Javier Osuna Ríos
Expediente 72/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2022
Partes del expediente
- Javier Osuna Ríos
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo, obra la póliza de fianza 1248-00739-6 expedida por Aseguradora Aserta, sociedad anónima de capital variable, valiosa por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos moneda nacional), exhibida para garantizar la suspensión definitiva. Asimismo, que mediante proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, la cual confirmó la sentencia dictada en el juicio de amparo en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se ordena la cancelación de la póliza de fianza 1248-00739-6 expedida por Aseguradora Aserta, sociedad anónima de capital variable, valiosa por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos moneda nacional). Con transcripción de este proveído, remítase el original de la póliza de fianza en cita, a Aseguradora Aserta, sociedad anónima de capital variable, previa extracción que de la misma se haga de la caja de valores de este Juzgado, requiriéndola para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que haya efectuado para la cancelación de la misma. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Resulta aplicable al caso, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 153, Tomo VII, Marzo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "GARANTIA OTORGADA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. CANCELACIÓN O DEVOLUCIÓN DE LA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley de Amparo, para la cancelación de la garantía otorgada para que surta efecto la suspensión del acto reclamado, no es necesario substanciación de incidente alguno, si ya transcurrió el término de seis meses a que alude dicho precepto legal." Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la continuación de la audiencia constitucional está programada para el día de hoy; sin embargo de autos se desprende que a la presente data no se encuentra preparada el dictamen pericial en materia de documentoscopía y grafoscopía, ofrecida en autos. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las once horas con treinta y un minutos del primero de marzo de dos mil veintidós, para su continuación. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo enviado por el Secretario General de Acuerdos Interino del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, a través del cual anexa el diverso oficio signado por el Coordinador de Peritos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con residencia en Mexicali, en el que refiere que propone al profesionista Salvador Corro Plascencia, del partido judicial de Tijuana; sin embargo, del domicilio que proporciona a fin de que sea notificado el referido experto, se desprende que radica en la ciudad de Mexicali, Baja California; esto es, fuera de la circunscripción de éste órgano jurisdiccional; por tanto, requiérase nuevamente al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que dentro del término de tres días, contado a partir del momento en que reciba el oficio que de esta determinación emane, proporcione el nombre de algún profesionista o perito en materia de documentoscopía y grafoscopía, con domicilio en esta ciudad; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no informar el impedimento legal que tenga para no hacerlo, en el plazo que se le concede, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, acorde a la fracción I, del artículo 237, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la parte quejosa Javier Osuna Ríos, el acuerdo dictado (a) el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Javier Osuna Ríos, por su propio derecho, contra actos del Coordinador de Unidades de Investigación Especializadas en Delitos Patrimoniales, Subprocuraduría Zona Tijuana, Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Baja California del Partido Judicial de esta ciudad y de otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 72/2022-VIII. Ahora, en el caso procede desechar de plano la presente demanda de derechos fundamentales, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX1 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad antes de acudir al presente juicio de amparo, en atención a las siguientes consideraciones. De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 187016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo quince, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;[.]." de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Es decir, el principio de definitividad encuentra sustento en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias para producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, ello, siempre que tales recursos o medios de impugnación suspendan el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de amparo; salvo los casos de excepción, previstos legal y jurisprudencialmente. No se soslaya que, no existe obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado cuando el gobernado únicamente aduzca violaciones directas a la Constitución, ya que no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. Así, la excepción al principio de definitividad se actualiza cuando la parte quejosa aduce violaciones directas a la Constitución, es decir, por exclusión: 1. Cuando el acto reclamado carece absolutamente de fundamentación y motivación; y, 2. Cuando exclusivamente se aduce violación a la garantía de audiencia, pero fuera de esas hipótesis, los particulares se encuentran obligados a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso. Ahora bien, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C, se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, como se advierte de las fracciones II y VII, que a la letra dicen: "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria en materia procesal penal-, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, que prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" De lo que se advierte que la víctima u ofendido podrá -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el Juez de Control facultado para tal efecto, ya que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo. Sirve de apoyo, en lo conducente, por analogía jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 118/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 162669, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo treinta y tres, marzo de dos mil once, de rubro y texto: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." (Énfasis añadido) Cabe destacar, que el aquí quejoso cuenta con el carácter de víctima en la carpeta de investigación 0204-2021-26069, del índice de la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Patrimoniales, Justicia y Administración de la Fiscalía General del Estado de Baja California Baja California, con residencia en esta ciudad, lo que se advierte de las constancias que adjuntó su escrito inicial de demanda. Acorde a lo anterior, el Ministerio Público, como agente investigador, debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; y, al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación. Además, durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Por lo cual, se concluye que la finalidad de los medios de impugnación es combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado y, con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Entre los diversos medios de impugnación -género- , destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y son interpuestos mediante un trámite específico para subsanar las omisiones, excesos, defectos y, en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables. Así, los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten sus pretensiones. Sirve de apoyo la jurisprudencial 27/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2017641, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra se cita: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Criterio jurisprudencial en el que se sostuvo que si bien los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, también lo es que el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales permite impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Por tanto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Asimismo, indicó que las referidas determinaciones no se limitan a las enunciadas en dicho numeral (258), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; entendiéndose que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto. En el caso en concreto, la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializadas en Delitos Patrimoniales, Zona Tijuana, la omisión de concluir las diligencias necesarias para integrar y judicializar carpeta de investigación 0204-2021-26069. Con lo hasta aquí expuesto, resulta patente que los actos que reclama el promovente del amparo, son omisiones que son impugnables, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. (énfasis añadido)" Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2017640, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." (Énfasis añadido) En consecuencia, las omisiones reclamadas deben ser impugnadas en la vía ordinaria, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues según lo establece el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, y el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que existe un medio ordinario para impugnar en sede judicial, las omisiones del ministerio público durante la fase de investigación. En esas condiciones, al actualizarse el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo; se desecha la demanda de amparo, promovida por Javier Osuna Ríos, en términos del numeral 113 del propio ordenamiento legal. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Joel Alejandro Waddell González, Oswaldo Castillo Flores y Luis Armando Díaz Herrera, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada ante los órganos del Poder Judicial de la Federación que los acredita como licenciados en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a quienes menciona; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. De igual forma, se le tiene proporcionando las cuentas de correo electrónico que indica, lo que será tomado en consideración para, en su caso, establecer contacto con la parte quejosa durante la emergencia sanitaria que enfrenta el país y facilitar el proceso de notificación. Ahora, en relación con la solicitud de acceso electrónico respecto del usuario "oswaldocastillo1976", correspondiente a Oswaldo Castillo Flores, y vista la certificación de cuenta, se advierte que de la revisión del módulo de consulta de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia de dicho usuario en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se acuerda favorablemente el acceso al expediente electrónico del presente juicio. En virtud de lo anterior, se instruye a la Analista Jurídico SISE de la adscripción que lleve a cabo las gestiones necesarias para conceder el permiso de acceso al expediente electrónico. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. En consecuencia, se faculta al Actuario de este Juzgado para que, en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, notifique personalmente el presente proveído a la totalidad de las partes a fin de que se impongan de su contenido. En el entendido de que para llevar a cabo tales diligencias, podrá hacer uso de medios electrónicos, debiéndose recabar las constancias necesarias que permitan verificar la entrega a su destinatario. Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese.
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