Javier Porras Rodríguez

Expediente 1035/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1035/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Javier Porras Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la quejosa. Vista la demanda de amparo promovida por Javier Porras Rodríguez, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 1035/2022-V, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. La porción normativa citada regula la inobservancia del principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia norma. De lo anterior se advierte que el acto reclamado emana de un juicio del orden civil, por tanto, resulta pertinente destacar que, respecto de esa contienda, los artículos 236 al 262 del Código de Procedimientos Civiles, prevén la procedencia del recurso de apelación, en específico el numeral 245 que indica que el citado recurso, procede contra autos o resoluciones que decidan sobre un incidente, lo que en el caso acontece. En el presente asunto, la parte quejosa combate la interlocutoria de cinco de septiembre del año en curso, dictada en la audiencia preliminar, en la que se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, dentro del expediente F286/2022 del índice del Juzgado Especializado en Materia Familiar de San Francisco del Rincón, Guanajuato. En ese sentido, el acto reclamado debió controvertirse mediante la interposición del recurso correspondiente, conforme a los artículos citados. En efecto, a través de los citados medios de impugnación, se satisfacen los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa idóneo; es decir, tiene por objeto que el juez que emitió la determinación impugnada, o el superior, según sea el caso, la examinen de nueva cuenta y se dicte la resolución que corresponda. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza la posibilidad de acudir al juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad competente, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad jurisdiccional ordinaria; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad ordinaria mediante la interposición de los recursos de revocación o apelación, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Así, es incuestionable que la parte quejosa, al ser parte en el juicio natural, debió agotar el medio de impugnación respectivo antes de acudir a esta instancia constitucional, con el cual pudo haber logrado lo que por esta vía biinstancial pretende, al encontrarse en plenitud de hacer valer el recurso. Así, como se vio, no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, con lo que se concluye que la parte quejosa debió promover el recurso respectivo previsto en la legislación civil que rige el juicio natural, previo a acudir a esta instancia constitucional. Asimismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, porque los efectos del acto reclamado no son de imposible reparación y no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; sino que se trata de actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; casos en los que, la afectación no dejaría huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, en caso de obtener sentencia favorable. De lo que se desprende que, el acto reclamado no constituyen actos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues no afectan materialmente ningún derecho sustantivo consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sus efectos son meramente intraprocesales. La afirmación de que sólo se afectan derechos adjetivos y no sustantivos, tiene sustento en que la promoción del incidente intentado, surge precisamente con motivo de su intervención en el procedimiento en el que participa, al tener la calidad de demandado, una vez que tuvo conocimiento de la existencia del juicio, y al percatarse que al emplazarlo, faltaba un disco compacto con constancias ofrecidas por la parte actora, en cualquier momento tuvo la posibilidad de acudir al juzgado responsable e imponerse del mismo al ser parte en el juicio de origen, y así promover las pruebas que a su derecho favorecía, en la etapa procesal correspondiente. De ahí que no se puede concluir que el acto reclamado tenga efectos que sean imposibles de reparar y, por ende, no procede el amparo indirecto en su contra, pues los efectos que produce son solo procesales, en la medida en que únicamente tienen incidencia dentro del procedimiento en el que se originaron y, por ello, si la parte quejosa logra obtener una sentencia favorable, las violaciones de que ahora se duele se extinguirán sin haber causado afectación alguna a sus derechos sustantivos. Es decir, resulta factible que desaparezcan las violaciones de que se duele, ante la posibilidad de que la sentencia que se dicte en el juicio civil del que emana la resolución que se tilda de inconstitucional resulte favorable a sus intereses y, en caso contrario, tendrá expedito el derecho de reclamar tales violaciones a través de los conceptos de violación que formule en el juicio de amparo directo que promueva en caso de que le sea desfavorable tal decisión, o bien, en el amparo directo adhesivo que intente, en caso de que la sentencia resulte favorable a sus pretensiones, pero su contraparte sea la que ejercite la acción constitucional en la vía directa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Bulevar Mariano Escobedo número 4502 Oriente, Despacho 304, colonia San Isidro de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados de la parte impetrante, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Juan Antonio Cruz Rosas, quien tiene su número de cedula 4454955, en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito; y en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la citada Ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José Isaías Ruiz Murillo, por así solicitarlo. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE DEL USO DE SU FIREL O e.firma (ANTES FIEL). Se requiere a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En su caso, podrán solicitar la autorización para el acceso al expediente electrónico, señalando su usuario en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y podrán autorizar de igual forma que las notificaciones subsecuentes se realicen de forma electrónica. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma, las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquéllas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través del uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), ampliaciones de demanda, incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx Del mismo modo, se le requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las notificaciones que se ordenen de manera personal durante la substanciación del procedimiento, deberán desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del juicio, además, para que, en caso de que cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, advierta un diverso domicilio en el cual pueda ser localizada la persona buscada, se les faculta que se constituyan en dicho lugar y practiquen la diligencia encomendada, sin necesidad de previo acuerdo.

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