Javier Muñoz Orozco

Expediente 609/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 1 actuación registrada, la última del 6 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
609/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
06/09/2018

Partes del expediente

  • Javier Muñoz Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Javier Muñoz Orozco, contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, regístrese por su orden en el Libro de Gobierno de amparo que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, bajo el número 609/2018-2A. Ahora bien, la competencia legal es de orden público, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede a analizar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Por su parte el artículo 38 de la ley de amparo, previene: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." El numeral trascrito dispone que contra actos de un Juez de Distrito es competente para conocer de la demanda de amparo otro de la misma categoría dentro de la misma jurisdicción, si lo hubiere, y si no, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal de Circuito a que pertenezca el Juez. Como se anticipó, en la demanda de amparo el quejoso señaló dentro de las autoridades responsables al presente órgano de control Constitucional. Por tanto, al tener este Juzgado el carácter de autoridad responsable, no puede ser juez y parte en el mismo procedimiento constitucional, por lo que es claro que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo, al actualizarse la hipótesis que establece el artículo 38 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la demanda de trato, se desprende que los Jueces de Distrito que conforman la jurisdicción de este Juzgado, fueron designados como autoridades responsables (Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad), por lo que, en la especie se actualiza la causa de incompetencia prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, es decir, corresponde conocer del juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de la misma categoría, dentro del mismo Distrito, si lo hubiere; regla que resulta aplicable en el caso, ya que, como se dijo, los seis jueces de Distrito de esta jurisdicción fueron designados como autoridades responsables; de lo que se colige, que debe considerarse que la competencia se surte en favor de un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en Tijuana, Baja California, toda vez que no fueron señalados como autoridades responsables, pudiendo conocer del presente asunto, en virtud de que se encuentran en el propio distrito, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Cobra aplicación al caso en concreto, la jurisprudencia 1a./J. 88/2006 que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Febrero de 2007, Materia Penal, Página 75, registro 173362, que dice: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." En consecuencia, con fundamento en el invocado numeral 38, así como el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional carece de legal competencia para conocer de la demanda de que se trata, pues en el caso no se está en presencia de una causal de impedimento prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino, de un motivo de incompetencia legal conforme al artículo 38 del citado ordenamiento legal. Bajo esa tesitura, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, remítase el juicio de amparo 609/2018-2A del índice de este Juzgado al Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Tijuana, Baja California, para que por su conducto la turne al órgano jurisdiccional que corresponda, previo cuadernillo de antecedentes que se forme, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; asimismo, solicítese que, de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, lo haga del conocimiento de esta autoridad para los efectos legales procedentes. Apoya lo anterior la Jurisprudencia número P./J. 44/2001, quye emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 75, del Tomo: XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 190008, bajo el rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." Sin que sea el caso proveer respecto a la suspensión provisional que solicita la parte quejosa, toda vez que el acto de reclamo no se encuentra entre los supuestos que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, en virtud de que reclama en esta vía constitucional la privación de su libertad con motivo de la orden de aprehensión dictada en su contra, según aduce, sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. Aunado a lo anterior, que el acto reclamado por la parte quejosa no queda comprendido en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se trata de algún acto que de llegar a consumarse, haría físicamente imposible restituir a la quejosa en el goce de la garantía individual reclamada, pues si bien señala como acto reclamado actos tendentes a privarlo de la libertad de autoridades, no menos cierto es que dichos actos no están siendo ejecutados de manera material en su perjuicio. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis VI.1o.A.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable a foja 1458, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 179731, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO". Lo anterior, permite concluir que al establecerse la procedencia de la suspensión de oficio respecto de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, se refiere a los supuestos fácticos en que se materializa la afectación de manera directa a los gobernados; de lo contrario, no existiría explicación lógica ni jurídica el establecimiento de la procedencia de la suspensión a petición de parte respecto de los actos consistentes en las órdenes de privación de la libertad acorde a lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo y por autorizados para tales efectos a las personas que ahí refiere. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES LIBROS DE GOBIERNOS Y CAPTURA EN EL SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos y egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo Finalmente, sin que sea el caso realizar la notificación en términos de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, a la parte promovente, toda vez que dicha notificación le corresponde al juez que en su caso le toque conocer del presente sumario, Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia registrada bajo el número 1002874, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja ochocientos noventa y siete, Tomo: II, Séptima Época, cuyo rubro dice: "RADICACIÓN DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO."

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