Javier Osorio Traslaviña
Expediente 126/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Javier Osorio Traslaviña
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Admisión de recurso de revisión. Glósese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el ********************, con sede en esta ciudad, comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa ********************por conducto de su autorizado legal********************contra la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictada en este juicio de derechos, la cual se radicó bajo el toca ********************. Se ordena vincular expediente. Por otro lado, y como lo solicita el órgano revisor, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, dos de febrero de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Glósese a los autos el escrito de cuenta suscrito por el autorizado legal del quejoso mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; por lo tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Distribúyase entre las partes copia del escrito de interposición y expresión de agravios; en su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente la representación social de la adscripción y por lista a la quejosa ******************** Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con seis minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, asistida de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta a la secretaria encargada del despacho con las constancias de notificación de las partes -autoridad responsable, quejosa y fiscal federal de la adscripción-, la demanda de derechos y su ampliación, así como el informe justificado y su rectificación rendido por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en representación de la junta directiva de ese Instituto, con sede en esta ciudad; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse del informe justificado, así como el diverso de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciséis de diciembre pasado, para que manifestara su deseo de ampliar la demanda, previsto en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, sin que hiciera uso de ese derecho. La secretaria encargada acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias, y como la quejosa no amplió su demanda se continúa con la secuela procesal correspondiente únicamente respecto los actos, conceptos de violación y la autoridad precisada anteriormente. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar las allegadas por la autoridad responsable y la parte quejosa. La secretaria encargada acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar los formulados por la peticionaria de amparo. La secretaria encargada acuerda: Se tienen por hechas tales manifestaciones y perdido el derecho a las demás partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por ********************, contra el acto atribuido a la junta directiva del ISSSTESON, con sede esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito recibido el tres de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido ese día, por razón de turno, al Juzgado Decimosegundo de Distrito en la Entidad, ******************** y otros -entré ellos la aquí quejosa-, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto reclamado que más adelante se precisarán. Admisión. Mediante acuerdo de trece de agosto siguiente, el citado órgano jurisdiccional la registró bajo el número ********************, y la admitió a trámite, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ampliación de demanda. Posteriormente, en proveído de once de diciembre de ese año, el citado órgano jurisdiccional tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de derechos respecto nuevos actos reclamados y conceptos de violación; además, la tuvo por desistida de la prueba pericial en contabilidad ofrecida en su escrito inicial de demanda. Separación de autos. Después, mediante determinación de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, y al estimar que a virtud que cada quejoso tiene su propio expediente respecto la pensión que a cada uno les corresponde, ante una posible concesión del amparo, dicha prestación debería analizarse de manera particular, por tanto, sus pretensiones no podían ser analizadas en un solo juicio de amparo; por ello, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ordenó la separación de autos, por lo que remitió copia certificada de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, a fin de que la registrara y la turnara al órgano jurisdiccional correspondiente. Se acepta returno y se admite demanda. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, este juzgado tuvo por recibida la demanda remitida por la citada Oficina de Correspondencia Común, y la admitió por lo que hace a ********************, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se reservó proveer respecto las pruebas de inspección judicial y pericial en materia de cálculo y contabilidad, ofertadas por la parte quejosa. Seguido el juicio en sus etapas, mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en el numeral 111, fracción II, de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de derechos, en relación con la negativa de la responsable de dar respuesta a su petición, sin que lo hubiere hecho; por ende, el veinte de mayo siguiente, se hizo efectivo el apercibimiento decretado. En la citada fecha, y en cuanto al ofrecimiento de las pruebas de inspección judicial y pericial en materia de cálculo y contabilidad, ofrecidas por la parte quejosa, en los términos plasmados en su demanda, este juzgador determinó, por lo que hace a la señalada en último término, no hacer pronunciamiento alguno, a virtud del desistimiento decretado en proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, por el juzgado declinante; en tanto que por lo que hace a la inspección, se estimó que no es idónea ni de desahogo necesario para probar la existencia del reclamo constitucional y la pretensión perseguida por el oferente, dado que en relación a la omisión de respuesta impugnada como negativa ficta, la propia responsable admite que a la fecha no ha dado contestación a tal petición. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional en este juicio y, en la misma fecha, se sobreseyó en el juicio. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual, por ejecutoria de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el amparo en revisión ********************, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, revocó la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, y ordenó reponer el procedimiento, para efecto de que se previniera a la parte quejosa para que, de estimarlo conveniente, dentro del plazo de quince días hábiles, ampliara su demanda de amparo respecto del nuevo acto, consistente en el acta de sesión 708, de treinta de septiembre de dos mil veinte, que resulta ser un acto diverso a los inicialmente reclamados a la autoridad responsable. En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se realizaron las gestiones necesarias para su cumplimiento, por lo que se previno en los términos solicitados por el tribunal revisor a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se entendería que no era su deseo realizar la ampliación de demanda y se continuaría con la secuela normal del procedimiento y se señaló nuevamente día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado del presente fallo, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos atribuidos a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo y su ampliación, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La resolución negativa ficta configurada con motivo de la solicitud que la quejosa formuló a la autoridad responsable, mediante escrito de siete de febrero de dos mil veinte. No pasa inadvertido para este juzgador la circunstancia de que la peticionaria de amparo señala como actos reclamados destacados los acuerdos J.D.S.O 672/08 y N°5.1-2020-SE-705, adoptados durante las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y quince de julio de dos mil veinte, respectivamente; sin embargo, no es dable tenerlos como tal, en virtud que su aplicación las reclama como consecuencia de la negativa ficta ya mencionada. Es así, pues del estudio integral de la demanda de derechos, se desprende que la parte quejosa no combatió la transgresión a su derecho de petición contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el silencio de la autoridad, sino que expresamente combate la resolución negativa ficta que estimó configurada por haber transcurrido el término legal para que la responsable diera respuesta a su solicitud, a partir de la cual sostuvo la impugnación de los acuerdos referidos; de tal manera que resulte evidente que no se reclaman en este juicio de amparo como actos de aplicación que deban considerarse destacados o ajenos a la negativa que reclama. Existencia del acto combatido Es cierto el acto atribuido a la junta directiva del ISSSTESON, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de la lectura de su informe justificado, pues si bien no aceptó ni negó el acto que se le atribuye, lo cierto es que hace manifestaciones que evidencian su certeza. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que al efecto allegaron la autoridad responsable y la parte quejosa; documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, dado que la solicitante del amparo controvierte una presunción, y dicha figura jurídica no es impugnable en el juicio de amparo indirecto. En efecto, los numerales referidos, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida." Como se ve, el numeral transcrito no prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de presunciones, ni en contra de la negativa ficta reclamada por la peticionaria de amparo. En el caso concreto, la parte quejosa ******************** señala como acto reclamado la negativa ficta configurada con motivo de la solicitud que formuló a la junta directiva del ISSSTESON, mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil veinte. Lo que reitera a lo largo de la demanda de amparo, pues tanto en la narrativa de los hechos, en la expresión de los conceptos de violación y en la petición de los efectos de la posible concesión de la protección de la Justicia Federal, la quejosa pone de manifiesto que a través de este juicio de derechos controvierte la constitucionalidad de la negativa ficta antes referida o como expresamente la denomina una ficción jurídica, argumentando cuestiones de fondo, por estimar que la autoridad responsable actuó incorrectamente al no incrementar su pensión en los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, en términos de las disposiciones legales conducentes, por lo que solicita que el amparo se conceda para el efecto de que dicha autoridad emita una resolución en la que realice tal incremento, pague las diferencias de pensión respectivas y las diferencias de las prestaciones consecuentes. Ahora bien, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia examinada, es necesario precisar la naturaleza jurídica de la negativa ficta, para lo cual, procede reproducir lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de veinte de agosto de mil novecientos noventa y nueve, dictada con motivo de la contradicción de tesis 18/98, en la que se precisó lo siguiente: "La administración pública es el conjunto de órganos que auxilian al Ejecutivo en el cumplimiento de sus atribuciones, que entre otras, comprende la administración de los recursos públicos para satisfacer los intereses generales. En el desarrollo de su actividad, la administración pública establece diversas relaciones con otros órganos del Estado, por ejemplo con el Legislativo, al presentar un proyecto de presupuesto de egresos para determinar la suma de dinero que debe destinarse a cada uno de los sectores de la sociedad o, bien, con el Judicial, si los actos que realiza son sometidos a la jurisdicción de éste. Además, la actividad administrativa del Estado lo lleva a relacionarse con los gobernados, con quienes surge una serie de derechos y obligaciones recíprocos, que debe protegerse por el orden jurídico con la finalidad de salvaguardar la seguridad jurídica. Uno de los medios por los cuales se garantiza que las relaciones entre la administración pública y los gobernados se conduzcan dentro del marco de legalidad lo constituye el 'derecho de petición', consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 8o., y que consiste en el derecho fundamental de toda persona a obtener respuesta a las peticiones que formule por escrito, en forma pacífica y respetuosa, a las autoridades públicas. (.) El silencio de la administración pública implica, como su propio nombre lo indica, la actitud omisa que guarda una autoridad administrativa ante una solicitud o petición que le hizo un particular. 'En ocasiones, ante la ausencia de una voluntad administrativa expresa, la ley sustituye por sí misma esa voluntad inexistente presumiendo que, a ciertos efectos, dicha voluntad se ha producido con un contenido, bien negativo o desestimatorio, bien positivo o afirmativo.' (García de Enterría, Eduardo y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 1996). (.) El Derecho positivo mexicano prevé que el silencio administrativo, según sea el caso, produzca una respuesta afirmativa o negativa; por ejemplo, el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, párrafo primero, establece: (.) El artículo 17, párrafo primer de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone: (.) El artículo 62 del Código Financiero del Distrito Federal establece: (.) Todos los preceptos transcritos regulan el silencio de las autoridades administrativas, atribuyéndole una consecuencia jurídica, a saber, la respuesta presunta en forma negativa o afirmativa, según sea el caso." De esta manera, tanto la negativa ficta como la afirmativa ficta se encuentran en el ámbito de las relaciones administrativas que surgen entre los gobernados y algunos órganos de la administración pública, las cuales por disposición del ordenamiento legal consisten en que al silencio administrativo, es decir, a la conducta omisa en que incurre una autoridad administrativa cuando no contesta una petición que le formulan los administrados se le atribuye una resolución en cierto sentido, lo que permite su impugnación en los términos legales conducentes mediante los medios de defensa ordinarios al efecto establecidos. Por lo tanto, la negativa ficta es la respuesta que la ley presume ha recaído a una solicitud, petición o instancia formulada por escrito, cuando la autoridad no la contesta o no resuelve en el plazo que la propia ley dispone. Así, la negativa ficta constituye una presunción legal, en términos de lo previsto por la fracción I del artículo 190 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoriamente a la Ley de Amparo que la parte que la alegue sólo debe probar los supuestos que establece la ley para su actualización, sin que le interese la prueba de su contenido, mientras que la parte que la niegue debe rendir la contraprueba de los supuestos de aquélla, según se advierte de los numerales 191, 192 y 193 de esa legislación. En estas condiciones, la presunción es la consecuencia que se deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido y se clasifica en legal y humana. La presunción es legal cuando la ley la establece expresamente o cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley, y es humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. En la especie, es claro que la negativa ficta es una presunción legal, ya que para que exista dicha figura jurídica es necesario que la propia ley señale expresamente que la omisión de la autoridad de atender la petición o solicitud en el plazo que la propia norma dispone debe considerarse contestada en sentido negativo o de manera perjudicial a la parte promovente. Debe destacarse también que un aspecto es la omisión en que incurre la autoridad al no atender la petición o la solicitud y un tópico distinto es el que la ley establezca de manera expresa la negativa ficta al señalar en su texto que esa abstención implica que la petición o solicitud fue negada en caso de que haya transcurrido el término previsto por la propia norma; de ahí que la negativa ficta se refiera al sentido que la ley presume al silencio de la autoridad, lo que impacta en el aspecto sustantivo, de fondo o de contenido material de la pretensión perseguida por el administrado en su petición o solicitud al imprimirle un resolutivo denegatorio. Luego, la negativa ficta no puede entenderse de manera limitada como la sola abstención de la autoridad de atender la petición o solicitud del administrado -lo que puede ser materia del derecho de petición-, sino como la presunción legal de sentido denegatorio que el legislador establece expresamente a dicho silencio en caso de que haya transcurrido el término que la propia norma prevé para ello hace manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, debido a que, se reitera, en la demanda de amparo se señala como acto reclamado y se controvierte una presunción legal, no obstante que esa figura jurídica no es impugnable en el juicio de amparo indirecto, por no ubicarse en las hipótesis del numeral 107 de la Ley de Amparo. Ello, pues en este caso no rige el principio de litis abierta que se admite en la vía contenciosa administrativa, sino que el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la responsable, lo que significa que en el juicio de amparo no pueden aducirse aspectos no planteados ante la autoridad ni es posible exigir a la autoridad administrativa que produzca la resolución expresa para incorporarla a la litis. Es ilustrativa a lo anterior, por las consideraciones que la contienen, la tesis VI.3o.A.59 A (10a.), de rubro y texto: "NEGATIVA FICTA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA ESA FIGURA, AL NO OPERAR EN ESTE EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA. Conforme a las diversas opiniones doctrinales sobre el silencio administrativo y a la regulación de la negativa ficta en los diferentes ordenamientos jurídicos que la prevén (en los ámbitos federal y local), esta figura constituye una ficción legal de carácter procesal que nace como un instrumento para la apertura de la vía contenciosa administrativa ante el silencio de la autoridad por resolver en forma expresa (por escrito) una instancia, petición o recurso, entendiéndose que lo hizo en sentido negativo a los intereses del particular. Por otra parte, el principio de litis abierta es una institución que permite la libre expresión de argumentos en el juicio contencioso administrativo, inclusive de los no planteados en el recurso administrativo, lo que implica, además, que pueda señalarse como acto impugnado, simultáneamente a la resolución recaída al recurso, la recurrida en sede administrativa. Por tanto, cuando se reclama una negativa ficta el juicio de amparo indirecto es improcedente, ya que en el amparo no cabe aplicar el principio de litis abierta, pues de su regulación se advierte que el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la responsable, lo que significa que en este medio de control constitucional no pueden hacerse valer cuestiones no planteadas ante la responsable y, por ende, no es posible esgrimir conceptos de violación directamente contra la resolución recurrida en sede administrativa, ya que la materia de la litis en el amparo lo es únicamente la resolución recaída al recurso administrativo, no así la impugnada en este, a diferencia de lo que ocurre en el juicio de nulidad, donde dicho principio sí opera; de ahí que una negativa ficta no puede controvertirse eficazmente en el amparo, ya que en su impugnación se requiere que el gobernado tenga la posibilidad de formular argumentos no planteados en sede administrativa, lo que es propio únicamente del contencioso administrativo." Decisión En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en términos del numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, procede sobreseer en el presente juicio de derechos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por ********************, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que en el amparo en revisión 629/2021 el órgano plenario, resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto 126/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, promovido por Francisca Norma Vásquez Marcial. [.]" Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en el amparo en revisión administrativa 629/2021, del control del tribunal oficiante, así como los autos originales del juicio de amparo 126/2021 del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Determinación del órgano revisor. Ahora bien, con base en el resolutivo efectuado por el órgano revisor en su testimonio de ejecutoria, se advierte que se revocó la sentencia recurrida y se ordenó reponer el procedimiento en el juicio de amparo, a fin de que: Se emita un proveído en el cual se ordene la notificación personal a la quejosa, debiendo requerir para que manifieste si es su deseo, o no, ampliar a demanda de derechos respecto del acta de sesión 708 de treinta de septiembre de dos mil veinte; Se prosiga con la substanciación del juicio, y en su oportunidad, resuelva lo que en derecho corresponda, en relación con los actos reclamados que se tuvieron como tales en la ejecutoria de amparo, así como los que, en su caso, pudiesen ser materia de amparo. Ahora bien, del sumario se advierte que obra el informe justificado rendido por la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de esta ciudad, por conducto del jefe de la Unidad Jurídica, así como las constancias agregadas mediante acuerdos de ********************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la presente determinación, manifieste por escrito, si es su deseo ampliar la demanda, respecto de un nuevo acto reclamado y concepto de violación consistente en el contenido del acta sesión número 708, emitida el treinta de septiembre de dos mil veinte, en la que la Junta Directiva, regularizó y actualizó la diferencia de pensión. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso concedido, el presente juicio se resolverá únicamente por los actos, conceptos de violación y las autoridades precisadas en la demanda inicial. Audiencia constitucional. Finalmente, se señalan las nueve horas con seis minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese; por oficio al órgano colegiado y a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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