Javier Raúl Salas Chávez

Expediente 246/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
246/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Javier Raúl Salas Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México; treinta de marzo de dos mil veintidós. Toda vez que no existe nada pendiente por acordar, archívese el asunto como concluido. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Valoración del expediente, anotación en el Libro Electrónico y colocación de los sellos en la carátula. Por otra parte, se valora que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. Fundamento: artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula, asimismo, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general antes citado. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión del presente acuerdo. Fundamento: en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general. Notifíquese.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y demás aplicables; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***************, por las razones señaladas en los considerandos cuarto y sexto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***************, por los actos y autoridades responsables señalados en el considerando quinto de esta sentencia, en atención a las razones expresadas en el considerando noveno y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

  3. Incidental

    Ciudad de México, siete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la tercera certificación de cuenta, de conformidad con el inciso II, numeral 16 de la Circular SECNO 10/2021, en relación con los artículos 1 y 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de términos procesales a que aluden los acuerdos y circulares enumeradas en la primera certificación; a lo que se provee: Ténganse por recibidas las promociones de cuenta del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, la primera de ellas vía electrónica, consistente en copia del testimonio de la resolución relativa al recurso de queja Q.A. 1649/2020, de su índice; y en la restante remite un legajo de copias certificadas correspondientes al incidente en que se actúa, formado con motivo del medio de impugnación en cita. Se acusa recibo. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria virtual celebrada el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, el citado tribunal colegiado resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se desecha el recurso de queja interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la última consideración de la presente resolución". En esas condiciones, se tienen por recibidos el testimonio y el legajo de referencia para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico y comuníquese lo anterior a las partes. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su numeral 2. De igual manera, hágase del conocimiento que no se les remite la copia de la citada resolución, tomando en consideración las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la unión, aunado a que la misma se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: jorge.barrera.martinez@correo.cjf.gob.mx y antonio.vargas.bustamante@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo 246/2020,********************, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Presentación. Por escrito presentado por********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que se precisarán en el apartado condigno de esta sentencia. SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El impetrante se duele de la transgresión a los derechos humanos contenidos en los numerales 1, 5, 14, 16, 17, 22, 25, 27, 28, 123 y 127 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Turno al juzgado de distrito en materia administrativa. La demanda fue turnada al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde por auto de dos de enero de dos mil veinte, fue radicada con el número de expediente 2043/2019; de igual forma, cabe señalar que previo desahogo a la prevención efectuada -la parte quejosa decidió no señalar como autoridad responsable al Director del Diario Oficial de la Federación (fojas 43 a 44)-, en diverso proveído de dieciséis de enero siguiente (fojas 45 a 46) se admitió el referido escrito, se solicitó el respectivo informe justificado a las autoridades responsables, ordenó notificar a las partes; dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de tal adscripción (hoy Fiscal Ejecutivo Titular); y se señalaron hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, el juzgado de origen ordenó remitir el expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que le diera el turno correspondiente. QUINTO. Turno y radicación en este órgano jurisdiccional. Por razón de turno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos a este juzgado de distrito, donde por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, radicó la demanda y se avocó al conocimiento del asunto registrándolo con el número de expediente 246/2020; ordenó notificar a las partes; dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (hoy Fiscal Ejecutivo Titular); y, señaló nuevas fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, misma que después de diferirse se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral Primero del Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de febrero de dos mil veinte, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal; así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Criterios aplicables. Los criterios que se invocarán en esta sentencia son aplicables aún y cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. TERCERO. Precisión de actos. Los actos reclamados materia de litis son los siguientes: La discusión, modificación, aprobación, observación y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve; así como sus efectos y consecuencias. Cabe señalar que, la norma general se reclamó, según se apreció en la demanda, como parte de un sistema normativo complejo que regula diversas disposiciones relacionadas con el esquema de austeridad republicana, el cual incidió en los derechos de la parte quejosa desde su entrada en vigor; es decir, la impugnó en su carácter de autoaplicativa porque estimó encontrarse sujeto a las obligaciones, prohibiciones o sanciones establecidas por dicho régimen jurídico especial, dado que se ostenta como un servidor público de la Federación. Asimismo, es necesario mencionar que no se tendrá como acto destacado el señalado en la demanda de amparo como las omisiones de las autoridades responsables por desatención al mandato constitucional indicadas en el apartado correspondiente -foja 2-. Lo anterior es así, habida cuenta que de la lectura integral de la demanda, se observó que las omisiones referidas, forman parte de los argumentos planteados para acreditar la inconstitucionalidad de los actos reclamados; es decir, no es en sí mismo acto destacado sino motivos de inconformidad planteados para controvertir las disposiciones reclamadas del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Por esa razón, tales señalamientos no se tiene como acto reclamado, sin perjuicio de que sean estudiado, en su caso, en vía de conceptos de violación en el considerando correspondiente de esta sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." CUARTO. Actos inexistentes. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables que se hicieron consistir en los efectos y consecuencias del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve; lo anterior, dado que así lo refirieron las mencionadas autoridades al momento de emitir su respectivo informe con justificación; además, la parte quejosa no exhibió prueba alguna de las permitidas por ley para acreditar la existencia de tales actos y correspondía a ella la carga de la prueba al tratarse de actos positivos, en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del código supletorio que prescribe que quien afirma debe probar su dicho. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 1/93, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS DE CARACTER POSITIVO. LOS VICIOS DE CARACTER NEGATIVO QUE SE ATRIBUYAN NO RELEVAN AL QUEJOSO DE LA OBLIGACION DE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE TALES ACTOS." Por tanto, ante la falta de evidencia probatoria atribuible a la parte quejosa, procede sobreseer al respecto en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. QUINTO. Actos ciertos. Son ciertos los actos legislativos reclamados a las autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión; así como del Presidente de la República, que se hicieron consistir, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, en los siguientes: La discusión, modificación, aprobación, observación y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, pues al momento de rendir su informe justificado aceptaron la existencia de los actos que se les imputan. Además, es importante mencionar que, tener o no como ciertas las conductas atribuidas a las autoridades legislativas o administrativas no depende únicamente de lo manifestado en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables o en las omisiones en que éstas hayan incurrido, ya que corresponde al juzgador pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba y el artículo 88 del código supletorio. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.65/2000 de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación de analizar oficiosamente las causas de improcedencia en el juicio por ser una cuestión de orden público y preferente al análisis del fondo del asunto. En razón de ello, se procede al estudio de las causas de improcedencia que, de oficio, se advierten actualizadas en este juicio de amparo en relación con los actos reclamados. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 158, de rubro: "IMPROCEDENCIA." Así como la jurisprudencia 228, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Lo anterior es así, pues de autos se advierte que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar el contenido del artículo 107, fracción I, contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con los diversos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señalan: Artículo 107. . Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.) Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Conforme a los preceptos reproducidos, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así, debe entenderse por agraviado todo aquel que sufra un perjuicio, entendido éste como un menoscabo, una ofensa o lesión en sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por cualquier ley o acto de autoridad. De modo que el peticionario del amparo está obligado a demostrar la existencia de un acto concreto y que le cause un perjuicio o agravio a sus derechos o intereses, a efecto de evidenciar que se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo, en el entendido de que tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Al respecto, el artículo 107 constitucional que establece los principios rectores del juicio de amparo, pondera la existencia del agravio personal y directo, definido como: "todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En otras palabras: la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. El concepto de interés jurídico está estrechamente ligado al de agravio, pues si un acto de autoridad no lo causa, no es posible que exista aquél para ejercer válidamente la acción constitucional en su contra. De los preceptos antes transcritos, se tiene que la acción de amparo puede promoverse cuando se aduzca ser titular de un derecho, o bien cuando se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo; empero, es importante resaltar que, en todo caso, al acudir al juicio de amparo el solicitante del amparo debe situarse en alguna de las hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso, tratándose de actos que provienen de la expedición de normas que tilda de inconstitucional, la regla es que el quejoso debe acreditar el interés jurídico, es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido. Es aplicable al caso, la tesis II.2o.C.92 K, de rubro es: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE." Además, como lo prevé el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés "simple" en ningún caso podrá invocarse como interés jurídico, de modo que es necesario que tal interés descanse en un derecho derivado de la ley, que faculte a exigir del gobernante determinada conducta, positiva o negativa, y como consecuencia lógica, el correlativo deber de cumplirla. En ese sentido, hay "interés jurídico", cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal, que legitime a exigir de la autoridad determinada conducta. Asimismo, el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Resulta ilustrativa en la parte que aquí interesa la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." De lo anterior, se advierte que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo implica la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho subjetivo, y b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Luego, el interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica ya sea constitucional, legal o contractual, confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa normativa, tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad del derecho conferido. Cabe precisar que el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.16/94, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Respecto al tema, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo se sigue a instancia de parte agraviada, y se entiende como tal quien "aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", mientras que la Ley de Amparo, abunda sobre esta definición. Su artículo 5, fracción I, en la parte que interesa, define como quejoso a quien "aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo", cuando alegue que el acto reclamado viola derechos humanos y ello produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es válido afirmar que la noción de perjuicio, para efectos del juicio de amparo, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, cuya transgresión por una autoridad o por alguna ley es factor determinante para que su titular ocurra ante el órgano de control de la constitucionalidad a demandar el cese de esa violación. Esa prerrogativa protegida por el ordenamiento legal objetivo, es el interés jurídico que la ley de la materia exige para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia XXVII.1o. (VII Región) J/4 (10a), de rubro: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011." De ahí que el interés jurídico de quien promueve la acción de amparo, sólo se surte en la medida en que se demuestre que el acto reclamado afecta su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones legalmente salvaguardados. Por tanto, la demostración del perjuicio que el quejoso dice le causa el decreto reclamado, constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, pues para la procedencia de la acción constitucional, se requiere que el acto combatido incida en la esfera jurídica del solicitante de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso concreto, el solicitante del amparo refiere que con motivo de la discusión, modificación, aprobación, observación y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Ahora para que la afectación sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesario acredite encontrarse en el supuesto de la norma combatida, por lo que se debe exhibir documentales que produzcan la convicción de que tiene derecho a percibir un salario por el desempeño de un cargo público y que la norma reclamada afecte su esfera jurídica; sin embargo, no ofreció prueba idónea para acreditar que se ubica en los supuestos del Decreto combatido. Ello es así, pues para acreditar su interés jurídico, el quejoso exhibió como pruebas, copias simples del contrato C0800, reconocimiento de antigüedad RA0800 y credencial, expedidos aparentemente por la Comisión Nacional de Control de Energía; así como de la credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral a nombre del quejoso******************** (fojas 34 a 37). Documentales que, por sí solas, no demuestran el interés jurídico para instar el presente juicio de garantías, pues solo generan la presunción de la existencia de su original, por lo que los citados documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiere objetado su autenticidad. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 21/98, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN." Asimismo, robustece lo anterior la jurisprudencia J/37, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS." Por todo lo anterior, debe decirse que no basta que el solicitante de amparo manifieste encontrarse en la hipótesis de la norma reclamada, sino se requiere la demostración fehaciente de la existencia de derecho preexistente que pueda defender en la presente vía, es decir, demostrar tener un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante para impugnar las normas señaladas como actos reclamados. Así para considerar que la ley impugnada impacta en la esfera de derechos de la parte quejosa, ésta debió probar, como mínimo, ser funcionario público y que por su desempeño se encuentre sometido al régimen establecido en la normatividad impugnada. En suma, ninguno de los medios de convicción ofrecidos por la parte quejosa permite acreditar la prerrogativa manifestada, de manera que no demostró la afectación a su interés jurídico. Con base en lo anterior, es claro que la parte quejosa no tiene interés, siquiera legítimo, para reclamar la norma combatida, por lo que el presente juicio de amparo resulta improcedente, ya que el quejoso no demostró tener interés para combatirla, al no ser parte del grupo de individuos a quienes pueda afectar la normatividad impugnada. En este orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no se acreditó la afectación a un interés jurídico ni legítimo, por lo que procede sobreseer en el juicio, conforme al artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia VI.1o. J/23, con número de registro 226555, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 35, 73 a 75, 217 de la Ley de Amparo; se, Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 35, 73 a 75, 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo a que este expediente corresponde. Notifíquese.

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