Javier Orozco Rivera
Expediente 1322/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1322/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Javier Orozco Rivera
Actuaciones
- Principal
El veinte de julio de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del trece al diecinueve de julio del año en curso; con exclusión de los días catorce y quince del mismo por ser inhábiles; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Karla
- Principal
CUENTA. El diez de julio de dos mil dieciocho, se da cuenta con un escrito con registro 14149. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de julio de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Javier Orozco Rivera, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones realizadas en tres de julio pasado, y precisa lo siguiente: Que es su deseo señalar como acto reclamado el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 39/2017. Que en el citado proceso penal, el catorce de mayo de dos mil dieciocho finalizó el término legal para el cierre de investigación y el nueve de julio pasado, se llevó a cabo la audiencia de formal acusación en su contra. Una vez precisado lo anterior, se provee: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1890, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En esta instancia constitucional, la parte quejosa combate la ilegal detención ejecutada en su contra el siete de octubre de dos mil diecisiete, toda vez que manifiesta que fue abordado por elementos de la Policía Federal para realizar una revisión de rutina en el vehículo que tripulaba propiedad de sus patrones, tipo pick up, marca Dodge Ram; a su vez que fue puesto a disposición ante el Agente del Miniterio Público de la Unidad Especializada en Investigación Mixta de Villanueva, Zacatecas, a las cero horas con cuarenta minutos del ocho de noviembre de dos mil diecisiete, quien a la fecha se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de Villanueva, Zacatecas. Asimismo, alude que el catorce de noviembre de dos mil diecisiete el justiciable de mérito fue vinculado a proceso dentro de la causa penal 39/2017, el cual también fue señalado como acto reclamado. Ahora, el propio promovente en su escrito de demanda y escrito aclaratorio manifiesta expresamente que los actos que combate a través del presente juicio, se llevaron a cabo el ocho y catorce de noviembre de dos mil diecisiete, respectivamente. Entonces, las fechas que han de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de nueve y quince de noviembre de dos mil diecisiete; por lo que los plazos de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, concluyeron el treinta de noviembre de dos mil diecisiete y el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, mediando entre el primero los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete, por corresponder a días inhábiles, y por lo que corresponde al segundo acto reclamado, los días dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre y dos y tres de diciembre de dos mil diecisiete. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por el quejoso el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre; es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, los actos reclamados por el quejoso es la ilegal de detención, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo, así como la vinculación a proceso dictada dentro de la causa penal 39/2017; luego, dichas determinaciones, no constituyen ataques a la libertad fuera de procedimiento, ni tampoco encuadran con alguno de los demás supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por JAVIER OROZCO RIVERA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Karla
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CUENTA. El tres de julio de dos mil dieciocho, se da cuenta con la demanda promovida Javier Orozco Rivera, registrada con el folio 13643 y catorce copias que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de julio de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Javier Orozco Rivera, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1322/2018, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II y IV, de la Ley de Amparo, a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;" [ . ] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y" Por su parte, el numeral 108, fracciones IV y V de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; De los preceptos transcritos se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, que exista alguna irregularidad en la demanda, o bien, no exista precisión en los actos reclamados. Al respecto, el artículo 108 de la citada ley establece como requisitos entre otros, que se precisen los actos que de cada autoridad se reclame y además que el promovente manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." De la demanda de amparo se desprende que el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDAD ORDENADORA: PRIMERO.- Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, es el Girar Orden de Detención por el Delito de Robo Equiparado mediante Denuncia interpuesta por el Ciudadano José Luis Hernández Esparza el día nueve de mayo del año dios mil diecisiete, en perjuicio de Quien Resulte Ofendido y en contra de Quien Resulte Responsable, por el robo de un vehículo marca Dodge Ram con número de serie 1B7HC13Y5WJ111437, con placas de circulación ZG29445, Denuncia realizada mediante oficio con número 1520 emitido por el Licenciado Raúl Navarro Silva del Módulo de Atención Temprana Adscrito a la Procuraduría General del Estado de Zacatecas y recibido por la Licenciada Sandra Juárez López Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Robos de Vehículos quien abrió la Carpeta de Investigación 01246/2017/ZAC-I. Con domicilio ampliamente conocido en Circuito Zacatecas número cuatrocientos uno Colonia Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zacatecas C.P. 98160. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES EJECUTORAS: SEGUNDO.- personal al mando del Suboficial Leonor González González, al Policía Tercero Roberto Herrera Clavería, al Policía Segundo Oscar Álvarez Solórzano de la Policía Federal, por Privarme de la Libertad al Ejecutar la Detención en mi persona por la supuesta Denuncia de Robo Equiparado del vehículo marca Dodge Ram color gris con número de serie 1B7HC13Y5WJ111437, con placas de circulación ZG29445. Me permito desde éste momento indicar el nombre de los Policías Federales que realizaron mi Detención son: el Policía Tercero Roberto Herrera Clavería y el Policía Segundo Oscar Álvarez Solórzano, quienes me presentaron ante la Licenciada María Guadalupe Méndez Silva, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación Mixta del Distrito Judicial de Villanueva Zacatecas a las 00:40 horas del día Ocho de Noviembre del año dos mil diecisiete. Con domicilio ampliamente conocido en Calzada Héroes de Chapultepec doscientos dos (202), Zona A, Colonia Sierra de Álica, C.P. 98050 Zacatecas, Zacatecas. TERCERO.- Licenciada María Guadalupe Méndez Silva, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación Mixta del Distrito Judicial de Villanueva Zacatecas, al dar cumplimiento y solicitar la Privación de mi Libertad, de acuerdo con el OFICIO NÚMERO 2138 de fecha Siete de Octubre del año dos mil diecisiete emitido por los C.C. Roberto Herrera Clavería y Oscar Álvarez Solórzano de la Policía Federal el cual se hace constar en la Causa Penal Registrada En El Libro General De Gobierno De La Antes Mencionada Unidad Mixta Bajo El Número 230/UEIMV/1VIGMS/2017. Con domicilio conocido, ampliamente en Camino Al Salto Sin Número, Estrella, C.P. 99500 Villanueva, Zacatecas. CUARTO.- Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, Por Privarme De La Libertad e internarme en los Separos de. la Dirección a su Cargo por un Delito que no cometí, mediante OFICIO 1400/2017 Emitido Por La Licenciada María Guadalupe Méndez Silva, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación Mixta del Distrito Judicial de Villanueva Zacatecas, con domicilio ampliamente conocido en Circuito Zacatecas número cuatrocientos uno Colonia Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zacatecas C.P. 98160. QUINTO.- C. Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villanueva Zacatecas, del Tribunal Superior de Justicia para el Estado de Zacatecas, es de que durante mi Audiencia de fecha diez de Noviembre del año dos mil diecisiete, Declaró de Legal mi Detención, quedando radicado con la Causa Penal Número 39/2017, en donde se tomaron Medidas Cautelares para llevar mi Proceso privado de la Libertad al interior del CERESO De Villanueva Zacatecas y de ésta Autoridad Responsable es principalmente lo que Reclamo. Con domicilio en Carretera Al Salto Sin número, Casa De Justicia, C.P. 99500 Villanueva, Zacatecas" Actos reclamados: "Ante la Inexistencia del Delito, la ilegal detención ejecutada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora al ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. Ya que fui arribado por elementos de la Policía Federal, para hacer una Revisión de rutina en el Vehículo de mis Patrones, tipo Pick up, marca Dodge RAM, tal y como lo mencionan en su parte informativo los oficiales para la Puesta a Disposición del Suscrito y del citado Vehículo, me presentan ante la Autoridad Competente a las 00:40 horas del día ocho de Noviembre del año dos mil diecisiete." REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere al promovente para qué dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Precise si es su deseo señalar como acto reclamado el auto de vinculación a proceso y en caso afirmativo, indique la fecha en que tuvo verificativo el mismo, toda vez que en la audiencia de diez de noviembre de dos mil diecisiete se declaró de legal la detención del quejoso, quedando radicada bajo la causa penal 39/2017. Señale la etapa procesal en la que se encuentra la causa penal 39/2017 radicada ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, de donde emana el acto reclamado. Se hace del conocimiento del quejoso que es él quien debe de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en párrafos que anteceden en razón de que éstas deben ser cumplidas por el propio promovente del amparo, ya que es quien, bajo protesta de decir verdad, deberá señalar la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promueve el juicio, además porque es quien sufre la afectación con los actos de autoridad y, por tanto, quien puede precisar los actos que reclama, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Rubén Dávila Montalvo; y como domicilio para tal fin el ubicado en calzada CNC, número cuatrocientos veinte (420), interior "B", colonia las Palmas, en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Karla
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