Javier Ramirez Cruz
Expediente 1209/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1209/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Javier Ramirez Cruz
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por********************contra los actos del DIRECTOR DEL CENTRO DE PENITENCIARIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1209/2023. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ahora bien, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, el promovente reclama a las autoridades señaladas como responsables ordenadoras siguientes: 1. DIRECTOR DEL CENTRO DE PENITENCIARIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 2. COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO DE PENITENCIARIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 3. JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 4. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL NÚMERO CUATRO "NOROESTE" (AUTORIDAD RESPONSABLE) La orden de traslado del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla al diverso Centro de Readaptación Social número Cuatro "NOROESTE", en Tepic, Nayarit, y la omisión de notificarla Traslado que, según refiere, se llevó a cabo del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, al Centro de Readaptación Social número Cuatro "NOROESTE", en Tepic, Nayarit, el día trece de noviembre del año en curso, sin que le fuera notificado. De lo cual se advierte que el quejoso desconoce si dicha orden pudiera provenir de autoridad judicial o administrativa; empero, pese a no existir certeza de tal circunstancia, en ambos supuestos el juicio de amparo es improcedente contra las órdenes de traslado, pues antes de acudir en demanda de amparo debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la ley penal aplicable, pues el incumplimiento tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio. Ello, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional; de ahí que no pueda acudirse a esa instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un medio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernador, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. ORDEN DE TRASLADO La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, fallados en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno, señaló que el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, la sala indicó que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. La sala precisó que cuando se presenten casos en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado, donde no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, -la sala señaló- porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Lo anterior, la sala precisó, porque conforme al último párrafo del artículo 117 citado, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos (apelación o controversia judicial). Por tanto, la sala señaló que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además, la sala destacó que el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, -la sala indicó- prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Y el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Asimismo, la sala indicó que en el artículo 132, fracción VII, la Ley Nacional de Ejecución Penal, se prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, por lo que de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. La sala señaló que no se surte alguno de los casos de excepción al principio de definitividad, ya que el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral; mientras que la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. De igual forma, la sala indicó que si bien la orden de traslado afecta de manera indirecta la libertad, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, porque se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Por ende, el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, será quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso; resolución contra la cual procede el recurso de apelación. Además, la sala refirió que al estar previsto el medio ordinario de impugnación en la propia ley, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De las ejecutorias de las quejas referidas derivó la tesis aislada 1a. XXI/2021 (10a.), de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]." Así como, la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de rubro: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede modificar, subsanar o nulificar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el cual estaban obligados a agotar el quejoso al no ser extraños al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere este último ordenamiento legal. Por lo anterior, respecto a la orden de traslado atribuida al JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL ESTADO DE PUEBLA y/o a las autoridades penitenciarias señaladas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede desechar la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones LOS ESTRADOS de este juzgado federal, y por autorizada al profesionista que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. Así mismo, de manera restringida a ********************, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir sus notificaciones, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA POR ASÍ SEÑALARLO Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juarez Diaz, Secretaria que autoriza y da fe.
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