Javier Perez Cruz

Expediente 333/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
333/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
16/06/2016

Partes del expediente

  • Juana Perez Cruz
  • Javier Perez Cruz y Otros.
  • Javier Perez Cruz
  • Juana Perez Cruz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Por recibido el escrito signado por la tercera interesada María del Rosario Becerril Mercado, a través del cual solicita se tengan a la vista las documentales exhibidas y que obran en el cuaderno incidental; así mismo peticiona copias certificadas de la sentencia emitida el veintitrés de mayo pasado y del auto por el que se declaró ejecutoriada dicha determinación. En relación a su petición de tener a la vista las documentales ofrecidas, y que obran en el cuaderno incidental, a fin de ser tomadas en cuenta al momento de resolver, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que el veintitrés de mayo pasado, se resolvió el presente asunto (fojas 107 a 116). Por otro lado, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente, bajo su costa, copia certificada del auto de diez de junio pasado, por el cual causó estado la sentencia emitida en el presente juicio, previa comparecencia que por su recibo se deje para constancia legal debida, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 280 de la codificación citada en primer término, e identificación oficial vigente y copia de la misma que presente, teniéndose por autorizadas a las personas designadas para tal fin. En el entendido de que no ha lugar a expedir nuevamente copias certificadas de la sentencia, pues el derecho tutelado en favor de la parte promovente ya fue satisfecho al otorgar previamente copias certificadas de éstas el trece de junio pasado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la tesis I.10o.C.13 K con número de registro 174117, visible en la página 1374, Tomo XXIV, Octubre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia: Común, que establece: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no se advierte que el juzgador tenga la obligación de expedir a las partes más de un tanto de las copias del documento o constancia que al efecto soliciten, pues dicho numeral sólo dispone que las partes podrán solicitar, en todo tiempo y a su costa "copia certificada" de cualquier constancia o documento que obre en autos, derecho que pueden ejercer en el momento que convenga a su interés jurídico, sin que sea óbice que dicho numeral no haga la prohibición expresa de expedir en más de una ocasión las copias solicitadas, toda vez que la satisfacción de diversas peticiones es una facultad discrecional del juzgador en la cual debe observar si el caso lo amerita y si existe la posibilidad material de hacerlo. En consecuencia, la decisión judicial de negar copias certificadas en más de un tanto no entraña infracción ni desconocimiento del derecho previsto en el referido artículo 278, toda vez que al igual que sucede con las normas rectoras de todo procedimiento judicial, el precepto señalado tutela, a favor de las partes, el ejercicio de un derecho por una sola vez, respecto del cual, una vez agotado, operaría el principio de preclusión, lo que significa que no podría volverse a ejercer tantas veces como se quiera, puesto que su verdadera razón de ser estriba en que las partes interesadas tengan a su alcance copia certificada de las constancias que deseen para el ejercicio de cualquier otro derecho, lo que se logra colmar cuando éstas se expiden por primera vez o en un solo tanto". De la misma manera justifica lo anterior la tesis IX.1o.7 K (10a.) con número de registro 2007376, visible en la página 2387, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Materia Común, Décima Época, que a la letra dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Lo dispuesto en el artículo citado, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. acerca de que las partes, en cualquier asunto judicial "pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos", no significa que la petición pueda hacerse varias veces, sino sólo que ello puede acontecer en cualquier estado procesal. Lo anterior es así, toda vez que el derecho ahí previsto debe interpretarse, juntamente con el propósito de la expedición de copias, que no es otro, que el interesado obtenga copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en el expediente de amparo para que éste conozca plenamente una decisión judicial y, en su caso, hacer valer un derecho en diversos procedimientos. En consecuencia, ese derecho se respeta cuando, ante una solicitud de un determinado número de copias, se autoriza su expedición, en un solo tanto, o bien, en una ocasión." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. Devuélvase a la responsable Juez Civil de Primera Instancia de Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, las constancias remitidas como complemento a su informe justificado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto de referencia. 4. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido de Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; siete de junio de dos mil dieciséis. Por recibido el escrito signado por la tercera interesada María del Rosario Becerril Mercado, a través del cual solicita copias certificadas de la sentencia emitida el veintitrés de mayo pasado. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente, bajo su costa, las constancias solicitadas, previa comparecencia que por su recibo se deje para constancia legal debida, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 280 de la codificación citada en primer término, e identificación oficial vigente y copia de la misma que presente, teniéndose por autorizadas a las personas designadas para tal fin. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido de Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 333/2016-IV, promovido por Juana Pérez Cruz y Javier Pérez Cruz, por derecho propio, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia de Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado ese día a este órgano jurisdiccional, Juana Pérez Cruz y Javier Pérez Cruz solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades precisados a continuación: Actos reclamados: "La orden de desocupación ordenada por la autoridad responsable respecto del inmueble que tenemos en posesión los suscritos y que se ubica en el Barrio de San Pedro, Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, toda vez que dicha orden deriva del juicio reivindicatorio substanciado ante la autoridad responsable y radicado con el número 2341/14, promovió por la señora María del Rosario Becerril Mercado, en contra de Rosa Sámano Bernardino, en el cual los suscritos nunca fuimos oídos ni vencidos en juicio, por lo que de ejecutarse el mismo nos privaría de nuestra propiedad y por ende de la posesión que ejercemos sobre el mismo, sin que los suscritos hayamos comparecido a juicio a manifestar lo que a nuestro derecho corresponda. Esto es así, en virtud de la ahora tercero interesada en fecha siete de marzo del presente año se presentó en nuestro domicilio diciendo que desocupáramos el terreno porque ya tenía la orden de un juez de sacarnos a la fuerza, pues como no había podido con la denuncia que hace tiempo hizo, ahora si nos iba a sacar de ahí, y que si nos oponíamos iban a entrar maquinas a tirar la casa y los policías nos iban a sacar a la fuerza, lo cual nos tomó por sorpresa, y le dijimos del porqué de esa amenaza, pero dijo que no era amenaza pues lo que ella dice lo cumple, que risa le iba a causar cuando nos sacaran para que así aprendiéramos, y no quisimos alegar con la misma para evitar fracciones, ya que como lo repito no fuimos parte de ningún juicio, desconociendo la razón por la cual la tercero interesada nos quiera privar de nuestra pequeña propiedad, pues hasta el día de hoy no hemos sido demandados o citados por alguna autoridad en relación a nuestros terrenos. Ante lo manifestado, por la tercero interesada, acudimos con un abogado, quien junto con el fuimos ante los juzgados de Ixtlahuaca, para efectos de verificar si había una orden de desalojo vía penal o civil en nuestra contra, pero de !o que nos pudimos allegar es que por la vía penal no había nada, pero en la vía civil existe un juicio y buscando en el libro de registro del juzgado civil de primera instancia fue que obtuvimos como datos, que la señora MARIA DEL ROSARIO BECERRIL MERCADO demandó a ROSA SÁMANO BERNARDINO en el expediente 2341/14, pero no pudimos tener acceso al expediente porque nos dijeron que no somos parte, por lo que solo tenemos dichos datos, sin embargo ROSA SAMANO BERNARDINO tiene una fracción diferente a la que nosotros tenemos y que se ubica a un costado de nuestros terrenos, sin embargo ignoramos porque razón pretenden privarnos de nuestra propiedad con una orden de desalojo, sin que nos hubieran notificado previamente para alegar a nuestro favor en el juicio que se llevo, pues a lo que nos pudimos enterar es que la señora MARIA DEL ROSARIO BECERRIL MERCADO dice ser dueña de todo el terreno incluyendo nuestras fracciones y por lo que nos manifestó de que nos iba a sacar porque tenía la orden del juez, desconocemos si en el juicio que se llevó en el expediente 2341/14 incluyeron nuestras fracciones que compramos y que tenemos en posesión, pues de haber sido así debieron llamarnos a juicio, porque la señora MARIA DEL ROSARIO BECERRIL MERCADO sabe de antemano que nosotros siempre hemos vivido ahí." Autoridades responsables: "Como ordenadora: el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. Como ejecutora: el Ejecutor adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México." SEGUNDO. Derechos fundamentales invocados. Los impetrantes señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda constitucional. Mediante proveído de seis de abril anterior, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda constitucional, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, otorgó intervención al Representante Social de la adscripción, y ordenó el emplazamiento de los terceros interesados (foja 35). CUARTO. Auto de radicación. Mediante proveído de dos de mayo en curso, se informó a las partes la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez, como titular de este órgano jurisdiccional (foja 102). QUINTO. Audiencia constitucional. Notificadas las partes de lo anterior, se llevó a cabo la audiencia constitucional respectiva, en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta determinación. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, pues los impetrantes constitucionales se ostentan terceros extraños a un procedimiento jurisdiccional, cuyas consecuencias surten efectos donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. Por su aplicación al caso, se cita la tesis publicada en la página 3290, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXII, Materia Común, Quinta Época, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 808655, con el rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, AMPARO PEDIDO POR EL. Si una persona promueve un amparo como tercero extraño a un juicio, no está obligado a agotar los recursos ordinarios establecidos contra el acto de que se queja." SEGUNDO. Precisión de actos. Previo a ponderar sobre la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; al realizar para tal efecto, un análisis de la demanda constitucional, como lo ha dispuesto nuestro máximo Tribunal de la República. Por ende, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que Juana Pérez Cruz y Javier Pérez Cruz, en su carácter de terceros extraños a juicio, tildan de inconstitucional: La orden de desocupación derivada del juicio ordinario civil 2341/2014, de la estadística del Juzgado Civil de Primera Instancia de Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, respecto del inmueble ubicado en el Barrio de San Pedo, Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, así como los actos tendentes a ejecutar ese mandato. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 181810, cuyos epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto controvertido, resulta oportuno pronunciarse sobre la certeza del acto reclamado, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, número de registro 212775, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Juez Civil de Primera Instancia de Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y ejecutor de su adscripción, al rendir informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 89 y 90); por tanto, se tienen probados de forma plena. A lo expuesto resulta aplicable la jurisprudencia publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, número de registro 917812, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Circunstancia corroborada con las constancias que el primero de los citados adjuntó como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio ordinario civil 2341/2014, sobre la acción reivindicatoria instada por María del Rosario Becerril Mercado contra Rosa Sámano Bernardino; a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, al tratarse de actuaciones emitidas por funcionarios públicos al ejercer su encargo. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Antecedentes de los actos impugnados. La copia certificada del juicio ordinario civil 2341/2014, sobre acción reivindicatoria, revela los antecedentes siguientes: 1) El diez de diciembre de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México, María del Rosario Becerril Mercado, en la vía ordinaria civil demandó de Rosa Sámano Bernardino, el cumplimiento de las prestaciones insertas en dicho ocurso; procedimiento que fue radicado con el ordinal 2341/2014, por el Juez Civil en dicha entidad (foja 1 del juicio ordinario civil 2341/2014). 2) Mediante proveído de diez de diciembre de mil catorce, el juez del conocimiento admitió a trámite ese procedimiento, además, ordenó el emplazamiento de la demandada, a efecto de deducir sus intereses (foja 43 del juicio ordinario civil 2341/2014). 3) Seguido el procedimiento en sus trámites respectivos, el veintidós de junio de dos mil quince, el juez responsable dictó sentencia absolutoria (foja 191 del juicio ordinario civil 2341/2014). 4) Inconforme con esa determinación, María del Rosario Becerril Mercado interpuso apelación; medio de impugnación cuyo conocimiento correspondió a la Segunda Sala Regional Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien lo radicó como toca 486/2015, y en sesión de veinte de agosto de dos mil quince, revocó la determinación impugnada, pues declaró que la actora detentaba dominio pleno sobre el inmueble materia de la litis natural, y condenó a la demandada para que restituyera a su contraria, el bien real mencionado (foja 201 del juicio ordinario civil 2341/2014). 5) Mediante proveído de dos de octubre de dos mil quince, el Juez Civil de Primera Instancia de Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México inició la etapa de ejecución, toda vez que ordenó cumplimentar la sentencia emitida por la Segunda Sala Regional Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (foja 237 del juicio ordinario civil 2341/2014). La ejecución derivada de ese sumario, así como sus consecuencias constituyen los actos impugnados en esta vía constitucional. SEXTO. Causas de improcedencia o sobreseimiento. Para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada, es necesario que la acción intentada sea procedente; es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Precisado lo anterior, se concluye que en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Gaceta del al Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1994, Octava Época, con número de registro 210784, bajo el tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Y la tesis publicada con la clave I.7o.P.11 K, publicada en la página 1200 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2008, Tomo XXVIII, Materia Común, Novena Época, con número de registro 169036, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso particular, este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, pues los quejosos omitieron señalar a la autoridad a quien recae el carácter de responsable para efectos del presente juicio de amparo. A fin de constatar lo anterior, conviene señalar que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia ahí contempladas derivan necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de referencia, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo; pero esos supuestos no son los únicos, pues existen otras causas previstas en algunos de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, por haberse interpretado disposición de contenido jurídico similar, la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 193829, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." En ese orden de ideas, los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" De los artículos transcritos se obtiene la obligación del quejoso de señalar a la autoridad o autoridades responsables a quienes se atribuya el acto que se pretenda reclamar en el juicio de amparo, pues en modo alguno podría examinarse la constitucionalidad del mismo, si la autoridad no fue oída en el contradictorio respectivo. Ahora, toda vez que de las constancias de donde emerge el acto reclamado, se apreciaba que la sentencia absolutoria de primera instancia fue impugnada por la actora natural María del Rosario Becerril Mercado, y que la Segunda Sala Regional Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al resolver el toca 486/2015, revocó dicha determinación, además, declaró que la actora detentaba dominio pleno sobre el inmueble materia de la litis natural, y condenó a la demanda para que restituyera a su contraria el bien real mencionado. Mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días manifestara si era su deseo señalar como responsable a la Segunda Sala Regional Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, el presente asunto continuaría su tramitación solamente con las autoridades señaladas en la demanda inicial (foja 92). Tal auto se notificó a la quejosa por lista el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, en términos de lo establecido en el auto de catorce de marzo anterior. Razón por la cual, en proveído de veinte de mayo en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado el veinticinco de abril pasado y, en consecuencia, se ordenó seguir el presente asunto únicamente por las autoridades señaladas de manera inicial en la demanda de amparo. Por ello, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa omitió señalar a la autoridad a quien le recae el carácter de responsable ordenadora para efectos del presente juicio de amparo. En efecto, Juana Pérez Cruz y Javier Pérez Cruz imputaron los actos reclamados al Juez Civil de Primera Instancia de Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y el ejecutor de su adscripción; sin embargo, no obstante el requerimiento y apercibimiento formulados en estos autos, omitieron designar con el carácter de autoridad responsable a la Sala Civil que revocó la determinación emitida por dicho juez, y de la cual deriva la ejecución reclamada. En consecuencia, este órgano de control constitucional considera que existe imposibilidad material para examinar la constitucionalidad de los actos reclamados, pues la autoridad en quien recae el carácter de responsable no fue oída en juicio, con lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Las consideraciones precedentes encuentran apoyo en la jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Materia Común, página 468, número de registro 208065, del contenido siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Máxime que los actos de ejecución atribuidos al Juez Civil de Primera Instancia de Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y al ejecutor de su adscripción, no se combaten por vicios propios, toda vez que la parte quejosa se limita a señalar que desconoce el origen de la ejecución reclamada. Ahora, para este Juzgado de Distrito no pasa inadvertido que la jurisprudencia de referencia corresponda a la interpretación de disposiciones de la Ley de Amparo abrogada en la actualidad; empero, en términos de lo establecido en el artículo sexto transitorio de la vigente Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece (aplicable en el presente asunto), tal criterio continúa en vigor por no oponerse al texto de la nueva ley, pues las interpretadas tienen su correlativo en la nueva ley, es decir, se tratan de disposiciones de contenido similar. Por tanto, como lo dispone la fracción V del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juana Pérez Cruz y Javier Pérez Cruz, contra los actos reclamados del Juez Civil de Primera Instancia de Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y otra autoridad. Finalmente, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que los terceros interesados y el fiscal de la adscripción hayan formulado alegatos; sin embargo, como éstos constituyen opiniones o conclusiones lógicas sobre el fundamento de sus pretensiones, en modo alguno detenta la fuerza procesal que la propia ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, y en consecuencia, no existe obligación para estudiar los razonamientos expresados en esos alegatos. Sobre el particular se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, publicada en la página 14, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 1994, Tomo 80, Octava Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 1003194, con el rubro y texto: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 333/2016-IV, promovido por Juana Pérez Cruz y Javier Pérez Cruz, contra los actos reclamados del Juez Civil de Primera Instancia de Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y otra autoridad, en términos del considerando último de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que da fe. Doy fe.

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