Javier Pérez Vázquez
Expediente 625/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 625/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Javier Pérez Vázquez
Actuaciones
- Incidental
...Con apoyo en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, por oficio, con copia simple de la demanda, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS; con el apercibimiento que de omitir rendirlo dentro del término señalado, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 260, fracción I y 238 de la ley de la materia, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia incidental. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PARA LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y DETENCIÓN Tomando en consideración que el quejoso señala como acto reclamado una orden de aprehensión o detención, se CONCEDE la suspensión provisional bajo los términos y condiciones siguientes: A. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, o los contemplados por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión sólo producirá el efecto de que una vez que sea aprehendido, quede a disposición de este Juzgado Decimoprimero de Distrito, en cuanto a su libertad personal en el lugar en que sea recluido, y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento penal que se le instruye, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. B. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, esta suspensión es para el efecto de que el quejoso no sea detenido; sin perjuicio de la medidas de aseguramiento que este Juzgado Federal le imponga una vez que se tenga la certeza de la existencia del mandato de captura así como de la naturaleza del delito por el cual se le giró. Lo anterior, a fin de que no evada la acción de la justicia, se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Ahora bien, si el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente y el fiscal que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I del artículo 166 citado. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 164 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado consiste en la detención del quejoso ya efectuada por autoridades administrativas distintas de Ministerio Público, la suspensión tendrá lo siguientes efectos: A. Si es por la comisión de un delito, ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del ministerio público. B. Si no tiene relación con la comisión de un delito, ordenará que sin demora sea puesto en libertad. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado afecta la libertad personal de la quejosa y ya se encuentra a disposición del Ministerio Público, la suspensión tendrá los siguientes efectos: A. Para el caso de que sea en cumplimiento de una orden de detención emitida por el propio Ministerio Público, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, deberá ser puesto en libertad o consignarla ante el juez penal correspondiente. B. En caso de tratarse de una detención en flagrancia, tendrá los anteriores efectos y el plazo se contará a partir de que sea puesta a su disposición. III. En cualquier caso distinto a los anteriores en los que el Ministerio Público restrinja su libertad, ordenará que sea puesto en inmediata libertad o consignada a un juez. El artículo 168 de la ley de la materia, prevé como requisito de efectividad de la suspensión, que se exija a la parte quejosa la exhibición de una garantía, la que deberá fijarse tomando en consideración: 1. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa. 2. La situación económica de la parte quejosa y la posibilidad de que el mismo se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos, pues la parte quejosa en su demanda de amparo no proporciona datos fidedignos respecto al delito o delitos que se le atribuyen, y no puede obligársele a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos los inculpados no tienen conocimiento de los hechos que se le atribuyen sino hasta el momento en que se les detiene. Tampoco es factible retardar el pronunciamiento sobre la suspensión solicitada hasta en tanto las autoridades responsables en su caso, informen respecto al delito que se atribuye a quien solicita el amparo, toda vez que existe peligro de que se ejecute el acto reclamado, con notorios perjuicios para la parte quejosa, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, y 139 de la Ley de Amparo, el objeto de la suspensión es precisamente evitar que se causen tales perjuicios. No obstante lo anterior, esta suspensión surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos si en el término de CINCO DÍAS, según lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de Amparo, quejosa no otorga la garantía a disposición de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), la cual podrá exhibir en cualquiera de las formas que establece la ley. Ahora bien, en caso de exhibir dicha garantía en billete de depósito o póliza de fianza, deberá ser a nombre de la quejosa, en la inteligencia de que aquélla deberá ser exhibida en un horario que permita su validación ante la afianzadora que la expide, ya que se tendrá por constituida la garantía hasta que se valide la autenticidad de dicha póliza. Con fundamento en el artículo 166, fracción II de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que se presente ante la autoridad responsable que corresponda dentro del plazo de TRES DÍAS hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído para la continuación del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, debiendo acreditar con la constancia respectiva en la que se advierta el sello de las autoridades responsables el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del mismo plazo al que se hizo alusión con anterioridad, esto es, tres días hábiles. De no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía, que en su caso se otorgue, en favor del Erario Federal y se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar el acto reclamado e internar a la parte quejosa en el reclusorio correspondiente. Signifíquesele a la parte quejosa que la obligación descrita en el párrafo precedente, será exigible hasta que se tenga la certeza respecto de la existencia de los actos reclamados y de la autoridad que la emitió. Se fija como medida de aseguramiento adicional, una vez exhibida la garantía, la obligación del impetrante de no ausentarse del lugar de residencia del juzgado natural sin permiso de su titular, así como notificar a éste de los cambios de domicilio que pudiera tener, en la inteligencia que de no cumplir con las medidas señaladas, se hará efectiva la garantía exigida a favor de la Federación y dejará de surtir sus efectos esta medida suspensiva, con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, para el caso de que el acto reclamado consista en una orden de comparecencia, presentación o citación, y toda vez que sus efectos pueden traducirse en un acto privativo de la libertad que pudiera afectarle al quejoso JAVIER PÉREZ VÁZQUEZ y existe solicitud de éste en el sentido de que se le conceda la suspensión del acto reclamado, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, y que de concederse aquélla, no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, se CONCEDE la suspensión provisional, para el efecto de que no se restringa de su libertad al quejoso, con motivo de la orden de comparecencia, citación o presentación; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. La suspensión aquí concedida surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el quejoso no otorga, en el término de CINCO DÍAS, la GARANTÍA ya precisada, en cualquiera de las formas mencionadas en el cuerpo del presente proveído. Esta suspensión debe ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 257 de la Ley de Amparo.
- Principal
... Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA promovida por JAVIER PÉREZ VÁZQUEZ. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE para la audiencia constitucional.
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