Javier Rangel Rivera
Expediente 157/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Javier Rangel Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que de la certificación que antecede asentada por la secretaria, se advierte que a la fecha ha concluido el término que la Ley concede a las partes para recurrir (sin que lo hayan hecho) el auto emitido en el presente juicio de amparo el veinte de junio de la anualidad que corre, en el cual se decretó el sobreseimiento, en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio de amparo se sobreseyó, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veinte de junio actual, que en lo conducente dice: Por recibido el oficio de cuenta signado por el Responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta Ciudad, agréguese a los autos para que obre como corresponda. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales, que allega la autoridad referida. Ahora bien, de autos se advierte, que mediante escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta Ciudad de Celaya, el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, turnado a este Juzgado al día siguiente, Javier Rangel Rivera, promovió demanda de amparo contra los actos que reclamó de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta Ciudad; por violaciones a los derechos fundamentales que se encuentran consagrados en los artículos 8° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actos que hizo consistir esencialmente en la omisión de emitir respuesta definitiva a la solicitud de transmisión parcial de derechos y prórroga, presentada el doce de mayo de dos mil quince, bajo el número de expediente ***. En consecuencia de ello, mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, contra los actos que reclamó de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta Ciudad. Posteriormente, por auto de veintiuno de marzo del presente año, se reconoció el carácter de autoridad responsable al Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la ciudad de México. Ahora bien, las autoridades responsables, en su informe justificado, manifestaron que a la fecha se ha resuelto de manera definitiva la solicitud presentada el doce de mayo de dos mil quince, bajo el número de expediente ***, al emitir el Título de Concesión número ***, a nombre del peticionario de amparo, registrado ante el Registro Público de Derechos de Agua, el ocho de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, notificado, a través de su autorizado el cuatro de junio de la anualidad que corre, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por lo anterior, debe abordarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; De las constancias de autos, se desprende que fue emitido el Título de Concesión número ***, a nombre del peticionario de amparo, registrado ante el Registro Público de Derechos de Agua, el ocho de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el cual fue notificado al peticionario de amparo, a través de su autorizado el cuatro de junio de la presente anualidad; documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de conformidad con el 2° de la Ley de Amparo. Lo anterior, demuestra fehacientemente que el acto reclamado consistente esencialmente en la omisión de la responsable, para emitir la respuesta definitiva a la Solicitud presentada el doce de mayo de dos mil quince, ha cesado en sus efectos, puesto que la responsable Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, emitió el Título de Concesión número ***, a nombre del peticionario de amparo, registrado ante el Registro Público de Derechos de Agua, el ocho de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el cual fue notificado al peticionario de amparo, a través de su autorizado el cuatro de junio de la presente anualidad, en términos del artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esto es, con posterioridad a la presentación del escrito de demanda con que se formó el expediente en que se actúa. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, que para surtirse la causal de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, no basta que la autoridad responsable revoque el acto que se le reclama, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, lo que en el presente caso aconteció, al momento de que se emitió el Título de Concesión número ***, a nombre del peticionario de amparo, registrado ante el Registro Público de Derechos de Agua, el ocho de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el cual fue notificado al quejoso, a través de su autorizado el cuatro de junio de la presente anualidad, en términos del artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; de modo tal, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la Protección Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante del amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98 y 2ª. XLVIII/98, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos VIII y VII, del meses de abril de 1988 y 1998, visibles, respectivamente, en las páginas 242 y 241, que son del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. También resultan aplicables las tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98 y la aislada P. CL/97, de la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos VIII y VI, correspondientes, respectivamente, a los meses de Febrero de 1998 y Noviembre de 1997, consultables en las páginas 210 y 71, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, resulta incuestionable que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, lo cual trae como corolario decretar el sobreseimiento en el mismo, acorde con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Además, no causa ningún agravio a la quejosa ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es la Cesación de Efectos, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En la inteligencia de que las Tesis invocadas en el presente asuntos son aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dado que su contenido no se opone en lo substancial a la nueva ley. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada por auto de siete de junio de la anualidad que corre, para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba programada para las nueve horas con dieciocho minutos del día de hoy. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la nueva Ley de Amparo se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo número 157/2018-III.1 promovido por ***, por el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, como quedó precisado en párrafos precedentes y por las consideraciones relatadas con anterioridad.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que el informe justificado de la autoridad responsable Gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en la Ciudad de México, no fue rendido con una anticipación de ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, según lo establece el numeral 117 de la Ley de Amparo; por tanto, a fin de dar margen a que las partes se impongan del contenido del aludido informe y no dejarlas en estado de indefensión, con fundamento en el numeral antes citado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. De conformidad con lo que establece el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis visible en la página 409 del Tomo VII, Marzo de 1998, Novena Época, Pleno y Salas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.
- Principal
RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO. Por recibido el oficio signado por la Gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en la Ciudad de México, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, ténganse por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y désele vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. PRUEBAS. Se tienen como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. DELEGADOS. Se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que para dicho efecto indica, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PROCESAL. Asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, ello de conformidad con el artículo 28 de la Ley de la Materia.
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