Javier Ramos Cruz
Expediente 150/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Javier Ramos Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo solicitado por el quejoso *****en representación del menor de iniciales ***** por tanto, con fundamento en los artículos... se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En ese contexto, toda vez que, de la aludida sentencia, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ****en representación del menor de iniciales *** para el efecto de que el Juez responsable realice lo siguiente: ... En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que, en un plazo de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que al efecto se le realice, cumpla con la sentencia de amparo. Debiendo remitir las constancias que lo acrediten fehacientemente. Apercibida que ... NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde, el oficio 3188 suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante el cual, acusa recibo del oficio 17512/2023, deducido de la sentencia constitucional dictada el veinticinco de septiembre del año en curso. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Es necesario precisar que el oficio de cuenta fue remitido por correo electrónico y su recepción en el correo oficial de este juzgado fue certificada por el Secretario, por ende, tiene la misma calidad que si se hubiera recibido en físico, en razón de que, la información proporcionada por medio del correo electrónico, forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos, que es comúnmente utilizado en la actualidad para transmisión de documentos; estimándose apto para ese fin el uso de correo electrónico entre autoridades, al contar con cuentas oficiales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) A LA TERCERO INTERESADA EVA EDITH FLORES ÁLVAREZ, LA SENTENCIA DE VEINTICINCO DEL MES Y AÑO EN CURSO, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 150/2023, MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL FEDERAL, ESTO ES ASÍ, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN ACUERDO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN DONDE SE ORDENÓ REALIZAR LAS NOTIFICACIONES DE CARÁCTER PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA MENCIONADA PARTE, MISMA RESOLUCIÒN QUE DICE: RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Javier Ramos Cruz, en representación del menor de iniciales R.F.R.F., presentó escrito el diez de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual promovió demanda de amparo, contra la autoridad y por el acto siguientes: III. Autoridad responsable: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán. IV. Acto reclamado: El auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario oral familiar 365/2022 (en el que se niega decretar una pensión alimenticia provisional en favor del menor R.F.R.F., a cargo de su progenitora Eva Edith Flores Álvarez. Además, el quejoso narró bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, expuso que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como tercera interesada a Eva Edith Flores Álvarez. SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. La demanda de amparo por cuestión de turno correspondió a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, el que por auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, la admitió a trámite, registrándose con el número 150/2023, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se reconoció el carácter de tercera interesada a Eva Edith Flores Álvarez, de quien obra la constancia de emplazamiento correspondiente; se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el proveído reclamado tiene ejecución en el lugar donde se tramita el juicio de origen, esto es en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de técnica del juicio, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados. Apoyan lo anterior, las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que Javier Ramos Cruz, en representación del menor de iniciales R.F.R.F., reclama del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán: El auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario oral familiar 365/2022, en el que se niega decretar una pensión alimenticia provisional en favor del menor R.F.R.F. y a cargo de su progenitora Eva Edith Flores Álvarez. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Precisado el acto reclamado, corresponde determinar su existencia o inexistencia, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis aislada de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". Bajo la precisión anotada, es cierto el acto reclamado al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado, para lo cual remitió copia certificada de las principales constancias del juicio especial oral familiar 365/2022, a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2°, respecto de los hechos afirmados por la autoridad que los emitió, por tratarse de documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, que no fue objetado por las partes. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Procedencia. Se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso ninguna de las partes manifestó la actualización de causales de improcedencia, ni se advierte alguna que se actualice, y al no existir precepto que ordene plasmar en la sentencia las razones por las que no se concreta alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no hay obligación del juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa y, por tanto, se tienen por reproducidos en este apartado, máxime que no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, sin que ello se traduzca en que no serán analizados, dado que se procederá a realizar una síntesis de los mismos atendiendo a su causa de pedir, a efecto de facilitar su estudio. Es aplicable la jurisprudencia de título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN...". SEXTO. Suplencia de la queja a favor del menor involucrado. Este Juzgado de Distrito como órgano garante de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, advierte que, en el caso, se debe suplir la deficiencia de la queja a favor del menor involucrado, de acuerdo con el artículo 79, fracción II, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 79, fracción II, prevé la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de los menores, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promuevan la demanda de amparo, ni la naturaleza de los derechos que se estén cuestionando, puesto que dicha institución fue estructurada por el legislador para proteger el bienestar de los menores de edad. De esa manera, los tribunales federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo. Ello, porque el interés jurídico de las cuestiones que pueden afectar a la familia, y principalmente a menores, no corresponde exclusivamente a los padres; sino que es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad. Es aplicable, la jurisprudencia 191/20056, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." Por todo lo anterior, es que en la especie, opera la suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, a favor del menor involucrado R.F.R.F., pues resulta evidente que en la cuestión debatida, está involucrado su derecho de alimentos, en cuyo resguardo y protección, el marco legal y la sociedad en su conjunto, están interesadas. De esta manera, no cabe duda alguna, que existe un interés tutelado por la suplencia de la queja, incluso de manera absoluta, al tenor del penúltimo párrafo del citado numeral. Teniendo de contexto la premisa jurisprudencial y legal anterior, este Juzgado de Distrito está investido de amplias facultades para hacer valer los conceptos o razones que en su opinión conduzcan a la mayor protección del menor involucrado. SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, supliendo en ellos la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. El acto reclamado, como se precisó en párrafos precedentes, es el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario oral familiar 365/2022, en el que se niega decretar una pensión alimenticia provisional en favor del menor R.F.R.F. y a cargo de su progenitora Eva Edith Flores Álvarez. Ahora bien, el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, respecto a los alimentos, en lo que aquí interesa, establece: "Artículo 444. La obligación alimentaria tiene las siguientes características: . III. Es proporcional, debido a que los alimentos han de ser proporcionados conforme a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los recibe; . Artículo 446. Los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos. Sin que tal obligación comprenda la de proveer de capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. Artículo 452. Los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción, los adultos mayores y las mujeres embarazadas, gozan de la presunción de necesitar alimentos. Artículo 455. Si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez repartirá su importe entre ellos, en proporción a sus haberes. Artículo 456. Si solo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos se repartirá el importe de los alimentos y si uno solo la tuviere, el cumplirá únicamente la obligación. Artículo 464. En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además, tomará las siguientes medidas: I. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; II. Enseguida lo comunicará a su fuente laboral, para que la deposite ante el juzgado del conocimiento o haga la entrega directa de la misma al que exige los alimentos a elección de este; III. De no ser asalariado el deudor alimentario, se le requerirá inmediatamente del pago de la pensión provisional fijada, y de no satisfacerlo, se le embargarán bienes de su propiedad; y, IV. Ordenará solicitar informes y demás trámites administrativos que considere necesarios para conocer los ingresos del obligado". Del contenido de los preceptos legales transcritos se advierte en términos generales, que los alimentos son los satisfactores que una persona, dado el vínculo familiar, debe proporcionar a otra -como sus hijos menores de edad- que se encuentran en estado de necesidad a efecto de que éstos cuenten con lo necesario para subsistir y vivir dignamente. Asimismo, evidencian que la pensión alimenticia debe ser proporcional, de acuerdo a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los requiere. Dichos numerales también señalan que la solicitud de alimentos, se tramita en la vía especial oral, que en el auto de admisión, entre otras medidas, se tomará la de fijar de inmediato una pensión alimenticia provisional, la cual se fijará por el equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente y se solicitarán los informes que se consideren necesarios para conocer el ingreso del obligado. Además, conforme a lo dispuesto por los diversos artículos 11 y 932 del Código Familiar para el Estado, la autoridad judicial está facultada para intervenir de oficio en los asuntos de familia y a suplir la deficiencia de los planteamientos de las partes, incluso, cuando la controversia verse sobre derechos de menores, el Juez podrá pronunciarse sobre aspectos "que no sean materia del litigio, pero relacionados con éstos, siempre que impliquen un beneficio a favor de aquellos". Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 44/2023, en lo que aquí interesa, respecto a la temática a resolver, asentó: Que el o la progenitora que conserva la custodia de los hijos e hijas, genera una aportación alimentaria a la satisfacción de las necesidades de la persona acreedora, que consiste tanto en contribuciones materiales como en labores de cuidado. Señaló que las aportaciones deben valorarse de oficio al fijar las que corresponden al otro progenitor, ya sea que no cuente con la custodia o cuente con la custodia de otros de sus hijos e hijas. Aportaciones que, en atención al principio de proporcionalidad, deben considerarse de oficio en la determinación de las obligaciones que le corresponden, con el fin de reconocer el valor de tales actividades. Se asentó, que para la valoración de esta aportación, en cada caso será necesario considerar tanto las necesidades de quien aporta, como la capacidad de quien proporciona este trabajo y los órganos jurisdiccionales deberán considerar estas circunstancias en cada caso de manera oficiosa. Agregó, que la obligación alimentaria de la persona deudora alimentaria, debe fijarse con base en su capacidad económica, entendida como todos los recursos a su alcance para satisfacer las necesidades alimentarias de la persona acreedora. Se trata de conceptos remunerativos y no remunerativos de libre disponibilidad del sujeto obligado, que comprenden los ingresos obtenidos de rentas de capital y del trabajo. Aunque la determinación de la capacidad económica no puede estar basada en la especulación, la interpretación de esta porción normativa debe ser extensiva y holgada para cumplir su finalidad de protección alimentaria, por lo que debe evitarse cualquier punto de vista restrictivo o limitativo que atente contra el interés superior de la infancia. Se destacó que el artículo 18, inciso 1, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, es específico en ordenar a los Estados poner el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio por el que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, enfatizando que su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Además, se precisó que el principio de proporcionalidad resulta clave para la determinación de la obligación en cada caso y se ha entendido como "la posibilidad de quien tiene la obligación de dar alimentos y la necesidad de quien debe recibirlos". La interpretación adecuada de este precepto requiere de evitar la constitución de una obligación injusta y desproporcionada en perjuicio de las partes, por lo que no solamente implica un estudio de la capacidad económica de la parte deudora frente a la necesidad de alimentos del acreedor, sino que vincula al Juez a analizar otras circunstancias concretas de cada caso para hacer efectivo este principio. En relación con la capacidad económica de la persona deudora, que es necesario determinar para satisfacer el principio de proporcionalidad, la superioridad indicó, que ésta requiere de demostración precisa, por lo que, en consonancia con el mandato del artículo 4o. de la Constitución Federal de vigilar por el interés superior de la infancia, tal protección requiere de las autoridades jurisdiccionales, la determinación real y objetiva de la capacidad económica del deudor alimentario. Que la capacidad está referida tanto a los conceptos remunerativos como no remunerativos de libre disponibilidad del sujeto obligado, tratándose de trabajadores dependientes, y en caso de ser profesional independiente, al total de los honorarios y otros conceptos que perciba por el ejercicio de su profesión. Esta capacidad no se limita necesariamente al ingreso reportado o declarado por la persona deudora, sino que debe estar referida tanto a rentas de capital como del trabajo, cubriendo todos los recursos que tiene la persona para satisfacer sus necesidades materiales. Atendiendo a estas particularidades, en caso de cuestionamiento o controversia sobre la capacidad económica del deudor, señaló, la autoridad jurisdiccional está obligada a recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer la verdad y fijar el monto correspondiente. Con este propósito, podrá allegarse de elementos adicionales como los estados de cuenta bancarios, las declaraciones de impuestos, informes del Registro Público de la Propiedad y todos aquellos que permitan referir su flujo de riqueza y nivel de vida. Esta conducta activa de los órganos jurisdiccionales responde tanto a la necesidad de asegurar el interés superior de la infancia como a la obligación de garantizar la igualdad entre los miembros de la familia. Lo anterior, porque se asentó, de acuerdo con el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, corresponde a ambos progenitores, sin distinción de género y en igualdad de circunstancias, la responsabilidad primaria o preferente de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño o niña. Asentada dicha normativa y precedente, debe convenirse que el acto aquí reclamado es violatorio de los derechos del menor de iniciales R.F.R.F.. En efecto, pues de las constancias que integran el juicio especial oral familiar 365/2022, se observan los siguientes antecedentes: 1.- Mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil en Lázaro Cárdenas, Michoacán, turnado el mismo día al Juzgado Primero, Javier Ramos Cruz, promovió demanda en la vía especial oral familiar, sobre divorcio sin expresión de causa, y como consecuencia la liquidación de la sociedad conyugal, en contra de Eva Edith Flores Álvarez. 2.- En auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se ordenó emplazar a la demandada para que en el término de nueve días compareciera a dar contestación a la demanda, se ordenó dar vista al agente del Ministerio Público y se dijo que por el momento no había lugar a fijar medidas cautelares respecto de los derechos inherentes a los menores involucrados, hasta en tanto la parte demandada se encontrara debidamente emplazada y fincara su postura. 3.- En proveído de quince de junio de dos mil veintidós, se tuvo por precluído el derecho de la demandada para contestar la demanda, al haberlo hecho fuera de término. 4.- En auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia preliminar, misma que fue desahogada el ocho de noviembre de dicha anualidad, en la cual, se realizó una revisión de las medidas cautelares y en lo que interesa se asentó: ".Respecto a los alimentos y cambio de la guarda y custodia del menor F.R. de apellidos Ramos Flores. Se desahoga prueba testimonial ofertada por la parte actora, a fin de acreditar el cambio de la guarda y custodia, y de los alimentos del menor. Finalmente se otorga el uso de la voz al mandatario judicial de la actora y agente del ministerio Público quienes manifiestan que los menores sigan con sus respectivos progenitores y por lo que ve a los alimentos se haga la suspensión en los términos planteados. Se suspende los alimentos en los siguientes términos de 40% que estaban decretados al 20% se ordena girar atentos oficios. .". 5.- Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veintitrés, la parte actora solicitó la fijación de alimentos provisionales en favor del menor R.F.R.F., y a cargo de Eva Edith Flores Álvarez, para lo cual, solicitó se fijara un salario mínimo diario de manera retroactiva toda vez que dijo, él tiene bajo su guarda y custodia a dicho menor. Con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte demandada, sin que haya hecho manifestación alguna, motivo por el cual, en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se acordó lo siguiente: ". Visto el estado procesal que guarda el presente asunto del que se desprende que mediante escrito presentado en data 13 trece de los actuales se tuvo al mandatario judicial de la parte actora, solicitando como medida cautelar la fijación de alimentos, en el cual le recayó el auto de data 20 veinte del mes y año en curso, se requirió a fin de que las partes manifestaran quien guarda y custodia del menor de iniciales R.F. de apellidos Ramos Flores; sin embargo, al realizar un análisis de las constancias que integran el presente asunto, se desprende que en data 9 de los actuales, se escuchó al menor, de la cual se desprende que la parte actora es quien tiene la custodia, se procede a proveer de la siguiente manera. Dígasele al mandatario judicial de la parte actora, que no ha lugar a decretar la medida que solicita, toda vez que al realizar un análisis de la totalidad de las constancias que obran en autos, no se tiene por acreditado lo que establece el numeral 455 del Código Familiar del Estado de Michoacán, es decir, no se acredita fehacientemente que la parte demandada Eva Edith Flores Álvarez, se encuentre en condiciones de proporcionar los alimentos que solicita, por lo que al solo estar acreditada la capacidad económica de la parte actora, en términos del numeral 456 del Código Familiar le corresponde a éste proporcionar los alimentos. .". La copia certificada del expediente 365/2022, adquiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2°, respecto de los hechos afirmados por la autoridad que los emitió, por tratarse de documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, que no fue objetado por las partes. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De los anteriores antecedentes del acto reclamado, se aprecia que Javier Ramos Cruz, promovió juicio sobre divorcio sin expresión de causa, en contra de la aquí tercero interesada; además, en representación del menor de iniciales R.F.R.F., solicitó una pensión provisional alimenticia a favor de dicho infante, lo cual le fue negado bajo el argumento de que "no se acredita fehacientemente que la parte demandada Eva Edith Flores Álvarez, se encuentre en condiciones de proporcionar los alimentos que solicita". Ahora bien, la parte quejosa a fin de combatir su constitucionalidad, sostiene en síntesis lo siguiente: Que el acto reclamado vulnera el interés superior del menor R.F.R.F., y su derecho fundamental a recibir alimentos por parte de su progenitora, pues dicha autoridad se fundamentó en los artículos 455 y 456 del Código Familiar del Estado, lo cual resulta contradictorio con lo dispuesto por el diverso 453. Que dicha responsable fue omisa en tomar en cuenta lo establecido en el citado numeral 453, pues no tomó en consideración las aptitudes con las que la progenitora del menor cuenta para poder desempeñar algún trabajo, mucho menos la edad con la que cuenta actualmente, siendo que es una persona joven de treinta y nueve años de edad, quien se encuentra en óptimas condiciones de salud, sin ninguna limitación para poder trabajar, pues si bien, el hecho de que no se encuentre dentro de los autos del juicio de origen dato alguno respecto a la capacidad económica de la aquí tercero interesada, ello no es motivo de que se le exima del cumplimiento de las obligaciones que tiene con el menor, cierto es que tampoco existe dato alguno respecto a que la misma tenga impedimento para poder hacerlo, o bien desempeñar algún trabajo que le genere ingresos, por lo que la responsable al dictar el auto reclamado, omitió aplicar la equidad de género entre las partes, pues no hay que perder de vista que la obligación alimentaria es una obligación compartida entre los progenitores sin distinción de género. Que dicho auto carece de fundamentación y motivación, pues al justificarlo con el simple hecho de que el actor del juicio natural, es el único que cuenta con capacidad económica y por ende toda la obligación alimentaria de sus dos hijos tiene que recaer en él, eximiendo de dicha obligación a la madre, sin analizar el hecho de que al negar dichos alimentos vulnera a todas luces el derecho fundamental del menor, pese a que está obligada a hacerlo en términos de los artículos 1 y 4 constitucionales, aparte de ser una responsabilidad y obligación de los progenitores el suministrarlos, también es deber del Estado garantizarlos. Como se adelantó, son fundados los motivos de inconformidad planteados, supliendo en ellos la deficiencia de la queja. Lo anterior es así, en virtud de que, si en el auto reclamado, como quedó de manifiesto, la autoridad responsable se limitó a señalar "que al realizar un análisis de la totalidad de las constancias que obran en autos, no se tiene por acreditado lo que establece el numeral 455 del Código Familiar del Estado de Michoacán, es decir, no se acredita fehacientemente que la parte demandada Eva Edtih Flores Álvarez, se encuentre en condiciones de proporcionar los alimentos que solicita, .", es evidente que vulneró, en detrimento del menor involucrado en este asunto, los derechos que a su favor consagran los artículos 4° de la Constitución y 18, inciso 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo anterior, porque corresponde a ambos progenitores, sin distinción de género y en igualdad de circunstancias, la responsabilidad primaria o preferente de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. Para lo cual, como quedó de manifiesto, el principio de proporcionalidad resulta clave para la determinación de la obligación en cada caso, lo cual, requiere de evitar la constitución de una obligación injusta y desproporcionada en perjuicio de las partes, por lo que no solamente implica un estudio de la capacidad económica de la parte deudora frente a la necesidad de alimentos del acreedor, sino que vincula al Juez a analizar otras circunstancias concretas de cada caso para hacer efectivo este principio, para lo cual, está obligado a recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer la verdad y fijar el monto correspondiente, lo que resulta necesario a fin de responder tanto a la necesidad de asegurar el interés superior de la infancia como a la obligación de garantizar la igualdad entre los miembros de la familia. En tales condiciones, como la autoridad responsable en el acto a estudio, se limitó a señalar que al realizar un análisis de la totalidad de las constancias que obran en autos, no se tiene por acreditado lo que establece el numeral 455 del Código Familiar del Estado de Michoacán, es decir, no se acredita fehacientemente que la parte demandada Eva Edtih Flores Álvarez, se encuentre en condiciones de proporcionar los alimentos que solicita; es inconcuso que previo a declarar la negativa de una pensión a favor del menor R.F.R.F., se encontraba obligada a realizar el estudio pormenorizado de las condiciones del caso y además, en caso de ser necesario, recabar las pruebas necesarias para determinar su procedencia o no, lo cual resulta trascendente y necesario, a fin de que dicha autoridad judicial, esté en condiciones de llevar a cabo el análisis integral de todos los elementos que permitan valorar las posibilidades económicas vigentes de la deudora alimentaria y las necesidades actuales del acreedor, y pueda determinar, en su caso, la posibilidad o no de que puedan ser otorgados y en qué medida. Partiendo de lo expuesto, debe convenirse que el hecho de que se haya negado la fijación de una pensión alimenticia a favor del menor aquí quejoso, sin contar con los datos y las pruebas fehacientes de que la obligada efectivamente "no se encuentra en condiciones de proporcionar los alimentos" -pues al menos en el acto a estudio no fueron precisados-, es un acto que vulnera los derechos de que se queja, virtud a que al estar involucrados derechos de un menor, debe resolverse atendiendo primordialmente a su interés superior. Luego, es evidente que, como lo refiere la parte inconforme, en la especie se trasgredieron las garantías previstas en los artículos 1°, 4, 14 y 16 Constitucionales, porque se reitera, el Estado debe asegurarse que los menores no queden indefensos, ante lo cual, es necesario que la autoridad responsable decida nuevamente, lo relativo a la fijación o no de una pensión alimenticia a favor del menor R.F.R.F., y a cargo de la aquí tercero interesada. Apoya lo resuelto, la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE LA PERSONA DEUDORA ALIMENTARIA DEBE FIJARSE CON BASE EN SU CAPACIDAD ECONÓMICA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron hechos sustancialmente similares en los que un hombre demandó la disminución de la pensión alimenticia fijada previamente a su cargo. En uno de los casos, el demandante había incorporado a su hogar a una de sus hijas, mientras en los otros dos la progenitora había conservado la custodia de sus descendientes. Los Tribunales Colegiados de Circuito sostuvieron criterios opuestos al analizar la forma en que debía fijarse la obligación del deudor con base en su capacidad económica. Un Tribunal sostuvo que la capacidad económica, entendida como la capacidad en el sentido amplio del término, es la aptitud, talento o cualidad de que dispone alguien para el buen ejercicio de algo. Asimismo, consideró que aun cuando el deudor no contaba con la posesión de un inmueble del que era copropietario, el derecho de copropiedad revela la capacidad de dar alimentos en términos amplios, por lo que resulta intrascendente si el inmueble le genera o reporta un ingreso. Por su parte, otro Tribunal consideró la capacidad del deudor con base en su posibilidad de generar riqueza de acuerdo con su experiencia laboral previa y el grado de escolaridad, así como el ingreso derivado del arrendamiento de un predio que donó a su padre. Por último, el otro Tribunal tomó en cuenta la capacidad económica del deudor únicamente con base en los ingresos obtenidos de su empleo. Criterio jurídico: La obligación alimentaria de la persona deudora debe fijarse con base en su capacidad económica, entendida como todos los recursos a su alcance para satisfacer las necesidades de la persona acreedora. Se trata de conceptos remunerativos y no remunerativos de libre disponibilidad del sujeto obligado, que comprenden los ingresos obtenidos de rentas de capital y del trabajo. Aunque la determinación de la capacidad económica no puede estar basada en la especulación, la interpretación debe ser extensiva para cumplir su finalidad de protección alimentaria, por lo que debe evitarse cualquier punto de vista restrictivo o limitativo que atente contra el interés superior de la infancia. Justificación: El principio de proporcionalidad responde al interés público y social que persigue el derecho de alimentos, pues busca evitar la fijación de un monto imposible de cumplir o que atente contra la subsistencia de la persona deudora alimentaria. Por ello, no es posible imponer un criterio estrictamente matemático o aritmético para fijar el monto de la pensión alimenticia, pues una regla general de este estilo podría generar resultados inequitativos y desproporcionados que atenten contra el interés público que persigue el derecho de alimentos. En este sentido, la capacidad está referida tanto a los conceptos remunerativos como a los no remunerativos de libre disponibilidad del sujeto obligado, tratándose de trabajadores dependientes, y en caso de ser profesionales independientes, al total de los honorarios y otros conceptos que perciban por el ejercicio de su profesión. Esta capacidad no se limita necesariamente al ingreso reportado o declarado por la persona deudora, sino que debe estar referida tanto a rentas de capital como del trabajo, cubriendo todos los recursos que tiene la persona para satisfacer sus necesidades materiales. Atendiendo a estas particularidades, en caso de controversia sobre la capacidad económica del deudor, la autoridad jurisdiccional está obligada a recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer la verdad y fijar el monto correspondiente. Con este propósito, podrá allegarse de elementos adicionales como los estados de cuenta bancarios, las declaraciones de impuestos ante el fisco, los informes del Registro Público de la Propiedad y todos aquellos que permitan referir su flujo de riqueza y nivel de vida." OCTAVO. En atención a lo anterior, y con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Juez responsable realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto emitido el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, reclamado, y, Emita otro, en el cual respecto a la pensión que por concepto de alimentos fue solicitada por la parte actora, determine, que previo a proveer lo que en derecho proceda, resulta necesario recabar los datos y las pruebas necesarias que acrediten las posibilidades económicas actuales de la deudora alimentaria, así como las necesidades actuales del acreedor, y una vez que cuente con ello, determine lo que conforme a derecho proceda. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, 79, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Javier Ramos Cruz, en representación del menor de iniciales R.F.R.F., contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por los motivos y para los efectos expuestos en los considerados séptimo y octavo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, y por oficio a la autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control (electrónico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde, el oficio de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado requerido mediante oficio 4502/2023 al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán; y remitiendo como complemento al mismo, copia de las constancias que conforman el juicio ordinario familiar oral 365/2022 de su índice. Consecuentemente, con el informe y documentales de referencia, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacerlo en la audiencia constitucional. Ahora, en cuanto al testimonio que remite la autoridad responsable, no se hace necesario formar tomo de pruebas por separado, toda vez que debido a su voluminosidad, es manejable dentro del presente juicio de amparo. Por otro lado, y toda vez que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de abril de dos mil veintitrés, por ende, es jurídica y materialmente imposible integrar el presente juicio de amparo; por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL de referencia, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la misma. Es necesario precisar que el oficio, de cuenta fue remitido por correo electrónico y su recepción en el correo oficial de este juzgado fue certificada por la Secretaria, por ende, tienen la misma calidad que si se hubieran recibido en físico, en razón de que, la información proporcionada por medio del correo electrónico, forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos, que es comúnmente utilizado en la actualidad para transmisión de documentos; estimándose apto para ese fin el uso de correo electrónico entre autoridades, al contar con cuentas oficiales. NOTIFÍQUESE.
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