Javier Pérez Hernández

Expediente 1159/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1159/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • H. P. L.
  • Javier Pérez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el escrito signado por la tercera interesada ********************, y en atención a su contenido, se acuerda: Al efecto, con relación a su solicitud de copias certificadas, hágase del conocimiento de la ocursante que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramita vía electrónica, esto es, los acuerdos dictados en el mismo únicamente obran en el expediente electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3° de la ley de la materia, se autoriza la expedición de las copias certificadas que solicita, por los conductos que señala; en el entendido que se expedirán únicamente las actuaciones previas a la entrada en vigor del acuerdo en cita. Pues respecto a las actuaciones posteriores, se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido de que las que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas. Lo anterior, con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales conducentes, el oficio 3537/2019, signado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en el que con relación al cumplimiento de la sentencia constitucional y al requerimiento que se le hizo en proveído de dos de diciembre en curso, acordó: ". se deja insubsistente el acuerdo emitido el día diecinueve de noviembre del año en curso únicamente en lo relativo a la respuesta dada al citado PÉREZ HERNÁNDEZ, en el primer párrafo, respecto a que se suspendiera el régimen de convivencia establecido entre la menor de edad H.P.L. de identidad reservada y su madre la señora NATILUZ PÉREZ LARA; derivado al auto de fecha seis de agosto del presente año y se emite otra determinación quedando de la siguiente manera: "En lo sucesivo, en lo que atañe a la petición que formula el nombrado ***, para el efecto de que se ordene la suspensión del Régimen de Convivencia entre la menor de edad involucrada en este asunto y su progenitora no custodio NATILUZ PÉREZ LARA, por los motivos y para los fines que indica, declárese que no es de accederse a la suspensión de las visitas ordenadas, toda vez que contraviene lo dispuesto en los artículos 11 y 79 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, que establece: "La dirección de los procedimientos está confiada al Juez, quien tiene la facultad de dictar las medidas necesarias que resulten de la ley o de su potestad de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contraria al orden o a los principios que rigen los procedimientos. En particular, el juez en todo momento debe actuar de oficio para velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes." "Los jueces, siempre que durante algún procedimiento se enteren que existen conflictos derivados de la violencia familiar en contra de algún o algunos miembros de la familia, de oficio o a petición de parte interesada, debe allegarse de los elementos necesarios para dictar medidas encaminadas a protegerlos, particularmente, a las niñas, niños y adolescentes o incapaces". En todo caso debe proteger y hacer respetar el derecho de convivencia entre los miembros de la familia, salvo que se acredite que existe peligro para algún miembro de la familia. Dado que la convivencia entre padres e hijos se considera un elemento de gran importancia para la formación integral de los niños en su proyección hacia la edad adulta y sus posibles compromisos familiares y sociales, motivo por el cual, las medidas que se asuman al respecto deben buscar invariablemente su prevalencia, de modo que sólo pondrá ser objeto de suspensión temporal, en casos en que las condiciones prevalecientes pongan de manifiesto que a través de la convivencia se pone en riesgo insuperable la vida, la integridad personal o psicológica, o la formación de los menores, y no se vea posibilidad alguna de evitar esos peligros sin suprimir la convivencia. Por lo que al no existir elementos que prueben un riesgo inminente para la menor de edad de iniciales H.P.L. de identidad reservada, durante las visitas supervisadas ordenadas en el auto de fecha dieciocho de junio del año próximo pasado con su madre la señora NATILUZ PÉREZ LARA; puesto que el informe psicológico que exhibió el señor JAVIER PÉREZ HERNÁNDEZ junto con el ocurso que se provee, no es susceptible de ser tomado en cuenta ya que la convivencia ordenada únicamente se realiza en el horario comprendido de diez a doce horas en el día sábado de cada semana, en la modalidad de visitas supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, aunado que tampoco existe prueba respecto de que la referida NATILUZ PÉREZ LARA, tenga alguna incapacidad para el cuidado de su hija menor de edad; puesto que la convivencia de la menor de edad de iniciales H.P.L. de identidad reservada, con su madre la mencionada PÉREZ LARA, que el tiempo que pasa con su hija es importante para la calidad de su relación, aunque dicho tiempo, por sí solo no necesariamente suficiente; importa igualmente la calidad de la relación, la que requiere tiempo y energía. Además hay que invocar que el concepto interés superior de la niñez, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos que le corresponde a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor beneficio para ellos, como un imperativo de la sociedad hacia las personas que ejercen la patria potestad o custodia, dé tal manera que la protección de los infantes en México se ubica incluso por encima de los derechos de los adultos, y cumple hoy en nuestro sistema jurídico una trascendente función de orden público e interés social, resolviéndose por ahora, lo que resulta más beneficioso para la menor de que se trata, ya que no está probado que la convivencia con su progenitora le perjudique y por el contrario al realizarse dicha convivencia, se respeta su INTERES SUPERIOR, ya que la presencia materna, es importante para su desarrollo psicológico y emocional.". Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que la responsable nuevamente no acató a cabalidad las directrices de la ejecutoria de amparo, en cuanto a realizar un análisis congruente, exhaustivo y con razonamiento debidamente fundados y motivados, respecto de la petición del aquí quejoso de que suspendiera el régimen de convivencia establecido entre la menor H.P.L. y su madre. Pues se reitera, en la sentencia se precisó que debía realizar un análisis y valoración exhaustiva de las alegaciones y datos probatorios puestos a su consideración por el actor Javier Pérez Hernández y los que obraban en el sumario, a fin de dar respuesta congruente a la petición; ponderando lo alegado tanto por el solicitante como por la demandada en el desahogo de la vista que se le dio, y destacando las pruebas que ofreció y las del sumario, para resolver lo legalmente procedente, teniendo como eje rector el interés superior de la menor. Lo anterior se estima de esa manera, pues si bien se advierte que por auto de cinco de diciembre de esta anualidad, dejó insubsistente el diverso de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, y emitió una nueva determinación, hizo alusión a que la solicitud del aquí quejoso contravenía lo dispuesto en los artículos 11 y 79 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado; que no habían elementos que probaran la existencia de un riesgo inminente para la menor durante las visitas supervisadas, porque del informe psicológico exhibido junto con el escrito presentado, no era susceptible de ser tomado en cuenta porque la convivencia sólo se realiza en el horario comprendido de diez a doce horas del día sábado de cada semana; y que no existía prueba alguna con la que se acreditara la incapacidad de la progenitora para el cuidado de su hija. También lo es, que omitió referirse y valorar todos y cada uno de los argumentos expuestos por el aquí quejoso en sus escritos presentados el veinte de junio y uno de julio de dos mil diecinueve, junto con los elementos probatorios que exhibió para acreditar su dicho; el memorial presentado por Natiluz Pérez Lara el doce de junio de dos mil diecinueve, al desahogar la vista que se le dio de las manifestaciones realizadas por Javier Pérez Hernández; así como las diversas probanzas que obraran en el procedimiento natural, como lo es la copia certificada de la carpeta de investigación G2/204/2019, relativa a la denuncia formulada por Javier Pérez Hernández en contra de Natiluz Pérez Lara, por la comisión de hechos posiblemente delictuosos cometidos en agravio de su nieta H.P.L., y a la que hizo referencia en su diverso acuerdo de diecinueve de noviembre último. En tal virtud, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase nuevamente a la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial, turno vespertino, residente en esta capital, para que cumpla a cabalidad con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Para lo cual, deberá subsanar las deficiencias observadas en el presente proveído, tomando en cuenta los parámetros de la ejecutoria de amparo. Reinterándole que lo observado en modo alguno significa que deba resolver en un diverso sentido al que lo hizo, sino que únicamente lo haga valorando todos los elementos probatorios y alegaciones existentes en autos, pues en la concesión de amparo se le otorgó libertad de jurisdicción para el dictado de la misma. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a doscientas Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con lo informado en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mediante oficio 3279/2019, remitido por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino. Asimismo, en dicho proveído se apercibió a las partes que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó el día veinticinco de noviembre actual, siendo que por escrito recibido el día de hoy en la oficialía de partes de este Juzgado, compareció el quejoso Javier Pérez Hernández, a desahogar la vista concedida, y, por su parte, el tercero interesado no la desahogó. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se estimó que los actos reclamados resultaron violatorios de los derechos fundamentales de seguridad y legalidad, congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 16 constitucional. Por lo que el efecto protector del amparo, lo fue para: a) Que la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, dejara insubsistente el acuerdo emitido el seis de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente 117/2018, únicamente en lo relativo a la respuesta dada al actor, en cuanto a la solicitud de que se suspendiera el régimen de convivencia establecido entre la menor involucrada y su madre; y dejar intocado, lo que no fue abordado en la sentencia; y b) Emitiera otra determinación, en la que con plenitud de jurisdicción resolviera lo que en derecho procediera, con la sola condición de que debía hacerlo a través de un análisis congruente, exhaustivo y razonamientos debidamente fundados y motivados, pues sólo así se le restituiría a la parte quejosa en el goce y disfrute del derecho fundamental violado. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado al Centro de Convivencia Familiar del Estado con sede en esta ciudad. Así, por auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos fundamentales, por lo que se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Juez responsable remitió el oficio 3279/2019 de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en cuyo contenido se aprecia la transcripción del auto de diecinueve del mismo mes y año, en el que se declaró insubsistente el acuerdo de seis de agosto del año en curso, únicamente en lo relativo a la respuesta dada al aquí quejoso, relativa a que se suspendiera el régimen de convivencia establecido entre la menor y su madre. Asimismo, en dicho proveído se emitió una diversa determinación, en la que no se accedió a su petición, toda vez que de la carpeta de investigación G2/2014/2019, remitida por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Sexuales, se advirtió como conclusión que la infante no presentó indicios de agresión sexual alguna. Y se exhortó al actor, aquí quejoso, para dar cumplimiento al régimen de convivencia provisional decretado por dicha autoridad en auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho (foja 159). Por otra parte, la Coordinadora del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, con su oficio DIF/PRODEMEFA/CECOFAY.No.579/2019, en acatamiento al requerimiento efectuado del cumplimiento a la ejecutoria de mérito, informó en representación de dicha institución, que en su calidad de ejecutora, no se han llevado a cabo las convivencias decretadas por la Juez responsable. Ahora bien, al desahogar la vista que se le dio del cumplimiento dado por las autoridades responsables, el quejoso Javier Pérez Hernández, hizo valer su inconformidad, pues estima que la autoridad responsable prácticamente emitió la misma resolución que constituye el acto aquí reclamado. Tomando en consideración lo anterior, así como del análisis exhaustivo de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que la Juzgadora responsable no acató a cabalidad las directrices de la ejecutoria de amparo. Pues si bien, se desprende del oficio 3279/2019, que dejó insubsistente el acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve, en lo que atañe a la respuesta dada al aquí quejoso, respecto a la solicitud de suspender el régimen de convivencia de la menor con su madre, al emitir la nueva determinación en torno a la respuesta de la petición del actor, esto no lo hizo tomando en consideración los puntos torales de la concesión. Lo anterior es así, pues en la sentencia concesora se estableció para emitir la nueva determinación, la condicionante de que la Juez de lo Familiar debía hacerlo a través de un análisis congruente, exhaustivo y con razonamientos debidamente fundados y motivados, pues precisamente el proveído que se ordenó dejar insubsistente, adolecía de ese análisis. Lo anterior, porque se advirtió que omitió realizar un análisis y valoración exhaustiva de las alegaciones y datos probatorios puestos a su consideración por el actor Javier Pérez Hernández y los que obraban en el sumario, a fin de dar respuesta congruente a la petición que le formuló en cuanto a los motivos existentes para suspender el régimen de convivencia de su nieta con su progenitora. Por lo que la juez debió de proceder a dar respuesta a las manifestaciones del quejoso, ponderando lo alegado tanto por el solicitante como por la demandada en el desahogo de la vista que se le dio, y destacando las pruebas que ofreció y las del sumario, para resolver lo legalmente procedente, teniendo como eje rector el interés superior de la menor; lo cual, como se dijo, no realizó al emitir la nueva determinación en respuesta a la referida solicitud. En consecuencia, se declara que el fallo protector no se encuentra cumplido. Por tanto, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase nuevamente a la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial, turno vespertino,, residente en esta capital, para que cumpla a cabalidad con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Para lo cual, deberá subsanar las deficiencias observadas en el presente proveído, tomando en cuenta los parámetros de la ejecutoria de amparo. Sin que ello implique que la autoridad judicial responsable, deba resolver en un diverso sentido, sino que únicamente lo haga valorando todos los elementos probatorios y alegaciones existentes en autos, pues en la concesión de amparo se le otorgó libertad de jurisdicción para el dictado de la misma. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a doscientas Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, en atención a lo solicitado por la parte quejosa en su escrito agregado el día de hoy, en el sentido de que se requiera a la autoridad responsable que emita un nuevo auto en el que se ordene la suspensión de manera temporal del régimen de convivencia decretado en el presente asunto, no es el caso proveer de conformidad pues, en la concesión de amparo, se otorgó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para el dictado de la determinación ordenada. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria que autorizó y dio fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el escrito remitido vía electrónica por Willian Leonel Cachón Rosales, Asesor Jurídico Federal, en su carácter de representante especial de la infante involucrada en este asunto; mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de veintiuno de los corrientes, en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables. Al efecto, en cuanto a las manifestaciones que realiza, resérvense para ser tomadas en consideración al resolverse sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.

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