurídica conforme con las leyes, además de ilustrar a las personas que le soliciten sus servicios, debiendo recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las mismas. Esto es, el notario es un delegatario del Estado para dar fe pública de los actos y hechos jurídicos que generalmente se celebran entre particulares, con el fin de brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de los mismos En este orden de ideas, debe entenderse que el notario, a través de la fe pública que le es conferida, sólo hace constar los actos y hechos jurídicos que ocurren ante él, sin que de ello pueda entenderse que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Así, el hecho de que en ocasiones, por determinación de ley, como requisito formal se requiera de la intervención del notario para dar fe de un acto o hecho jurídico, de ninguna manera puede entenderse como un acto de autoridad, ya que, como se ha establecido, dicha intervención sólo tiene como efecto brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de dichos actos o hechos. En ese sentido, la labor notarial es gestionada por el particular que acude a solicitar la prestación de sus servicios, de acuerdo con el arancel respectivo, y sólo actúa a petición de parte, esto es, sólo presta sus servicios cuando una persona física o moral interesada en el otorgamiento de una escritura o en hacer constar un hecho o un acto jurídico se lo solicita y, en ese contexto, la actuación notarial es obligatoria. Por ende, la actividad notarial no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el particular, ya que no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento del particular, toda vez que, como se estableció, para que desempeñe sus funciones, es necesario que el particular solicite sus servicios. Se cita en sustento de tal determinación, la tesis aislada I.3o.C.88 K (10a.), formulada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 2091, que establece: NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales. Asimismo apoya lo anterior la tesis aislada II.3o.A.4 K (11a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo V, página 4684, registro digital 2024593, de rubro y texto siguiente: NOTARIOS PÚBLICOS. LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA NO ES UN ACTO EQUIVALENTE AL DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, YA QUE ÚNICAMENTE DA FORMALIDAD AL ACTO JURÍDICO QUE CELEBRAN LAS PARTES DERIVADO DE UN ACUERDO DE VOLUNTADES. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que para que un particular se considere autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es necesario que los actos reclamados sean equivalentes a los de autoridad, es decir, aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que sus funciones, atribuciones o facultades para efectuarlos estén determinadas por una norma general, lo que implica que esa circunstancia deriva de la naturaleza y características propias del acto, el cual debe ser unilateral, obligatorio y afectar la esfera jurídica del quejoso. En ese orden de ideas, la protocolización de una escritura pública realizada por un notario público, en el ámbito de sus atribuciones conforme a la ley del notariado respectiva, no es un acto equivalente al de una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza un acto jurídico que celebran las partes, derivado de un acuerdo de voluntades. Por tanto, es dable concluir que los actos que se atribuyen al Notario adscrito a la Notaria Número 4 del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, no tienen el carácter de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo; por ende, se individualiza la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. ACTO RECLAMADO AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIÓ DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO. De igual forma, se estima que se individualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1, fracción I, del mismo ordenamiento legal; ya que no proviene de una autoridad para los efectos del juicio constitucional. Los preceptos citados son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .. El primer artículo transcrito dispone que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en él, sino también de las demás hipótesis que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la primera fracción del numeral 1 de la Ley de Amparo prevé que el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones provenientes de autoridad que quebranten los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, la demanda de amparo también es improcedente por lo que ve a los actos de inscripción reclamados al Registro Público de la Propiedad y del Comerció, ambos del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, puesto que se señalan en vía de consecuencia y no por vicios propios. En efecto, en el caso, respecto de la referida autoridad se reclama la inscripción de la modificación del acta constitutiva de Hidrocarburos de Hidalgo" Sociedad Anónima de Capital Variable, numero treinta y dos mil trecientos, de veintiuno de febrero de dos mil dos, inscrita bajo el número treinta y seis del Tomo Único, del Libro I, de la Sección Comercio de veinticinco de febrero de dos mil dos. En virtud de ello, debe precisarse que el juicio de amparo no es el medio para combatir el acto reclamado, sino un juicio en materia civil; se dice lo anterior, porque la finalidad del juicio constitucional es la de restituir a los quejosos por actos de autoridad violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, es dable concluir que el juicio de amparo no tiene como objeto resolver conflictos entre particulares; en virtud de que sus controversias deben de ser resueltas ante la autoridad formal o materialmente jurisdiccional, a través de los mecanismos que para ello prevé la ley (por ejemplo: juicio ordinario civil). Sirve de sustento, la jurisprudencia VI.3o. J/15 del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 388, registro digital 197412; que establece: REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PARA NULIFICAR UNA INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el juicio de garantías se promueve con la finalidad de nulificar una inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, resulta improcedente al tenor del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales. Es claro entonces que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (concretamente en los artículos 3009 del Código Civil y 126, fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), se establece un procedimiento para obtener la cancelación de una inscripción registral, que en el fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la preferencia de un crédito, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto. En suma, al actualizarse de manera indudable las causales de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ***, y como autorizado para tales efectos a ***REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELELTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el juicio mercantil en que se actúa y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (debido a estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo....M-I
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Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo para que la parte interesada interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia mediante la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ***en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 2 y 86, de la Ley de Amparo, así como el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura en el sistema integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. Debido a lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Penal de Control del Segundo Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, adscrito al Judicial de Tulancingo de Bravo, para que, dentro del plazo de tres días, de cumplimiento al fallo de referencia, lo que deberá de comunicar a este juzgado federal, al igual que las medidas que tome para ese efecto. En el entendido que de no hacerlo se procederá en términos de los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, es decir, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, como lo establece el numeral 198 de la citada legislación....M-V
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